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PRINCIPIO DE LEGALIDAD DE LA SANCIÓN

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Rama Judicial · recopilada por CCE Providencia

Pliego de condiciones: se genera un trato desigual para situaciones idénticas

11001032600020250004200 de 2026 2026-09-07 Sala Plena Rad. 11001032600020250004200
El contratista puede solicitar la nulidad de los pliegos de condiciones mediante el medio de control de simple nulidad, dado que estos actos administrativos, aunque son de trámite, contienen determinaciones sustanciales y generales en el procedimiento de selección contractual, lo que los hace susceptibles de control judicial. La Ley 1437 de 2011 y el artículo 32 de la Ley 446 de 1998 permiten este control, al establecer que ciertos actos precontractuales, incluidos los pliegos de condiciones, pueden ser demandados dentro de los treinta días siguientes a su comunicación. La regla reitera que los actos administrativos deben respetar el ordenamiento jurídico superior, y que el principio de legalidad garantiza que las sanciones y responsabilidades solo se impongan conforme a leyes preexistentes, lo que implica que los pliegos de condiciones deben ajustarse a la Constitución y a las leyes para ser válidos.síntesis automática
También resuelve: Pliego de condiciones: naturaleza jurídica, acto administrativo, procedencia del medio de control, nulidad simple Actos precontractuales: actos precontractuales, demandabilidad, pliegos de condiciones, actos de trámite Actos administrativos precontractuales: Ley 1437 de 2011, regulación, control de legalidad mediante los medios de control de nulidad y nulidad y restablecimiento del derecho
Consejo de Estado Providencia

A esta jurisdicción está adscrito este tipo de debate en sede judicial

Sentencia — Sentencia 2024-05-22 Sección Tercera (Subsección C) NICOLAS YEPES CORRALES Rad. 68001233100020120035901 ACCION CONTRACTUAL
¿Compete al Consejo de Estado conocer en segunda instancia de las controversias sobre contratos celebrados por Metrolínea S.A., dada la naturaleza del asunto y en consideración a la cuantía del proceso? Sí
Cuando un contrato celebrado por una empresa de transporte masivo, entidad pública de las señaladas en el artículo 2 de la Ley 80 de 1993, es objeto de controversia, la jurisdicción de lo contencioso administrativo es la competente y el Consejo de Estado conoce en segunda instancia si la cuantía de la pretensión mayor supera los quinientos salarios mínimos legales mensuales vigentes. La regla se sostiene en tres razones: el artículo 82 del Código Contencioso Administrativo atribuye a la jurisdicción las controversias en las que la entidad sea parte; el artículo 129 del mismo código asigna a la corporación la apelación de las sentencias de los tribunales; y el artículo 132, numeral 5, fija el umbral de la doble instancia, que se determina con la cuantía de la demanda al presentarse. En el caso, la demanda se presentó en 2012 y la pretensión mayor superó el umbral, por lo que la corporación asumió la competencia de la apelación. La excepción de falta de jurisdicción propuesta en los alegatos de conclusión no prosperó. El documento no indica que reitere o modifique precedente; la consecuencia práctica es que la cuantía fijada al momento de la demanda define la competencia en segunda instancia.síntesis automática
También resuelve: ¿Debe declararse la excepción de falta de jurisdicción alegada en los alegatos de conclusión de primera instancia, dada la existencia de cláusula compromisoria y la fecha en la que se presentó la… ¿Resulta procedente la acción de controversias contractuales para demandar los actos administrativos mediante los cuales se declaró el incumplimiento del contrato de concesión y se impuso una multa… ¿La legitimación en la causa en las acciones contractuales se encuentra, en principio, en cabeza de las partes del contrato?
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