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Concepto
Se trata, de mecanismos obligatorios de protección de la vida, la integridad y la salud de las personas que concurren a la ejecución de una actividad económica o contractual, cuya observancia es exigible incluso cuando no existe vínculo laboral.
¿Cuál es el alcance de las obligaciones de las entidades estatales frente a la gestión de riesgos psicosociales en contratistas independientes, y cómo deben armonizarse dichas obligaciones con el principio de autonomía contractual y la naturaleza civil/administrativa del vínculo?
El contratista de prestación de servicios no genera relación laboral ni prestaciones sociales, y su contrato debe ser temporal y celebrado mediante contratación directa, según establece la Ley 80 de 1993 y el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. Las entidades estatales tienen la obligación de armonizar estas características con las disposiciones sobre gestión de riesgos psicosociales, contempladas en las Resoluciones 2646 de 2008 y 2764 de 2022 del Ministerio de Trabajo, que extienden su ámbito a contratistas independientes y exigen la identificación, evaluación y prevención de factores de riesgo psicosocial, sin que esto implique la configuración de una relación laboral subordinada. Esta regla reitera y matiza precedentes sobre la naturaleza del contrato de prestación de servicios y su relación con la seguridad y salud en el trabajo, permitiendo a las entidades cumplir con sus obligaciones legales de prevención y promoción de la seguridad y salud en el trabajo sin afectar la autonomía contractual y la naturaleza civil/administrativa del vínculo.síntesis automática
También resuelve:
Contrato de prestación de servicios: concepto, características
Riesgos psicosocial: alcance, Resolución 2464 de 2008
Riesgo psicosocial: alcance, Resolución 2764 de 2022, implementación, no implica