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Colombia Compra Eficiente Concepto

Anticipo: la diferencia entre una y otra decisión radica en la segunda no es invasiva del secreto bancario

Documento oficial completo ↗ Fuente oficial ↗
Fecha
2025-07-21
Número
C-726 de 2025

Síntesis del concepto

Anticipo: la diferencia entre una y otra decisión radica en la segunda no es invasiva del secreto bancario

Regla de decisión

Los requerimientos deben guiarse por criterios de razonabilidad y proporcionalidad, parámetros que regulan el derecho de acceso a la información conforme al artículo 3 de la Ley 1712 de 2014.

Ratio decidendi: la razón que sostiene la decisión, no los obiter dicta del documento.

Síntesis síntesis automática

El anticipo está regulado por el inciso primero del parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993 y por el artículo 91 de la Ley 1474 de 2011. Su pacto proviene de la autonomía de la voluntad de las partes y su monto no puede superar el 50 % del valor del contrato. La jurisprudencia citada en el concepto sostiene que el anticipo no hace parte del patrimonio del contratista y pertenece a la entidad contratante hasta que se amortice, de modo que es un recurso público. Su función es financiar al contratista para solventar los costos iniciales de la ejecución, y por eso debe garantizarse su buen manejo y correcta inversión dentro de la garantía única de cumplimiento. Cuando los recursos se administran por un patrimonio autónomo o una fiducia, el marco aplicable es el de la fiducia pública del Decreto 1082 de 2015, que el concepto cita en su artículo 2.2.1.1.2.4.1. En ese escenario, la entidad mantiene la titularidad del anticipo y la obligación de vigilar que se destine a la ejecución del contrato, de manera que el supervisor o el interventor deben verificar su amortización conforme al avance de la obra o del servicio.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Pregunta que resuelve

¿Cuál es marco aplicable a los requerimientos de la supervisión e interventoría respecto a los anticipos administrados por los patrimonios autónomos o fiducias mercantiles?

Fundamentos

  • Ley 80 de 1993, arts. 4, 5 y 12
  • Ley 1474 de 2011, arts. 83, 84 y 91
  • Ley 1712 de 2014, arts. 3 y 18

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

En resumen

Conforme a la interpretación general de las normas del sistema de compras públicas, quien ejerza la vigilancia de la ejecución del contrato, ya sea mediante la supervisión o mediante la interventoría, puede hacer uso de las facultades previstas en el artículo 84 de la Ley 1474 de 2011 para efectuar el seguimiento al cumplimiento obligacional del contrato y estará sometido a los deberes y responsabilidades que implica el ejercicio de dicha actividad. En este contexto, “Los interventores y supervisores están facultados para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual… ”. Como se observa, la facultad de control y vigilancia realizada por el supervisor o interventor no es absoluta, pues no puede solicitar informes, aclaraciones y explicaciones ajenas a las obligaciones pactadas.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

Puntos que trata

Descriptores temáticos

Restrictores

Artículo 91 Autonomía de la voluntad Decreto 1082 de 2015 Definición jurisprudencial Derechos y obligaciones recíprocas Ley 1474 de 2011 Proporcionalidad Regulación normativa Requerimientos

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El artículo 91 de la Ley 1474 de 2011 regula los contratos respecto de los cuales el contratista deberá constituir una fiducia o un patrimonio autónomo irrevocable para el manejo del anticipo.
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La entidad y el contratista podrán disponer, en ejercicio de la autonomía de la voluntad, las condiciones que consideren convenientes para otorgar el anticipo de acuerdo con las normas civiles, siempre que no contraríen los parámetros normativos y los principios de la actividad contractual.
Texto del documento 6.767 caracteres
ANTICIPO – Regulación normativa En materia de contratación pública, la figura del anticipo está prevista en dos (2) normas: el inciso primero del parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993 y en el artículo 91 de la Ley 1474 de 2011. En cuanto al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, se dispone la posibilidad de pactar anticipos en los contratos, pero sujeto a determinadas limitaciones. En efecto, la norma prescribe que “En los contratos que celebren las entidades estatales se podrá pactar el pago anticipado y la entrega de anticipos, pero su monto no podrá exceder del cincuenta por ciento (50%) del valor del respectivo contrato”. ANTICIPO – Definición jurisprudencial [Sobre la calidad de recurso público del anticipo, la jurisprudencia ha reiterado que “dicho dinero no hace parte del patrimonio del contratista y le pertenece a la entidad contratante hasta tanto se amortice. De allí se deduce que la función del anticipo en el contrato es, de entrada, financiar las prestaciones del contratista, y hace razonable el amparo del buen manejo y correcta inversión de estos recursos dentro de la garantía única de cumplimiento”. Igualmente, explica que el anticipo, al facilitar al contratista la financiación de los bienes y servicios que se le han encargado, es un factor determinante para impulsar la ejecución del contrato. Este también es el entendimiento de la doctrina, que ha considerado el anticipo como un dinero entregado al contratista que debe cancelarse mediante descuentos parciales, siendo una práctica común que permite impulsar la ejecución del contrato. Así, de acuerdo con las consideraciones de la jurisprudencia y la doctrina, el anticipo es aquella suma de dinero entregada al contratista con la finalidad de apalancarlo financieramente para solventar los costos iniciales de la ejecución del contrato. Este dinero debe amortizarse de acuerdo al avance en la ejecución. De esta forma, los recursos entregados a título de anticipo son del erario, razón por la que debe garantizarse su buen manejo y correcta inversión. ANTICIPO – Autonomía de la voluntad – Derechos y obligaciones recíprocas Como característica esencial del anticipo, derivada del artículo 40 de la Ley 80 de 1993, el pacto proviene de la autonomía de la voluntad de las partes. De allí que se generen una serie de derechos y obligaciones recíprocos entre ellas. Por un lado, el contratante tiene la obligación de entregar el valor pactado como anticipo y el derecho a que los recursos sean empleados en la forma estipulada. Por otro lado, el contratista tiene derecho a recibir dicho anticipo y la obligación de destinarlo a la ejecución del contrato. CONTRATO DE FIDUCIA PÚBLICA – Decreto 1082 de 2015 El artículo 2.2.1.1.2.4.1 del Decreto 1082 de 2015 prescribe que, en los casos previstos en la ley, el contratista debe suscribir un contrato de fiducia mercantil para crear un patrimonio autónomo, con una sociedad fiduciaria autorizada para ese fin por la Superintendencia Financiera de Colombia, a la cual la Entidad Estatal debe entregar el valor del anticipo. Los recursos del patrimonio y sus rendimientos son autónomos, además de que se manejan de acuerdo con el contrato de fiducia mercantil. Adicionalmente, la norma señala que en el pliego de condiciones la entidad debe establecer los términos y condiciones de la administración del anticipo a través del patrimonio autónomo. Lo anterior surge como una medida para fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública, en atención a la problemática identificada sobre el incumplimiento de los contratistas de destinar los anticipos en la ejecución del contrato. De esta manera, mediante estas disposiciones se busca realizar un seguimiento a la entrega de recursos que se otorgan en calidad de anticipo, a través de la constitución de una fiducia irrevocable. Esto con la finalidad de garantizar la adecuada inversión y administración de los recursos, así como su reintegro a la entidad estatal. CONSTITUCIÓN DE FIDUCIA O PATRIMONIO AUTÓNOMO IRREVOCABLE – Artículo 91 – Ley 1474 de 2011 Por su parte, el artículo 91 de la Ley 1474 de 2011 consagra una regla especial para el manejo del anticipo. Según esta disposición, cuando se pacte en contratos de obra, concesión o salud, que no sean de menor o mínima cuantía, o en todos aquellos que se realicen por licitación pública, el contratista tiene la obligación de constituir una fiducia o un patrimonio autónomo irrevocable. Lo anterior, para el manejo de los recursos desembolsados bajo el mencionado concepto, con el fin de garantizar que se destinen exclusivamente a la ejecución del contrato. SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA – Requerimientos – Proporcionalidad Quien ejerza la vigilancia de la ejecución del contrato, ya sea mediante la supervisión o mediante la interventoría, puede hacer uso de las facultades previstas en el artículo 84 de la Ley 1474 de 2011 para efectuar el seguimiento al cumplimiento obligacional del contrato y estará sometido a los deberes y responsabilidades que implica el ejercicio de dicha actividad. En este contexto, “Los interventores y supervisores están facultados para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual […]”. Como se observa, la facultad de control y vigilancia realizada por el supervisor o interventor no es absoluta, pues no puede solicitar informes, aclaraciones y explicaciones ajenas a las obligaciones pactadas. De esta manera, los requerimientos deben guiarse por criterios de razonabilidad y proporcionalidad, parámetros que regulan el derecho de acceso a la información conforme al artículo 3 de la Ley 1712 de 2014. Por ejemplo, en el marco del inciso final del artículo 2.2.1.1.2.4.1 del Decreto 1082 de 2015, puede solicitar al contratista los soportes pago realizados a los proveedores a través del patrimonio autónomo constituido conforme al artículo 91 de la Ley 1474 de 2011. Asimismo, si advierte que el contratista no ha realizado una correcta inversión del anticipo, la entidad no debería indagar si aquel está o no reportado en las centrales de riesgo, pues las causas que la provocan son ajenas a la relación contractual. Si bien este puede hacer un mal uso del anticipo cuando satisface un interés particular de saldar sus propias obligaciones bancarias, el incumplimiento queda acreditado cuando el contratista no demuestra la observancia del plan de inversiones. Por ello, más que solicitar el reporte de las centrales, podría requerirse los soportes que acrediten la ejecución del plan previamente trazado. La diferencia entre una y otra decisión radica en la segunda no es invasiva del secreto bancario.

Fuente original

https://relatoria.colombiacompra.gov.co/conceptos/c-726-de-2025/