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25000233600020180111402 de 20252025-11-09Rad. 25000233600020180111402
El contratista no puede reclamar por el restablecimiento del equilibrio económico ni por la liquidación unilateral del contrato, ya que el régimen jurídico aplicable es el derecho privado y no la Ley 80 de 1993, debido a que el contrato se celebró antes de la fecha en que entró en vigencia la normativa que modificaba el régimen contractual del Fondo de Adaptación. Además, la entidad estatal puede reconocer una mayor permanencia del interventor en la obra mediante un acuerdo de voluntades, siempre y cuando se interprete y aplique correctamente el contenido de las cláusulas contractuales y se respete la buena fe. Esta decisión reitera y matiza precedentes sobre la aplicación del derecho privado en contratos celebrados por el Fondo de Adaptación, lo que implica que las partes deben ajustarse a las normas civiles y comerciales para resolver controversias contractuales.síntesis automática
También resuelve:Régimen jurídico del contrato: Ley 153 de 1887 artículo 38, Decreto 4819 de 2010, derecho privado, Ley 80 de 1993
76001233100020120000203 de 20262026-10-01Rad. 76001233100020120000203
El contratista no requiere solemnidades especiales para perfeccionar un contrato especial de acceso e interconexión, ya que estos contratos están sometidos al régimen de derecho privado y son consensuales, por lo que su existencia se rige por el concurso real de las voluntades de las partes sobre los elementos esenciales del contrato, como el objeto y la contraprestación. La entidad prestadora de servicios públicos debe acreditar un acuerdo de voluntades entre las partes para demostrar la celebración del contrato, y la ausencia de un documento escrito genera un indicio grave de inexistencia del acto, salvo que se demuestre que su obtención fue imposible o justificada por las circunstancias. Esta regla reitera la jurisprudencia existente sobre el régimen jurídico de los contratos especiales de acceso e interconexión, lo que implica que los contratistas pueden celebrar estos acuerdos con mayor flexibilidad y sin necesidad de cumplir con formalidades adicionales, siempre y cuando puedan demostrar el acuerdo de voluntades entre las partes.síntesis automática
También resuelve:Caducidad de la acción: contratos de prestadores de servicios públicos, términoRégimen jurídico: prestadores de servicios públicos, régimen, derecho privadoDeber de interconexión: Ley 142 de 1994 artículo 11, entidades prestadoras de servicios públicos, energía eléctrica, bienes indispensables
68001233100020110007301 de 20262026-06-23Rad. 68001233100020110007301
El contratista no puede exigir la protección del patrimonio público ni el cumplimiento de obligaciones contractuales a través de instrumentos jurídicos unilaterales que no sean propios de los negocios jurídicos en los que interviene la administración pública, ya que estos no son prerrogativas exclusivas del Estado. En este caso, la entidad estatal, en este caso Ecopetrol, no puede expedir actos administrativos contractuales cuando no exista legislación especial ni disposiciones del manual de contratación vigente para la época de los hechos, por lo que el contrato se rige por el derecho privado. Además, la entidad estatal no puede liquidar unilateralmente el contrato sin que dicha acción tenga la naturaleza de acto administrativo, ya que Ecopetrol actuó despojado de cualquier prerrogativa excepcional que le permitiera imponer decisiones revestidas de presunción de legalidad a su contraparte. Esto implica que la entidad estatal debe cumplir con sus obligaciones contractuales y proteger el patrimonio público de manera que no interfiera con las disposiciones del derecho privado, y que la resolución de conflictos debe resolverse de fondo sin necesidad de declarar la nulidad de actos administrativos.síntesis automática
También resuelve:Régimen jurídico de ecopetrol: Ley 489 de 1998 artículo 38, sociedades públicas y de economía mixta con el 90% o más de participación del estado, sometimiento al régimen de empresas industriales y comerciales del estado, Ley 489 de 1998 artículo 93Régimen del contrato: derecho privado, Ley 489 de 1998 artículo 94, improcedencia de expedición de actos administrativos, solicitud en demanda de nulidad no impide que el juez pueda resolver de fondoFacultades unilaterales del estado: instrumentos jurídicos unilaterales, cumplimiento de obligaciones contractuales, protección del patrimonio público, continuidad de la obra o del servicio
76001233300220190018401 de 20262026-06-23Sección TerceraRad. 76001233300220190018401
El contratista no puede alegar desequilibrio económico en un contrato de concesión de alumbrado público celebrado antes de la Ley 1150 de 2007, ya que este se rige por el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública (EGCP) y no por el Estatuto General del Contrato Administrativo de la Administración Pública (EGCAP), según la jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado. Además, la Sala establece que la prueba de un desequilibrio contractual requiere demostrar la ruptura del sinalagma contractual y no solo la insuficiencia de la fuente de pago, como en este caso, donde la entidad territorial solicitó conciliación pero no se demostró la falta de equilibrio económico. Esta decisión reitera y confirma la aplicación del EGCP a contratos anteriores a la Ley 1150 de 2007, reforzando la necesidad de cumplir con los requisitos legales para alegar desequilibrio económico en contratos de concesión.síntesis automática
También resuelve:Régimen jurídico del contrato de concesión: Ley 1150 de 2007, contratos de prestación de servicio de alumbrado público, se rigen por el egcap, contratos celebrados con anterioridad a la Ley 1150 de 2007
RÉGIMEN JURÍDICO MIXTO APLICABLES A LA LEY 80 DE 1993,SELECCIÓN ABREVIADA – Selección abreviada,Adjudicación,REQUISITOS DE EXPERIENCIA,APORTES PARAFISCALES,DERECHO MERCANTIL,Código civil – Mes: abril – Año: 2024…
También resuelve:Selección abreviada: adjudicación, requisitos de experiencia, aportes parafiscales Según la jurisprudencia de esta Corporación, cuando se demanda el acto de adjudicación con el argumento de que la oferta ganadora no era la más favorable, para que se reconozca una indemnización en favor del demandante, se debe: i) acreditar un desconocimiento del pliego de condiciones y/o de la normativa aplicable, que controvierta la presunción de legalidad del acto administrativo y ii) Al respecto, las Leyes 789 de 200227 y 828 de 200328 instituyeron la obligación de las personas que funjan como proponentes de certificar o declarar el cumplimiento del pago de los aportes parafiscales en los procedimientos de selección de la contratación pública, lo que implica que se debe manifestar la satisfacción de tal aspecto. Para la ejecución contractual, la Ley 1150 de 200729 exige, ya no afirmar bajo la gravedad de juramento el cumplimiento de ese deber, sino demostrarlo respecto del contrato resp ectivo como requisito previo para la realización del pago de la contraprestación convenida. RÉGIMEN JURÍDICO MIXTO APLICABLES A LA LEY 80 DE 1993, derecho mercantilConsejo de estado sala de lo contencioso administrativo sección tercera: subsección aTemas: demanda contra el acto de adjudicación: cuando se demanda el acto de adjudicación porque la of erta ganadora no era la más favorable, se debe demostrar la ilegalidad del acto y que la propuesta del demandante era la mejor / régimen aplicable a los contratos sometidos al egcap, les aplica el derecho común, salvo lo expresamente regulado en la Ley 80 de 1993 y sus reformas / OBLIGACIÓN DE DECLARAR O CERTIFICAR EL PAGO DE APORTES PARAFISCALES, la entidad contratante debe verificar la veracidad de lo declarado o certificado por los proponentes
¿Son nulas las Resoluciones por medio de las cuales EPM declaró la ocurrencia del riesgo de incumplimiento del contrato e hizo efectiva la póliza expedida por Seguros del Estado S.A.? No
El contratista no puede declarar la ocurrencia del riesgo de incumplimiento del contrato y hacer efectiva la póliza de seguro, salvo que las partes hayan acordado explícitamente que tal facultad le corresponde, y que dicha acción no vulnere normas de orden público ni asuma competencias que no le corresponden. La Sala establece que en este caso, EPM, como empresa de servicios públicos domiciliarios, no defraudó normas de orden público ni asumió competencias que no le correspondían al declarar la ocurrencia del riesgo y hacer efectiva la póliza, ya que tal acción se ajusta al marco común de las obligaciones que a cualquier particular la aseguradora le impone al momento de tramitar el pago de un siniestro. Además, la Sala reitera que la demanda de reconvención presentada por EPM es extemporánea, ya que se presentó después del término de caducidad establecido por la ley. Por último, la Sala determina que las cláusulas del pliego de condiciones que dieron origen al contrato no son nulas ni exorbitantes, ya que fueron aceptadas por el contratista y no violan el ordenamiento jurídico.síntesis automática
También resuelve:¿Está Seguros del Estado S.A. legitimada en la causa para reclamar la nulidad e ineficacia de las cláusulas del pliego de condiciones que dieron origen al contrato suscrito entre EPM y ESGEM?¿Trajo EPM, en su calidad de demandante en reconvención, oportunamente a esta jurisdicción las pretensiones con las cuales busca que Seguros del Estado asuma los perjuicios derivados de la…¿La declaración del riesgo de incumplimiento contractual amparado mediante la póliza, provino de la inclusión de cláusulas exorbitantes en el pliego de condiciones que reguló la celebración del…
Régimen jurídico mixto aplicable a los contratos estatales -conformado por el EGCAP y sus reformas, el derecho mercantil y el Código Civil-, el legislador quiso que esos negocios jurídicos estuvieran regidos por las disposiciones de derecho común, salvo en lo expresamente regulado en la Ley 80 de 1993 y sus normas posteriores. Sobre el particular, esta Corporación ha considerado que la obligación de certificar el pago de aportes parafiscales con la presentación del ofrecimiento en los procesos de selección no se limita a que el proponente aporte tal declaración, sino que la entidad contratante debe verificar el cumplimiento de tal aspecto y, de ser el caso, requerir al oferente para que soporte probatoriamente tal declaración.
También resuelve:Selección abreviada: adjudicación, requisitos de experiencia, aportes parafiscalesRégimen jurídico mixto aplicables a la ley 80 de 1993: derecho mercantil, Código Civil, aportes parafiscales
El contratista no puede aplicar la Ley 80 de 1993 en contratos regidos por el derecho privado según la Ley 1118 de 2006, por lo que las multas impuestas no tienen una finalidad conminatoria sino sancionatoria, aplicándose incluso después de la ejecución del contrato. Además, la aseguradora del cumplimiento no está obligada a indemnizar el valor total del amparo sin que el asegurado demuestre la ocurrencia del siniestro y su cuantía, y la compensación entre saldos en favor del contratista y multas solo es posible si ambas partes son deudoras recíprocas. La sentencia reitera la jurisprudencia sobre la aplicación del derecho privado en contratos con régimen especial y la naturaleza sancionatoria de las multas, lo que implica que las partes deben cumplir rigurosamente con los plazos y obligaciones contractuales para evitar sanciones posteriores a la ejecución.síntesis automática
También resuelve:Régimen jurídico del contrato con régimen especial: aplicación del derecho privado, no aplicación de la Ley 80 de 1993 en relación con las multasMultas: acuerdo de multas no tenía finalidad conminatoria, carácter sancionatorio, incumplimiento contractual, compensaciónSeguro de cumplimiento: carga de la prueba del siniestro por parte del asegurado, prueba del incumplimiento y cuantía del siniestro
05001233100020110195201 de 20242024-10-17Rad. 05001233100020110195201
De este modo, quien aspire a legitimarse en una causa debe demostrar que en su haber material o inmaterial reside la titularidad del derecho por el cual reclama. Así las cosas, respecto de la relación contractual, al expedir Seguros del Estado la póliza que aseguró el contrato estatal, éste se convirtió, cuando menos, en un tercero con interés y, por ende, su legitimación surge de los efectos o repercusiones probables que la relación negocial difumina hacia su patrimonio, como aquí ocurre con la Aseguradora en virtud de la materialización del riesgo de incumplimiento que se obligó a cubrir. En ese sentido el criterio unificado precisó: “Salvo las excepciones legales, los actos jurídicos adoptados por los prestadores de servicios públicos domiciliarios con motivo de su actividad contractual, no son actos administrativos y se rigen por la normatividad civil y comercial, así como por las reglas atinentes a su régimen especial”.
También resuelve:Legitimacíon en la causa de aseguradoras en los contratos estatales: pólizas de aseguramiento de contratos estatalesRegímen jurídico: empresas prestadoras de servicios públicos, naturaleza de sus actos
¿Resulta viable jurídicamente que este tipo de entidades utilice en el marco de sus contratos las cláusulas excepcionales previstas en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública – EGCAP?
Las empresas sociales del Estado, cuyo régimen contractual es el derecho privado según el numeral 6 del artículo 195 de la Ley 100 de 1993, pueden utilizar discrecionalmente las cláusulas excepcionales previstas en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, incluida la caducidad en un contrato de compraventa. Deben aplicar las disposiciones de ese estatuto en dos escenarios: cuando deciden incorporar las cláusulas excepcionales, por autorización especial de la Ley 100, y cuando celebran contratos estatales típicos de la Ley 80, ante la falta de legislación contractual específica. Conforme al artículo 18 de la Ley 80 de 1993, la caducidad procede cuando un incumplimiento del contratista afecta de manera grave y directa la ejecución y evidencia que puede conducir a su paralización, caso en el cual la entidad, mediante acto administrativo motivado, da por terminado el contrato y ordena su liquidación. Como su decreto implica una sanción contractual, debe adelantarse el procedimiento del artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, sin que se exija imponer multas previas como condición para declararla. En los demás aspectos de un contrato de compraventa suscrito por una ESE, como las garantías, rigen las normas del derecho privado.síntesis automática
También resuelve:Régimen jurídico aplicable para las empresas sociales del estado: excepción al egcapCaducidad: discrecionalidad de incorporación, ese, no exige imposición de multaGarantías: reglas aplicables, derecho privado
25000232600020070052601 de 20252026-02-04Rad. 25000232600020070052601
El contratista no puede modificar unilateralmente los términos de un contrato regido por el derecho privado ni liquidarlo por incumplimiento sin acuerdo previo de las partes, ya que tales decisiones deben estar pactadas en el convenio y no pueden ser impuestas unilateralmente. Esta regla se sostiene en la necesidad de mantener la congruencia entre lo solicitado en la demanda y lo decidido por el juez, evitando la modificación de la causa petendi o la inclusión de pretensiones no solicitadas. La Sala reitera que los contratos celebrados por universidades estatales se rigen por el derecho privado, salvo las excepciones específicas establecidas en la ley, y que la liquidación unilateral del contrato no puede ser el fundamento para exigir una indemnización de perjuicios, ya que dicha acción no fue pactada en el acuerdo inicial. Esta regla limita la aplicación del principio de iura novit curia, impidiendo que el juez decida aspectos que no fueron solicitados en la demanda, lo que tiene implicaciones significativas en la práctica contractual y en la responsabilidad de las partes por incumplimiento.síntesis automática
También resuelve:Principio iura novit curia: límite de la causa petendiRégimen jurídico del convenio de cooperación: universidad del valle, régimen especial, se rige por el derecho privadoLiquidación unilateral en los contratos regidos por el derecho privado: exclusión de la Ley 80 de 1993 Salvo aquellas precisas materias en las que el legislador habilite la aplicación del EGCAP, autonomía de la voluntad para acordar cláusulas, elementos del contrato artículo 1501 Código Civil, contratos regidos por el derecho privado no requieren de liquidación a menos que se pacte
08001233300020180063001 de 20252025-09-29Rad. 08001233300020180063001
El contratista no puede contar con el término de dos meses para la liquidación unilateral del contrato de interventoría cuando no se ha pactado explícitamente dicha facultad en el contrato, ni cuando el manual de contratación que la establece no ha sido incorporado de manera inequívoca en el clausulado del contrato, especialmente si la entidad está sometida al régimen del derecho privado. La Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado matizó su jurisprudencia anterior, estableciendo que el cómputo del término de caducidad del medio de control jurisdiccional de controversias contractuales no debe considerar un plazo que no será efectivamente aplicado por falta de facultad unilateral de liquidación. Esta regla implica que en cada caso se debe determinar si el contrato permite la liquidación unilateral para calcular correctamente el plazo de caducidad.síntesis automática
También resuelve:Régimen jurídico aplicable: derecho privadoMedio de control de controversias contractuales: cómputo de la oportunidad para presentar la demandaLiquidación unilateral del contrato estatal: régimen privado, autonomía de la voluntad, no se pactó facultad de liquidación unilateral
76001233300020230085601 de 20252025-11-07Sala PlenaRad. 76001233300020230085601
El contratista debe someterse a las normas civiles y comerciales cuando la entidad contratante es un ente universitario autónomo del orden departamental y el objeto del contrato es una obra, según el artículo 93 de la Ley 30 de 1992, aunque también debe observar los principios de la función administrativa y de la gestión fiscal, así como el régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto en la Ley 1150 de 2007. La Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado unificó su criterio al establecer que la ausencia de salvedades en los acuerdos modificatorios no impide al juez analizar de fondo las reclamaciones de la parte demandante, siempre que se respete la intención de las partes y el alcance de los pactos. Esto implica que el juez debe examinar cuidadosamente las pretensiones de la demanda y las circunstancias específicas del contrato, como en el caso de la ampliación del plazo y la ejecución de actividades adicionales sin reconocimiento adicional de dinero, lo que puede afectar la liquidación del contrato y las costas del proceso.síntesis automática
También resuelve:Régimen jurídico de contratación: Artículo 93 de la Ley 30 de 1992, ente universitario autónomo del orden departamental, derecho privado, Artículo 13 de la Ley 1150 de 2007Acuerdos modificatorios: ausencia de salvedades, análisis por parte del juez
85001233300020190004601 de 20252025-09-22Rad. 85001233300020190004601
El contratista incumple parcialmente el contrato de consultoría suscrito con el departamento, específicamente en la entrega oportuna de informes mensuales y semanales de interventoría, lo que implica un incumplimiento parcial y tardío de sus obligaciones. La entidad estatal puede liquidar el contrato en virtud de este incumplimiento, pero no puede modificar unilateralmente los términos del contrato supervisado por el interventor. La sentencia modifica la resolución del tribunal para declarar el incumplimiento parcial y establecer la liquidación del contrato, indexando el saldo a favor del contratista y aplicando intereses moratorios. La Sala no condena en costas en segunda instancia, dado que el recurso prosperó parcialmente.síntesis automática
También resuelve:Régimen jurídico de contratación: Artículo 2 de la Ley 80 de 1993, entidades estatales, Estatuto General de la Contratación de la Administración Pública, contratos estatalesContrato estatal de interventoría: Ley 80 de 1993 artículo 32 numeral 2, elemento esencial del contrato, supervisor, obligaciones de interventoríaInterventoría: obligación de verificación y control de la ejecución del contrato estatal, no es competente para introducir modificaciones al negocio jurídico, contrato de interventoría, autónomo al contrato de obra
05001233300020220142002 de 20252025-05-22Rad. 05001233300020220142002
Aunque la celebración de los contratos por capitación comporta la ejecución de recursos públicos de naturaleza parafiscal y fiscal, así como la realización de objetivos superiores, como el de garantizar el goce efectivo de un derecho fundamental, el legislador sometió expresamente su régimen a las normas de contratación entre particulares y a las reglas especiales del SGSSS, ninguna de las cuales otorga a las partes el derecho a liquidarlo unilateralmente, sin que la naturaleza de los recursos involucrados en el pago y el objetivo de prestar el servicio público esencial de la seguridad social en salud, que confieren un carácter especial e instrumental a este tipo de contratación, permitan justificar el desconocimiento de su régimen jurídico y la transgresión del acuerdo de voluntades que se erige como ley para las partes.
También resuelve:Cláusulas exorbitantes: facultad de convenir por las partes en el contrato, liquidación unilateral del contratoRégimen jurídico de los contratos: liquidación unilateral de los contratos por parte de la ese contratista, autonomía y libertad negocial, función administrativa, gestión fiscalContratos por capitación: ejecución de recursos públicos, sgsss, régimen jurídico
05001233300020210153001 de 20252025-09-14Rad. 05001233300020210153001
El contratista debe cumplir con los requisitos habilitantes y ponderables establecidos en el pliego de condiciones para ser considerado en un proceso de selección abreviada, de acuerdo con el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública (EGCAP) y la Ley 1150 de 2007. La subsanación de la oferta es posible solo para elementos no necesarios para la comparación y evaluación de los ofrecimientos, y no para aquellos que afectan la asignación de puntaje. En este caso, Corpallanos intentó subsanar su propuesta pero no logró demostrar el requisito de experiencia requerido para la población específica solicitada por el Distrito de Medellín, lo que resultó en la confirmación de la sentencia desfavorable y la imposición de costas en su contra.síntesis automática
También resuelve:Régimen jurídico de proceso de contratación: aplicación del egcap en atención a la entidad contratante, modalidad de selección, Ley 1150 de 2007 artículo 2 numeral 2Principio de selección objetiva: Ley 1150 de 2007 artículo 5 numeral 1Elementos de las propuestas: clasificación, requisitos subsanables, requisitos ponderables, subsanación
25000233600020180011401 de 20262026-08-11Rad. 25000233600020180011401
La Federación Nacional de Departamentos, como entidad sometida a la Ley 80 de 1993, debe aplicar el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública en sus procesos de contratación, incluyendo la selección de fiduciarias para la administración de recursos públicos. La decisión de adjudicación es un acto precontractual sujeto al control de legalidad por parte de la jurisdicción contencioso administrativa. La Sala reitera que los requisitos habilitantes, que demuestran la idoneidad y capacidad del proponente, no otorgan puntaje y deben cumplirse antes del cierre del proceso, siendo la subsanación posible solo para la prueba de un hecho preexistente, no para la incorporación de nuevos elementos. La incorporación de requisitos o elementos nuevos después del cierre del proceso no es admisible, lo que implica que la entidad debe rechazar propuestas que no cumplan con los requisitos habilitantes en tiempo y forma, sin posibilidad de subsanación posterior.síntesis automática
También resuelve:Régimen jurídicoDefectos subsanables e insubsanables: Ley 80 de 1993 artículo 25 numeral 15 inciso 2Requisitos habilitantes: demostración de idoneidad y capacidad del proponente para ejecutar el contrato proyectado, requisitos habilitantes no otorgan puntaje, término temporal para subsanar
25000233600020200029801 de 20262026-06-13Rad. 25000233600020200029801
Sobre ese punto de la controversia pone de presente la Sala que como la entidad contratante es una empresa industrial y comercial del Distrito Capital, de carácter oficial, prestadora de servicios públicos domiciliarios, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio, cuyas actuaciones se rigen por el derecho privado de acuerdo con lo estipulado en el artículo 31 de la Ley 142 de 1994, pues, “ l os contratos que celebren las entidades estatales que prestan los servicios públicos a los que se refiere esta Ley, y que tengan por objeto la prestación de esos servicios, se regirán por el parágrafo 1 del artículo 32 de la ley 80 de 1993 y por la presente Ley, salvo en lo que la presente Ley disponga otra cosa”. En esa perspectiva, la norma aplicable para el caso de un eventual desequilibrio económico del contrato es la prevista en el Código de Comercio.
También resuelve:Régimen jurídico del contrato: Ley 142 de 1994 artículo 31 y 32, derecho privadoActos precontractuales de las empresas de servicios públicos domiciliarios: son de naturaleza privada, no son actos administrativos, análisis del incumplimiento de obligacionesAplicación de los principios de función administrativa: Constitución política artículo 209 y 267, entidades con régimen exceptuado, Ley 1150 de 2007 artículo 13
¿Debe ordenarse la devolución de los valores descontados al contratista por con-cepto de descuentos? ¿Se acreditaron los elementos necesarios para que se entienda configurado el des-equilibrio económico del contrato? En caso de que se haya configurado el desequi-librio económico, ¿qué monto debe reconocerse al contratista? ¿Debe liquidarse judicialmente el contrato de obra No. 1-01-25400-1477 de 2019, celebrado entre las partes demandante y demandada? No
El contratista no obtiene la devolución de los valores descontados ni la liquidación judicial del contrato si no acredita que la cláusula de descuentos es ineficaz o que los descuentos fueron arbitrarios e injustificados, y si no demuestra la configuración del desequilibrio económico del contrato; en este caso, la entidad estatal probó que el contratista incumplió con 60 de los 61 hitos del contrato y que el cronograma incumplido fue elaborado por el contratista mismo. Además, la Sala declara probada la excepción de pleito pendiente, ya que un proceso de controversias contractuales en curso busca declarar el incumplimiento del contratista, condenarlo a reintegrar el anticipo y pagar descuentos e indemnizaciones, y liquidar judicialmente el contrato, lo que implica que la liquidación del contrato en cuestión se resolverá en ese proceso.síntesis automática
13001233300020190037201 de 20262026-04-28Sala PlenaRad. 13001233300020190037201
El contratista no está obligado a liquidar los contratos de ejecución sucesiva de acuerdo con el Estatuto Contencioso Administrativo (ECAPA) cuando estos no se rigen por las normas del EGCAP, sino que la liquidación debe ajustarse a lo pactado por las partes en el contrato, en este caso, la cláusula trigésima cuarta que establece cómo deben realizarse los balances finales y declararse a paz y salvo. Además, la ausencia de salvedades en los acuerdos modificatorios no impide su análisis, ya que se da prelación a la voluntad de las partes plasmada en dichos acuerdos. La Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado unificó su criterio en este sentido, lo que implica que los tribunales deben considerar la voluntad de las partes en los acuerdos modificatorios, independientemente de la presencia de salvedades.síntesis automática
También resuelve:Régimen jurídico de ecopetrolSociedad de economía mixtaLiquidación de contratos exceptuado del egcap