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Colombia Compra Eficiente Concepto

Función administrativa: en ningún caso la información contractual podrá tener un rezago mayor a diez días

Documento oficial completo ↗ Fuente oficial ↗
Fecha
2025-06-27
Número
C-586 de 2025

Síntesis del concepto

Función administrativa: en ningún caso la información contractual podrá tener un rezago mayor a diez días

En resumen

El ámbito o campo de aplicación del capítulo 3 del Decreto 1600 de 2024, relacionado con la Estrategia Nacional De Lucha Contra La Corrupción, está regulado en el artículo 2.1.4.3.1.2. Esta disposición señala que sus reglas están dirigidas a las entidades y empresas del Estado del orden nacional y pertenecientes a la Rama Ejecutiva del Poder Público. Así mismo, establece que las empresas industriales y comerciales del Estado, las sociedades de economía mixta y todas las demás instituciones sometidas a regímenes especiales de contratación deben cumplir las obligaciones contenidas en dicho capítulo en aquellos aspectos en los que deban aplicar el régimen general de contratación pública.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

Pregunta que resuelve

¿Las entidades del orden territorial y las empresas industriales y comerciales del Estado deben aplicar el Decreto 1600 de 2024?

Fundamentos

  • Decreto 1600 de 2024, arts. 2.1.4.3.1.1, 2.1.4.3.1.2 y 2.1.4.3.2.1
  • Ley 152 de 1994, art. 52
  • Ley 2294 de 2023, art. 200

Puntos que trata

  • Función administrativa: Constitución Política artículo 209, función administrativa, Ley 1437 de 2011
  • Estrategia nacional de lucha contra la corrupción: Ley 2294 de 2023, transparencia en la contratación y gestión pública
  • Decreto 1600 de 2024: estrategia de lucha contra la corrupción, capítulo 3
  • Ámbito de aplicación del decreto 1600 de 2024: entidades y empresas del estado del orden nacional y pertenecientes a la rama ejecutiva del poder público, ámbito de aplicación del decreto 1600 de 2024, empresas industriales y comerciales del estado, sociedades de economía mixta
  • Entidades territoriales: entidades territoriales descentralizadas, aplicación de líneas de acción, capítulo 3, manuales de contratación

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Descriptores temáticos

Restrictores

Acciones de la gestión contractual Ámbito de aplicación Aplicación Capítulo Tercero Deber de publicación Decreto 1081 de 2015 Decreto 1600 de 2024 Documentos de Ejecución Documentos del Proceso Entidades obligadas a su aplicación interpretación armónica Principio de acceso a la información término de publicación

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Texto del documento 9.902 caracteres
FUNCIÓN ADMINISTRATIVA – Constitución Política artículo 209 – FUNCIÓN ADMINISTRATIVA – Ley 1437 de 2011 El artículo 209 de la Constitución Política establece que la función administrativa está orientada hacia el servicio de los intereses generales y se fundamenta en principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad. Asimismo, conforme al Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1437 de 2011, las acciones administrativas deben llevarse a cabo con transparencia. 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ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL DECRETO 1600 DE 2024 – Entidades y empresas del Estado del orden nacional y pertenecientes a la Rama Ejecutiva del Poder Público – ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL DECRETO 1600 de 2024 – Empresas industriales y comerciales del Estado – Sociedades de economía mixta – Entidades con regímenes especiales – Alcance – ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL DECRETO 1600 de 2024 – Entidades territoriales y sus entidades descentralizadas – Alcance Ahora bien, el ámbito o campo de aplicación de este capítulo, […] está regulado en el artículo 2.1.4.3.1.2. que señala que sus reglas están dirigidas a las entidades y empresas del Estado del orden nacional y pertenecientes a la Rama Ejecutiva del Poder Público. Así mismo, dispone que las empresas industriales y comerciales del Estado, las sociedades de economía mixta y todas las demás instituciones sometidas a regímenes especiales de contratación deben cumplir las obligaciones del presente Capítulo en aquellos aspectos en los que deban aplicar el régimen general de contratación pública. En los temas no regulados por dicho régimen, no se aplica lo dispuesto en el artículo 2.1.4.3.2.1, por lo que las demás disposiciones deberán aplicarse, de acuerdo con su estructura orgánica y la normativa aplicable a su funcionamiento. 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Lo anterior deberá ser incorporado por parte de las entidades definidas en el artículo 2.1.4.3.1.2 en los manuales de contratación dentro de los seis (6) meses siguientes a la expedición del Decreto 1600 de 2024. Así mismo, serán incorporadas por parte de las entidades territoriales y sus entidades descentralizadas en el marco de su autonomía contemplada en el artículo 32 de la Ley 152 de 1994. PRINCIPIO DE PUBLICIDAD – término de publicación – interpretación armónica – documentos de ejecución A partir del artículo precitado se resalta que su primer inciso alude al deber de publicación en la página web de los sujetos obligados por dicho Decreto, el cual contiene dos literales: en el literal a) se establece el deber de publicar por parte de las entidades de todas las auditorías que le realicen, en la que se incluyan los resultados, hallazgos y seguimiento a las acciones de mejora; en el literal b se establece dos subreglas. La primera está contenida en un primer aparte que dispone: “ Información detallada de los contratos que suscriban, incluyendo, como mínimo: valor del contrato, objeto contractual, identidad del contratista seleccionado; así como el enlace directo al proceso en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP)”, lo cual implica el mandato de publicar en página web por parte de los sujetos obligados de la información detallada de los contratos celebrados, incluyendo su valor, objeto, identidad del contratista seleccionado, así como el enlace en el SECOP. Una segunda subregla que prescribe: “En SECOP, además, debe estar publicada la información de ejecución del contrato, esto es, informes de supervisión e interventoría, actas de liquidación, requerimientos, etc. Esta información debe ser publicada dentro de los diez (10) días siguientes a la suscripción del contrato u ocurrencia del hecho. En ningún caso la información contractual podrá tener un rezago mayor a diez (10) días”. Esta subregla prescribe el deber de publicar la información de ejecución del contrato, es decir, los informes de supervisión e interventoría, actas de liquidación, requerimientos, entre otros. Ahora bien, dicho literal también establece que esta información debe publicarse dentro de los diez (10) días siguientes a la ocurrencia del hecho, y en ningún caso puede haber retraso para el cumplimiento de este término, esto es, establece un límite máximo de publicación para los documentos de ejecución del contrato. No obstante, este artículo parece contradecirse, en un principio, con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.1.7.1. del Decreto 1082 de 2015 que establece que la Entidad Estatal está obligada a publicar en el SECOP los Documentos del Proceso y los actos administrativos del Proceso de Contratación, dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición, además, dispone que la oferta que debe publicarse es la del adjudicatario del Proceso de Contratación, y que los documentos de las operaciones que se realicen en bolsa de productos no tienen que publicarse en el SECOP. En este escenario, parece en un principio, un conflicto entre la regla general dispuesta en el Decreto 1082 de 2015 y la regla especial que dispone un término máximo para publicar la información para entidades del orden nacional , siendo necesario acudir al problema con fundamento en el artículo 5.1 de la Ley 57 de 1887. Según esta norma, “[…] Si en los Códigos que se adoptan se hallaren algunas disposiciones incompatibles entre sí […] La disposición relativa a un asunto especial prefiere a la que tenga carácter general […]” (Énfasis fuera de texto). Por tanto, la regla dispuesta en el artículo 2.1.4.3.2.2 del Decreto 1081 de 2015 – regla especial – debe tenerse en cuenta sobre el entendimiento y aplicación del artículo 2.2.1.1.1.7.1. del Decreto 1082 de 2015 – regla general –, esto es, deben interpretarse armónicamente. Esto no significa que la regla general desaparezca del ordenamiento jurídico; todo lo contrario, esta aplica en todos los supuestos que regula, y se interpreta de forma integral con los supuestos previstos en la regla especial . De esta manera, el término de diez (10) días es un plazo máximo para las entidades y empresas del Estado del orden nacional y pertenecientes a la Rama Ejecutiva del Poder Público para publicar en SECOP, en todo caso, precisando la regla general sigue vigente, y que, en un principio, el término para publicar es de tres (3) días siguientes a la expedición, de conformidad a lo prescrito en el Decreto 1082 de 2015. Así las cosas, el término de diez (10) días es un límite máximo para publicar por parte de las entidades del orden nacional sometidas a lo dispuesto en el Decreto 1600 de 2024 que modifica el Decreto 1081 de 2015 en cuanto a los documentos de ejecución del contrato, como son las actas de supervisión o interventoría, requerimientos, entre otros. Esto, sin perjuicio del deber general de publicar, en principio, dentro de los tres (3) días siguientes a la expedición de los documentos del proceso que no son transaccionales y que no tienen la calidad de ser documentos de ejecución.

Fuente original

https://relatoria.colombiacompra.gov.co/conceptos/c-586-de-2025/