Contrato de concesión: el contrato de concesión ha sido tradicionalmente uno de los contratos estatales paradigmáticos
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Contrato de concesión: el contrato de concesión ha sido tradicionalmente uno de los contratos estatales paradigmáticos
Regla de decisión
De acuerdo a la definición dada por el legislador frente al contrato de concesión es necesario precisar que recae sobre un servicio público, el cual hace parte de la función administrativa o pública del Estado.
Ratio decidendi: la razón que sostiene la decisión, no los obiter dicta del documento.
Síntesis síntesis automática
El concesionario no ejerce función pública por el solo hecho de celebrar un contrato de concesión: para establecerlo es necesario verificar la naturaleza jurídica de la actividad que desarrolla, pues las funciones públicas se manifiestan como la exteriorización de potestades inherentes al Estado, como la expedición de actos unilaterales que deciden situaciones que afectan a terceros o la imposición coercitiva de una decisión a un tercero, y el uso de esas potestades debe estar respaldado en una habilitación expresa de la ley. El concepto parte de la concesión como contrato mediante el cual los particulares apoyan a las entidades públicas en el cumplimiento de los fines del Estado, explotando, operando, construyendo, conservando o gestionando un bien o servicio estatal, preferiblemente con recursos privados y con la oportunidad de recuperar su inversión durante el plazo del contrato. Recuerda que, según el artículo 2 de la Ley 1508 de 2012, las concesiones del numeral 4 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 están comprendidas en los esquemas de Asociación Público Privada, y examina el artículo 56 de la Ley 80 de 1993 a la luz de las sentencias C-563 de 1998 y C-037 de 2003.
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Pregunta que resuelve
¿En el marco de un contrato de concesión, el concesionario ejerce función pública y, en consecuencia, sobre él recaen las mismas responsabilidades que sobre el servidor público?
Fundamentos
- Ley 80 de 1993, art. 32
- Ley 1508 de 2012, art. 1
- Ley 2069 de 2020
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En resumen
El artículo 4 de la Ley 489 de 1998 establece que la función administrativa del Estado busca la satisfacción de las necesidades generales de todos los habitantes, de conformidad con los principios, finalidades y cometidos consagrados en la Constitución Política. En ese orden de ideas, los organismos, entidades y personas encargadas, de manera permanente o transitoria, del ejercicio de funciones administrativas deben ejercerlas consultando el interés general.
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Puntos que trata
- Contrato de concesión: noción, objeto, características, función pública
- Asociaciones público privadas: formas de colaboración
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Fuente original
https://relatoria.colombiacompra.gov.co/conceptos/c-098-de-2024/