⚠
Atención: tienes 1 filtro marcado
Permanece activo en tus búsquedas hasta que lo quites.
Colombia Compra Eficiente
Concepto
Caducidad: el régimen jurídico aplicable para las Empresas Sociales del Estado es el dispuesto por el artículo 195 de la Ley 100 de 1993
C-740 de 2024
2024-12-18
¿Resulta viable jurídicamente que este tipo de entidades utilice en el marco de sus contratos las cláusulas excepcionales previstas en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública – EGCAP?
Las empresas sociales del Estado, cuyo régimen contractual es el derecho privado según el numeral 6 del artículo 195 de la Ley 100 de 1993, pueden utilizar discrecionalmente las cláusulas excepcionales previstas en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, incluida la caducidad en un contrato de compraventa. Deben aplicar las disposiciones de ese estatuto en dos escenarios: cuando deciden incorporar las cláusulas excepcionales, por autorización especial de la Ley 100, y cuando celebran contratos estatales típicos de la Ley 80, ante la falta de legislación contractual específica. Conforme al artículo 18 de la Ley 80 de 1993, la caducidad procede cuando un incumplimiento del contratista afecta de manera grave y directa la ejecución y evidencia que puede conducir a su paralización, caso en el cual la entidad, mediante acto administrativo motivado, da por terminado el contrato y ordena su liquidación. Como su decreto implica una sanción contractual, debe adelantarse el procedimiento del artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, sin que se exija imponer multas previas como condición para declararla. En los demás aspectos de un contrato de compraventa suscrito por una ESE, como las garantías, rigen las normas del derecho privado.síntesis automática
También resuelve:
Régimen jurídico aplicable para las empresas sociales del estado: excepción al egcap
Caducidad: discrecionalidad de incorporación, ese, no exige imposición de multa
Garantías: reglas aplicables, derecho privado
Rama Judicial · recopilada por CCE
Providencia
Régimen jurídico aplicable: las partes no estipularon o pactaron la facultad de liquidación unilateral a cargo de una de ellas
08001233300020180063001 de 2025
2025-09-29
Rad. 08001233300020180063001
El contratista no puede contar con el término de dos meses para la liquidación unilateral del contrato de interventoría cuando no se ha pactado explícitamente dicha facultad en el contrato, ni cuando el manual de contratación que la establece no ha sido incorporado de manera inequívoca en el clausulado del contrato, especialmente si la entidad está sometida al régimen del derecho privado. La Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado matizó su jurisprudencia anterior, estableciendo que el cómputo del término de caducidad del medio de control jurisdiccional de controversias contractuales no debe considerar un plazo que no será efectivamente aplicado por falta de facultad unilateral de liquidación. Esta regla implica que en cada caso se debe determinar si el contrato permite la liquidación unilateral para calcular correctamente el plazo de caducidad.síntesis automática
También resuelve:
Régimen jurídico aplicable: derecho privado
Medio de control de controversias contractuales: cómputo de la oportunidad para presentar la demanda
Liquidación unilateral del contrato estatal: régimen privado, autonomía de la voluntad, no se pactó facultad de liquidación unilateral
Rama Judicial · recopilada por CCE
Providencia
Régimen jurídico: los proponentes deben cumplir con todos los requisitos exigidos, a más tardar en la fecha y hora de cierre del proceso de selección
25000233600020180011401 de 2026
2026-08-11
Rad. 25000233600020180011401
La Federación Nacional de Departamentos, como entidad sometida a la Ley 80 de 1993, debe aplicar el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública en sus procesos de contratación, incluyendo la selección de fiduciarias para la administración de recursos públicos. La decisión de adjudicación es un acto precontractual sujeto al control de legalidad por parte de la jurisdicción contencioso administrativa. La Sala reitera que los requisitos habilitantes, que demuestran la idoneidad y capacidad del proponente, no otorgan puntaje y deben cumplirse antes del cierre del proceso, siendo la subsanación posible solo para la prueba de un hecho preexistente, no para la incorporación de nuevos elementos. La incorporación de requisitos o elementos nuevos después del cierre del proceso no es admisible, lo que implica que la entidad debe rechazar propuestas que no cumplan con los requisitos habilitantes en tiempo y forma, sin posibilidad de subsanación posterior.síntesis automática
También resuelve:
Régimen jurídico
Defectos subsanables e insubsanables: Ley 80 de 1993 artículo 25 numeral 15 inciso 2
Requisitos habilitantes: demostración de idoneidad y capacidad del proponente para ejecutar el contrato proyectado, requisitos habilitantes no otorgan puntaje, término temporal para subsanar
Rama Judicial · recopilada por CCE
Providencia
Bien de uso público: 25000 23 26 000 1996 11978 01_26643
25000-23-26-000-1996-11978-01_26643
2013-01-30
Sección Tercera
RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE AL CONTRATO,BIEN DE USO PÚBLICO,CONTRATO DE ARRENDAMIENTO,CONTRATO DE CONCESIÓN – Régimen jurídico aplicable al contrato,Bien de uso público,Contrato de arrendamiento,Bienes públicos,Determinación,Criterio jurisprudencial,Bien público,Contrato de concesión,Caracterísiticas – Mes: enero – Año: 2013…
Rama Judicial · recopilada por CCE
Providencia
Elementos accidentales del contrato: las obras de adecuación pactadas no son elementos esenciales de la compraventa
25000232600019971534402 de 2026
2026-08-19
Sección Tercera
Rad. 25000232600019971534402
El contratista no puede exigir la resolución del contrato de compraventa por la no ejecución de obras pactadas como elementos accidentales, ya que estas no afectan la esencia del negocio ni su utilidad, y su incumplimiento no constituye una falta grave que mine la finalidad del contrato. La interpretación del contrato debe basarse en la intención común de las partes, valorando el contexto negocial integral, incluyendo el comportamiento antes, durante y después de la celebración del acuerdo. La entidad estatal está obligada a cumplir con las prestaciones pactadas en su equivalente económico, independientemente de si el contratista realizó las obras por su cuenta, siempre y cuando se acrediten los perjuicios. La Sala reitera la obligación de las partes de cumplir con las condiciones pactadas en el contrato, matizando la interpretación de la caducidad de la cláusula de resolución por incumplimiento de elementos accidentales, lo que implica que el contratista puede reclamar el valor de las obras no ejecutadas y la indemnización de perjuicios debidamente acreditados.síntesis automática
También resuelve:
Régimen jurídico aplicable al contrato de compraventa: contrato de derecho privado de la administración, Decreto Ley 222 de 1983, naturaleza jurídica antes de Ley 80 de 1993, sometimiento a las normas civiles y comerciales
Interpretación del contrato: Código Civil artículo 1618, prevalencia de la común intención de los contratantes sobre el tenor literal, valoración integral del contexto negocial, comportamiento de las partes antes, durante y después de la celebración
Determinación de la intención negocial del contrato: ausencia de aceptación expresa en la etapa precontractual, suscripción del contrato y conducta posterior de la entidad, incorporación de las condiciones al contenido obligacional
Rama Judicial · recopilada por CCE
Providencia
Liquidación del contrato: el cargo de apelación está llamado a prosperar
13001233300020150082801 de 2026
2026-07-29
Rad. 13001233300020150082801
El contratista no puede impugnar las resoluciones de la entidad estatal como actos administrativos, ya que el contrato celebrado entre ambas partes se regula por la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007, excluyéndose así del Estatuto Contractual de la Administración Pública (EGCAP). Aunque las partes pueden incorporar convencionalmente reglas del EGCAP, esto no autoriza la expedición de actos administrativos, sino que determina aspectos como la asignación de facultades unilaterales y la organización del trámite por etapas. La Sala matiza la interpretación de que las facultades unilaterales convencionales deben observar garantías procesales, como la audiencia previa y la oportunidad de defensa, pero reitera que la entidad debe cumplir con estas garantías para ejercer sus facultades de manera legal. Esto implica que las resoluciones que no cumplan con estas garantías no producirán efectos, afectando la liquidación del contrato y el debido proceso del contratista.síntesis automática
También resuelve:
Régimen jurídico aplicable al contrato de empresas de servicios públicos domiciliarios: cláusulas pactadas definieron aplicación de Ley 80 de 1993 y Ley 1150 de 2007, contrato excluido de la aplicación del egcap –incorporación convencional de reglas del egcap, facultades unilaterales convencionales, actos contractuales, no administrativos
Facultades unilaterales convencionales
Liquidación del contrato: Ley 1150 de 2007 artículo 11, liquidación bilateral, liquidación unilateral, acuerdo entre las partes
Rama Judicial · recopilada por CCE
Providencia
Fuerza vinculante del contrato estatal: la nulidad absoluta se sanea «en todo caso» por prescripción extraordinaria
25000233600020170120902 de 2026
2026-07-28
Rad. 25000233600020170120902
En consonancia con lo anterior, esta Corporación ha establecido que los elementos principales de la responsabilidad contractual de la administración pública son: a) el incumplimiento de una obligación surgida del contrato, imputable a la Administración Pública. b) el daño antijurídico sufrido por el contratista o el menoscabo de su derecho a la prestación. c) [el] nexo causal entre el daño antijurídico sufrido por el contratista y el incumplimiento de la obligación imputable a la Administración Pública. En consecuencia, es evidente que al momento de formularse la demanda, esto es, el 30 de junio de 2017, demanda que por demás fue admitida el 31 de enero de 201874, ya había transcurrido el término de prescripción extraordinaria, lo que hace imposible pronunciarse de oficio sobre la eventual configuración de alguna causal de nulidad absoluta.
También resuelve:
Régimen jurídico aplicable a los contratos celebrados por empresas industriales y comerciales del estado (eice): Ley 489 de 1998 artículo 93
Responsabilidad civil contractual de la administración pública: presupuestos estructurales para su configuración, incumplimiento
Responsabilidad contractual de la entidad: interpretación de las cláusulas, deber de pagar honorarios
Rama Judicial · recopilada por CCE
Providencia
Régimen juridico aplicable: la disposición transcrita fue reglamentada por el artículo 87 del Decreto 2474 de 20081
76001233300020130028301 de 2025
2025-09-16
Sección Tercera
Rad. 76001233300020130028301
El contratista no está sujeto a procedimientos sancionatorios específicos establecidos en manuales de contratación por parte de la entidad estatal, ya que estos deben ser reglamentados exclusivamente por el legislador, conforme a la anulación del artículo 87 del Decreto 2474 de 2008 por la Sección Tercera del Consejo de Estado. En consecuencia, el debido proceso en materia sancionatoria contractual debe regirse por la normativa general vigente en el momento de los hechos, garantizando al contratista el derecho a una audiencia previa a la imposición de multas, tal como lo establece el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007. Esta regla implica que las entidades estatales deben ajustarse a procedimientos generales y no pueden crear reglas propias que condicionen las garantías del debido proceso, lo que tiene implicaciones significativas en la práctica para la implementación de sanciones en contratos estatales.síntesis automática
También resuelve:
Régimen juridico aplicable: Ley 153 de 1887, contrato estatal, Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007
Manuales de contratación: procedimiento mínimo para imposición de multas o sanciones, Decreto 2474 de 2008 artículo 87, declaratoria de nulidad por el Consejo de Estado
Debido proceso en el ámbito sancionador amdinistrativo: Constitución Política artículo 29, garantía
Rama Judicial · recopilada por CCE
Providencia
Caducidad de la acción: sobre este punto es necesario hacer una precisión
76001233100020100188102 de 2026
2026-05-31
Sección Tercera
Rad. 76001233100020100188102
El contratista no puede ejercer la acción de controversias contractuales para declarar la existencia de un contrato de comodato después de que vence el término de caducidad, establecido en el Código Contencioso Administrativo y la Ley 446 de 1998, que en ausencia de disposiciones específicas para este tipo de pretensión, se rige por el plazo general de dos años a partir del día siguiente a la ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que le sirven de fundamento. La Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado declara de oficio la caducidad de la acción respecto a la pretensión de existencia del contrato de comodato, consolidando así la estabilidad jurídica y la seguridad de las partes, y negando las demás pretensiones de la demanda. Esta decisión reitera la importancia de cumplir con los plazos procesales para evitar la pérdida de la facultad de accionar, lo que implica que los contratistas deben ser rigurosos en el cumplimiento de los términos legales para presentar sus reclamos.síntesis automática
También resuelve:
Caducidad de la acción: finalidad, definición, sanción ipso
Acción de controversias contractuales: cca artículo 136 literal e) hnumeral 10, Ley 446 de 1998 artículo 44, oportunidad para demandar, pretensiones
Contrato de comodato: Código Civil artículo 2220, definición, naturaleza gratuita, tenencia del bien
Rama Judicial · recopilada por CCE
Providencia
Entidades con régimen especial de contratación: no cualquier discusión en la etapa precontractual configura el interés
05001233100019970263702 DE 2025
2026-02-16
Sección Tercera
Rad. 05001233100019970263702
El contratista puede reclamar la responsabilidad por culpa in contrahendo cuando la entidad estatal, en el marco de un proceso de selección, actúa con falta de seriedad, lealtad o buena fe, modificando las reglas de selección que ella misma definió en favor de uno de los participantes. En este caso, la entidad estatal, que no se rige por el Estatuto de Contratación Pública, decidió aplicar el procedimiento de licitación pública de la Ley 80 de 1993 para su proceso de selección, pero incurrió en una falta de lealtad y buena fe al modificar parcialmente las reglas de selección en favor de uno de los participantes. La Sala reitera que la entidad estatal puede adoptar reglas de selección que garanticen la participación de varios oferentes, siempre que no contravengan el orden público ni tengan objeto ilícito, pero que cualquier modificación de estas reglas durante el proceso puede dar lugar a una reclamación por culpa in contrahendo si afecta la expectativa legítima del contratista. Esta regla implica que las entidades estatales deben ser coherentes y transparentes en la aplicación de las reglas de selección que ellas mismas establecen, evitando modificaciones que puedan perjudicar a los participantes.síntesis automática
También resuelve:
Entidades con régimen especial de contratación: empresas de servicios públicos domiciliarios proceso de selección, régimen jurídico aplicable, autonomía de la voluntad, capacidad creadora
Regímenes exceptuados: tipos, facultad de reglamentación– Aplicación del proceso de licitación contemplada en la Ley 80 de 1993, mixtura de regímenes, consecuencias
Empresas de servicios publicos domiciliarios: Ley 142 de 1994, regla general, se rigen por el derecho privado aplicación del derecho público, eventos especiales previstos en la ley
Procuraduría General de la Nación
Fallo disciplinario
Clausula penal: Decisión disciplinaria
Decisión disciplinaria — CLAUSULA PENAL
2022-02-09
PROCURADURIA 153 JUDICIAL II ADMINISTRATIVA NEIVA
En consecuencia, los actos mediante los cuales se ejerció la cláusula penal, no son actos administrativos por lo que el análisis de su juridicidad no puede hacer a la luz de la causales tradicionales de nulidad construidas dentro de la teoría del Acto Administrativo. DEMANDADO : FIDUCIARIA LA PREVISORA – PA FINDETER PAF Con oficio CSR – 588-18092020 de 18 de septiembre de 2020, el representante del CONSORCIO SANEAMIENTO RURAL, solicitó la inaplicación de la Cláusula Penal, argumentando, i) Violación al Debido Proceso por parte de FIDUPREVISORA S. A., al aplicar el procedimiento sancionatorio en forma directa; ii) Se sancionó al contratista sin competencia por parte de Fiduprevisora y bajo un procedimiento no dispuesto en la ley; iii) La entidad no respondió de fondo los argumentos planteados por el contratista, relacionados con la falta de competencia para adelantar la actuación administrativa, entre otros.
También resuelve:
Acción contractual: Que se declare la nulidad de la decisión de los actos contractuales, de fiduprevisora cuyo objeto es “implementación de soluciones de saneamiento básico rural para huila y tolima.”
Contrato estatal: Regulado por el derecho privado/CLÁUSULA PENAL-Los actos a través de los cuales se impuso la aplicación de la, no derivan de habilitación legal, la cual es inexistente en el régimen jurídico del contrato
Autonomia de la voluntad: Sin embargo, la facultad para ejercer directamente la cláusula penal derivó de la autorización contractual dada por las partes/CLÁUSULA PENAL-Análisis de la juridicidad del pacto contractual que autorizó el ejercicio a una de las partes