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Concepto
Las Entidades Estatales están obligadas a publicar en el SECOP todos los documentos relacionados con el Proceso de Contratación expedidos durante las etapas precontractual, dentro de los tres días hábiles siguientes a su expedición.
C-958 de 2022
2023-02-13
¿Qué documentos son los que se deben cargar en la plataforma SECOP II dentro del término establecido en el Decreto 1082 de 2015, artículo 2.2.1.1.1.7.1.?
Es cierto que el legislador y el ejecutivo han descrito ampliamente cómo es que la las entidades deben regir su actuar de manera transparente y pública, determinando en el citado artículo 2.2.1.1.1.7.1. del Decreto 1082 cuáles documentos del proceso, es decir de la actuación administrativa, deben ser publicados en un término de tres (3) días; sin embargo, nada se dijo sobre los documentos que se producen durante la ejecución del contrato como por ejemplo, las actas de inicio, actas de reunión, de seguimiento o informes de ejecución, etc… .
También resuelve:
Deber de publicidad: entidades Estatales exceptuadas del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, entidades Estatales exceptuadas del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública / SECOP II, deber de publicación, modificación artículo 53 de la Ley 2195 de 2022 / SECOP II
Secop ii: deber de publicidad, entidades Estatales exceptuadas del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, modificación artículo 53 de la Ley 2195 de 2022, entidades estatales exceptuadas
Sarlaft: contratación estatal, alcance
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Concepto
Causales de rechazo: no pueden ser caprichosas y arbitrarias,Importancia de la reserva legal,Fundamento
C-684 de 2020
2020-11-24
En la petición se explica que « la Subred Integrada de Servicios de Salud Zona Norte, dentro de sus requisitos habilitantes para contratar, viene efectuando la consulta de SARLAF (Sistema de Administración del Riesgo de lavado de activos y la financiación del Terrorismo), fundamentado en la Circular Externa de la Superintendencia Nacional de Salud, número 000009 del 21 de abril de 2016…
La Subred Integrada de Servicios de Salud Zona Norte, dentro de sus requisitos habilitantes para contratar, viene efectuando la consulta de SARLAF (Sistema de Administración del Riesgo de lavado de activos y la financiación del Terrorismo), fundamentado en la Circular Externa de la Superintendencia Nacional de Salud, número 000009 del 21 de abril de 2016, sin embargo la misma expone la necesidad de adoptar políticas y controles para reducir riesgos en materia de contratación, en aras a evitar contratar sociedades o personas naturales vinculadas con financiación de terrorismo y lavado de activos; sin embargo, la misma fue interpretada como un indicador para determinar la idoneidad del proponente, determinándolo como un requisito habilitante.
También resuelve:
Regimenes especiales en la contratación estatal
Causales de rechazo: no pueden ser caprichosas ni arbitrarias
Régimen de inhabilidades: importancia de la reserva legal
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Concepto
El carácter reconocidamente taxativo y restrictivo supone que las entidades no pueden establecer en el pliego de condiciones causales de inhabilidad o incompatibilidad no previstas en la Constitución o en la ley, ni siquiera haciéndolas pasar como causa para rechazar los ofrecimientos realizados.
C-707 de 2026
2026-06-20
¿Cuáles es el alcance de los mecanismos, instrumentos y metodologías que pueden implementar las Entidades Estatales con respecto a los riesgos LA/FT/FP y listas restrictivas en el marco de sus procesos de contratación?
El contratista no puede ser inhabilitado o rechazado por estar en una lista restrictiva o por no cumplir con el SARLAFT, ya que estas medidas no derivan inhabilidades ni incompatibilidades y no pueden ser utilizadas como causales de rechazo en los pliegos de condiciones, debido a la reserva legal que rige estas materias. Las entidades estatales pueden implementar mecanismos para prevenir riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo, pero no pueden establecer nuevas causales de inhabilidad o incompatibilidad ni terminar unilateralmente los contratos basándose en estas medidas. Esta regla reitera y matiza precedentes, limitando la capacidad de las entidades para establecer restricciones adicionales en la contratación pública, lo que implica que deben seguir estrictamente las normas y jurisprudencia existentes al momento de evaluar a los proponentes.síntesis automática
También resuelve:
Sarlaft: marco jurídico, definición
Régimen de inhabilidades e incompatibilidades: reserva legal
Reporte en listas restrictivas: medidas y alcance
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Concepto
El carácter reconocidamente taxativo y restrictivo supone que las entidades no pueden establecer en el pliego de condiciones causales de inhabilidad o incompatibilidad no previstas en la Constitución o en la ley, ni siquiera haciéndolas pasar como causa para rechazar los ofrecimientos realizados.
C-718 de 2026
2026-05-29
¿Cuáles es el alcance de los mecanismos y metodologías que para la lucha contra el lavado de activos y financiación del terrorismo en el sistema de compras y contratación pública?
Las entidades estatales no pueden establecer en los pliegos causales de inhabilidad o incompatibilidad no previstas en la Constitución o en la ley, y para prevenir el riesgo de lavado de activos y de corrupción en la contratación deben recurrir a medidas de gestión del riesgo en los estudios previos y en los pliegos de condiciones. Esta postura se apoya en dos razones. Primera, el régimen de inhabilidades tiene reserva legal y es taxativo y restrictivo, por lo que una entidad no puede crear nuevas causales que afecten la capacidad para contratar, ni siquiera presentándolas como causa de rechazo de los ofrecimientos. Segunda, de acuerdo con la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, tanto las entidades sometidas a la Ley 80 de 1993 como las exceptuadas tienen opciones para prevenir la corrupción y los delitos derivados de la contratación, como tipificar, estimar y asignar los riesgos en los estudios previos, verificar las calidades de los proponentes o futuros contratistas y, en los pliegos de condiciones, incorporar medidas equivalentes.síntesis automática
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Régimen de inhabilidades e incompatibilidades: reserva legal
Sarlaft: marco jurídico, definición
Actos de corrupción: medidas de mitigación
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Concepto
Previo concepto de sus asesores, la solución de situaciones particulares corresponde a los interesados adoptar la decisión correspondiente y, fiscales y disciplinarias.
C-279 de 2025
2025-04-01
¿Cuál es el marco jurídico de la lucha contra el lavado de activos y financiación del terrorismo y cuáles son sus implicaciones en el sistema de compras y contratación públicas?
Conforme a la interpretación general de las normas del sistema de compras y contratación pública, la debida diligencia o verificación en listas vinculantes, restrictivas y no restrictivas es una acción fundamental al interior de todos los sistemas de gestión del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo, pues se configura en la etapa de conocimiento del proveedor, así como en la vinculación del extremo contractual, satisfaciendo la necesidad de salvaguardar el interés general inherente en la contratación pública, de forma que implique el menor sacrificio posible al derecho de igualdad y al reconocimiento de la personalidad jurídica de quienes aspiran a contratar con el Estado.
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Debida diligencia: marco normativo
Régimen de inhabilidades e incompatibilidades: reserva legal
Sarlaft: marco jurídico, definición
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Concepto
El carácter reconocidamente taxativo y restrictivo supone que las entidades no pueden establecer en el pliego de condiciones causales de inhabilidad o incompatibilidad no previstas en la Constitución o en la ley, ni siquiera haciéndolas pasar como causa para rechazar los ofrecimientos realizados.
C-766 de 2026
2026-06-23
¿Cuál es el alcance de los mecanismos y metodologías que para la lucha contra el lavado de activos y financiación del terrorismo en el sistema de compras y contratación pública?
El contratista no puede ser inhabilitado o rechazado por estar en una lista de control del Sistema de Administración de Riesgos para el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo (SARLAFT) o en la Lista Clinton, ya que estas no generan causales de inhabilidad o incompatibilidad, y no pueden ser utilizadas como causales de rechazo en los pliegos de condiciones, dado que la materia está reservada a la ley. Las entidades deben implementar mecanismos para prevenir y controlar el riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo, pero no pueden establecer nuevas causales de inhabilidad o incompatibilidad en el pliego de condiciones que no estén previstas en la Constitución o en la ley. Este concepto reitera y matiza precedentes, estableciendo que las entidades deben seguir las directrices legales y normativas existentes sin crear nuevas restricciones que afecten la capacidad de los contratistas para participar en procesos de contratación estatal.síntesis automática
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Régimen de inhabilidades e incompatibilidades: reserva legal
Reporte en listas restrictivas: medidas y alcance
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Concepto
Lista clinton: las causales aplicables son de interpretación restrictiva
C-1449 de 2025
2025-11-26
La denominada Lista Clinton tiene carácter no vinculante en Colombia, porque la Orden Ejecutiva 12.798 del Gobierno de Estados Unidos no rige en el país, como recoge el anexo de la Circular Conjunta 034 de 2011 de la Procuraduría General de la Nación, la Auditoría General de la Nación y la Contraloría General de Santander. Como esa lista no es norma nacional, no puede servir por sí sola de fundamento para terminar un contrato. La terminación unilateral solo procede en los eventos que el Estatuto General de Contratación establece expresamente, como los del artículo 17 de la Ley 80 de 1993 y los numerales 1, 2 y 4 del artículo 44 de la misma ley, en concordancia con el inciso segundo del artículo 45. La consecuencia práctica es que la entidad debe fundar cualquier decisión de terminación unilateral en una causal legal, y no en la inclusión de una persona en esa lista.síntesis automática
También resuelve:
Lista clinton: carácter no vinculante
Régimen de inhabilidades e incompatibilidades: reserva legal
Sarlaft: marco jurídico, definición
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Concepto
Debida diligencia: los municipios deben establecer en su programa de transparencia criterios para mitigar el riesgo de lavado de activos
C-494 de 2024
2024-11-21
¿Cuál es el marco jurídico vigente de la debida diligencia en el sistema de compras y contratación pública?
La entidad estatal no puede contemplar dentro de los criterios de evaluación la adopción de programas de cumplimiento anticorrupción o antilavado de activos, porque, conforme al principio de legalidad, se trata de una exigencia transversal a todos los proponentes que no determina la oferta más favorable en los términos del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007 y del artículo 2.2.1.1.2.2.2 del Decreto 1082 de 2015, y los artículos 12 y 31 de la Ley 2195 de 2022 no autorizan asignarle puntaje. El marco de la debida diligencia parte del literal a) del artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, modificado por el artículo 31 de la Ley 2195 de 2022, que obliga a toda entidad, cualquiera que sea su régimen de contratación, a implementar Programas de Transparencia y Ética Pública que incluyen medidas de debida diligencia, y del artículo 12 de esta última ley. Por la reserva legal del régimen de inhabilidades, la entidad tampoco puede crear causales no previstas en la ley, ni siquiera como causales de rechazo.síntesis automática
También resuelve:
Debida diligencia: marco normativo
Régimen de inhabilidades e incompatibilidades: reserva legal
Sarlaft: marco jurídico, definición
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Concepto
Previo concepto de sus asesores, corresponde a los interesados adoptar la decisión pertinente y, en caso de conflicto, a las autoridades judiciales, fiscales y disciplinarias.
C-902 de 2026
2026-07-15
¿Cuál es la naturaleza jurídica y el alcance de las obligaciones de debida diligencia y debida diligencia intensificada previstas en la Resolución 2328 de 2025 para los sujetos vigilados por la Superintendencia de Transporte, cuando estos se encuentran sometidos al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública?
El contratista debe implementar debida diligencia y debida diligencia intensificada conforme a la Resolución 2328 de 2025, lo que implica adoptar políticas y procedimientos que preven y controlan el riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo, ajustándose al tamaño y características específicas de cada entidad. Estas obligaciones no pueden ser utilizadas por las entidades estatales como causales de inhabilidad o incompatibilidad en la contratación, dado que este es un tema reservado a la ley. La regla reitera la jurisprudencia existente, lo que implica que las entidades estatales deben seguir los lineamientos establecidos por la Superintendencia de Transporte y no pueden crear nuevas causales de inhabilidad relacionadas con estas obligaciones, protegiendo así la capacidad de los sujetos para contratar con el Estado.síntesis automática
También resuelve:
Sarlaft: marco jurídico, definición
Régimen de inhabilidades e incompatibilidades: reserva legal
Reporte en listas restrictivas: medidas y alcance