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Colombia Compra Eficiente Concepto

Inhabilidades: en el segundo grupo están aquellas que no devienen de un proceso sancionatorio

Documento oficial completo ↗ Fuente oficial ↗
Fecha
2025-07-02
Número
C-599 de 2025

Síntesis del concepto

Inhabilidades: en el segundo grupo están aquellas que no devienen de un proceso sancionatorio

En resumen

La inhabilidad prevista en el literal d) del numeral 1 del artículo 8 de la Ley 80 de 1993, de cuyo texto se extrae de forma categórica que, son inhábiles para contratar: «Quienes en sentencia judicial hayan sido condenados a la pena accesoria de interdicción de derechos y funciones públicas y quienes hayan sido sancionados disciplinariamente con destitución». En efecto, se trata de una inhabilidad sanción, puesto que se configura en atención a unos supuestos de hecho que implican la expedición de providencias judiciales o administrativas en contra de personas a quienes, por la connotación de las conductas que se les reprochan, el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública ha restringido su capacidad para suscribir y ejecutar contratos estatales.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

Síntesis síntesis automática

Las inhabilidades para contratar con el Estado son restricciones a la capacidad de las personas que solo pueden tipificarse en la ley, por lo que su interpretación debe ser restrictiva. La entidad no puede extender el alcance de una inhabilidad a supuestos que la norma no contempla mediante interpretaciones amplias, extensivas o finalistas, pues ello pondría en riesgo principios como la igualdad, el debido proceso, la libre concurrencia y el ejercicio de la profesión u oficio. El régimen distingue entre inhabilidades-sanción, que surgen de un proceso sancionatorio penal, disciplinario, contravencional o de pérdida de investidura, e inhabilidades-requisito, que derivan de condiciones propias de la persona y buscan garantizar la moralidad, la imparcialidad, la eficacia y la transparencia. Esta distinción obliga a identificar, en cada caso, la fuente de la circunstancia invocada y la norma que la prevé de manera expresa. Desde la perspectiva de la contratación, la verificación de inhabilidades debe hacerse con base en el texto legal preciso aplicable, sin ampliar sus efectos. Como pronunciamiento consultivo, el concepto ofrece el marco general de interpretación y no decide por sí mismo la situación concreta planteada en la consulta.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Pregunta que resuelve

¿Puede una persona que ha sido condenada a la pena accesoria de interdicción de derechos y funciones públicas o que ha sido sancionado disciplinariamente con destitución, celebrar un contrato con el estado?

Fundamentos

  • Ley 80 de 1993
  • Ley 1952 de 2019, art. 49
  • Ley 1150 de 2007, art. 13

Puntos que trata

  • Inhabilidades: definición, finalidad, limitación a capacidad, clasificación

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Descriptores temáticos

Restrictores

Clasificación Condiciones personales Definición Finalidad Interpretación restrictiva Limitación capacidad Principio de legalidad Proceso sancionatorio Requisito Sanción Taxatividad

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Texto del documento 2.656 caracteres
INHABILIDADES – Definición – Finalidad – Limitación a capacidad Las inhabilidades son circunstancias establecidas por la Constitución o la ley que impiden que personas naturales o jurídicas sean elegidas o designadas en un cargo público o celebren contratos con el Estado, con el objetivo de garantizar la idoneidad, imparcialidad, probidad, transparencia y moralidad de la función pública, garantizando el interés general. El régimen de inhabilidades para contratar con el Estado es un conjunto de restricciones establecidas por el constituyente o por el legislador que afectan directamente la capacidad de las personas para establecer relaciones contractuales con el Estado, que pueden resultar de condenas, sanciones o situaciones previamente establecidas por el ordenamiento jurídico. En esta medida, la Corte Constitucional explica que «las inhabilidades representan una limitación a la capacidad para contratar con las entidades del Estado y obedecen a la falta de aptitud o a la carencia de una cualidad, calidad o requisito en el sujeto incapacitado quien por esta razón no podrá hacer parte de una relación contractual». INHABILIDADES – Clasificación – Sanción – Proceso sancionatorio – Requisito – Condiciones personales Conviene también distinguir las fuentes de las inhabilidades, las cuales han sido clasificadas en dos (2) grupos: i) inhabilidades-sanción y ii) inhabilidades-requisito. En el primer grupo se encuentran las inhabilidades que surgen como consecuencia de un proceso sancionatorio, en los ámbitos penal, disciplinario, contravencional o de pérdida de investidura. En el segundo grupo están aquellas que no devienen de un proceso sancionatorio, sino de condiciones propias de la persona y garantizan la moralidad, la imparcialidad, la eficacia y la transparencia . INHABILIDADES – Taxatividad – Principio de legalidad – Interpretación restrictiva Ahora bien, las inhabilidades e incompatibilidades al ser restricciones o límites especiales a la capacidad para presentar ofertas y celebrar contratos estatales, solo pueden tipificarse en la ley –o sea, deben satisfacer el principio de legalidad– y su interpretación debe ser restrictiva, pues si se admitiera una interpretación amplia, extensiva o finalista de las mismas, tales enunciados normativos contemplarían múltiples supuestos indeterminados, según el parecer o el sentido común de los operadores jurídicos, poniendo en riesgo principios como la igualdad, el debido proceso, la libre concurrencia y el ejercicio de la profesión u oficio. Tal ha sido la postura de la jurisprudencia, tanto de la Corte Constitucional como de la Sección Tercera del Consejo de Estado.

Fuente original

https://relatoria.colombiacompra.gov.co/conceptos/c-599-de-2025/