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Colombia Compra Eficiente Concepto

Inhabilidades e incompatibilidades: la conclusión aquí expuesta no remplaza el deber de verificación de las Entidades Estatales

Documento oficial completo ↗ Fuente oficial ↗
Fecha
2025-11-19
Número
C-1451 de 2025

Síntesis del concepto

Inhabilidades e incompatibilidades: la conclusión aquí expuesta no remplaza el deber de verificación de las Entidades Estatales

Regla de decisión

La conclusión aquí expuesta no remplaza el deber de verificación de las Entidades Estatales, ni puede ser tomada como un juicio de valor sobre alguna situación de orden particular.

Ratio decidendi: la razón que sostiene la decisión, no los obiter dicta del documento.

Síntesis síntesis automática

Las inhabilidades e incompatibilidades son restricciones a la capacidad para presentar ofertas y celebrar contratos estatales, por lo que solo pueden tipificarse en la ley y deben interpretarse de manera restrictiva, sin admitir interpretaciones extensivas, amplias o analógicas. Con base en esta premisa, el concepto concluye que, al revisar la Constitución Política, el artículo 8 de la Ley 80 de 1993 y las normas complementarias, no existe prohibición que impida a una persona natural prestar servicios profesionales de manera simultánea a la Alcaldía y al Concejo Municipal mediante contratos distintos y concomitantes, aun cuando ambos pertenezcan al mismo ente territorial y sus funciones sean relacionadas o complementarias. Esto no excluye el análisis del conflicto de interés, que se vincula con el principio de moralidad del artículo 209 de la Constitución y se configura cuando el servidor público actúa influido por consideraciones personales que colisionan con su independencia e imparcialidad. En consecuencia, la entidad debe verificar en cada caso si existe una causal expresa de inhabilidad o incompatibilidad y si se configura un conflicto de interés.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Pregunta que resuelve

¿Se configura alguna causal de inhabilidad e incompatibilidad, o conflicto de intereses que impida la coexistencia y simultaneidad de contratos de prestación de servicios con dos órganos del mismo ente territorial —la Alcaldía y el Concejo Municipal—?

Fundamentos

  • Ley 80 de 1993, arts. 3, 6 y 8
  • Constitución Política

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

En resumen

No existe restricción de orden legal o reglamentario, ni causal de inhabilidad o incompatibilidad que prohíba que un mismo profesional celebre contratos de prestación de servicios de manera simultánea con la Alcaldía Municipal y con el Concejo Municipal, ni se limita su capacidad jurídica por ejecutar servicios en ambos órganos a través de contratos distintos y concomitantes, aun cuando entre ellos exista una relación funcional o administrativa derivada de su pertenencia al mismo ente territorial.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

Puntos que trata

Descriptores temáticos

Restrictores

Ausencia de Inhabilidad e incompatibilidad Concepto Interpretación restrictiva Régimen Simultaneidad Tipicidad Verificación

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Texto del documento 2.995 caracteres
INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES – Concepto […] se destaca el régimen de inhabilidades e incompatibilidades como un conjunto de enunciados normativos que imponen restricciones para los sujetos que, eventualmente, pretendan participar en los procedimientos de selección o celebrar contratos con las entidades estatales. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES – Régimen – Interpretación restrictiva Ahora bien, las inhabilidades e incompatibilidades –como ya se dijo– al ser restricciones o límites especiales a la capacidad para presentar ofertas y celebrar contratos estatales, solo pueden tipificarse en la ley –o sea, deben satisfacer el principio de legalidad– y su interpretación debe ser restrictiva. En efecto, si se admitiera una interpretación amplia, extensiva o finalista de las mismas, tales enunciados normativos podrían contemplar múltiples supuestos indeterminados, según el parecer o el sentido común de los operadores jurídicos, poniendo en riesgo principios como la igualdad, el debido proceso, la libre concurrencia y el ejercicio de la profesión u oficio. Tal ha sido la postura al interior de la jurisprudencia, tanto de la Corte Constitucional como de la Sección Tercera del Consejo de Estado. CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS – Simultaneidad – Ausencia de Inhabilidad e incompatibilidad En esa misma línea, debe recordarse que las inhabilidades e incompatibilidades, por constituir restricciones a la capacidad contractual y, por tanto, limitar derechos como la libre concurrencia y la libertad en el ejercicio de la profesión u oficio, deben ser interpretadas de manera estricta. En cuanto enunciados normativos de carácter gravoso, no admiten interpretaciones extensivas, amplias o analógicas. Así, al revisar las causales previstas en la Constitución Política, en el artículo 8 de la Ley 80 de 1993 y en normas complementarias, no se evidencia prohibición que impida que una persona natural preste sus servicios profesionales simultáneamente a la Alcaldía Municipal y al Concejo Municipal mediante contratos distintos y concomitantes, aun cuando ambos hagan parte del mismo ente territorial y ejerzan funciones que pueden resultar relacionadas o complementarias. CONCLICTO DE INTERÉS – Verificación – Tipicidad Es importante señalar que de acuerdo con el artículo 209 de la Constitución Política de 1991, la función administrativa debe desarrollarse conforme al principio de moralidad, mandato que se concreta en la idea de que “[…] todas las personas y los servidores públicos están obligados a actuar con rectitud, lealtad y honestidad en las actuaciones administrativas […]” –numeral 5 del artículo 3 de la Ley 1437 de 2011–. En desarrollo de esta directriz, el régimen de los conflictos de interés tiene como objetivo la prevalencia del bien común sobre el particular, razón por la cual se configuran cuando los servidores públicos actúan influenciados por consideraciones personales que colisionan con el deber de preservar su independencia e imparcialidad.

Fuente original

https://relatoria.colombiacompra.gov.co/conceptos/c-1451-de-2025/