Síntesis del concepto
Ley de garantías electorales: en cualquier caso será pertinente analizar si se configura alguna de las excepciones a la restricción del artículo 33
Regla de decisión
En cualquier caso será pertinente analizar si se configura alguna de las excepciones a la restricción del artículo 33 que señala expresamente esta norma.
Ratio decidendi: la razón que sostiene la decisión, no los obiter dicta del documento.
Síntesis síntesis automática
Las prohibiciones de la Ley de Garantías Electorales tienen un alcance material y temporal delimitado. En cuanto al alcance material, la prohibición del artículo 33 se refiere a cualquier sistema que no implique convocatoria pública y posibilidad de pluralidad de oferentes, por lo que excluye la licitación pública, la selección abreviada, el concurso de méritos y la mínima cuantía. El concepto explica que esa lectura es coherente con la Ley 1150 de 2007, que introdujo la selección abreviada, rediseñó el concurso de méritos, sistematizó las causales de contratación directa y creó después la mínima cuantía. En cuanto al alcance temporal, la restricción opera durante los cuatro meses anteriores a la elección presidencial y se extiende hasta la segunda vuelta si la hubiere. Las excepciones son las que el propio artículo 33 enumera de forma taxativa. La consecuencia práctica es que la entidad debe identificar si la contratación se adelanta con convocatoria pública, caso en el que queda excluida de la prohibición, o si es directa dentro de la ventana temporal, y en ese caso verificar si existe una excepción aplicable.
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Pregunta que resuelve
¿Cuál es el alcance material y temporal de las prohibiciones establecidas en la Ley de Garantías Electorales?
Fundamentos
- Ley 996 de 2005, arts. 33 y 38
- Ley 80 de 1993, arts. 30 y 32
- Ley 1150 de 2007, art. 2
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En resumen
Los contratos o convenios que pretenda celebrar de manera directa cualquier ente público, y que no impliquen convocatorias públicas o la posibilidad de pluralidad de oferentes, estarán sujetos a la prohibición del artículo 33 de la Ley 996 de 2005. En cualquier caso, será pertinente analizar si se configura alguna de las excepciones a la restricción del artículo 33 que señala expresamente esta norma. De ser así, la entidad podrá llevar a cabo la contratación directa, a pesar de que haya iniciado el periodo de garantías electorales correspondiente al artículo 33 de la Ley 996 de 2005.
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Texto del documento 5.376 caracteres
LEY DE GARANTÍAS ELECTORALES – Finalidad
El ordenamiento jurídico colombiano contempla medidas para evitar la obtención de beneficios personales en asuntos propios de la administración pública
.
La Ley 996 de 2005, conocida como “Ley de Garantías Electorales”, hace parte del andamiaje constitucional y legal que busca evitar la injerencia inadecuada de intereses particulares en el ejercicio de la función pública. Esta Ley tiene como propósito evitar cualquier tipo de arbitrariedad, de ventaja injustificada, de uso irregular de los recursos del Estado en las campañas o falta de garantías en la elección presidencial. En esta medida, introduce limitaciones para realizar nombramientos, postulaciones, contrataciones o cualquier otro tipo de actividad que implique destinación de recursos públicos bajo el devenir propio de las Entidades Estatales.
LEY DE GARANTÍAS ELECTORALES ‒ Restricciones ‒ Contratación ‒ Tipos de elección
Las restricciones consagradas en la Ley de Garantías se dirigen a dos (2) tipos de campañas electorales diferenciadas: las presidenciales y las que se adelanten para la elección de los demás cargos de elección popular, tanto a nivel nacional como territorial.
Por un lado, el
artículo 33
de la Ley 996 de 2005 prohíbe “[…] la contratación directa por parte de
todos los entes del Estado
” durante los cuatro (4) meses anteriores a las
elecciones presidenciales
, salvo “[…] lo referente a la defensa y seguridad del Estado, los contratos de crédito público, los requeridos para cubrir las emergencias educativas, sanitarias y desastres, así como también los utilizados para la reconstrucción de vías, puentes, carreteras, infraestructura energética y de comunicaciones, en caso de que hayan sido objeto de atentados, acciones terroristas, desastres naturales o casos de fuerza mayor, y los que deban realizar las entidades sanitarias y hospitalarias
”
.
Por otro lado,
el parágrafo del artículo 38
de la Ley 996 de 2005 prevé una restricción, aplicable respecto de
cualquier tipo de contienda electoral
, que prohíbe a los gobernadores, alcaldes municipales o distritales, secretarios, gerentes y directores de entidades descentralizadas del orden municipal, departamental o distrital “[…] celebrar convenios interadministrativos para la ejecución de recursos públicos, ni participar, promover y destinar recursos públicos de las entidades a su cargo, como tampoco de las que participen como miembros de sus juntas directivas, en o para reuniones de carácter proselitista”.
LEY DE GARANTÍAS ELECTORALES ‒ Artículo 33 ‒ Ámbito material
De acuerdo con este concepto, la prohibición del artículo 33 de la Ley de Garantías Electorales se refiere a “
cualquier
sistema que no implique convocatoria pública y posibilidad de pluralidad de oferentes”, por lo que excluye las demás modalidades de contratación previstas en la Ley 1150 de 2007, es decir, la licitación pública, la selección abreviada, el concurso de méritos y la mínima cuantía u otros previstos en normas especiales. Esta posición es congruente con la expedición de la Ley 1150 de 2007 que, entre otras reformas, introdujo la selección abreviada, rediseñó el concurso de méritos y sistematizó las causales de contratación directa, además lo es con la posterior creación de la modalidad de mínima cuantía establecida actualmente en el numeral 5 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, de acuerdo con las modificaciones realizadas por leyes posteriores.
[…] Como se advierte de lo anterior, el Consejo de Estado realiza una interpretación amplia de la contratación directa, para efectos de aplicar las restricciones establecidas en la Ley de Garantías Electorales, al señalar que no solo aplica frente a las entidades sometidas al Estatuto general de Contratación de la Administración Pública
, sino también frente a las entidades que tengan un régimen especial de contratación
. En consecuencia, el artículo 33 de la Ley 996 de 2005 señala expresamente que los destinatarios de la prohibición son “todos los entes del Estado”, expresión que contempla a los diferentes organismos o entidades autorizadas por la ley para suscribir contratos. Tal como lo ha sostenido el Consejo de Estado, el vocablo “todos” utilizado por el legislador comprende a la
totalidad
de los entes del Estado, sin distinción del régimen jurídico, forma de organización o naturaleza, su pertenencia a una u otra rama del poder público o su autonomía, e incluso si las entidades estatales tienen régimen especial de contratación y están exceptuadas del ámbito de aplicación del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública”.
LEY DE GARANTÍAS ELECTORALES ‒ Artículo 38
Por otro lado, la prohibición establecida en el
parágrafo del artículo 38
de la Ley 996 de 2005 dispone que “los Gobernadores, Alcaldes Municipales y/o Distritales, Secretarios, Gerentes y directores de Entidades Descentralizadas del orden Municipal, Departamental o Distrital, dentro de los cuatro (4) meses anteriores a las elecciones, no podrán celebrar
convenios interadministrativos
para la ejecución de recursos públicos”. Los convenios interadministrativos que se restringen en el parágrafo del artículo 38 de la Ley 996 de 2005, son únicamente aquellos en que se dispone la ejecución de recursos públicos, para evitar que mediante la suscripción de estos se comprometa el erario con fines políticos o partidistas.