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Concepto
El parágrafo 3 del artículo 8 del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, adicionado por el artículo 3 de la Ley 2014 de 2019, dispone que “Las inhabilidades e incompatibilidades contempladas en este artículo se aplicarán a cualquier proceso de contratación privada en el que se comprometan recursos públicos”.
¿El régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto en el artículo 8 de la Ley 80 de 1993 se extiende a los particulares que administren recursos públicos?
Las inhabilidades e incompatibilidades son restricciones a la capacidad para participar en procedimientos de selección y celebrar contratos con el Estado, cuyo fin es garantizar la idoneidad, imparcialidad, probidad, transparencia y moralidad de la función pública. Según el concepto, pueden derivarse de comportamientos reprochables o sanciones anteriormente impuestas, de vínculos personales de parentesco o estado civil, o de una actividad que se desempeñó en el pasado. Aunque la doctrina distingue entre unas y otras, de ambas se derivan las mismas consecuencias jurídicas, esto es, la limitación de la capacidad contractual. Esa capacidad es además un requisito de validez de los contratos estatales, y se complementa con exigencias como la inscripción en el Registro Único de Proponentes del artículo 6 de la Ley 1150 de 2007. Como estas figuras son establecidas por la Constitución o la ley, la entidad debe verificar que la causal invocada esté efectivamente prevista en esas normas antes de excluir a un proponente o descartar a un contratista.síntesis automática
También resuelve:
Inhabilidades: definición, finalidad, limitación capacidad contractual
Contratación estatal: capacidad, validez contratos, régimen de contratación, inscripción
Particulares que administran recursos públicos: régimen de inhabilidades e incompatibilidades, extensión