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Consejo de Estado
Providencia
La entidad declaró la caducidad del contrato
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto
2025-04-28
Sección Tercera (Subsección B)
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Rad. 25000233600020180026701
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La entidad declaró la caducidad del contrato, cuya consecuencia jurídica fue darlo por terminado y se ordenó la liquidación de este negocio jurídico? Sí
El contratista debe liquidar el contrato de obra pública dentro del plazo de cuatro meses desde su terminación, y si no lo hace, la entidad puede liquidarlo unilateralmente en los dos meses siguientes, con la consiguiente declaración de caducidad del contrato y el inicio del cómputo del término de caducidad del medio de control de controversias contractuales a partir de la liquidación unilateral. La teoría de los actos encadenados implica que el cómputo del término de caducidad debe iniciarse después de la liquidación del contrato, no desde la terminación del mismo, y la Sala revoca la decisión que rechazó la demanda de reconvención, considerando que la presentación de esta fue oportuna, ya que se realizó dentro del plazo de caducidad calculado desde la fecha límite para la liquidación unilateral.síntesis automática
También resuelve:
¿En el acto que se declaró la caducidad del contrato se ordenó su liquidación para que la misma se realizara con posterioridad?
¿Ante la ausencia de una liquidación unilateral o bilateral era necesario contabilizar a partir de la fecha de terminación del contrato?
REVOCA
Consejo de Estado
Concepto
¿Ecopetrol S.A. es una entidad estatal descentralizada, vinculada a la Rama Ejecutiva, que no ejerce funciones públicas ni administrativas, toda vez que tiene por objeto social desarrollar actividades industriales y comerciales en un marco de competencia que se rige por el derecho privado?
Concepto sin reserva — Concepto sin reserva
2026-10-22
Sala Consulta y Servicio Civil
MARÍA DEL PILAR BAHAMON FALLA
Rad. 11001030600020220010700
CONSULTA ELEVADA POR EL GOBIERNO
¿Ecopetrol S.A. es una entidad estatal descentralizada, vinculada a la Rama Ejecutiva, que no ejerce funciones públicas ni administrativas, toda vez que tiene por objeto social desarrollar actividades industriales y comerciales en un marco de competencia que se rige por el derecho privado? Sí
Las sociedades de economía mixta integran la estructura de la Administración Pública y pertenecen al nivel descentralizado, de modo que la creación por parte del Estado de asociaciones o sociedades y su sujeción en ciertos aspectos a las normas de derecho privado no comporta que dejen de ser parte de la organización estatal ni se conviertan en entidades particulares o privadas; por tanto, en la medida en que cumplen actividades industriales y comerciales conforme al derecho privado, participan legalmente de características dentro de las cuales no cabe el ejercicio de función administrativa, conforme al artículo 70 de la Ley 1952 de 2019, concluyéndose que estas entidades estatales descentralizadas vinculadas a la Rama Ejecutiva no ejercen funciones públicas ni administrativas al desarrollar su objeto social en un marco de competencia regido por el derecho privado.síntesis automática
También resuelve:
¿La Ley 1821 de 2016 aumentó a 70 años la edad de retiro forzoso y la extendió a los servidores públicos y particulares que desempeñan funciones públicas no sometidos con anterioridad a esa causal?
¿La edad de retiro forzoso es una causal objetiva de retiro del servicio, cuya aplicación debe atender criterios de razonabilidad?
¿El parágrafo 3 del artículo 33 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 9 de la Ley 797 de 2003, faculta al empleador para solicitar el reconocimiento de la pensión en nombre del trabajador…
Consejo de Estado
Providencia
La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo conoce de los actos proferidos por liquidadores de entidades públicas en ejercicio de función administrativa.
Sentencia — Sentencia
2025-07-14
Sección Tercera (Subsección C)
NICOLÁS YEPES CORRALES
Rad. 05001233300020140070301
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El Consejo de Estado es competente para conocer de las demandas contra actos administrativos expedidos por los liquidadores de entidades públicas, en razón de la cuantía de las pretensiones? Sí
La jurisdicción contencioso administrativa ejerce competencia para conocer de las demandas contra actos administrativos expedidos por los liquidadores de entidades públicas en desarrollo de funciones administrativas conforme al artículo 104 del CPACA y el artículo 7 del Decreto Ley 254 de 2000. En este proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, el Consejo de Estado asume competencia en segunda instancia sobre la apelación dado que la pretensión de mayor valor superaba trescientos salarios mínimos legales mensuales vigentes para la fecha de presentación de la demanda el 22 de abril de 2014, modificando la providencia apelada y absteniéndose de condenar en costas por prosperar parcialmente el recurso del municipio.síntesis automática
También resuelve:
¿La terminación unilateral del contrato realizada por el agente liquidador en cumplimiento de su función administrativa en los procesos de supresión y liquidación de entidades públicas…
¿El término de caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, empezó a contar desde la notificación de la decisión que declaró improcedente el recurso de reposición contra…
¿La legitimación en la causa por activa recae sobre la sociedad afectada con la terminación unilateral del contrato de arrendamiento del que era parte…
MODIFICA
Consejo de Estado
Providencia
El daño es imputable a la Rama Judicial porque la Corte Suprema de Justicia pertenece a esta entidad
Sentencia — Sentencia
2023-05-02
Sección Tercera (Subsección B)
MARTIN GONZALO BERMUDEZ MUÑOZ
Rad. 25000233600020140144601
LEY 1437 REPARACION DIRECTA
¿La privación de la libertad que padeció la demandante le generó un daño que no debía soportar porque superó las cargas públicas que los ciudadanos deben tolerar por el hecho de vivir en sociedad? Sí
El contratista no debe soportar un daño que supere las cargas públicas que los ciudadanos deben tolerar por el hecho de vivir en sociedad, configurándose la responsabilidad patrimonial del Estado por privación injusta de la libertad cuando la entidad estatal priva injustamente de la libertad a un ciudadano y este es absuelto por atipicidad objetiva de la conducta. En este caso, la Corte Suprema de Justicia dictó medida de aseguramiento contra la demandante por supuestamente utilizar su condición de presidenta del Senado para obtener información reservada del DAS, pero posteriormente absolvió a la demandante por desvirtuar los elementos objetivos del delito de tráfico de influencias, al establecer que las facturas no son documentos reservados y que la exhibición de estos documentos se realizó dentro de su rol institucional. La Sala concluyó que la privación de la libertad que padeció la demandante generó un daño que no debía soportar, superando las cargas públicas que los ciudadanos deben tolerar, y que la responsabilidad patrimonial de la rama judicial se configura en estos casos.síntesis automática
También resuelve:
¿Los elementos objetivos del delito de tráfico de influencias fueron desvirtuados por la Corte en la sentencia absolutoria?
¿La Corte Suprema de Justicia dictó medida de aseguramiento contra la demandante porque utilizó su condición de presidenta del Senado para obtener información reservada del DAS?
¿La absolución del sindicado por atipicidad de la conducta era suficiente para considerar como antijurídico el daño recibido por la privación de su libertad?
MODIFICA