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Colombia Compra Eficiente Concepto

Inhabilidades: el artículo 8, establece que no podrán participar en procedimientos de selección ni celebrar contratos estatales

Documento oficial completo ↗ Fuente oficial ↗
Fecha
2025-04-30
Número
C-309 de 2025

Síntesis del concepto

Inhabilidades: el artículo 8, establece que no podrán participar en procedimientos de selección ni celebrar contratos estatales

Regla de decisión

El artículo 8, establece que no podrán participar en procedimientos de selección ni celebrar contratos estatales con la entidad respectiva “Las personas que tengan vínculos de parentesco, ejecutivo o con los miembros de la junta o consejo directivo, o con las personas que ejerzan el control interno o fiscal de la entidad contratante”.

Ratio decidendi: la razón que sostiene la decisión, no los obiter dicta del documento.

Pregunta que resuelve

¿Existe alguna causal de inhabilidad que impida la celebración de un contrato de prestación de servicios dentro de una entidad de orden territorial, por existir un vínculo de parentesco en segundo grado de afinidad con un cargo del orden directivo dentro de la entidad?

Fundamentos

  • Ley 80 de 1993, art. 8
  • Decreto 770 de 2005, arts. 4 y 33
  • Ley 1150 de 2007, art. 13

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

En resumen

El artículo 8, literal b) del numeral 2°, de la Ley 80 de 1993, establece que no podrán participar en procedimientos de selección ni celebrar contratos estatales con la entidad respectiva Las personas que tengan vínculos de parentesco, hasta el segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil con los servidores públicos de los niveles directivo, asesor, ejecutivo o con los miembros de la junta o consejo directivo, o con las personas que ejerzan el control interno o fiscal de la entidad contratante.En este sentido, la Corte Constitucional en la Sentencia C-429 de 1997, al referirse la mencionada inhabilidad, se refirió que la misma protege el principio de moralidad administrativa, ya que … se dirige a los familiares de aquellas personas que gozan del poder de decisión de adjudicar contratos, o pueden tener influencias que razonablemente puedan determinar laEl artículo 8, literal b) del numeral 2°…

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

Puntos que trata

Descriptores temáticos

Restrictores

Definición Finalidad Interpretación restrictiva Ley 80 de 1993 Limitación capacidad contractual

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Texto del documento 3.050 caracteres
INHABILIDADES ─ Definición ─ Finalidad ─ Limitación capacidad contractual Las inhabilidades son circunstancias establecidas por la Constitución o la ley que impiden que personas naturales o jurídicas sean elegidas o designadas en un cargo público o celebren contratos con el Estado, con el objetivo de garantizar la idoneidad, imparcialidad, probidad, transparencia y moralidad de la función pública, garantizando el interés general. El régimen de inhabilidades para contratar con el Estado es un conjunto de restricciones establecidas por el constituyente o por el legislador que afectan directamente la capacidad de las personas para establecer relaciones contractuales con el Estado, que pueden resultar de condenas, sanciones o situaciones previamente establecidas por el ordenamiento jurídico. En esta medida, la Corte Constitucional explica que “las inhabilidades representan una limitación a la capacidad para contratar con las entidades del Estado y obedecen a la falta de aptitud o a la carencia de una cualidad, calidad o requisito en el sujeto incapacitado quien por esta razón no podrá hacer parte de una relación contractual”. INHABILIDADES – Taxatividad – Principio de legalidad – Interpretación restrictiva Ahora bien, las inhabilidades e incompatibilidades al ser restricciones o límites especiales a la capacidad para presentar ofertas y celebrar contratos estatales, solo pueden tipificarse en la ley o la Constitución –o sea, deben satisfacer el principio de legalidad– y su interpretación debe ser restrictiva, pues si se admitiera una interpretación amplia, extensiva o finalista de las mismas, tales enunciados normativos contemplarían múltiples supuestos indeterminados, según el parecer o el sentido común de los operadores jurídicos, poniendo en riesgo principios como la igualdad, el debido proceso, la seguridad jurídica, la libre concurrencia y el ejercicio de la profesión u oficio. Tal ha sido la postura al interior de la jurisprudencia, tanto de la Corte Constitucional como de la Sección Tercera del Consejo de Estado. En efecto, el máximo tribunal constitucional ha indicado, al tratar de precisar el sentido de este tipo de normas, que “[…] el intérprete de las disposiciones legislativas en la materia ha de ceñirse en la mayor medida posible al tenor literal y gramatical de los enunciados normativos, sin que pueda acudir prima facie a criterios interpretativos tales como la analogía, la interpretación extensiva para ampliar el alcance de las causales legalmente fijadas”. Por su parte, el Consejo de Estado ha acogido también este criterio, considerando –como expresa la Sala de Consulta y Servicio Civil–, que “La interpretación restrictiva de las normas que establecen inhabilidades constituye una aplicación del principio del Estado de Derecho previsto en el artículo 6º de la Constitución, según el cual “Los particulares sólo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes” lo que se traduce en que pueden hacer todo aquello que no les esté expresamente prohibido”.

Fuente original

https://relatoria.colombiacompra.gov.co/conceptos/c-309-de-2025/