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¿Cuándo se celebra un contrato invocando la modalidad de selección mínima cuantía puede adicionarse hasta en un 50% de su valor inicial aun superando el monto de la cuantía que determinó la modalidad de selección aplicada?
Por ejemplo, la mínima cuantía de la Entidad es hasta $100.000.000, se celebra el contrato por $90.000.000 y luego se adiciona en 45.000.000, De acuerdo a lo expuesto en las consideraciones del presente concepto, no existe restricción legal en referencia a la adición de contratos más allá de la contenida en el articulo 40 de la ley 80 de 1993, en el sentido que la restricción establecida por el legislador en materia de adiciones a los contratos estatales es que esta no supere el 50% del valor inicial mismo, expresado dicho valor en términos de SMMLV.
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¿Cuál es el recurso procedente frente al acto que declara desierto un proceso de selección?
La declaratoria de desierta de un proceso de selección es una decisión negativa sobre la adjudicación del contrato, que se adopta cuando no es posible aplicar el principio de selección objetiva. Esa decisión se materializa en un acto definitivo, y no de trámite, porque pone fin al procedimiento de contratación. Por regla general, los principios de igualdad y concurrencia rigen los procedimientos competitivos y exigen promover la pluralidad de oferentes como condición para escoger la oferta más favorable a los intereses de la entidad. Frente a los recursos que proceden contra el acto que declara desierto el proceso, el régimen aplicable parte de las disposiciones del Estatuto General de Contratación, que se observan de manera prevalente cuando existen vacíos normativos. Por tratarse de un acto definitivo, la declaratoria de desierta debe analizarse con esa naturaleza al determinar los mecanismos que el régimen contractual dispone para controvertirla. En la práctica, la entidad debe tratarla como acto definitivo al resolver los recursos que procedan contra ella, sin asimilarla a una decisión de trámite.síntesis automática
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¿En casos donde existen acuerdos de voluntades innominados y especiales que no están relacionados con una necesidad surgida del ente estatal contratante, es necesaria la suscripción de estudios previos y de la planeación precontractual? Sí
El contratista debe suscribir estudios previos y planeación precontractual en acuerdos de voluntades innominados y especiales, independientemente de que no surjan de una necesidad del ente estatal contratante, en virtud de los principios de la función administrativa y gestión fiscal consagrados en la Constitución Política. La entidad estatal no puede declarar nula la contratación por el desconocimiento del principio de planeación, ya que este no vicia de nulidad el negocio jurídico. Además, el juez de segunda instancia no puede revocar la declaratoria de nulidad del contrato si el recurso de apelación únicamente aborda una de las razones por las que el juez de primera instancia declaró la nulidad. Finalmente, la entidad estatal puede ser condenada en costas en segunda instancia si el recurso de apelación es negado y el apoderado de la parte demandada presenta alegatos de conclusión, de acuerdo con el artículo 188 del CPACA y el numeral 3 del artículo 365 del CGP.síntesis automática
También resuelve:¿El desconocimiento del principio de planeación vicia de nulidad el negocio jurídico?¿Resulta dable al juez de segunda instancia revocar la declaratoria de nulidad del contrato, teniendo en cuenta que para ello el juez de primera instancia tuvo en cuenta varias razones…¿Resulta procedente la condena en costas en segunda instancia de conformidad con el artículo 188 del CPACA y el numeral 3 del artículo 365 del CGP…
¿Dentro de la interpretación que se debe hacer de la norma, se pueden incluir los bienes muebles como sujetos a los cuales aplique la causal contenida en el literal i del numeral 4 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, o debe entenderse que esta causal solo recae sobre los bienes inmuebles?
Las causales de la modalidad de contratación directa deben interpretarse de forma restrictiva, tal y como se expuso en los párrafos precedentes. En esta línea, es necesario revisar el alcance del literal i) numeral 4° del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, que prescribe: «4. Contratación directa. La modalidad de selección de contratación directa, solamente procederá en los siguientes casos:… i) El arrendamiento o adquisición de inmuebles».
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Usted realizó la siguiente pregunta: «Frente a la suscripción de los contratos o convenios interadministrativos regulados por los Artículo 95 de la Ley 489 de 1998, así como la causal de contratación directa del Artículo 2 numeral 4 literal c de la Ley 1150 de 2007, solicito se resuelva la consulta respecto a, si es necesario que las dos entidades convinientes realicen estudios y documentos previos por separado frente a la suscripción de determinado convenio o si por el contrario…
Frente a la suscripción de los contratos o convenios interadministrativos regulados por los Artículo 95 de la Ley 489 de 1998, así como la causal de contratación directa del Artículo 2 numeral 4 literal c de la Ley 1150 de 2007, solicito se resuelva la consulta respecto a, si es necesario que las dos entidades convinientes realicen estudios y documentos previos por separado frente a la suscripción de determinado convenio o si por el contrario, basta con que solo una entidad realice la elaboración de los estudios y documentos previos para entender surtido y agotados el pleno de los requisitos previos a la suscripción del correspondiente interadministrativo.
También resuelve:Contrato interadministrativo: concepto, régimen jurídico, estudios previos, elaboraciónPrincipios de la contratación pública: contratación directa, transparencia, selección objetiva, aplicaciónPrincipio de planeación: estudios previos, contratación directa
¿Puede una entidad pública contratar a través de la modalidad de contratación directa la ejecución de una obra pública con alguna persona natural o jurídica que cuente con una patente sobre un producto necesario para la construcción y/o un estilo constructivo único?
En virtud de las consideraciones expuestas, la contratación directa de un contrato de obra pública requiere que la entidad contratante justifique la configuración de alguna de las distintas causales prevista en el numeral 4 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007.
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¿Una entidad del orden nacional de la rama ejecutiva está en obligación de justificar y detallar en sus estudios previos y análisis del sector la obtención del valor de los honorarios a percibir una persona natural para la ejecución de un contrato de prestación de servicios profesionales y apoyo la gestión?
¿una entidad del orden nacional de la rama ejecutiva está en obligación de justificar y detallar en sus estudios previos y análisis del sector la obtención del valor de los honorarios a percibir una persona natural para la ejecución de un contrato de prestación de servicios profesionales y apoyo la gestión?•cuál es el alcance de la disposición “justificación del mismo” de lo enunciado en el numeral 4 del artículo 2.2.1.1.2.1.1. del Decreto 1082 de 2015 - el valor estimado del contrato y la justificación del mismo. •¿los estudios previos y el análisis del sector deben contener de manera expresa y detalla el estudio y la justificación del perfil (idoneidad y experiencia) el cual debe cumplir la persona natural o jurídica para ejecutar un contrato de prestación de servicios profesionales y apoyo la gestión?
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¿Cuál es el recurso procedente frente al acto que declara desierto un proceso de selección?
Frente al acto que declara desierto un procedimiento de selección procede el recurso de reposición, conforme al inciso segundo del artículo 77 de la Ley 80 de 1993, pues la regla especial según la cual contra el acto de adjudicación no proceden recursos no puede extenderse a la declaratoria de desierta, que tiene una naturaleza y contenido diferentes, y por limitar un derecho debe interpretarse de forma estricta. La declaratoria de desierta es una decisión negativa sobre la adjudicación, derivada de la imposibilidad de aplicar el principio de selección objetiva, que se adopta mediante un acto definitivo y no de trámite. El recurso procede independientemente de los hechos y fundamentos que aduzca la entidad, incluso cuando argumente no haber recibido ofertas o que estas fueron extemporáneas, pues ese también es un contenido del acto susceptible de discusión por quien considere que sí presentó oferta o lo hizo en término. Como el Estatuto General no regula ante quién se interpone, la oportunidad, el efecto ni los requisitos del recurso, estos aspectos se rigen por los artículos 74 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.síntesis automática
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Usted formuló las siguientes preguntas: «para la contratacion (sic) de deuda publica (sic) – contratacion (sic) de emprestito (sic)-, por tratarse de una causal de contratacion (sic) directa, requiere estudios previos? se debe contratar a través del secop II? si la respuesta es afirmativa, cual sería la ruta…
Para la contratacion (sic) de deuda publica (sic) – contratacion (sic) de emprestito (sic)-, por tratarse de una causal de contratacion (sic) directa, requiere estudios previos? se debe contratar a través del secop II? si la respuesta es afirmativa, cual sería la ruta, maxime (sic) teniendo en cuenta que no se podría dar inicio a la ejecución porque en este tipo de contratación no se generá (sic) Certificado de Disponibilidad Presupuestal ni Registro Presupuestal…
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¿Se puede o se debe incluir en los estudios previos bajo la modalidad de contratación directa el nombre del futuro contratista?
Con base en las consideraciones expuestas, se procede a responder las preguntas formuladas, no sin antes recordar que los conceptos emitidos por la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente – son orientaciones de carácter general. Por tanto, no suponen la solución directa de controversias específicas o de preguntas que pretendan una asesoría para determinar qué debe entenderse por un concepto particular, el cual debe ser definido por los participantes de la contratación pública con base en la regulación aplicable.
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¿Para hacer uso de la causal de contratación directa dispuesta en el literal k), del numeral 4, del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, deben realizarse estudios previos y solicitarse idoneidad y experiencia del contratista y de su equipo de trabajo?
Para utilizar la causal de contratación directa del literal k) del numeral 4 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, relativa a la selección de peritos expertos o asesores técnicos para presentar o contradecir el dictamen pericial en procesos judiciales, la entidad estatal debe realizar los estudios previos en los términos del Estatuto General de Contratación y, antes de celebrar el contrato, expedir el acto administrativo de justificación de la contratación directa del artículo 2.2.1.2.1.4.1 del Decreto 1082 de 2015, en el que justifique la necesidad de acudir a esa modalidad y las razones por las que el contrato se adecúa a la causal. En virtud del principio de economía, incluso la contratación directa requiere estudios previos, y el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del mismo decreto exige el análisis del sector. La causal se circunscribe a la contratación de expertos para presentar o contradecir un peritaje, prueba técnica destinada a acreditar hechos en un proceso judicial, y el legislador la autorizó por la eficiencia y celeridad con que debe contratarse al perito dentro de los términos procesales. En todo caso, la entidad debe verificar, mediante la documentación que estime pertinente, la idoneidad o experiencia del futuro contratista.síntesis automática
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¿Los contratos 70 del 30 de septiembre de 1991 y 54 del 20 de octubre de 1992, son auténticos contratos de comodato? Sí
El contratista no es parte de contratos administrativos cuando se trata de un contrato de comodato celebrado con una entidad estatal, ya que estos se rigen por el derecho privado y no por la legislación específica de contratos estatales, según el artículo 16 inciso segundo del Decreto Ley 222 de 1983. Esta regla se reitera al señalar que la jurisdicción de lo contencioso administrativo no abarca todos los contratos estatales, sino solo aquellos específicamente regulados por la ley, lo que implica que controversias derivadas de contratos de comodato celebrados con entidades públicas deben ser resueltas por la jurisdicción ordinaria, a menos que la ley posteriormente cambie esta competencia. Con la entrada en vigor de la Ley 80 de 1993, la jurisdicción de lo contencioso administrativo asumió la competencia sobre todos los contratos estatales, incluyendo los de derecho privado, salvo que la controversia se presente con las leyes procesales vigentes al momento del reclamo, en este caso la Ley 1437 de 2011 o el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA). Esto implica que las partes deben conocer la vigencia de las leyes procesales al momento de presentar sus reclamos para determinar la competencia del juez.síntesis automática
También resuelve:¿La jurisdicción de lo contencioso administrativo se extiende a todos los contratos estatales, al margen de que se trate de contratos regidos por el derecho privado?¿Se entienden integradas a los contratos las leyes vigentes al momento de su surgimiento, salvo las que reglamentan la ritualidad del acceso a la administración de justicia…¿La prescripción de la responsabilidad contractual aplica para las acciones de carácter civil, penal y disciplinario impetradas contra los intervinientes en la actividad contractual del Estado…
¿Es obligatorio la elaboración de estudios previos para adelantar procesos de contratación directa en la modalidad de prestación de servicios?
La planeación contractual es una herramienta de gerencia pública, que exige estructurar el proceso contractual dedicando tiempo y esfuerzos para elaborar estudios previos, los cuales deberán ser adecuados a su alcance y complejidad. Lo anterior con la finalidad de determinar la necesidad que pretende satisfacer la entidad estatal, consultando el tipo de bienes y servicios que ofrece el mercado y sus características, especificaciones, precios, costos, riesgos, garantías, disponibilidad, oferentes, etc.
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ESTATUTO DEL DISTRITO CAPITAL,CONTRATO DE CONCESIÓN,PRINCIPIOS DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL,ACTIVIDAD CONTRACTUAL,FACULTADES EXCEPCIONALES,ACTO ADMINISTRATIVO – Entidades descentralizadas,Aplicación,Objeto,Principios de transparencia,economía y responsabilidad,Actuación contractual,Partícipes,Autotutela declarativa,Ejecución,Código Contencioso Administrativo,Presunción de legalidad de l – Mes: noviembre – Año: 2017…
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¿Cuál es la modalidad de selección prevista en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública para la celebración de contratos de compraventa de bienes inmuebles?
Según el Código Civil y el Código de Comercio, la compraventa es el contrato en el que una parte se obliga a dar una cosa y la otra a pagarla en dinero, y sus elementos esenciales son la cosa y el precio convenido. Cuando se trata de bienes raíces, la venta solo se reputa perfecta con la escritura pública, que constituye una solemnidad del contrato. Dentro de la contratación estatal, la contratación directa es de aplicación restrictiva y solo procede por las causales señaladas taxativamente en el numeral 4 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007. Es, además, una excepción al principio de libre concurrencia, en la que la entidad invita a ofertar a la persona que escoge directamente, lo que la hace un proceso simplificado, corto, ágil y expedito. Sin embargo, la contratación directa no está exceptuada del cumplimiento de los principios de transparencia y selección objetiva. En consecuencia, la modalidad para adquirir inmuebles debe identificarse entre las causales taxativas de esa norma, y el contrato debe cumplir la escritura pública exigida para los bienes raíces.síntesis automática
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¿Tiene eficacia probatoria el dictamen pericial practicado en el proceso, por una abogada, para acreditar si la oferta de la demandante se ajustaba a los pliegos de condiciones y que al ser la mejor se le debía adjudicar el contrato? No
El dictamen pericial rendido por una persona que carece de la idoneidad técnica exigida para el objeto de la prueba no tiene mérito probatorio, especialmente cuando absuelve cuestiones de derecho reservadas al juez. Una razón es que en el proceso el dictamen fue rendido por una abogada, y para establecer si la propuesta cumplía especificaciones constructivas de la obra era necesario un perito de ingeniería civil, arquitectura o profesión afín. Otra razón es que el dictamen se limitó a fijar el alcance general de un pliego de condiciones y los efectos de un contrato a precios unitarios, puntos que corresponden exclusivamente al juez, sin contener análisis técnico sobre la oferta del demandante. En el caso, la Sala concluyó que el dictamen no acreditó la conformidad de la propuesta con el pliego, de modo que no se probó que debiera adjudicarse el contrato al demandante. La providencia confirmó la decisión de primera instancia. No indica que reitera, unifica o cambia precedente; su consecuencia práctica es que la prueba pericial en procesos de adjudicación debe rendirla un experto en la materia técnica objeto del pliego.síntesis automática
También resuelve:¿Acreditó el recurrente que presentó la mejor propuesta de conformidad con el informe de evaluación de la demandada?¿La oferta presentada por el demandante sirve para pretender la nulidad del acto de adjudicación y su confirmación?¿Probó el demandante que al valorar los costos en los precios unitarios no modificó las especificaciones de construcción previstas en el pliego de condiciones y con ello desvirtuó la presunción de…
¿Cuál es el régimen jurídico aplicable a los contratos que suscriben las Empresas Sociales del Estado? Sí
El servicio de salud prestado directamente por la Nación o por las entidades territoriales debe ejecutarse a través de Empresas Sociales del Estado, que son empresas públicas descentralizadas, y sus contratos se rigen por el derecho privado, aunque puedan utilizar discrecionalmente las cláusulas exorbitantes del estatuto general de contratación. La regla se sostiene en dos razones. La primera es que el artículo 49 de la Constitución y el artículo 365 de la misma norma establecen que el servicio de salud es un servicio público a cargo del Estado, prestado de forma directa o indirecta. La segunda es que el artículo 195 de la Ley 100 de 1993 dispone que, en materia contractual, las empresas sociales del Estado se rigen por el derecho privado, pero pueden utilizar esas cláusulas exorbitantes. La providencia cita la sentencia C-171 de 2012 de la Corte Constitucional en su nota de relatoría, y el documento no indica que modifique un precedente; su consecuencia práctica es que el contrato se analiza bajo el régimen privado, sin perjuicio de las cláusulas exorbitantes pactadas.síntesis automática
También resuelve:¿A los contratos de derecho privado que suscriben las Empresas Sociales del Estado le son aplicables los principios de la función administrativa…¿Los actos precontractuales proferidos dentro de los procesos de selección regidos por el derecho privado tienen la naturaleza de acto administrativo?¿Procede la adecuación del medio de control por parte del Juez al encontrarse la indebida escogencia de este dentro de la demanda?
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También resuelve:Contrato estatal: documentos, integrantes del contratoRiesgos del contrato: ejecución del contrato, tipificación, estimación y asignación de los riesgosEquilibrio económico del contrato: ruptura, teoría de la imprevisión, aspectos generales
¿Dentro de la interpretación del precepto normativo, pueden incluirse los bienes muebles como sujetos a los cuales aplique la causal contenida en el literal i del numeral 4 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, o debe entenderse que esta causal solo recae sobre los bienes inmuebles?
La contratación directa es de aplicación restrictiva y solo procede por las causales taxativas del numeral 4 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007. Aunque constituye una excepción a la libre concurrencia, no está exceptuada de los principios de transparencia y selección objetiva, que se orientan a la objetividad en la escogencia del contratista. Según el concepto, la causal estudiada no se ajusta al arrendamiento de bienes muebles, de modo que, para ese fin, la entidad no puede acudir a la contratación directa y debe recurrir a otro mecanismo de selección. Esta conclusión se apoya en que la contratación directa no es un fundamento para impedir o restringir la competencia, sino una excepción que debe interpretarse dentro del cumplimiento de los principios de la contratación, de la función administrativa y de la gestión fiscal. Como pronunciamiento consultivo, el concepto enuncia que el arrendamiento de bienes muebles no encuadra en la causal de contratación directa analizada.síntesis automática
También resuelve:Contratación directa: características, estudio del mercado y análisis del sectorPrincipios de la contratación pública: contratación directa, transparencia, selección objetiva, aplicaciónAlcance de la contratación directa: causal del artículo 2 numeral 4 literal i de la Ley 1150 de 2007, interpretación restrictiva, arrendamiento de bienes inmuebles
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