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Áreas metropolitanas: cabe concluir que a la luz del marco legal actual, las Áreas Metropolitanas pueden participar en la creación de empresas
Regla de decisión
Cabe concluir que a la luz del marco legal actual, las Áreas Metropolitanas pueden participar en la creación de empresas de servicios públicos de cualquier naturaleza, efecto para el cual no se requiere autorización adicional al ejercicio de las facultades con que haya sido investida; sin embargo no pueden asumir la prestación directa de los servicios públicos.
Ratio decidendi: la razón que sostiene la decisión, no los obiter dicta del documento.
Síntesis síntesis automática
Las áreas metropolitanas son entidades estatales para efectos de los contratos en que son parte y se sujetan al régimen contractual público previsto en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015, así como en las normas que los modifiquen, adicionen o reglamenten. Por ello, cualquier contrato que celebren debe ajustarse a los principios y disposiciones del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública y a las normas concordantes. Esta conclusión se apoya en que el régimen especial no aplica a estas entidades, pues los regímenes especiales se fundan en una norma de creación propia que define el marco legal y reglamentario de sus procedimientos contractuales, y las áreas metropolitanas no cuentan con una regulación específica de ese tipo. En consecuencia, sus procesos de selección, celebración y ejecución contractual deben tramitarse conforme al Estatuto, y no conforme a un régimen especial de contratación.
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Pregunta que resuelve
¿Cual es la naturaleza jurídica y régimen contractual de las Áreas Metropolitanas?
Fundamentos
Ley 1625 de 2013, arts. 2, 3 y 20
Ley 2056 de 2020, art. 28
Decreto 1082 de 2015
La ley podrá darles el carácter de entidades territoriales a las regiones y provincias que se constituyan en los términos de la Constitución y de la ley
C-465 de 2025 · 2025-05-19
Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.
En resumen
Conforme lo previsto en el artículo 14 de la ley 1625 de 2013, se tiene que La Junta Metropolitana, el Presidente, el Director y las Unidades Técnicas son los órganos de dirección y administración de las áreas metropolitanas, el artículo 25 de la misma ley asigna al Director la competencia para suscribir los contratos necesarios para la administración de los servicios, la ejecución de las obras metropolitanas, y en general, para el buen desempeño y cumplimiento de las funciones propias de la Entidad, de acuerdo a las autorizaciones, límites y cuantías que al respecto le fije la Junta Metropolitana, en lo relativo a los contratos que ellas celebren, la citada norma prevé lo siguiente.
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Puntos que trata
Áreas metropolitanas: régimen de contratación
Sistema general de regalías: fundamento normativo, acto legislativo 01 de 2019, Ley 2056 de 2020, finalidad
Régimen contractual: entidades ejecutoras, aplicación del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública
ACTO LEGISLATIVO 01 DE 2019Aplicación del Estatuto General de Contratación de la Administración PúblicaENTIDADES EJECUTORASFinalidadFundamento normativoLey 2056 de 2020ObjetoRégimen de contratación
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ÁREAS METROPOLITANAS – Régimen de contratación
[…] las Áreas Metropolitanas son entidades estatales para efectos de los contratos en que sean parte, se sujetan al régimen contractual público previsto en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 y en las normas que lo modifiquen, adicionen o reglamenten. En consecuencia, cualquier contrato que celebren debe ajustarse a los principios y disposiciones que rige el Estatuto General de Contratación y demás normas concordantes; por lo que, en sus procesos contractuales no aplica un régimen especial de contratación, dado que las entidades sujetas a estos regímenes cuentan con una regulación específica derivada de su norma de creación, la cual define el marco legal y reglamentario para la ejecución de sus procedimientos contractuales.
SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS – Fundamento normativo – Acto Legislativo 01 de 2019
El artículo 360 de la Constitución Política, modificado por el artículo 1 del Acto Legislativo 5 de 2011, define las regalías como una contraprestación económica a favor del Estado, que es causada por la explotación de un recurso natural no renovable. Al respecto, el precitado artículo prescribe: «La explotación de un recurso natural no renovable causará, a favor del Estado, una contraprestación económica a título de regalía, sin perjuicio de cualquier otro derecho o compensación que se pacte. La ley determinará las condiciones para la explotación de los recursos naturales no renovables. Mediante otra ley, a iniciativa del Gobierno, la ley determinará la distribución, objetivos, fines, administración, ejecución, control, el uso eficiente y la destinación de los ingresos provenientes de la explotación de los recursos naturales no renovables precisando las condiciones de participación de sus beneficiarios. Este conjunto de ingresos, asignaciones, órganos, procedimientos y regulaciones constituye el Sistema General de Regalías». En el inciso segundo, el mismo artículo define al Sistema General de Regalías como el conjunto de ingresos, asignaciones, órganos, procedimientos y regulaciones que deberán establecerse y definirse mediante la ley que, por iniciativa previa del Gobierno Nacional, se expida a fin de determinar la distribución, objetivos, fines, administración, ejecución, control, el uso eficiente y la destinación de los ingresos provenientes de la explotación de los recursos naturales no renovables, precisando las condiciones de participación de sus beneficiarios. En ese sentido, la Corte Constitucional define las regalías como una contraprestación recibida a cambio de la concesión de derechos a particulares para la exploración de recursos naturales, diferenciándolas de otros ingresos nacionales como los impuestos, dado que estas carecen del carácter impositivo de los tributos.
SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS – Ley 2056 de 2020 – Finalidad – Objeto
Con fundamento en los artículos 360 y 361 de la Constitución Política, se expidió la Ley 2056 de 2020, por medio de la cual se deroga, entre otras, la Ley 1530 de 2012, y «Por la cual se regula la organización y el funcionamiento del Sistema General de Regalías». En este sentido, la exposición de motivos de esta Ley expresó que: Para adecuar el funcionamiento del SGR a las disposiciones del Acto Legislativo 01 de 2019, el Título I del proyecto de ley introduce nuevas disposiciones, como las siguientes, en relación con los objetivos y fines del Sistema, adicionales a las que originariamente se hallaban previas en el clausulado de la Ley 1530 de 2012: – Incentivar en el territorio nacional el desarrollo de actividades de exploración y explotación de recursos naturales no renovables, en el marco de la normativa vigente. -Fomentar la estructuración y aprobación de proyectos de inversión que permitan la implementación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, en los términos establecidos en las normas vigentes. En concordancia con los artículos 360 y 361 constitucionales, dicha ley tiene como objeto determinar la distribución, objetivos, fines, administración, ejecución, control del uso eficiente y la destinación de los ingresos que se encuadren dentro del concepto de regalías, precisando las condiciones para la participación de los beneficiarios o destinatarios de los mismos.
RÉGIMEN CONTRACTUAL – Entidades ejecutoras – Aplicación del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública
El artículo 37 de la Ley 2056 de 2020 dispone que los proyectos de inversión que se financien con cargo al Sistema General de Regalías serán ejecutados por quien designe las entidades u órganos de que tratan los artículos 35 y 36 ibidem. También agrega que la entidad pública ejecutora tiene el deber de adelantar la contratación de la interventoría, de conformidad con lo previsto en la presente ley. Las entidades ejecutoras de recursos del Sistema son responsables de suministrar de forma veraz, oportuna e idónea, la información de la gestión de los proyectos que se requiera e implementar las actuaciones pertinentes para encauzar el desempeño de los proyectos de inversión y decidir, de manera motivada, sobre la continuidad de los mismos, sin perjuicio de las acciones de control a las que haya lugar. En esta línea, el parágrafo primero del artículo 37 dispone: “La ejecución de proyectos de que trata este artículo, se adelantará, con estricta sujeción al régimen presupuestal definido en esta ley, al de contratación pública y las demás normas legales vigentes. El ejecutor garantizará la correcta ejecución de los recursos asignados al proyecto de inversión, así como el suministro y registro de la información requerida por el sistema de seguimiento, evaluación y control”. A partir de esta norma, el ejecutor de los proyectos de inversión en el SGR debe sujetarse a las reglas de contratación pública, es decir, a las prescripciones establecidas en el Estatuto General de Contratación Pública, así como las normas que lo modifiquen, sustituyan o reglamenten. En efecto, el ejecutor debe someterse a las reglas generales de la contratación pública cuando desarrolle proyectos en el marco del Sistema General de Regalías.