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Colombia Compra Eficiente Concepto

Conflicto de interés: la satisfacción del principio de moralidad, el deber de probidad y rectitud también se exige a los contratistas

Documento oficial completo ↗ Fuente oficial ↗
Fecha
2025-06-09
Número
C-524 de 2025

Síntesis del concepto

Conflicto de interés: la satisfacción del principio de moralidad, el deber de probidad y rectitud también se exige a los contratistas

Regla de decisión

De manera preliminar debe precisarse que la institución jurídica de los conflictos de interés no está definida con carácter general en el ordenamiento jurídico y tampoco de forma precisa en las normas que regulan la contratación estatal.

Ratio decidendi: la razón que sostiene la decisión, no los obiter dicta del documento.

Síntesis síntesis automática

Según el concepto, la figura de los conflictos de interés no está definida con carácter general en el ordenamiento ni de forma precisa en las normas de contratación estatal, y tampoco aparece en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. Sin embargo, la ausencia de regulación específica no impide que las entidades estatales adopten medidas para salvaguardar los principios de la contratación, como la moralidad, la probidad y la rectitud, que también se exigen a los contratistas. Las causales de conflicto de interés aparecen en regímenes especiales, como el de congresistas, concejales o el régimen disciplinario de los servidores públicos, que sirven como referente. El concepto menciona además las herramientas que el DAFP ha dispuesto para orientar a las entidades. Como pronunciamiento consultivo, el concepto enuncia que la entidad puede adoptar medidas de salvaguarda frente a los conflictos de interés de los contratistas, dentro del marco normativo aplicable y de sus manuales internos.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Pregunta que resuelve

¿Cuál es el régimen jurídico aplicable a los conflictos de interés de los contratistas del Estado?

Fundamentos

  • Ley 1437 de 2011, art. 3
  • Ley 80 de 1993, art. 3
  • Constitución Política, art. 209

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

En resumen

De manera preliminar, debe precisarse que la institución jurídica de los conflictos de interés no está definida con carácter general en el ordenamiento jurídico y tampoco de forma precisa en las normas que regulan la contratación estatal. En ese sentido, pese a que no existe regulación sobre el régimen de conflictos de interés, esto no obsta para que las Entidades Estatales con el fin de garantizar los principios de la función pública –de los que se resalta la moralidad administrativa–, definan objetivamente, las conductas prohibitivas o reprochables que se puedan encausar en posibles conflictos de interés por parte de sus futuros contratistas y la forma a través de la cual las afrontarán, esto, en el marco de la expedición de sus manuales internos de contratación.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

Puntos que trata

Descriptores temáticos

Restrictores

Contratación estatal Herramientas del dafp Objetivo Régimen aplicable Regulación de la entidad Salvaguarda de principios

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Texto del documento 2.895 caracteres
CONFLICTO DE INTERÉS – Objetivo – Régimen aplicable – Contratación estatal […] el régimen de los conflictos de interés tiene como objetivo la prevalencia del bien común sobre el particular, razón por la cual se configuran cuando los servidores públicos actúan influenciados por consideraciones personales que colisionan con el deber de preservar su independencia e imparcialidad. En este sentido, se definen como la concurrencia de intereses antagónicos que afectan la transparencia de las decisiones, al implicar –en detrimento del interés general– el aprovechamiento personal, familiar o particular. […] la institución jurídica de los conflictos de interés no está definida con carácter general en el ordenamiento jurídico y tampoco de forma precisa en las normas que regulan la contratación estatal, por lo que es un asunto ausente en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, en adelante EGCAP. Pero, existen disposiciones especiales como el régimen de los congresistas, de los concejales o el régimen disciplinario de los servidores públicos, donde se definen causales de conflictos de interés. En todo caso, la satisfacción del principio de moralidad, el deber de probidad y rectitud también se exige a los contratistas. CONFLICTO DE INTERÉS DE CONTRATISTAS – Regulación de la entidad – Salvaguarda de principios – Herramientas del dafp […] pese a que no existe regulación sobre el régimen de conflictos de interés, esto no obsta para que las Entidades Estatales con el fin de garantizar los principios de la función pública –de los que se resalta la moralidad administrativa–, definan objetivamente, las conductas prohibitivas o reprochables que se puedan encausar en posibles conflictos de interés por parte de sus futuros contratistas y la forma a través de la cual las afrontarán, esto, en el marco de la expedición de sus manuales internos de contratación. Aunque para el Alto Tribunal Administrativo, la regulación de los conflictos de interés en las relaciones contractuales entre Estado y particulares se realiza en el pliego de condiciones respectivo, estima esta Agencia que las Entidades Estatales, como se indicó previamente, podrían definirlo desde sus manuales internos de contratación. De esta forma, en la “Guía para la incorporación de lineamientos de integridad en la contratación de prestación de servicios” emitida por Colombia Compra Eficiente, se recomienda a las entidades implementar los mecanismos dispuestos por el Departamento Administrativo de la Función Pública, como el “Procedimiento para la gestión preventiva de conflictos de interés en entidades del sector público” y, el “Aplicativo para la integridad pública” que constituye una herramienta para que los servidores públicos de altos cargos del Estado, contratistas y demás sujetos obligados por la Ley 2013 de 2019 registren, entre otros aspectos, sus conflictos de interés.

Fuente original

https://relatoria.colombiacompra.gov.co/conceptos/c-524-de-2025/