Síntesis del concepto
Ley de garantías electorales: no son materia de la prohibición las demás modalidades de selección de 2007 la licitación pública
Regla de decisión
El ámbito material de esta prohibición está delimitado por la expresión “queda prohibida la contratación directa”.
Ratio decidendi: la razón que sostiene la decisión, no los obiter dicta del documento.
Síntesis síntesis automática
La restricción del artículo 33 de la Ley 996 de 2005 aplica a cualquier contrato o convenio que se celebre de forma directa, sin proceso abierto y competitivo, y no alcanza a las demás modalidades de la Ley 1150 de 2007. Al analizar los contratos financiados con fondos de organismos internacionales, el concepto señala que el inciso primero del artículo 20 de la Ley 1150 de 2007 permite que los contratos o convenios financiados en su totalidad, o en sumas iguales o superiores al cincuenta por ciento, con fondos de esos organismos se sometan a sus reglamentos. Cuando, en cambio, se financian con recursos del presupuesto general de la nación, la entidad debe aplicar necesariamente el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. Como consecuencia, la restricción del artículo 33 no se aplica a los contratos financiados en su totalidad, o en la proporción señalada, con recursos de organismos internacionales. En la práctica, la entidad debe establecer la fuente de financiación de cada contrato, pues de ella depende si la restricción le es aplicable.
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Pregunta que resuelve
¿Aplica la restricción establecida en el artículo 33 de la Ley 996 de 2005 a los contratos que celebren las entidades en virtud de las causales del literal h) y k) del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007?
Fundamentos
- Ley 80 de 1993, arts. 39 y 41
- Ley 996 de 2005, arts. 33 y 38
- Ley 813 de 2003, arts. 8, 10 y 11
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En resumen
El artículo 33 de la Ley 996 de 2005 prohíbe … la contratación directa por parte de todos los entes del Estado durante los cuatro (4) meses anteriores a las elecciones presidenciales, salvo … lo referente a la defensa y seguridad del Estado, los contratos de crédito público, los requeridos para cubrir las emergencias educativas, sanitarias y desastres, así como también los utilizados para la reconstrucción de vías, puentes, carreteras, infraestructura energética y de comunicaciones, en caso de que hayan sido objeto de atentados, acciones terroristas, desastres naturales o casos de fuerza mayor, y los que deban realizar las entidades sanitarias y hospitalarias.
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Texto del documento 6.067 caracteres
LEY DE GARANTÍAS ELECTORALES – Finalidad
En el mismo sentido, la Ley 996 de 2005, conocida como “Ley de Garantías Electorales”, se suma al andamiaje constitucional y legal que busca evitar la injerencia inadecuada de intereses particulares en el ejercicio de la función pública. Esta Ley tiene como propósito evitar cualquier tipo de arbitrariedad, de ventaja injustificada, de uso irregular de los recursos del Estado en las campañas o falta de garantías en la elección presidencial. En esta medida, introduce limitaciones para realizar nombramientos, postulaciones, contrataciones o cualquier otro tipo de actividad que implique destinación de recursos públicos bajo el devenir propio de las Entidades Estatales.
LEY DE GARANTÍAS ELECTORALES ‒ Restricciones ‒ Contratación ‒ Tipos de elección
Por un lado, el
artículo 33
de la Ley 996 de 2005 prohíbe “[…] la contratación directa por parte de
todos los entes del Estado
” durante los cuatro (4) meses anteriores a las
elecciones presidenciales
, salvo “[…] lo referente a la defensa y seguridad del Estado, los contratos de crédito público, los requeridos para cubrir las emergencias educativas, sanitarias y desastres, así como también los utilizados para la reconstrucción de vías, puentes, carreteras, infraestructura energética y de comunicaciones, en caso de que hayan sido objeto de atentados, acciones terroristas, desastres naturales o casos de fuerza mayor, y los que deban realizar las entidades sanitarias y hospitalarias”.
Por otro lado,
el parágrafo del artículo 38
de la Ley 996 de 2005 prevé una restricción, aplicable respecto de
cualquier tipo de contienda electoral
, que prohíbe a los gobernadores, alcaldes municipales o distritales, secretarios, gerentes y directores de entidades descentralizadas del orden municipal, departamental o distrital “[…] celebrar convenios interadministrativos para la ejecución de recursos públicos, ni participar, promover y destinar recursos públicos de las entidades a su cargo, como tampoco de las que participen como miembros de sus juntas directivas, en o para reuniones de carácter proselitista”.
LEY DE GARANTÍAS ELECTORALES ‒ Artículo 33 ‒ Ámbito material
De lo anterior se desprende que la restricción aplica, sin perjuicio de las excepciones establecidas en la misma ley, para celebrar
cualquier contrato o convenio de forma directa
, esto es, sin que exista un proceso abierto y competitivo. Por tanto, no son materia de la prohibición las demás modalidades de selección previstas en la Ley 1150 de 2007, es decir, la licitación pública, el concurso de méritos, la selección abreviada y la mínima cuantía, razón por la cual en ese período preelectoral de que trata la disposición las entidades públicas pueden seguir contratando bajo estos sistemas.
LEY DE GARANTÍAS ELECTORALES – Aplicación – Organismos internacionales
[…] el
inciso primero
del artículo 20 de la Ley 1150 de 2007, establece que los contratos o convenios se financien en su totalidad o en sumas iguales o superiores al cincuenta por ciento con fondos de dichos organismos,
pueden
someterse a sus reglamentos. Por el contrario, cuando se trate de contratos que se financian con recursos del presupuesto general de la nación, las entidades
deberán
necesariamente aplicar el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública.
En consecuencia, la restricción contemplada en el artículo 33 de la Ley de Garantías Electorales
no
aplica a los contratos que son financiados en su totalidad o en sumas iguales o superiores al cincuenta por ciento con fondos de organismos de cooperación, asistencia o ayudas internacionales, y cuyo régimen sea el dispuesto en los reglamentos de tales organismos. Lo anterior, por cuanto en estos casos el artículo 20 de la Ley 1150 de 2007 autoriza la aplicación “integral” de los reglamentos de dichos organismos.
LEY DE GARANTÍAS ELECTORALES – Aplicación – Artículo 20 – Inciso segundo
Por otra parte, el
inciso segundo
y el parágrafo primero del artículo 20 de la Ley 1150 de 2007 señalan que Los contratos o convenios celebrados con personas extranjeras de derecho público u organismos de derecho internacional cuyo objeto sea el desarrollo de programas de promoción, prevención y atención en salud; contratos y convenios necesarios para la operación de la OIT; contratos y convenios que se ejecuten en desarrollo del sistema integrado de monitoreo de cultivos ilícitos; contratos y convenios para la operación del programa mundial de alimentos; contratos y convenios para el desarrollo de programas de apoyo educativo a población desplazada y vulnerable adelantados por la Unesco y la OIM; los contratos o convenios financiados con fondos de los organismos multilaterales de crédito y entes gubernamentales extranjeros, podrán someterse a los reglamentos de tales entidades. De igual manera, los contratos o acuerdos celebrados con personas extranjeras de derecho público, podrán someterse a las reglas de tales organismos.
En línea con lo anterior, el artículo 2.2.1.2.4.4.1. del Decreto 1082 de 2015 establece que los contratos o convenios financiados con fondos de los organismos multilaterales de crédito, entes gubernamentales extranjeros o personas extranjeras de derecho público, así como aquellos a los que se refiere el inciso 2 del artículo 20 de la Ley 1150 de 2007, se ejecutarán de conformidad con lo establecido en los tratados internacionales marco y complementarios, y en los convenios celebrados, o sus reglamentos, según sea el caso, sin que a ellos le sea aplicable el porcentaje de financiación señalado en el inciso primero del artículo 20 de la Ley 1150 de 2007.
Con fundamento en dicha normativa, la restricción contemplada en el artículo 33
no
aplica a los contratos o convenios a los que se refiere el inciso segundo y el parágrafo primero del artículo 20 de la Ley 1150 de 2007 cuando se sometan a los reglamentos de dichos organismos, incluyendo aquellos financiados con fondos de los organismos multilaterales de crédito y entes gubernamentales extranjeros, sin importar el porcentaje de financiación.