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Inhabilidades e incompatibilidades: la inhabilidad de 2018 para ser elegido Consejero de Juventud resulta aplicable a los jóvenes vinculados

Documento oficial completo ↗ Fuente oficial ↗
Fecha
2025-08-29
Número
C-990 de 2025

Síntesis del concepto

Inhabilidades e incompatibilidades: la inhabilidad de 2018 para ser elegido Consejero de Juventud resulta aplicable a los jóvenes vinculados

Regla de decisión

La inhabilidad de 2018 para ser elegido Consejero de Juventud resulta aplicable a los jóvenes vinculados a la administración pública mediante contratos de prestación de servicios.

Ratio decidendi: la razón que sostiene la decisión, no los obiter dicta del documento.

Síntesis síntesis automática

Las inhabilidades son prohibiciones para participar en procedimientos de selección y para contratar con el Estado, que se interpretan de manera restrictiva, pues son límites especiales a la capacidad contractual. Su doble connotación, sancionatoria y preventiva, no les quita ese carácter restrictivo. Respecto de los Consejos de Juventudes, el examen de constitucionalidad del artículo 14 de la Ley 1885 de 2018, que modificó la Ley 1622 de 2013, estableció que son mecanismos autónomos de participación, que no se constituyen como corporaciones públicas y cuyos miembros no adquieren la condición de servidores públicos, aunque ejerzan una función pública. A partir de esa premisa, el concepto concluye que para quienes son elegidos consejeros de juventud no resulta aplicable la inhabilidad del literal f) que limita la capacidad para contratar a quienes tienen la calidad de servidores públicos.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Pregunta que resuelve

¿La inhabilidad prevista en el artículo 55 de la Ley 1885 de 2018 para ser elegido consejero de juventud resulta aplicable tanto a los jóvenes vinculados a la administración pública mediante contratos de prestación de servicios como a quienes ostentan una relación laboral, legal o reglamentaria?

Fundamentos

  • Ley 80 de 1993, arts. 3, 5 y 8
  • Decreto 1082 de 2015
  • Constitución Política, art. 209

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

En resumen

Frente al problema jurídico planteado, en primer lugar, es preciso indicar que la Corte Constitucional ha expresado que los Consejos de Juventud son mecanismos autónomos de participación ciudadana y no son corporaciones públicas y sus miembros no adquieren la condición de servidores públicos, aun cuando ejerzan una función pública.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

Puntos que trata

Descriptores temáticos

Restrictores

Concepto Doble connotación Interpretación restrictiva Mecanismos de participación No son corporaciones públicas Principio de legalidad Régimen Sanción y prevención

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El régimen de inhabilidades e incompatibilidades es aplicable a los servidores públicos y a quienes ejercen funciones públicas, constituye un sistema de restricciones de origen constitucional y legal, cuyo propósito es garantizar los principios de moralidad, transparencia, imparcialidad y prevalencia del interés general en el ejercicio de la función pública.
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Las inhabilidades e incompatibilidades para contratar con el Estado son restricciones establecidas por la Constitución o la ley que limitan la capacidad de las personas para celebrar contratos con entidades públicas.
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Su deducción y aplicación debe ajustarse a los presupuestos establecidos por el constituyente o el legislador y por la entidad contratante, razón por la cual no es posible una aplicación extensiva o analógica.
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El contratista cederá el contrato a un tercero previa autorización escrita de la entidad contratante; si esto no es posible deberá renunciar a la ejecución.
Texto del documento 3.184 caracteres
INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES – Concepto – Principio de legalidad – Interpretación restrictiva Las inhabilidades son prohibiciones para concurrir a los procedimientos de selección y para contratar con el Estado, que se derivan de: i) la existencia de comportamientos reprochables o sanciones anteriormente impuestas, ii) vínculos personales relativos al parentesco o al estado civil o iii) una actividad u oficio que se desempeñó en el pasado. De otro lado, las incompatibilidades son prohibiciones para participar en los procedimientos de selección y para celebrar contratos estatales, fundadas en la presencia de una calidad que ostenta el sujeto interesado en realizar alguna de dichas actividades, que no puede coexistir con su calidad de proponente o contratista del Estado. […] Ahora bien, al ser las inhabilidades e incompatibilidades –como ya se dijo– restricciones o límites especiales a la capacidad para presentar ofertas y celebrar contratos estatales, la interpretación de las causales que las integran debe ser restrictiva, pues si se admitiera una interpretación amplia, extensiva o finalista de las mismas, tales enunciados normativos podrían cobijar múltiples supuestos indeterminados, según el parecer o el sentido común de los operadores jurídicos, poniendo en riesgo principios como la igualdad, el debido proceso, la libre concurrencia y el ejercicio de la profesión u oficio. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES – Régimen – Doble connotación – Sanción y prevención En la aplicación del régimen general de inhabilidades e incompatibilidades, sobresale la prevalencia del interés general sobre el particular y su doble connotación, como quiera que no solo puede ser consecuencia de una sanción sino también erigirse con una finalidad preventiva que busca asegurar la no afectación del interés general, en suma, «[…] la inhabilidad no es una pena sino una garantía de que el comportamiento anterior no afectará el desempeño de la función o cargo, de protección del interés general y de la idoneidad, probidad y moralidad del aspirante»; en este sentido, en el ámbito contractual se propende por la adquisición de bienes y servicios por parte de las entidades públicas, sin condiciones anteriores o injerencia de intereses que afecten la misma, de modo que se salvaguarda el principio de transparencia y con ello la consecución en general de los fines que rigen la función pública. CONSEJOS DE JUVENTUDES – Mecanismos de participación – No son corporaciones públicas […] el examen de constitucionalidad sobre el artículo 14 de la Ley 1885 de 2018, que modificaba el Estatuto de Ciudadanía Juvenil Ley 1622 de 2013, estableció que, de conformidad con el artículo 33 del ECJ, los Consejos de Juventudes son mecanismos autónomos de participación, que no se constituyen como corporaciones públicas, y que sus miembros no adquieren la condición de servidores públicos, aun cuando ejercen una función pública. Bajo esa premisa, es posible concluir que, para quienes son elegidos Consejeros de Juventud, no les es aplicable la inhabilidad contenida en el literal f) que limita la capacidad para contratar a aquellos que tienen la calidad de servidores públicos.

Fuente original

https://relatoria.colombiacompra.gov.co/conceptos/c-990-de-2025/