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Colombia Compra Eficiente Concepto

Instituciones educativas oficiales: dependerá de la normativa que rija al proceso, si la institución educativa aplica lo dispuesto en el reglamento

Documento oficial completo ↗ Fuente oficial ↗
Fecha
2024-10-07
Número
C-451 de 2024

Síntesis del concepto

Instituciones educativas oficiales: dependerá de la normativa que rija al proceso, si la institución educativa aplica lo dispuesto en el reglamento

Regla de decisión

Dependerá de la normativa que rija al proceso, si la institución educativa aplica lo dispuesto en el reglamento en torno a las adiciones entendidas como renovaciones del contrato de seguro, o si aplicará lo que dispone que los contratos no podrán adicionarse en más del 50% de su valor inicial, expresado en SMMLV.

Ratio decidendi: la razón que sostiene la decisión, no los obiter dicta del documento.

Síntesis síntesis automática

Las instituciones educativas oficiales deben contratar las pólizas de seguro de sus bienes con sujeción al reglamento de contratación expedido por el consejo directivo cuando el proceso no supera los veinte salarios mínimos legales mensuales vigentes, o a la Ley 80 de 1993 y demás normas concordantes cuando supera ese tope, observando en este caso las reglas sobre modificación, adición y prórroga de los contratos estatales. En ambos casos deben determinar si les aplica el principio de anualidad presupuestal conforme al artículo 13 de la Ley 1150 de 2007, caso en el cual el contrato de seguro solo podría tener duración dentro de la misma vigencia fiscal, salvo lo regulado sobre vigencias futuras. Dependerá de la normativa aplicable si la institución acoge lo previsto en su reglamento sobre adiciones entendidas como renovaciones del seguro, o el artículo 40 de la Ley 80 de 1993, según el cual los contratos no pueden adicionarse en más del 50% de su valor inicial expresado en SMMLV. Las instituciones educativas carecen de personería jurídica, pero tienen capacidad para contratar derivada de la Ley 715 de 2001 para administrar los Fondos de Servicios Educativos.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Pregunta que resuelve

¿Cómo deben las instituciones educativas oficiales darle trámite al vencimiento de las pólizas de seguros adquiridas para garantizar los bienes de dicha entidad?

Fundamentos

  • Ley 80 de 1993, arts. 13, 32 y 40
  • Ley 1150 de 2007, art. 3 lit. c
  • Ley 60 de 1993

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

En resumen

Las instituciones educativas oficiales en aras de estructurar la vigencia del proceso de contratación de las pólizas de seguro de sus bienes deberán, dependiendo de la cuantía, hacerlo o con su reglamento de contratación que expide el consejo directivo de la institución si el proceso no supera los veinte (20) SMMLV; o por el contrario si supera dicho tope, sujetarlos a las disposiciones de la Ley 80 de 1993 y demás normas concordantes, es decir, que se deben acatar los lineamientos y/o disposiciones que traen consigo la facultad de modificar, adicionar y/o prorrogar los contratos estales.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

Puntos que trata

Descriptores temáticos

Restrictores

Adición en más del 50% Capacidad para contratar Concepto Contratación Distintos supuestos Límites Naturaleza jurídica Procedencia Prohibición Umbral Veinte salarios mínimos legales mensuales vigentes

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Texto del documento 3.055 caracteres
INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES – Naturaleza jurídica – Capacidad para contratar Las Leyes 60 de 1993 y 715 de 2001 descentralizaron el sistema educativo en Colombia, asignándoles a los departamentos, distritos y municipios las competencias y los recursos económicos para dirigir las instituciones educativas. Es decir, el sistema educativo está descentralizado por las competencias propias que se le han otorgado a las entidades territoriales para administrar las instituciones educativas que pueden ser de los diferentes niveles pero estas no son entidades descentralizadas Conforme a lo anterior, las instituciones educativas pertenecen a la entidad territorial que haya efectuado su reconocimiento de carácter oficial. No obstante, carecen de personería jurídica, pero tienen capacidad para contratar y se concreta en la competencia que le otorgó el legislador en la Ley 715 de 2001 para administrar los fondos de servicios educativos, siendo cuentas contables que le permiten a las instituciones realizar la gestión y ejecución presupuestal de los recursos que reciben los establecimientos educativos INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES – Contratación – Umbral – Veinte salarios mínimos legales mensuales vigentes La Ley 715 de 2001 les atribuye capacidad para contratar a las Instituciones Educativas Oficiales para la ejecución de los recursos del Fondo de Servicios Educativos, se estima que, para la contratación que dichos fondos desarrollen por encima del umbral de los veinte (20) salarios mínimos legales mensuales vigentes, estas deben determinar el valor de la menor y mínima cuantía de los contratos que deban celebrar aplicando lo dispuesto en los numerales 2 y 5 de la Ley 1150 de 2007, tomando como referencia el presupuesto asignado a la Institución Educativa Oficial y no el presupuesto general de la entidad territorial a la cual pertenecen. MODIFICACIÓN DE LOS CONTRATOS ESTATALES – Procedencia – Límites / ADICIÓN – Concepto – Distintos supuestos – Prohibición – Adición en más del 50% Por lo anterior, es fundamental que las instituciones educativas oficiales sigan los procedimientos establecidos para la contratación de pólizas de seguro, garantizando así la transparencia y la legalidad en el manejo de recursos públicos. Al adherirse a las normativas correspondientes, ya sea a través de su reglamento interno o de la Ley 80 de 1993, deben entrar a determinar si les aplicaría el principio de anualidad presupuestal al tenor del artículo 13 de la Ley 1150 de 2007, caso en el cual el contrato de seguro solo podría tener duración dentro de la misma vigencia fiscal, salvo lo regulado en las normas presupuestales sobre vigencias futuras. Por otra parte, dependerá de la normativa que rija al proceso, si la institución educativa aplica lo dispuesto en el reglamento en torno a las adiciones entendidas como renovaciones del contrato de seguro, o si aplicará lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley 80 de 1993 que dispone que los contratos no podrán adicionarse en más del 50% de su valor inicial, expresado en SMMLV.

Fuente original

https://relatoria.colombiacompra.gov.co/conceptos/c-451-de-2024/