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Colombia Compra Eficiente Concepto

Inhabilidades e incompatibilidades: C-1107 de 2025

Documento oficial completo ↗ Fuente oficial ↗
Fecha
2025-09-17
Número
C-1107 de 2025

Síntesis del concepto

Inhabilidades e incompatibilidades: C-1107 de 2025

En resumen

En esta medida, la Corte Constitucional explica que “las inhabilidades representan una limitación a la capacidad para contratar con las entidades del Estado y obedecen a la falta de aptitud o a la carencia de una cualidad, calidad o requisito en el sujeto incapacitado quien por esta razón no podrá hacer parte de una relación contractual”. De acuerdo con la norma transcrita, algunas personas jurídicas no podrán celebrar contratos con la entidad a la que pertenezca un servidor público que: i) ostente un cargo en el nivel directivo, asesor, ejecutivo o que sea miembro de la junta o consejo directivo de la entidad contratante; y que, simultáneamente, ii) dicho servidor público o el cónyuge, compañero o compañera permanente o los parientes hasta el segundo grado de consanguinidad, afinidad o civil de cualquiera de ellos tenga participación en esas personas jurídicas o desempeñe un cargo de dirección o manejo.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

Síntesis síntesis automática

El contratista no puede celebrar contratos con el Estado si existe una inhabilidad o incompatibilidad legalmente establecida, ya que estas restricciones limitan directamente la capacidad contractual del sujeto y deben interpretarse de manera restrictiva conforme al principio de legalidad. En el presente caso, la entidad estatal consultó sobre la interpretación del artículo 8, numeral 2, literal D de la Ley 80 de 1993, que prohíbe a ciertas personas jurídicas contratar con una entidad si un servidor público de dicha entidad tiene un vínculo familiar o laboral con dichas personas jurídicas. La corporación reiteró que la interpretación de estas inhabilidades debe ser estricta y literal, evitando ampliar su alcance a través de interpretaciones extensivas o análogas, lo que garantiza la seguridad jurídica y protege principios fundamentales como la igualdad y el debido proceso. Esta regla implica que los contratistas deben verificar cuidadosamente las inhabilidades legales antes de presentar ofertas, evitando así posibles conflictos de interés y sanciones.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Puntos que trata

  • Inhabilidades e incompatibilidades: finalidad ─ limitación capacidad contractual, Ley 80 de 1993, Artículo 8, numeral 2
  • Inhabilidades: taxatividad, principio de legalidad, interpretación restrictiva

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Descriptores temáticos

Restrictores

Alcance Artículo 8 Clases Definición Finalidad Fundamento Interpretación restrictiva Ley 80 de 1993 Limitación capacidad contractual Literal d) Numeral 2 Principio de legalidad Taxatividad

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Inhabilidades e incompatibilidades para contratar

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El régimen de inhabilidades e incompatibilidades es aplicable a los servidores públicos y a quienes ejercen funciones públicas, constituye un sistema de restricciones de origen constitucional y legal, cuyo propósito es garantizar los principios de moralidad, transparencia, imparcialidad y prevalencia del interés general en el ejercicio de la función pública.
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Las inhabilidades e incompatibilidades para contratar con el Estado son restricciones establecidas por la Constitución o la ley que limitan la capacidad de las personas para celebrar contratos con entidades públicas.
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El contratista cederá el contrato a un tercero previa autorización escrita de la entidad contratante; si esto no es posible deberá renunciar a la ejecución.
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Las afirmaciones aquí realizadas no pueden ser interpretadas como juicios de valor sobre circunstancias concretas relacionadas con los hechos que motivan la consulta.
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Su deducción y aplicación debe ajustarse a los presupuestos establecidos por el constituyente o el legislador y por la entidad contratante, razón por la cual no es posible una aplicación extensiva o analógica.
Texto del documento 5.678 caracteres
INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES ─ Definición ─ fundamento – clases Las inhabilidades e incompatibilidades pueden enfocarse en varios asuntos: en primer lugar, se encuentran las inhabilidades e incompatibilidades que impiden que una persona sea elegida, designada para un cargo público, como también en ciertos eventos impiden que la persona se encuentre vinculada a la función pública continúe en ella; en segundo lugar, se hallan las inhabilidades e incompatibilidades para el ejercicio de una profesión, las cuales se constituyen en restricciones que impiden el ejercicio de una profesión que encuentran sustento en el artículo 26 de la Constitución Política; en tercer lugar, se encuentra el régimen de inhabilidades e incompatibilidades en la contratación estatal, que busca limitar la celebración de contratos, así como evitar que siga contratando por una inhabilidad o incompatibilidad sobreviniente. De acuerdo a lo expuesto, se señala que la Agencia Nacional de Contratación Pública es competente para resolver consultas sobre normas del sistema de compras y contratación públicas que establezca inhabilidades e incompatibilidades para contratar con el Estado. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES – Finalidad ─ Limitación capacidad contractual Para ello, hay que precisar que, el régimen de inhabilidades para contratar con el Estado es un conjunto de restricciones establecidas por el constituyente o por el legislador que afectan directamente la capacidad de las personas para establecer relaciones contractuales con el Estado, que pueden resultar de condenas, sanciones o situaciones previamente establecidas por el ordenamiento jurídico. En esta medida, la Corte Constitucional explica que “las inhabilidades representan una limitación a la capacidad para contratar con las entidades del Estado y obedecen a la falta de aptitud o a la carencia de una cualidad, calidad o requisito en el sujeto incapacitado quien por esta razón no podrá hacer parte de una relación contractual”. INHABILIDADES – Taxatividad – Principio de legalidad – Interpretación restrictiva Ahora bien, las inhabilidades e incompatibilidades al ser restricciones o límites especiales a la capacidad para presentar ofertas y celebrar contratos estatales, solo pueden tipificarse en la ley o la Constitución –o sea, deben satisfacer el principio de legalidad– y su interpretación debe ser restrictiva, pues si se admitiera una interpretación amplia, extensiva o finalista de las mismas, tales enunciados normativos contemplarían múltiples supuestos indeterminados, según el parecer o el sentido común de los operadores jurídicos, poniendo en riesgo principios como la igualdad, el debido proceso, la seguridad jurídica, la libre concurrencia y el ejercicio de la profesión u oficio. Tal ha sido la postura al interior de la jurisprudencia, tanto de la Corte Constitucional como de la Sección Tercera del Consejo de Estado. En efecto, el máximo tribunal constitucional ha indicado, al tratar de precisar el sentido de este tipo de normas, que “[…] el intérprete de las disposiciones legislativas en la materia ha de ceñirse en la mayor medida posible al tenor literal y gramatical de los enunciados normativos, sin que pueda acudir prima facie a criterios interpretativos tales como la analogía, la interpretación extensiva para ampliar el alcance de las causales legalmente fijadas”. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES – Ley 80 de 1993 – Artículo 8 – Numeral 2 – Literal D – Interpretación restrictiva – Alcance. De acuerdo con la norma transcrita, algunas personas jurídicas no podrán celebrar contratos con la entidad a la que pertenezca un servidor público que: i) ostente un cargo en el nivel directivo, asesor, ejecutivo o que sea miembro de la junta o consejo directivo de la entidad contratante; y que, simultáneamente, ii) dicho servidor público o el cónyuge, compañero o compañera permanente o los parientes hasta el segundo grado de consanguinidad, afinidad o civil de cualquiera de ellos tenga participación en esas personas jurídicas o desempeñe un cargo de dirección o manejo. Sobre el primer aspecto, hay que señalar que, en cuanto a los destinatarios de la norma objeto de análisis, abarca de una parte a las corporaciones, asociaciones y fundaciones; así mismo, alude a las sociedades de responsabilidad limitada; las demás sociedades de personas; y a las sociedades anónimas, que no tengan el carácter de abiertas. En relación con el sujeto que por sus condiciones o calidades ocasiona la configuración de la causal, objeto de estudio −sujeto generador−, este se trata del servidor público de los niveles directivo, asesor o ejecutivo, o que sea miembro de la junta o consejo directivo; al igual que el cónyuge, compañero o compañera permanente o los parientes hasta el segundo grado de consanguinidad, afinidad o civil de cualquiera de ellos. Respecto de estos sujetos se predica una condición consistente en que “[…] tenga participación o desempeñe cargos de dirección o manejo” en la persona jurídica. En una interpretación gramatical de la causal de la expresión “cualquiera de ellos” regulada en la causal de inhabilidad –objeto de estudio- es con respecto al cónyuge, compañero o compañera permanente o los parientes hasta el segundo grado de consanguinidad, afinidad o civil del servidor público en los niveles directivo, asesor o ejecutivo, o el miembro de la junta o consejo directivo. Es decir, no tendría efectos extensivos, como en principio, podría derivarse de la interpretación del consultante, sino que, parte de la relación que tiene la calidad especial de servidor público que prescribe la norma, así como los miembros de la junta o consejo directivo.

Fuente original

https://relatoria.colombiacompra.gov.co/conceptos/c-1107-de-2025/