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Colombia Compra Eficiente
Concepto
Cuáles son los requisitos para que las entidades estatales contraten por medio de convenio o contrato interadministrativo con los Cabildos Indígenas y con las Autoridades Tradicionales Indígenas.
C-035 de 2023
2023-03-29
¿En cuál normativa se sustenta?
Cómo se define o clasifica o sustenta la capacidad jurídica para contratar de los Cabildos Indígenas y de las Autoridades Tradicionales Indígenas. La Ley 2160 de 2021 modificó el artículo 6 de la Ley 80 de 1993, asignando capacidad jurídica para suscribir contratos estatales a los Cabildos Indígenas, las Asociaciones de Autoridades Tradicionales Indígenas y los Consejos Comunitarios de las Comunidades Negras regulados por la Ley 70 de 1993. Además, el artículo 2 ibidem adicionó el literal l) del artículo 2.4 de la Ley 1150 de 2007 que habilita a entidades estatales para suscribir contratos de manera directa con Cabildos Indígenas y Asociaciones de Autoridades Tradicionales Indígenas.
También resuelve:
Asociaciones de cabildos y/o autoridades tradicionales: régimen de contratación, Decreto 1088 de 1993, Decreto 252 de 2020, Ley 1551 de 2012
Cabildos indígenas: capacidad contractual, Ley 2160 de 2021, contratación directa, autoridades indígenas
Contratación directa: pueblos indígenas, regímenes, ámbito de aplicación, Decreto 1953 de 2014
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Concepto
En ambos casos deberán expresarse de manera clara en los estudios del sector las razones por las que se inaplica el plazo inicial de los cuatro meses, mientras que los contratos de prestación de servicios con cargo a recursos de inversión deberán ser estructurados de tal manera que sus productos sean coherentes con las metas del proyecto de inversión respectivo.
C-006 de 2023
2023-02-21
¿La formalización del empleo público para el año 2023 supone contratar en el año 2023 a aquellos contratistas cuyos contratos finiquitaron de manera eficiente en el año 2022 y años anteriores?
… ¿La formalización del empleo público para el año 2023 supone contratar en el año 2023 a aquellos contratistas cuyos contratos finiquitaron de manera eficiente en el año 2022 y años anteriores?… (SIC).
También resuelve:
Colombia compra eficiente: competencia consultiva, contratación estatal, normas generales, normas generales / ley 80 de 1993
Ley 80 de 1993: Estatuto General de Contratación Pública, contrato de prestación de servicios, noción
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Concepto
Contrato estatal: las entidades estatales deben ejercer el control de la ejecución del contrato y, tomar medidas para exigir el adecuado cumplimiento
C-255 de 2024
2024-08-26
¿Es el supervisor el único con la facultad de hacer requerimientos al contratista?
El supervisor no es el único que puede hacer requerimientos al contratista, pues la entidad estatal puede contar con equipos de apoyo a la supervisión que, en el deber de seguimiento a la ejecución, pueden solicitar información o formular requerimientos al contratista sin que ello constituya un exceso legal, ya que lo que interesa es el fin del contrato y la continua prestación del servicio. No obstante, el apoyo a la supervisión no reemplaza la figura del supervisor en materia de responsabilidad, pues solo actúa como impulsor de sus decisiones, siempre que estén ajustadas a derecho, y el supervisor es responsable de las solicitudes e informaciones requeridas por su equipo de apoyo. La responsabilidad por el control y vigilancia de la ejecución está a cargo de la entidad, que debe supervisar los contratos mediante sus funcionarios y solo puede contratar personal como apoyo a esa gestión, de modo que los contratistas no pueden asumir de forma íntegra, directa y excluyente la supervisión. La norma no impide designar como supervisores a servidores del nivel asesor o con roles de coordinación o auditoría interna.síntesis automática
También resuelve:
Contrato estatal: ejercicio, funciones de control y vigilancia
Supervisión: ejercicio, contratista, apoyo a la supervisión
Planeación contractual: noción, estudios previos
Rama Judicial · recopilada por CCE
Providencia
Carga de la prueba en materia contractual: el contratista tiene el deber de colaborar con la administración
52001233300020140019002 de 2026
2026-09-03
Sección Tercera
Rad. 52001233300020140019002
El artículo 167 del Código General del Proceso establece que las partes deben probar los supuestos de hecho de las normas que consagran efectos jurídicos, incluyendo al contratista como un colaborador experto que debe prever los riesgos normales de su actividad, sin que su calidad implique una situación de debilidad que habilite la flexibilización de la carga probatoria. Sin embargo, se permiten solicitudes de pruebas en segunda instancia o tratamientos diferenciados en casos de fuerza mayor o caso fortuito. La jurisprudencia del Consejo de Estado establece que el incumplimiento contractual surge de una conducta antijurídica, mientras que el deber de restablecer el equilibrio económico del contrato se origina por hechos sobrevinientes y ajenos a la voluntad de las partes. El principio de planeación contractual impone a las entidades estatales el deber de elaborar estudios y documentos previos para asegurar la viabilidad económica y técnica de los proyectos, y al contratista le corresponde colaborar con la administración y abstenerse de participar en contratos con deficiencias de planificación. La Sección Tercera del Consejo de Estado unificó su jurisprudencia para señalar que la ausencia de salvedades o reclamaciones en contratos adicionales no implica una renuncia automática a eventuales reclamaciones por desequilibrio económico, siempre y cuando se acredite la existencia de una afectación extraordinaria de la equivalencia entre derechos y obligaciones asumida al momento de contratar.síntesis automática
También resuelve:
Carga de la prueba en materia contractual: flexibilización de la carga probatoria, Artículo 167 del CGP, carga de la prueba del contratista, apreciación de las pruebas
Principio de planeación contractual: principio de economía, estudios y documentos previos, deberes precontractuales de la entidad y del contratista, responsabilidad por incumplimiento
Desequilibrio económico del contrato estatal: Articulo 27 de la ley 80 de 1993, modificaciones del contrato, reclamación del restablecimiento del equilibrio económico
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Concepto
El artículo 3 de la Ley 1575 de 2012 establece que corresponde a los municipios y distritos garantizar la prestación del servicio público esencial de gestión integral del riesgo contra incendios, rescates y atención de incidentes con materiales peligrosos, directamente a través de cuerpos de bomberos oficiales o mediante la celebración de contratos o convenios con cuerpos de bomberos voluntarios.
C-1416 de 2026
2026-10-19
¿La administración municipal puede celebrar contratos con el Cuerpo de Bomberos Voluntarios para la prestación del servicio público esencial de gestión integral del riesgo contra incendios, preparativos y atención de rescates?
El contratista puede celebrar contratos directos con el Cuerpo de Bomberos Voluntarios para la prestación del servicio público esencial de gestión integral del riesgo contra incendios, preparativos y atención de rescates, siempre que se demuestre la inexistencia de pluralidad de oferentes y se acredite que el cuerpo voluntario es el único que puede prestar el servicio lícitamente en la jurisdicción sin incurrir en la causal de suspensión de su personería. Esta regla se basa en la responsabilidad compartida del Estado y las entidades públicas y privadas para garantizar la prestación eficiente de este servicio esencial, y no admite una interpretación flexible que permita extenderse a otros objetos o finalidades distintas a la prestación del servicio bomberil. La entidad estatal debe realizar una planeación contractual adecuada y cumplir con los requisitos establecidos en la Ley 80 de 1993 y el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública para asegurar que la contratación cumpla con los fines y necesidades de la administración y beneficie los intereses de los administrados.síntesis automática
También resuelve:
Cuerpos de bomberos voluntarios: Ley general de bomberos de Colombia, noción, contratación directa, inexistencia de pluralidad de oferentes
Contratación con esal: objeto –requisitos de procedencia, alcance
Principio de planeación contractual: noción, obligación de las entidades, Ley 80 de 1993
Rama Judicial · recopilada por CCE
Providencia
Incumplimiento contractual: las entidades estatales no pueden despojarse de sus competencias en el ámbito contractual
25000233600020220012201 de 2026
2026-09-09
Rad. 25000233600020220012201
El contratista no puede eximirse del incumplimiento contractual por circunstancias atribuibles a la entidad estatal, ya que la planeación contractual impone a la entidad el deber de establecer la necesidad y conveniencia de la contratación y verificar su viabilidad técnica, económica y jurídica, así como definir las condiciones de ejecución y distribución de riesgos. Además, la alteración del equilibrio económico del contrato por causas atribuibles a la entidad estatal no justifica el incumplimiento del contratista, quien tiene derecho a reclamar medidas para restablecer la equivalencia económica, como el pago de un suplemento sobre el precio. La cláusula penal del contrato estatal, que cumple una función de estimación de perjuicios, no es una sanción administrativa, sino una cláusula convencional que regula una relación jurídico-patrimonial y que puede ser reducida proporcionalmente por el cumplimiento parcial de la obligación principal, según las normas civiles y comerciales. Esta regla matiza precedentes y establece que el incumplimiento contractual no puede ser atribuido a la entidad estatal sin afectar la responsabilidad del contratista.síntesis automática
También resuelve:
Incumplimiento contractual: imputabilidad al contratista, indisponibilidad y no negociabilidad, mala planeación contractual
Principio de planeación contractual: estudios previos, viabilidad contractual, deber de establecer la necesidad y conveniencia de la contratación
Preservación del equilibrio económico del contrato: Ley 80 de 1993, existencia de una obligación contractual, atribución a la entidad estatal, afectación económica