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PARTICIPACIÓN CIUDADANA

9 documentos encontrados
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Colombia Compra Eficiente Concepto

Es necesario que se observe si la obra ofertada puede ser ejecutada por un profesional diferente a un ingeniero, por tratarse de una actividad no calificada como ejercicio de la ingeniería.

C-886 de 2022 2022-12-26
¿Con este enunciado solo pueden participar en el proceso ingenieros?
Se tiene establecido en el Documento Base del Pliego tipo obra pública transporte versión 3, lo siguiente “En virtud de lo previsto en la Ley 842 de 2003 y con el fin de evitar el ejercicio ilegal de la Ingeniería, la persona natural (proponente individual o integrante de la estructura plural) que pretenda participar en el presente proceso, debe acreditar que posee título como ingeniero, para lo cual debe adjuntar copia de la tarjeta profesional y copia del certificado de vigencia de matrícula profesional expedida por el Copnia o Consejo Profesional de Ingeniería de Transportes y Vías de Colombia en la respectiva rama de la ingeniería, según corresponda, vigente a la fecha de cierre de este Proceso de selección.
También resuelve: Documentos tipo: fundamento normativo, documentos tipo infraestructura de transporte, ejercicio de la ingeniería, persona natural Ejercicio de la ingeniería: presentación de ofertas, persona natural, aval Prácticas anticompetitivas: colusión, identificación
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Control social: C-601 de 2021

C-601 de 2021 2021-10-25
¿Es posible modificar la matriz de experiencia 1, agregando actividades que no se enmarquen en el mismo documento?
Considerando las características de obligatoriedad e inalterabilidad que ostentan los documentos tipo, las entidades estatales no pueden modificar, omitir o adicionar las actividades de la experiencia general y específica definidas en la Matriz 1. Respecto a la experiencia general, debe respetarse la totalidad de la descripción prevista en la «Matriz 1» y en cuento a la experiencia específica, la entidad debe solicitarla cuando la Matriz 1 así lo exija, sin alterar su contenido. Lo anterior sin perjuicio de solicitar experiencia adicional cuando el objeto contractual incluya bienes o servicios adicionales a la obra pública de infraestructura de transporte, en los términos indicados en el numeral 2.2. de las consideraciones y el artículo 4 de la Resolución 240 de 2020 por el cual se adoptó la versión 3 de los documentos tipo de licitación de obra pública de infraestructura de transporte.
También resuelve: Documentos tipo: fundamento normativo, contenido, inalterabilidad, matriz 1
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El citado Decreto específicamente establece que “la Entidad Estatal debe ordenar la apertura del proceso de selección, mediante acto administrativo de carácter general previstas en el capítulo 2 del presente título”.

C-1406 de 2025 2025-11-18
¿Pueden los ciudadanos en general y las veedurías ciudadanas realizar observaciones, control y seguimiento a los procesos de contratación?
Los ciudadanos y las veedurías ciudadanas pueden ejercer control social sobre los procesos de contratación, con fundamento en los artículos 2 y 270 de la Constitución y en el artículo 66 de la Ley 80 de 1993. En los procesos de selección, el acto administrativo de apertura debe convocar a las veedurías ciudadanas para que participen y realicen el control social, en los términos del artículo 2.2.1.1.2.1.5 del Decreto 1082 de 2015. En la contratación directa, en cambio, el decreto no prevé acto administrativo de apertura ni aviso de convocatoria, por lo que no hay convocatoria a las veedurías en los términos de ese artículo. Esto no impide que los ciudadanos, individualmente considerados, o las organizaciones constituidas para tal fin, puedan participar y ejercer control social respecto de los procesos de contratación directa. La razón es que todos los contratos que celebren las entidades del Estado están sujetos a la vigilancia y el control ciudadano. En consecuencia, la ausencia de convocatoria formal en esta modalidad no restringe el ejercicio de ese control por parte de la ciudadanía.síntesis automática
También resuelve: Participacion ciudadana: fundamentos legales y constitucionales Veedurias ciudadanas: naturaleza, obligación
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Tampoco es necesario incluir la convocatoria de las veedurías como una cláusula del contrato.

C-753 de 2020 2020-12-28
¿Es obligatoria y aplicable la CONVOCATORIA A VEEDURÍAS CIUDADANAS, como una cláusula más dentro de la minuta contractual?
Los contratos que celebren las Entidades Estatales estarán sujetos a la vigilancia y control ciudadano, ya sea de manera individual o por intermedio de organizaciones constituidas para tal fin, entre las que se cuentan, las veedurías ciudadanas. Este control se podrá ejercer en relación con todo contrato que celebren las instituciones del Estado, las entidades privadas que prestan servicios públicos domiciliarios, y las empresas que realizan proyectos con recursos públicos, las cuales son consideradas sujetos pasivos del derecho al control social.
También resuelve: Participación ciudadana: fundamentos constitucionales, contratación pública, veedurías ciudadanas, fundamentos constitucionales/ participación ciudadana Control social: concepto, ámbito de aplicación Convocatoria a veedurías ciudadanas: Decreto 1082 de 2015, contratación directa
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El citado Decreto específicamente establece que “la Entidad Estatal debe ordenar la apertura del proceso de selección, mediante acto administrativo de carácter general previstas en el capítulo 2 del presente título”.

C-875 de 2024 2024-12-30
¿En qué tipos de contratos estatales es obligatorio constituir veedurías ciudadanas?
Para responder el interrogante planteado, para la Agencia resulta pertinente determinar el marco de aplicación del control social en la actividad contractual, así como las etapas del proceso de contratación en las cuales puede ejercerse la vigilancia y control de la gestión pública por parte de la ciudadanía y, por ende, de las veedurías ciudadanas.
También resuelve: Participacion ciudadana: fundamentos legales y constitucionales Veedurias ciudadanas: naturaleza, obligación
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Los ciudadanos pueden ejercer control social sobre el procedimiento de selección, pero no son parte del mismo.

C-445 de 2020 2020-07-24
¿Qué se entiende por Control Social a los procesos de contratación estatal?
El control social no es solo un derecho, sino también un deber ciudadano que autoriza y exige de estos participar de manera individual o colectiva en la vigilancia de la gestión pública y sus resultados. El ordenamiento jurídico tiene una definición legal de control social; ello implica que este concepto, de conformidad con las reglas del Código Civil, debe ser interpretado en el sentido determinado por el legislador.
También resuelve: Participación ciudadana: fundamento constitucional, contratación pública, reconocimiento legal Contratación pública: función administrativa, Constitución Política Control social: concepto, ámbito de aplicación, sujetos activos, sujetos pasivos
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El objeto de este convenio debe ser el acompañamiento legal y la promoción de la vigilancia, en el marco de acciones conjuntas entre las partes.

C-1279 de 2025 2025-10-15
¿Qué requisitos y condiciones deben tenerse en cuenta para la celebración de convenios interadministrativos con las Veedurías y Redes de Veedurías Ciudadanas?
El contratista debe considerar que los convenios interadministrativos con veedurías y redes de veedurías ciudadanas se rigen por la autonomía de la voluntad de las entidades públicas y no por el régimen contractual de la Ley 80 de 1993, ya que estos acuerdos tienen una naturaleza asociativa y no contractual. Estos convenios buscan la coordinación y cooperación para cumplir fines comunes, y están amparados por la Constitución Política y diversas leyes que promueven la participación ciudadana en la vigilancia de la gestión pública. La entidad contratante define en cada caso específico los términos de la colaboración con las veedurías, sin que Colombia Compra Eficiente pueda establecer un criterio universal por vía consultiva, lo que implica que cada entidad debe adoptar decisiones basadas en el análisis de su procedimiento contractual particular.síntesis automática
También resuelve: Contratos y convenios interadministrativos: noción, diferencias Convenio interadministrativo: naturaleza, inaplicabilidad, Ley 80 de 1993 Participación ciudadana: fundamentos constitucionales, contratación pública
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I. En el caso de los requisitos habilitantes, de la Ley 1150 de 2007 establece que las “certificaciones de sistemas de gestión de calidad no serán objeto de calificación, ni podrán establecerse como documento habilitante para participar en licitaciones o concursos”.

C-599 de 2026 2026-05-26
¿Las certificaciones de sistemas de gestión de calidad son objeto de calificación, y podrán establecerse como documento habilitante para participar en procesos de selección?
I. En el caso de los requisitos habilitantes, el artículo 5, parágrafo 2, de la Ley 1150 de 2007 establece que las “certificaciones de sistemas de gestión de calidad no serán objeto de calificación, ni podrán establecerse como documento habilitante para participar en licitaciones o concursos”. Es del caso precisar que, a juicio de la Agencia Nacional de Contratación Pública, tal prohibición no se restringe a la exigencia de la certificación o el documento como tal, sino que debe entenderse en relación con la implementación de un sistema de gestión de calidad en sí mismo. En ese sentido, lo que prohíbe el legislador es que la entidad les exija a los proponentes, a título de requisito habilitante o calificable, la implementación de un sistema de gestión de calidad.
También resuelve: Certificaciones de sistemas de gestión de calidad: no se pueden exigir como requisito habilitante o puntuable Adendas: límites materiales, límites temporales, expedición extemporanea, vulnera principios de transparencia y economía Requisitos habilitantes: concepto, experiencia, forma de acreditación
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Las actividades y los resultados del seguimiento, control y vigilancia de la ejecución del contrato estatal por parte de los supervisores e interventores deberán presentarse a las diferentes modalidades de control social a los grupos de auditorías ciudadanas, de acuerdo con lo prescrito en el artículo 72 de la Ley 1757 de 2015.

C-265 de 2025 2025-04-08
¿Existe un deber legal de la supervisión e interventoría de un contrato estatal de rendir informes a los grupos de auditorías ciudadanas?
En el marco del problema jurídico, objeto de consulta, el artículo 72 de la Ley 1757 de 2015 establece un deber del interventor o del supervisor del contrato estatal de rendir dos informes al grupo de auditoría ciudadana, es decir, establece una obligación determinada por la ley, y no puede considerarse como una opción de cumplirla o no. En estos términos, se está ante una sujeción del supervisor o interventor del contrato de presentar informes al grupo de la auditoría ciudadana.
También resuelve: Contrato estatal: ejercicio, funciones de control y vigilancia, supervisión, interventoría Participación ciudadana: fundamentos constitucionales, contratación pública Control social: ámbito de aplicación, modalidades de control, auditorías ciudadanas, deber de rendición de informes