Síntesis del concepto
Ley de garantías electorales: la entidad debe verificar si la actuación que pretende adelantar constituye realmente la celebración
Regla de decisión
La entidad debe verificar si la actuación que pretende adelantar constituye realmente la celebración de un contrato directo o si, se trata de una actividad de gestión o ejecución necesaria para el cumplimiento de las obligaciones previamente pactadas en el convenio marco, actividad que no implica necesariamente la celebración de un nuevo negocio jurídico.
Ratio decidendi: la razón que sostiene la decisión, no los obiter dicta del documento.
Síntesis síntesis automática
El contratista debe abstenerse de celebrar contratos derivados de convenios marcos que impliquen contratación directa durante los cuatro meses anteriores a las elecciones presidenciales, salvo que se trate de casos excepcionales como la defensa y seguridad del Estado, emergencias educativas, sanitarias y desastres, o reconstrucción de infraestructura afectada por fuerza mayor, ya que estos contratos mantienen una relación de subordinación con el convenio marco pero son negocios jurídicos autónomos que deben cumplir con las normas aplicables en la materia. Esta regla reitera y matiza precedentes sobre la interpretación restrictiva de las prohibiciones establecidas en la Ley 996 de 2005, lo que implica que cada entidad estatal debe determinar en cada caso concreto si la contratación derivada se enmarca dentro de las prohibiciones electorales.
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Pregunta que resuelve
¿Aplican las restricciones establecidas en el artículo 33 de la Ley 996 de 2005 a la contratación derivada de los convenios marcos?
Fundamentos
- Ley 996 de 2005, arts. 33 y 38
- Ley 1150 de 2007, art. 20
- Constitución Política, art. 127
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En resumen
Los contratos que se deriven del convenio marco mantienen una relación de subordinación respecto del instrumento principal. No obstante, dado que el contenido y alcance del convenio marco suelen tener un carácter general, abstracto e indeterminado, su concreción se produce con la suscripción de los acuerdos o contratos específicos que lo desarrollan, los cuales deberán cumplir las normas aplicables en la materia. Esto implica que su celebración no se agota en la sola remisión al convenio marco, sino que exige observar las normas aplicables conforme al ordenamiento jurídico.
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Texto del documento 4.212 caracteres
LEY DE GARANTÍAS ELECTORALES – Finalidad
En el mismo sentido, la Ley 996 de 2005, conocida como “Ley de Garantías Electorales”, se suma al andamiaje constitucional y legal que busca evitar la injerencia inadecuada de intereses particulares en el ejercicio de la función pública. Esta Ley tiene como propósito evitar cualquier tipo de arbitrariedad, de ventaja injustificada, de uso irregular de los recursos del Estado en las campañas o falta de garantías en la elección presidencial. En esta medida, introduce limitaciones para realizar nombramientos, postulaciones, contrataciones o cualquier otro tipo de actividad que implique destinación de recursos públicos bajo el devenir propio de las Entidades Estatales.
LEY DE GARANTÍAS ELECTORALES ‒ Restricciones ‒ Contratación ‒ Tipos de elección
Por un lado, el
artículo 33
de la Ley 996 de 2005 prohíbe “[…] la contratación directa por parte de
todos los entes del Estado
” durante los cuatro (4) meses anteriores a las
elecciones presidenciales
, salvo “[…] lo referente a la defensa y seguridad del Estado, los contratos de crédito público, los requeridos para cubrir las emergencias educativas, sanitarias y desastres, así como también los utilizados para la reconstrucción de vías, puentes, carreteras, infraestructura energética y de comunicaciones, en caso de que hayan sido objeto de atentados, acciones terroristas, desastres naturales o casos de fuerza mayor, y los que deban realizar las entidades sanitarias y hospitalarias”.
Por otro lado,
el parágrafo del artículo 38
de la Ley 996 de 2005 prevé una restricción, aplicable respecto de
cualquier tipo de contienda electoral
, que prohíbe a los gobernadores, alcaldes municipales o distritales, secretarios, gerentes y directores de entidades descentralizadas del orden municipal, departamental o distrital “[…] celebrar convenios interadministrativos para la ejecución de recursos públicos, ni participar, promover y destinar recursos públicos de las entidades a su cargo, como tampoco de las que participen como miembros de sus juntas directivas, en o para reuniones de carácter proselitista”.
LEY DE GARANTÍAS ELECTORALES ‒ Artículo 33 ‒ Ámbito material
De lo anterior se desprende que la restricción aplica, sin perjuicio de las excepciones establecidas en la misma ley, para celebrar
cualquier contrato o convenio de forma directa
, esto es, sin que exista un proceso abierto y competitivo. Por tanto, no son materia de la prohibición las demás modalidades de selección previstas en la Ley 1150 de 2007, es decir, la licitación pública, el concurso de méritos, la selección abreviada y la mínima cuantía, razón por la cual en ese período preelectoral de que trata la disposición las entidades públicas pueden seguir contratando bajo estos sistemas.
LEY DE GARANTÍAS ELECTORALES ‒ Aplicación ‒ Convenios marco ‒ Contratación derivada
Los contratos que se deriven del convenio marco mantienen una relación de subordinación respecto del instrumento principal. No obstante, dado que el contenido y alcance del convenio marco suelen tener un carácter general, abstracto e indeterminado, su concreción se produce con la suscripción de los acuerdos o contratos específicos que lo desarrollan, los cuales deberán cumplir las normas aplicables en la materia. Esto implica que su celebración no se agota en la sola remisión al convenio marco, sino que exige observar las normas aplicables conforme al ordenamiento jurídico.
En este contexto, si bien el contenido obligacional de los contratos derivados está subordinados al convenio marco y deben ajustarse a los lineamientos técnicos, jurídicos, financieros y administrativos definidos en este, se trata de negocios jurídicos autónomos e independientes, lo que implica que su celebración deberá tener en cuenta las normas aplicables en cada caso concreto. Así, cuando la contratación derivada implique una contratación directa, en la medida en que su celebración no contemple un proceso competitivo, no incluya etapas de convocatoria pública ni permita la participación de una pluralidad de oferentes, el negocio jurídico queda comprendido dentro del ámbito material de aplicación establecido en el artículo 33 de la Ley de Garantías Electorales.