Síntesis del concepto
Experiencia: la experiencia constituye uno de los requisitos habilitantes que acreditan la idoneidad del proponente para participar en un proceso
Regla de decisión
La experiencia constituye uno de los requisitos habilitantes que acreditan la idoneidad del proponente para participar en un proceso de contratación estatal.
Ratio decidendi: la razón que sostiene la decisión, no los obiter dicta del documento.
Síntesis síntesis automática
La experiencia es un requisito habilitante que se deriva de los contratos que el proponente ha celebrado y ejecutado con distintos contratantes, sin que importe si son públicos o privados, y se verifica a través del Registro Único de Proponentes cuando este es exigible. El RUP constituye plena prueba de las condiciones que en él consten y que hayan sido verificadas por las cámaras de comercio. Por ello, la acreditación de los requisitos habilitantes del numeral 1 del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007 debe efectuarse exclusivamente mediante el certificado del RUP, y las entidades no pueden exigir ni los proponentes aportar documentos adicionales destinados a soportar lo que ya fue verificado e inscrito en el registro. La norma admite una excepción: cuando las particularidades del objeto hagan necesaria la comprobación de requisitos adicionales, la entidad puede verificarlos directamente. El RUP no es exigible en todos los procesos, como la contratación directa, los contratos de mínima cuantía, la enajenación de bienes del Estado y los contratos de concesión, y en esos casos la entidad tiene el deber de verificar directamente el cumplimiento de los requisitos habilitantes.
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Pregunta que resuelve
¿Puede un proponente acreditar su experiencia en un proceso de contratación estatal mediante facturas, comprobantes de pago u otros documentos que evidencien la ejecución de un contrato, cuando la entidad privada con la cual se originó dicha experiencia no expidió certificaciones de cumplimiento o ejecución?
Fundamentos
- Ley 1150 de 2007, arts. 5 y 6
- Decreto 1082 de 2015, arts. 2.2.1.1.1.5.1 y 2.2.1.1.1.5.2
- Constitución Política
Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.
En resumen
De acuerdo con lo previsto en el numeral 1 del artículo 5 y en el artículo 6 de la Ley 1150 de 2007, la experiencia constituye uno de los requisitos habilitantes que acreditan la idoneidad del proponente para participar en un proceso de contratación estatal. Dicha experiencia se acredita, por regla general, mediante el Registro Único de Proponentes –RUP–, el cual constituye plena prueba de las circunstancias que en él se consignen y que hayan sido verificadas por las Cámaras de Comercio.
Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.
Texto del documento 4.110 caracteres
EXPERIENCIA – Requisito habilitante
– RUP – Plena prueba
[…] la experiencia, constituye uno de los requisitos habilitantes y se deriva de los contratos que el proponente ha celebrado y ejecutado con distintos contratantes, sin que la naturaleza pública o privada de estos sea determinante. Su verificación se realiza a través del Registro Único de Proponentes – RUP, cuando este sea exigible conforme a la ley. El artículo 6 de la Ley 1150 de 2007 dispone que los requisitos habilitantes antes mencionados, entre ellos la experiencia, se acreditan mediante el RUP.
[…]
[…] el Registro Único de Proponentes constituye plena prueba de las condiciones que en él consten y que hayan sido verificadas por las Cámaras de Comercio. En consecuencia, la acreditación de los requisitos habilitantes previstos en el numeral 1 del artículo 5 de la ley —entre ellos, la experiencia, la capacidad jurídica, financiera y de organización— debe efectuarse exclusivamente mediante el certificado del RUP, en el cual deben figurar dichas condiciones.
Por lo mismo, las entidades estatales no pueden exigir ni los proponentes aportar documentos adicionales destinados a soportar la información que ya fue verificada e inscrita en el Registro. No obstante, la norma admite una excepción: cuando las particularidades del objeto contractual hagan necesaria la comprobación de requisitos adicionales a los contenidos en el RUP, la entidad contratante podrá realizar dicha verificación directamente, con el fin de garantizar la selección objetiva y la adecuada ejecución del contrato.
CÁMARAS DE COMERCIO
– Verificación RUP
Al marco normativo expuesto se le suma lo contemplado en el artículo 5.1 de la Ley 1150 de 2007, al fijar los criterios que deben tener en cuenta las entidades estatales para garantizar la selección objetiva. La disposición dispone que las Cámaras de Comercio verificarán la información suministrada por las personas naturales o jurídicas para la inscripción en el Registro. Esta información debe tenerse en cuenta por las entidades en los procedimientos de contratación en los que es exigible el RUP. De esta forma, la capacidad jurídica y las condiciones de experiencia, capacidad financiera y de organización de los proponentes deberán ser verificadas exclusivamente a través del RUP, pues de acuerdo con lo expuesto, este documento es plena prueba de la información financiera, de experiencia y de capacidad acreditada por la persona natural o jurídica.
RUP
– Excepciones – Deber de verificación de entidades estatales
No obstante, el Registro Único de Proponentes – RUP no resulta exigible en todos los procesos de selección. El inciso segundo del artículo 6 de la Ley 1150 de 2007 establece expresamente los casos en los cuales no se requiere dicho registro, entre ellos: los procesos de contratación directa, los contratos para la prestación de servicios de salud, los contratos de mínima cuantía, la enajenación de bienes del Estado, los contratos que tengan por objeto la adquisición de productos de origen o destinación agropecuaria ofrecidos en bolsas de productos legalmente constituidas, así como los actos y contratos que tengan por objeto directo las actividades comerciales e industriales propias de las empresas industriales y comerciales del Estado y de las sociedades de economía mixta, y los contratos de concesión de cualquier índole.
La norma dispone que, en estos eventos, las entidades contratantes tienen del deber de verificar directamente el cumplimiento de los requisitos habilitantes o la Clasificación de Bienes y Servicios. Asimismo, el numeral 6.1. del artículo 6 de la Ley 1150 de 2007 establece que, cuando sea necesario constatar requisitos o información que no repose en el RUP, la entidad podrá solicitar información adicional exclusivamente con el propósito de complementar la contenida en dicho registro y verificar condiciones adicionales de experiencia del proponente. En consecuencia, solo cuando las particularidades del objeto contractual lo exijan, la entidad podrá efectuar la verificación directa de tales requisitos y requerir documentos distintos al RUP