Inhabilidades: en el segundo grupo están aquellas que no devienen de un proceso sancionatorio
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Inhabilidades: en el segundo grupo están aquellas que no devienen de un proceso sancionatorio
En resumen
La inhabilidad prevista en el literal d) del numeral 1 del artículo 8 de la Ley 80 de 1993, de cuyo texto se extrae de forma categórica que, son inhábiles para contratar: «Quienes en sentencia judicial hayan sido condenados a la pena accesoria de interdicción de derechos y funciones públicas y quienes hayan sido sancionados disciplinariamente con destitución». En efecto, se trata de una inhabilidad sanción, puesto que se configura en atención a unos supuestos de hecho que implican la expedición de providencias judiciales o administrativas en contra de personas a quienes, por la connotación de las conductas que se les reprochan, el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública ha restringido su capacidad para suscribir y ejecutar contratos estatales.
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Síntesis síntesis automática
Las inhabilidades para contratar con el Estado son restricciones a la capacidad de las personas que solo pueden tipificarse en la ley, por lo que su interpretación debe ser restrictiva. La entidad no puede extender el alcance de una inhabilidad a supuestos que la norma no contempla mediante interpretaciones amplias, extensivas o finalistas, pues ello pondría en riesgo principios como la igualdad, el debido proceso, la libre concurrencia y el ejercicio de la profesión u oficio. El régimen distingue entre inhabilidades-sanción, que surgen de un proceso sancionatorio penal, disciplinario, contravencional o de pérdida de investidura, e inhabilidades-requisito, que derivan de condiciones propias de la persona y buscan garantizar la moralidad, la imparcialidad, la eficacia y la transparencia. Esta distinción obliga a identificar, en cada caso, la fuente de la circunstancia invocada y la norma que la prevé de manera expresa. Desde la perspectiva de la contratación, la verificación de inhabilidades debe hacerse con base en el texto legal preciso aplicable, sin ampliar sus efectos. Como pronunciamiento consultivo, el concepto ofrece el marco general de interpretación y no decide por sí mismo la situación concreta planteada en la consulta.
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Pregunta que resuelve
¿Puede una persona que ha sido condenada a la pena accesoria de interdicción de derechos y funciones públicas o que ha sido sancionado disciplinariamente con destitución, celebrar un contrato con el estado?
Fundamentos
- Ley 80 de 1993
- Ley 1952 de 2019, art. 49
- Ley 1150 de 2007, art. 13
Puntos que trata
- Inhabilidades: definición, finalidad, limitación a capacidad, clasificación
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Fuente original
https://relatoria.colombiacompra.gov.co/conceptos/c-599-de-2025/