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¿El principio de anualidad presupuestal aplica para las rentas contractuales?
El principio de anualidad se traduce en que el presupuesto tenga un alcance temporal definido, con el fin de “materializar el presupuesto de rentas y ejecutar de forma oportuna el gasto autorizado” en el marco de una vigencia fiscal que comprende del primero de enero hasta el 31 de diciembre. De esta forma, es aplicable al presupuesto en su conjunto, pues tiene como componentes tanto a las rentas y recursos de capital como a los gastos previstos para cada vigencia.
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¿Puede una entidad territorial acudir a la figura de vigencias futuras excepcionales para suscribir un convenio interadministrativo para ejecutar recursos del Sistema General de Participaciones (SGP) – componente Oferta, considerando que se aproxima el periodo de restricción establecidas en la Ley de Garantías Electorales?
Para responder el problema jurídico, objeto de consulta, se precisa que, la anualidad del gasto es uno de los principios rectores de la actividad contractual pública, conforme al cual las entidades deben planear sus contrataciones de manera que sus compromisos contractuales sean atendidos durante la respectiva vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre. En este sentido, la regla general es que las entidades estatales solo pueden adquirir compromisos presupuestales que no excedan en su ejecución la vigencia fiscal en la que se suscribe el respectivo contrato.
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¿Puede una empresa industrial y comercial del Estado que ejecuta recursos de un municipio, así como el municipio, celebrar contratos de obras pública cuyo plazo de ejecución supera la vigencia fiscal?
El contratista y el municipio pueden celebrar contratos de obras públicas cuyo plazo de ejecución supere la vigencia fiscal, siempre que se justifiquen adecuadamente las excepciones al principio de anualidad y se sigan los procedimientos establecidos por la normativa vigente, como la solicitud de vigencias futuras ordinarias o excepcionales, según el caso y la naturaleza del proyecto. Estas excepciones permiten autorizar la asunción de obligaciones que afecten presupuestos de vigencias futuras, garantizando la continuidad y conclusión de proyectos plurianuales. La entidad contratante definirá en cada caso concreto la forma de adelantar su gestión contractual, sin que sea atribución de Colombia Compra Eficiente validar sus actuaciones, lo que implica que cada entidad debe adoptar la decisión correspondiente previo a la consulta de sus asesores y en caso de conflicto, a las autoridades judiciales, fiscales y disciplinarias.síntesis automática
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¿Es posible continuar con la ejecución de un contrato de prestación de servicios y acceder al pago de la licencia de maternidad de forma simultánea?
La suspensión del contrato de prestación de servicios con la futura madre, es una posibilidad que se estructura a la luz de la voluntad contractual entre la entidad contratante y la contratista, si la última así lo desea, quien en uso de sus facultades negociales puede disponer de la figura de la suspensión del contrato, o por el contrario decidir no tomar las 18 semanas de la licencia de maternidad, que legalmente son reconocidas; y dar continuidad al contrato, sin hacer uso de dicha potestad.La suspensión del contrato de prestación de servicios con la futura madre, es una posibilidad que se estructura a la luz de la voluntad contractual entre la entidad contratante y la contratista, si la última así lo desea, quien en uso de sus facultades negociales puede disponer de la figura de la suspensión del contrato, o por el contrario decidir no tomar las 18 semanas de la licencia de maternidad, que legalmente son reconocidas…
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¿Puede una entidad pública adquirir compromisos presupuestales cuya ejecución exceda la vigencia fiscal en la que se celebró el contrato?
Por regla general, la entidad estatal solo puede adquirir compromisos presupuestales que no excedan en su ejecución la vigencia fiscal en que se suscribe el contrato, en virtud del principio de anualidad del gasto, previsto en el artículo 346 de la Constitución y en el artículo 14 del Estatuto Orgánico del Presupuesto, según el cual después del 31 de diciembre no pueden asumirse compromisos con cargo a las apropiaciones del año fiscal que se cierra. Como excepciones existen las vigencias futuras, que conforme al artículo 23 de ese estatuto son la autorización que deben solicitar las entidades para asumir obligaciones que afecten presupuestos de vigencias siguientes; las cuentas por pagar, que corresponden a obligaciones cumplidas en la vigencia y pendientes de pago; y las reservas presupuestales, constituidas al cierre con los compromisos legalmente contraídos no cumplidos al 31 de diciembre. Las vigencias futuras pueden ser ordinarias o excepcionales. Si en la planeación la entidad advierte que el contrato excederá la vigencia, debe determinar cuál excepción resulta aplicable, justificarla y cumplir sus requisitos y procedimientos.síntesis automática
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¿Pueden las Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios suscribir contratos de leasing o de renting?
Las empresas de servicios públicos domiciliarios pueden suscribir contratos de leasing o renting, dado que sus actos contractuales se rigen por el derecho privado salvo disposiciones específicas que las sometan al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, y estas operaciones no implican necesariamente la ejecución de gastos públicos dentro de la vigencia fiscal, permitiendo la utilización de mecanismos excepcionales al principio de anualidad del gasto. Este concepto reitera la autonomía contractual de las empresas de servicios públicos domiciliarios y permite que estas entidades puedan estructurar sus contrataciones de acuerdo con las necesidades específicas de cada caso, siempre y cuando se ajusten a las excepciones legales al principio de anualidad y cumplan con los requisitos y procedimientos correspondientes para su autorización y ejecución.síntesis automática
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¿Qué debe tener en cuenta la Entidad Estatal a efectos de realizar el trámite de las vigencias futuras?
La anualidad del gasto es uno de los principios rectores de la actividad contractual pública, conforme al cual las entidades deben planear sus contrataciones de manera que sus compromisos contractuales sean atendidos durante la respectiva vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre. En este sentido, la regla general es que las Entidades Estatales solo pueden adquirir compromisos presupuestales que no excedan en su ejecución la vigencia fiscal en la que se suscribe el respectivo contrato. En conclusión, las Entidades Estatales deben planear sus contrataciones con fundamento en el principio de la anualidad del gasto, de manera que sus compromisos presupuestales deben ser ejecutados dentro de la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre.
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¿Es jurídicamente viable celebrar y ejecutar un contrato estatal que excede la vigencia fiscal sin contar con autorización de vigencias futuras ni con disponibilidad y registro presupuestal, y cuáles son las consecuencias de su omisión?
El contratista no puede celebrar ni ejecutar un contrato estatal que exceda la vigencia fiscal sin contar con la autorización correspondiente de vigencias futuras ni con disponibilidad y registro presupuestal, ya que la regla general del sistema presupuestal impone que los compromisos y su ejecución se desarrollen dentro de la misma vigencia fiscal, conforme al principio de anualidad. Sin embargo, existen excepciones a este principio, como las vigencias futuras, que permiten asumir compromisos que afecten presupuestos de vigencias posteriores siempre y cuando se cumplan con los requisitos y procedimientos establecidos por la normativa vigente. La omisión de estos requisitos vicia el acto de contratación, generando su nulidad al contravenir normas de orden público y disposiciones constitucionales sobre la legalidad del gasto. Este concepto reitera la importancia de cumplir con los procedimientos y requisitos legales para garantizar la legalidad y efectividad de los contratos estatales que exceden la vigencia fiscal.síntesis automática
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¿Es jurídicamente viable convocar un proceso de contratación sin autorización de vigencias futuras cuando el plazo de ejecución del contrato excede la vigencia fiscal?
El contratista no puede convocar un proceso de contratación sin autorización de vigencias futuras cuando el plazo de ejecución del contrato excede la vigencia fiscal, ya que el principio de anualidad establece que los compromisos y su ejecución deben desarrollarse dentro de la misma vigencia fiscal, salvo excepciones como las vigencias futuras, que permiten asumir obligaciones que afecten presupuestos de vigencias posteriores. Estas excepciones deben estar debidamente justificadas y cumplir con los requisitos y procedimientos establecidos por la normativa vigente. La regla reitera la importancia de atender las previsiones legales sobre las excepciones al principio de anualidad en la etapa de planeación, lo que implica que las entidades públicas deben determinar en cada caso particular si resulta aplicable alguna de estas excepciones para garantizar la legalidad y la efectividad del proceso de contratación.síntesis automática
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¿La reversión, anulación o reajuste del certificado de disponibilidad presupuestal (CDP) y del registro presupuestal (RP) de un contrato ya perfeccionado o en ejecución, realizada con ocasión de una modificación contractual, afecta el perfeccionamiento del contrato o incumple sus requisitos de ejecución y de publicidad?
El contratista y la entidad estatal deben observar la interdependencia entre el régimen presupuestal y el contractual, ya que toda actuación contractual debe estar respaldada por una disponibilidad de recursos adecuadamente aprobada en el presupuesto, lo que implica que la celebración de contratos está condicionada por las reglas fiscales y los principios presupuestales. Aunque el principio de anualidad del gasto público establece que las entidades solo pueden adquirir compromisos presupuestales que no excedan la vigencia fiscal en la que se suscribe el contrato, existen excepciones que permiten compatibilizar este principio con el de planeación, siempre que la modificación contractual sea excepcional y garantice el interés público. En este contexto, cualquier ajuste a las cláusulas contractuales que afecte los aspectos presupuestales debe respetar estrictamente las disposiciones legales que regulan el gasto público, lo que implica que las modificaciones no pueden desconocer principios esenciales del sistema presupuestal ni utilizarse para corregir deficiencias presupuestales. Este concepto reitera la importancia de la interdependencia entre el régimen presupuestal y contractual y establece que las modificaciones presupuestales deben cumplir con los principios legales y no pueden desconocer las reglas fiscales, lo que implica que las entidades estatales deben planificar adecuadamente sus contrataciones y ajustarlas conforme a las reglas presupuestales.síntesis automática
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El contratista y la entidad estatal deben considerar la interdependencia entre el régimen de contratación estatal y el presupuestal, ya que toda actuación contractual debe estar respaldada por recursos apropiados en el presupuesto, y la contratación pública está condicionada por las reglas fiscales y los principios presupuestales. El principio de anualidad del gasto público establece que las entidades solo pueden adquirir compromisos presupuestales que no excedan la vigencia fiscal en la que se suscribe el contrato, aunque existen excepciones cuando la planeación presupuestal supera el año calendario. La modificación de contratos estatales es posible pero excepcional, y debe garantizar el interés público, verificar la causa de la modificación y cumplir con las limitaciones legales, respetando los principios de planeación y anualidad presupuestal. Esto implica que cualquier ajuste a las cláusulas contractuales que afecte aspectos presupuestales debe observar estrictamente las disposiciones legales que regulan el gasto público, evitando su uso para corregir deficiencias presupuestales.síntesis automática
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¿Se debe realizar el pago de los valores no ejecutados a cuenta del periodo de suspensión del contrato?
En principio, no se considera razonable realizar el pago de sumas de dinero correspondientes a periodos contractuales no ejecutados a raíz de la suspensión del contrato, en la medida en que ello podría interpretarse como un detrimento patrimonial de los recursos públicos, los cuales están destinados a satisfacer el interés general, en tanto es este el objetivo del contrato estatal de conformidad con el artículo 1 de la Ley 80 de 1993.
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¿Para las entidades sometidas al EGCAP, bajo qué circunstancias es posible la celebración de contratos de Power Purchase Agreement –PPA– sin vigencias futuras y cuál es el régimen de garantías aplicable en favor de los contratistas del Estado?
Los contratos de compra de energía, conocidos como Power Purchase Agreement, pueden celebrarse por una entidad estatal cuando no existan restricciones especiales en el sector energético y se cumplan los requisitos que fijan las autoridades del sector. Como el Estatuto General de Contratación no los regula, su régimen se integra con las normas especiales del sector energético y con el derecho privado, salvo que incorporen elementos de una tipología del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 o de normas especiales de derecho administrativo, en cuyo caso debe respetarse ese régimen especial. Con independencia de que el contrato sea típico o atípico, la entidad debe sujetarse a las normas presupuestales. El principio de anualidad del gasto establece que después del 31 de diciembre no pueden asumirse compromisos con cargo a las apropiaciones del año que se cierra, según el artículo 14 del Estatuto Orgánico del Presupuesto. Sin embargo, el principio tiene excepciones, entre ellas las vigencias futuras, que son la autorización para asumir obligaciones que afectarán los presupuestos siguientes.síntesis automática
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¿Es procedente adjudicar un proceso contractual que compromete vigencias futuras en diferentes anualidades, y cuáles son los requisitos, condiciones y límites legales que deben cumplirse?
Las vigencias futuras son una excepción al principio de anualidad que permite asumir obligaciones que afectan presupuestos de años posteriores al de inicio de la ejecución. El Estatuto Orgánico del Presupuesto impone ese principio en sus artículos 14 y 89, de modo que después del 31 de diciembre no pueden asumirse compromisos con cargo a las apropiaciones del año que se cierra. Según el artículo 23 de ese estatuto, las vigencias futuras requieren autorización previa para asumir obligaciones que afectarán los presupuestos siguientes. La Ley 819 de 2003 distingue las vigencias futuras ordinarias, reguladas en su artículo 10, que el Consejo Superior de Política Fiscal, Confis, puede autorizar cuando la ejecución se inicie con presupuesto de la vigencia en curso, de las vigencias futuras excepcionales. Como requisito general, el monto máximo, el plazo y las condiciones deben ser acordes con las metas plurianuales definidas en el marco fiscal. Estas autorizaciones garantizan la existencia de apropiaciones suficientes en los años siguientes para concluir proyectos plurianuales. Por tanto, la adjudicación de un proceso que compromete vigencias futuras solo procede cuando existe la autorización presupuestal correspondiente y se respetan sus límites.síntesis automática
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¿Es necesaria la expedición del Certificado de Disponibilidad Presupuestal por el valor total de contrato para aperturar e proceso de selección?
El contratista no necesita la expedición del Certificado de Disponibilidad Presupuestal por el valor total del contrato para aperturar el proceso de selección, ya que la entidad estatal puede utilizar excepciones al principio de anualidad como las vigencias futuras, las cuentas por pagar y las reservas presupuestales, siempre y cuando cumpla con los requisitos legales y reglamentarios. Esto implica que la entidad puede iniciar el proceso de contratación antes de contar con el certificado completo, siempre que demuestre la disponibilidad presupuestal de manera gradual a lo largo del proceso, lo que facilita la implementación de proyectos de infraestructura y servicios públicos como el alumbrado público.síntesis automática
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¿Se vulnera el principio de anualidad fiscal cuando la ejecución de un contrato estatal se traslada a una vigencia posterior sin autorización de una figura presupuestal equivalente?
El contratista debe garantizar que la ejecución de un contrato estatal se realice dentro de la vigencia fiscal correspondiente, ya que el principio de anualidad fiscal prohíbe asumir compromisos con cargo a apropiaciones del año fiscal que se cierra después del 31 de diciembre, salvo excepciones como las vigencias futuras, las cuentas por pagar y las reservas presupuestales. Este principio refuerza la interdependencia entre el régimen presupuestal y el contractual, estableciendo que las entidades estatales deben contar con disponibilidad presupuestal antes de iniciar el proceso de contratación, lo que implica que la ejecución del contrato debe ajustarse a las apropiaciones presupuestales de la vigencia fiscal respectiva. La regla reitera la importancia de cumplir con el principio de anualidad y las disposiciones presupuestales, lo que implica que las entidades estatales deben aplicar los mecanismos presupuestales adecuados para garantizar la continuidad de la ejecución del contrato en vigencias posteriores si es necesario, evitando así la vulneración del principio de anualidad fiscal.síntesis automática
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¿Requiere la Entidad Estatal la autorización de vigencias futuras cuando la ejecución contractual se proyecta más allá del cierre de la vigencia fiscal, aun cuando las obligaciones contractuales solo comprometen apropiaciones disponibles de la vigencia en curso?
El contratista requiere la autorización de vigencias futuras cuando la ejecución contractual se proyecta más allá del cierre de la vigencia fiscal, independientemente de que las obligaciones contractuales solo comprometan apropiaciones disponibles de la vigencia en curso, ya que el principio de anualidad establece que los compromisos y su ejecución deben desarrollarse dentro de la misma vigencia fiscal. Sin embargo, el ordenamiento contempla excepciones como las vigencias futuras, que permiten autorizar la asunción de obligaciones que afecten presupuestos de vigencias futuras, siempre y cuando se cumplan los requisitos legales establecidos. Esta regla reitera y matiza precedentes anteriores, lo que implica que las entidades estatales deben solicitar la autorización correspondiente para proyectos que se extiendan más allá de la vigencia fiscal actual, garantizando así la continuidad y conclusión de los proyectos plurianuales.síntesis automática
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¿Es jurídicamente procedente prorrogar un contrato estatal por un período adicional de un año, teniendo en cuenta el principio de anualidad presupuestal, y cuáles son los criterios y condiciones que deben observarse para determinar la viabilidad de dicha prórroga, de conformidad con el Concepto C-889 del 24 de junio de 2026 de Colombia Compra Eficiente…
El contratista y la entidad estatal tienen amplia libertad para prorrogar el plazo de un contrato estatal por un año adicional, siempre y cuando exista un acuerdo mutuo formalizado por escrito, en virtud del principio de autonomía de la voluntad y la remisión del derecho privado en la Ley 80 de 1993. Sin embargo, la prórroga debe ajustarse al principio de anualidad presupuestal, que requiere que los gastos se ejecuten dentro de la vigencia fiscal correspondiente, salvo que se apliquen excepciones como las vigencias futuras, las cuentas por pagar o las reservas presupuestales, siempre que se justifiquen adecuadamente y se cumplan los procedimientos legales correspondientes. Este concepto reitera y matiza la jurisprudencia existente, estableciendo que la prórroga es procedente pero debe ser técnicamente justificada y formalizada conforme a la ley, lo que implica que las entidades deben planificar cuidadosamente la ejecución de los contratos para evitar problemas presupuestales.síntesis automática
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¿Cuáles son los aspectos que deben tener en cuenta las entidades estatales al término de su vigencia fiscal?
En virtud del principio de anualidad consagrado en el artículo 346 constitucional, explicado en el presente concepto, al cierre fiscal se deben tener en cuenta los contratos y demás compromisos realizados al inicio de la vigencia y que estos se hayan cumplido conforme a lo planeado y en articulación con el PAA. También es importante resaltar que, frente a este cierre, se podrán presentar situaciones como i) compromisos pendientes de pago, ii) compromisos o contratos perfeccionados, iii) déficit fiscal, y iv) superávit fiscal, frente a los cuales la norma ha definido el procedimiento a seguir respectivamente.
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¿Es jurídicamente procedente y financieramente viable suscribir un convenio de asociación cuya ejecución se extienda más allá del año 2025, considerando el principio de anualidad presupuestal?
El contratista puede suscribir convenios de asociación cuya ejecución se extienda más allá del año 2025, siempre y cuando se cumplan los requisitos legales y se defina con precisión su objeto, término, obligaciones de las partes y aportes, sin contraprestación o pago entre las partes. Estos convenios deben estar en consonancia con el artículo 355 de la Constitución Política y el artículo 96 de la Ley 489 de 1998, y deben ser financiados con recursos propios de la entidad estatal y aportes de la Entidad Sin Ánimo de Lucro (ESAL) en porcentajes inferiores al 30% en dinero propio o de cooperación internacional. La entidad pública debe definir en cada caso concreto la forma de adelantar su gestión contractual, sin que Colombia Compra Eficiente pueda validar sus actuaciones, lo que implica que cada entidad debe evaluar cuidadosamente la viabilidad financiera y jurídica de estos convenios en el marco de la anualidad presupuestal.síntesis automática
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