Síntesis del concepto
Contratos y convenios interadministrativos: el ajuste de los aportes debe ser una consecuencia de la revisión
Regla de decisión
El ajuste de los aportes debe ser una consecuencia de la revisión de este, cuando se determine que hay una alteración grave que puede afectar el cumplimiento de los fines que se dispuso en el convenio interadministrativo.
Ratio decidendi: la razón que sostiene la decisión, no los obiter dicta del documento.
Síntesis síntesis automática
Los convenios interadministrativos no están sujetos de manera automática al régimen contractual del Estatuto General de Contratación, pues su finalidad asociativa y su autorregulación, fruto de la autonomía de la voluntad de las entidades cooperantes, impiden aplicar sin más sus reglas. Según el Consejo de Estado, el contrato interadministrativo tiene obligaciones de contenido patrimonial y partes con intereses contrapuestos, mientras que el convenio se caracteriza por la cooperación entre entidades, y esa distinción resulta relevante para precisar el ámbito de aplicación de las instituciones del Estatuto. En ese marco, el principio del equilibrio financiero previsto en la Ley 80 de 1993, que busca mantener la equivalencia entre derechos y obligaciones cuando se rompe por causas sobrevinientes, imprevisibles y no imputables a la parte afectada, no le aplica a estos convenios en los términos del régimen contractual. Por tanto, la revisión de precios en un convenio interadministrativo no se resuelve automáticamente con las reglas de la Ley 80 de 1993.
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Pregunta que resuelve
¿Procede la revisión y ajuste de precios en los convenios interadministrativos?
Fundamentos
- Ley 80 de 1993, arts. 39 y 41
- Ley 1150 de 2007, art. 2
- Decreto 1082 de 2015, arts. 2.2.1.2.1.4.1 y 2.2.1.2.1.4.4
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En resumen
La naturaleza colaborativa de los convenios interadministrativos implica que a estos no les aplican de manera automática o implícita las reglas y condiciones dispuestas en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. Estos negocios jurídicos se caracterizan por estar sujetos a la autorregulación establecida a través de sus propias estipulaciones, que son el resultado de la autonomía de la voluntad de las entidades que actúan como colaboradoras o cooperantes. Al tratarse de negocios jurídicos colaborativos, a diferencia de los contratos celebrados con arreglo a lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, estos adolecen de un interés meramente económico o patrimonial.
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Texto del documento 5.036 caracteres
CONTRATOS Y CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS – Noción – Diferencias
Es decir, lo que hace que un contrato o convenio sea interadministrativo es la naturaleza de las partes, independiente del régimen jurídico aplicable. Sin embargo, en los últimos se está diferenciando los conceptos “contrato interadministrativo” y “convenio interadministrativo” como dos instituciones jurídicas independientes con producción de efectos jurídicos distintos. Al respecto, el Consejo de Estado distingue las dos instituciones, de la siguiente forma: «Si bien las nociones ‘contrato’ y ‘convenio’ interadministrativo tienen notas comunes como la de ser acuerdos de voluntades generadores de obligaciones entre entidades estatales, también resulta incontrovertible que tienen naturaleza, finalidad y características disímiles como son:
a-. El objeto de los contratos lo constituyen obligaciones de contenido patrimonial y, por lo mismo, son onerosos, lo que implica el gravamen de cada parte en beneficio de la otra. En el contrato, como verdadero acuerdo de voluntades productor de efectos jurídicos, las partes actúan con intereses disímiles y contrapuestos; la entidad estatal contratante en un interés público, la entidad estatal contratista en su propio interés específico económico o de índole privado (es claro que una entidad estatal, puede y debe obtener ganancias, o generar valor respecto de su patrimonio, productos o actividad, si así lo autoriza su objeto social, o las funciones que le haya otorgado la ley) […].
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO – Naturaleza – Inaplicabilidad – Ley 80 de 1993
Ahora bien, esta distinción conceptual entre contratos y convenios interadministrativos resulta relevante para precisar ámbito de aplicación de las instituciones del EGCAP. Al respecto, el Consejo ha destacado la finalidad asociativa de los convenios interadministrativos, los cuales se caracterizan por la autorregulación de sus propias estipulaciones, que son el resultado de la autonomía de la voluntad de las entidades que actúan como colaboradoras o cooperantes, sin que pueda aludirse a la preponderancia de ciertos regímenes, por lo que no es procedente la aplicación automática del régimen contractual de los contratos estatales.
REVISIÓN Y AJUSTE DE PRECIOS – Noción – Contratos Estatales
Para entender sobre la revisión de precios, hay que tener en cuenta en los convenios interadministrativos no les aplica lo regulado en las reglas del principio del equilibrio financiero del contrato estatal, previsto en la Ley 80 de 1993, en la que busca garantizar que desde la celebración del contrato exista y se mantenga una equivalencia entre derechos y obligaciones de la entidad estatal y del contratista. Si esa equivalencia se rompe por causas sobrevinientes, imprevisibles y no imputables a la parte afectada, deben adoptarse mecanismos para restablecerla, como ajustes de precios, reconocimientos de gastos adicionales, intereses o modificaciones en la forma de pago.
En el régimen de la Ley 80 de 1993, las entidades estatales, además, tienen el deber de mantener las condiciones técnicas, económicas y financieras iniciales, corregir desajustes y actuar para evitar que el contratista asuma cargas excesivas. De este modo, el alcance del equilibrio financiero del contrato busca que las prestaciones de ambas partes permanezcan equilibradas durante toda la ejecución contractual, garantizando tanto la satisfacción del interés general como la justa remuneración del contratista. La revisión de precios tiene por objeto preservar la equivalencia económica del contrato.
REVISIÓN Y AJUSTE – Naturaleza – Convenios Interadministrativos – Revisión de Aportes
Teniendo en cuenta la naturaleza del convenio interadministrativo, el cual se identifica porque no hay una contraprestación, sino aportes de cooperación de las entidades estatales, es importante que sea pactada un mecanismo de ajuste y revisión de los aportes, así como ocurre con la revisión de precios en los contratos, siendo el deber de las entidades de mantener las condiciones económicas y financieras del convenio interadministrativo. Esto, sin perjuicio de los análisis de planeación que le corresponde realizar a la Entidad Estatal para definir el aporte del convenio, y los deberes que establecen en este, en torno al reajuste de los aportes, conviene destacar que las entidades cuentan con discrecionalidad en la estructuración y definición del valor del convenio, a partir de la suma de los aportes.
En ese contexto, las entidades estatales podrán tener en cuenta para la estructuración de dichas
fórmulas de reajuste
de aportes, teniendo en cuenta los indicadores que consideren pertinentes, dependiendo de la experticia técnica requerida del objeto del convenio interadministrativo que pretende ejecutarse, y que a su vez le permita a las partes cooperantes calcular y describir fenómenos de la realidad a través de la evolución en el tiempo de una o varias variables que ajusten los aportes en dinero o en especie incorporados en el convenio interadministrativo.