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¿Cuál es la naturaleza de las asociaciones de Cabildos Indígenas y/o autoridades tradicionales indígena a la luz de los dispuesto en el Decreto 1088 de 1993 modificado parcialmente por el Decreto 252 de 2020 y Ley 2160 de 2021 modificada parcialmente por la Ley 2294 de 2023?
Las asociaciones de Cabildos Indígenas y de Autoridades Tradicionales Indígenas tienen, según el Decreto 1088 de 1993, la naturaleza de entidades de derecho público de carácter especial, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, y por ello capacidad jurídica para contratar. El concepto señala que pueden celebrar contratos o convenios de manera directa con las entidades estatales conforme al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, y que las organizaciones indígenas solo pueden hacerlo si están conformadas exclusivamente por cabildos, resguardos, asociaciones de cabildos o autoridades indígenas propias. La Ley 2160 de 2021 modificó el artículo 7 de la Ley 80 de 1993, pero esas normas no afectaron la vigencia de los Decretos 1088 de 1993 y 252 de 2020, que depende del artículo 56 transitorio de la Constitución Política. Esa vigencia está supeditada a la regulación de las entidades territoriales indígenas, en la que subsiste una omisión legislativa identificada por la Corte Constitucional en la Sentencia C-489 de 2012. La consecuencia práctica es que la entidad debe verificar la naturaleza y la conformación de la asociación u organización indígena antes de contratar directamente con ella.síntesis automática
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El contratista puede celebrar contratos estatales directamente con entidades como cabildos indígenas, autoridades tradicionales indígenas, asociaciones de cabildos indígenas, consejos indígenas, organizaciones de base de comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos en la Ley 2160 de 2021 y la Ley 1150 de 2007, que permiten contratación directa en casos específicos para proteger los derechos de estas comunidades. Estas disposiciones reconocen la capacidad jurídica y contractual de estas entidades, permitiendo contratos de aporte y otras formas de colaboración que buscan promover la integración y protección de estos grupos étnicos. La entidad estatal debe vigilar permanentemente la correcta ejecución de estos contratos para proteger la moralidad administrativa y prevenir actos de corrupción, lo que implica un seguimiento y control riguroso de la ejecución contractual.síntesis automática
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¿Cuál es el alcance del Artículo 353 de la Ley 2294 de 2023, respecto a la satisfacción de necesidades y/o servicios públicos de los pueblos y comunidades indígenas?
La causal de contratación directa del literal l) del numeral 4 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, referida en el artículo 353 de la Ley 2294 de 2023, comprende los programas, planes y proyectos del plan de desarrollo relacionados con la satisfacción de necesidades y/o servicios públicos de los pueblos y comunidades indígenas, expresiones que, sin reglamentación que precise el objeto de la causal, se entienden en su sentido general conforme al artículo 28 del Código Civil. Las obligaciones que asuman los cabildos indígenas, las asociaciones de cabildos indígenas y/o autoridades tradicionales indígenas, los consejos indígenas y las organizaciones indígenas deben ir en sintonía con la idoneidad que puedan demostrar, y corresponde a cada entidad contratante definir su viabilidad técnica, jurídica y financiera. Los cabildos indígenas son entidades públicas especiales; las autoridades tradicionales indígenas y sus asociaciones son entidades de derecho público según los Decretos 1088 de 1993 y 252 de 2020 y la Ley 2294 de 2023; y las organizaciones indígenas pueden contratar directamente con las entidades estatales cuando estén conformadas exclusivamente por cabildos, resguardos, asociaciones de cabildos, asociaciones de autoridades u otra forma de autoridad indígena propia.síntesis automática
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¿Qué requisitos deben cumplir los Cabildos, Asociaciones de Cabildos y/o Autoridades Tradicionales y Organizaciones Indígenas en materia de seguridad social y aportes parafiscales?
Los cabildos, las asociaciones de cabildos y autoridades tradicionales y, en general, las organizaciones indígenas, en tanto personas jurídicas, deben cumplir el inciso tercero del artículo 50 de la Ley 789 de 2002, pues ni esa ni otra norma los exceptúa, por lo que deben acreditar que están al día con los aportes parafiscales que les correspondan, como requisito previsto en el inciso segundo del artículo 41 de la Ley 80 de 1993. Sin embargo, los aportes que deben acreditar son los relativos a sus empleados, es decir, a las personas vinculadas mediante una relación laboral. Como por regla general los miembros de los pueblos indígenas están afiliados al régimen subsidiado de salud, salvo los supuestos del artículo 5 de la Ley 691 de 2001, respecto del representante legal solo procede acreditar aportes cuando tenga un vínculo laboral con la organización; que no sea empleado no releva a la organización de acreditar lo correspondiente frente a sus demás empleados. Si la organización no tiene empleados o no está obligada a realizar aportes parafiscales, deberá acreditarlo para cumplir la norma y poder ejecutar el contrato.síntesis automática
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¿Como quiera que aún no se ha reglamentado la conformación de las Asociaciones de cabildos indígenas y/o autoridades tradicionales indígenas ¿resulta actualmente procedente seguir aplicando la normativa contenida en los Decretos 1088 de 1993 y 252 de 2020, y de la Ley 2160 de 2021 para efectos de poder contratar directamente con esta clase de asociaciones, bajo la causal de contratación directa prevista en el literal l), del numeral 4 del artículo 2-4 de la Ley 1150 de 2007?
… ¿Como quiera que aún no se ha reglamentado la conformación de las Asociaciones de cabildos indígenas y/o autoridades tradicionales indígenas ¿resulta actualmente procedente seguir aplicando la normativa contenida en los Decretos 1088 de 1993 y 252 de 2020, y de la Ley 2160 de 2021 para efectos de poder contratar directamente con esta clase de asociaciones, bajo la causal de contratación directa prevista en el literal l), del numeral 4 del artículo 2-4 de la Ley 1150 de 2007?…
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¿Puede el Municipio llevar a cabo la contratación de los recursos de un resguardo, si el Ministerio del Interior mediante la dirección de asuntos técnicos, ROM y minorías No ha reconocido al gobernador y demás miembros del gobierno indígena, ¿teniendo en la cuenta que son ellos los aprueban y certifican la ejecución de los contratos que se suscriben en desarrollo de los proyectos por ellos determinados?
Como se expuso el Decreto 1953 de 2014 reguló aspectos fundamentales sobre el funcionamiento de los territorios indígenas. Al respecto, dispone que los resguardos indígenas que se ubiquen en ciertos supuestos, al igual que las asociaciones que estos conformen para administrar recursos del SGP, podrán ser considerados como territorios indígenas, de manera transitoria, « mientras el Congreso expide la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial que crea las entidades territoriales indígenas». Adicionalmente, estableció que para los fines y la ejecución de los recursos de que trata dicho decreto, los territorios y resguardos indígenas que hayan sido autorizados para administrar recursos del SGP serán considerados entidades estatales de acuerdo con lo indicado en el artículo 2 de la Ley 80 de 1993.
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¿Cuál es el régimen jurídico aplicable a la contratación de los Resguardos Indígenas cuando requieran contratar con Entidades Sin Ánimo de Lucro (ESAL)?
El contratista indígena, cuando requiere contratar con una Entidad Sin Ánimo de Lucro (ESAL), debe observar el régimen jurídico que le es aplicable según su condición de persona jurídica de derecho público especial, equiparada a las Entidades Estatales para efectos contractuales, siempre y cuando cumpla con los requisitos establecidos en el Decreto 1953 de 2014 y sea autorizado para administrar recursos del Sistema General de Participaciones. En este marco, la celebración de convenios de asociación con ESAL se rige por el Decreto 092 de 2017, sin perjuicio de las disposiciones especiales que resulten aplicables a los Resguardos y Territorios Indígenas. Esta regla reitera y matiza precedentes sobre la naturaleza jurídica de los Resguardos Indígenas y sus facultades contractuales, lo que implica que cada entidad indígena deberá definir en cada caso concreto la forma de adelantar su gestión contractual, atendiendo tanto al EGCAP como a las normas específicas que regulan la contratación con ESAL.síntesis automática
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¿Los cabildos indigenas, Asociaciones de autoridades tradicionales indígenas, son entidades territoriales?
¿La entidades especiales indigenas (cabildos, Asociaciones de autoridades tradicionales indígenas - Art. 7 Ley 80/93), pueden suscribir convenios y/o contratos interadministrativos con entidades públicas diferentes a las entidades territoriales y sus entidades descentralizadas por servicios territoriales, para estas elecciones del proximo 29 de octubre de 2023, elecciones territoriales - Ley de garantias electorales? (Sic).
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¿Poseen o no personería jurídica y si este es el motivo principal por el que no pueden celebrar contratos de compraventa de terrenos y/o bienes inmuebles con particulares?
Dentro los límites de la función consultiva atribuida a esta Agencia por los artículos 3.5 y 11.8 del Decreto 4170 de 2011, de acuerdo con lo expuesto es posible afirmar que, los resguardos indígenas son instituciones legales y sociopolíticas de carácter especial, que pueden estar conformadas por una o más comunidades indígenas, que ejercen la propiedad colectiva sobre un territorio común, y que, si bien gozan de las garantías de la propiedad privada, tienen naturaleza inalienable, imprescriptible e inembargable.
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¿Los Cabildos Indígenas y las Asociaciones de Autoridades Tradicionales Indígenas cuentan con capacidad jurídica para contratar con el Estado?
Las asociaciones de cabildos indígenas y las asociaciones de autoridades tradicionales indígenas tienen capacidad jurídica para contratar con el Estado. El Decreto 1088 de 1993 las define como entidades de derecho público de carácter especial, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa. Por eso, pueden celebrar contratos o convenios de manera directa con las entidades estatales, en los términos del Estatuto General de Contratación. En el caso de las organizaciones indígenas, esa posibilidad depende de que estén conformadas exclusivamente por cabildos indígenas, resguardos indígenas, asociaciones de cabildos o autoridades indígenas propias. La Ley 2160 de 2021 modificó el artículo 7 de la Ley 80 de 1993 para reconocer expresamente esa capacidad, y la Ley 2294 de 2023, en su artículo 354, actualizó la denominación a asociaciones de cabildos indígenas y/o autoridades tradicionales indígenas e incluyó como entidad contratante al consejo indígena. Ambas leyes contemplan la contratación directa con estas entidades en el marco del literal l) del numeral 4 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007. En consecuencia, la entidad estatal puede contratar directamente con estas asociaciones, siempre que se verifique que la organización cumple la composición exigida por la norma.síntesis automática
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¿Los Cabildos Indígenas cuentan con capacidad jurídica para contratar con el Estado?
Las asociaciones de cabildos indígenas y/o autoridades tradicionales indígenas tienen capacidad jurídica para contratar con el Estado, porque el Decreto 1088 de 1993 las reconoce como entidades de derecho público de carácter especial, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa. Pueden celebrar contratos o convenios de manera directa con las entidades estatales conforme al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. Las organizaciones indígenas solo pueden hacerlo si están conformadas exclusivamente por cabildos indígenas, resguardos, asociaciones de cabildos, asociaciones de autoridades u otra forma de autoridad indígena propia. Las Leyes 2160 de 2021 y 2294 de 2023 modificaron el artículo 7 de la Ley 80 de 1993, incorporaron al Consejo Indígena como entidad para contratar y ampliaron la posibilidad de contratación directa, pero no afectaron la vigencia de los Decretos 1088 de 1993 y 252 de 2020. Esa vigencia está sujeta al artículo 56 transitorio de la Constitución, cuya aplicación depende de la regulación de las entidades territoriales indígenas, materia en la que subsiste una omisión legislativa según la Sentencia C-489 de 2012.síntesis automática
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¿En los contratos DE OBRA que celebre la sociedad fiduciaria para la ejecución de los bienes, derechos e intereses del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo, se entiende pactada la cláusula de caducidad?
Conforme a la explicación precedente, los contratos de obra que suscriba la sociedad fiduciaria para la ejecución de los bienes, derechos e intereses del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo se encontrarán incorporadas las cláusulas excepcionales del derecho común, a pesar de que no sean pactadas por las partes, de acuerdo a la remisión del artículo 66 de la Ley 1523 de 2012 a los artículos 14 a 18 de Ley 80 de 1993. En otras palabras, si bien están exceptuados del régimen general de contratación, posibilitó la aplicación de cláusulas dispuestas en las normas citadas, por lo que este tipo de contrataciones deben interpretarse sistemáticamente con los tipos de contratos que permiten la inclusión de cláusulas exorbitantes, ya sea como elementos de la naturaleza o accidentales, en cuyo caso la cláusula de caducidad se entendería pactada en los contratos de obra.
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Teniendo en cuenta el artículo 124 de la Ley 2159 de 2021 modificó transitoriamente la restricción del artículo 38 de la Ley de Garantías para la suscripción de contratos o convenios interadministrativos, usted solicita « que la Agencia Nacional de Contratación Pública, Colombia Compra Eficiente generé (sic) lineamientos dirigidos a la contratación con las comunidades de pueblos indígenas del país, por medio de sus distintas formas organizativas ».
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Usted realiza la siguiente pregunta: «Los Cabildos Indígenas tienen capacidad jurídica para suscribir contratos interadministrativos con entidades públicas?».
Los Cabildos Indígenas tienen capacidad jurídica para suscribir contratos interadministrativos con entidades públicas?. Según se explicó en las consideraciones de este concepto, el contrato interadministrativo en el régimen jurídico vigente de la contratación estatal se define a partir de un criterio eminentemente subjetivo u orgánico. Es decir, que un contrato se califica como interadministrativo cuando se celebra por parte de dos o más entidades estatales –o sea, por parte de órganos que tienen una naturaleza jurídica pública y capacidad para contratar –, con prescindencia de las normas que regulen la relación contractual.
¿La contratación directa, en los términos del artículo 1 del Decreto 252 de 2020 opera para cualquier bien, producto o servicio, o existe restricción legal aplicable?
¿La contratación directa, en los términos del artículo 1 del Decreto 252 de 2020 opera para cualquier bien, producto o servicio, o existe restricción legal aplicable? En caso de existir restricción, favor indicarla y sustentarla jurídicamente.
¿Qué formas de asociación u organización indígena cuentan con capacidad jurídica para contratar conforme a los Decreto 1088 de 1993 y 252 de 2020?
Las asociaciones de cabildos y/o autoridades tradicionales indígenas son, en virtud del Decreto 1088 de 1993, entidades de derecho público de carácter especial con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, por lo que tienen capacidad jurídica para contratar, y junto con las organizaciones indígenas pueden celebrar contratos o convenios de manera directa con las entidades estatales conforme al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública; las organizaciones solo pueden hacerlo si están conformadas exclusivamente por cabildos, resguardos, asociaciones de cabildos, asociación de autoridades u otra forma de autoridad indígena propia. Coexisten dos regímenes con ámbitos distintos: el Decreto 1088 de 1993, modificado por el Decreto 252 de 2020, permite contratar directamente sin restricción de cuantía ni de objeto con esas asociaciones y organizaciones; y el literal l) del numeral 4 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, modificado por las Leyes 2160 de 2021 y 2294 de 2023, permite contratar directamente sin restricción de cuantía pero con un objeto cualificado con cabildos, asociaciones de cabildos y/o autoridades tradicionales, consejos indígenas u organizaciones indígenas. Esas leyes no afectaron la vigencia de los decretos, sujetos al artículo 56 transitorio de la Constitución.síntesis automática
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¿Cuentan los resguardos indígenas con capacidad jurídica para celebrar contratos o convenios con Entidades Estatales?
Las asociaciones de cabildos y autoridades tradicionales indígenas tienen capacidad jurídica para contratar con entidades estatales. El Decreto 1088 de 1993 las califica como entidades de derecho público de carácter especial, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, y pueden celebrar contratos o convenios de manera directa con las entidades estatales conforme al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. Las organizaciones indígenas también pueden hacerlo, pero solo cuando estén conformadas exclusivamente por cabildos indígenas, resguardos, asociaciones de cabildos, asociaciones de autoridades u otra forma de autoridad indígena propia. Este tratamiento responde al compromiso del Estado con el Convenio 169 de la OIT, incorporado al bloque de constitucionalidad mediante la Ley 21 de 1991, que ha dado lugar a un régimen jurídico particular para los acuerdos con pueblos indígenas. Ese marco incluye el artículo 329 de la Constitución, la Ley 80 de 1993, la Ley 136 de 1994 modificada por la Ley 1551 de 2012 y los Decretos 1953 de 2014 y 252 de 2020. En consecuencia, la entidad debe verificar que el contratista indígena pertenezca a una de las categorías habilitadas por la norma.síntesis automática
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¿Cuáles son las implicaciones de considerar a las Asociaciones de cabildos indígenas y/o autoridades tradicionales indígenas como Entidades de Derecho Público, de acuerdo con lo establecido en el artículo 354 de la Ley 2294 de 2023?
2 Teniendo en cuenta los lineamientos que el Ministerio del Interior debía reglamentar dentro de los 6 meses siguientes a la expedición de la Ley 2294 de 2023 del 19 de mayo de 2023, se solicita información respecto de cuál es el alcance del numeral 8 del artículo 7 de la Ley 80 de 1993, con relación a las Asociaciones de cabildos indígenas y/o autoridades tradicionales indígenas?…
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¿Cuál es la naturaleza de las asociaciones de Cabildos Indígenas y/o autoridades tradicionales indígena a la luz de los dispuesto en el Decreto 1088 de 1993 modificado parcialmente por el Decreto 252 de 2020 y Ley 2160 de 2021 modificada parcialmente por la Ley 2294 de 2023?
Las asociaciones de Cabildos Indígenas y de Autoridades Tradicionales Indígenas son, según el Decreto 1088 de 1993, entidades de derecho público de carácter especial, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, y por ello tienen capacidad jurídica para contratar. El texto indica que pueden celebrar contratos o convenios de manera directa con las entidades estatales conforme al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, y que las organizaciones indígenas solo pueden hacerlo si están conformadas exclusivamente por cabildos, resguardos, asociaciones de cabildos o autoridades indígenas propias. La Ley 2160 de 2021 modificó el artículo 7 de la Ley 80 de 1993, y luego lo hizo la Ley 2294 de 2023, pero estas normas no afectaron la vigencia de los Decretos 1088 de 1993 y 252 de 2020, la cual depende del artículo 56 transitorio de la Constitución Política. Esa vigencia está supeditada a la regulación de las entidades territoriales indígenas, en la que subsiste una omisión legislativa identificada por la Corte Constitucional. La consecuencia práctica para la contratación es que la entidad debe verificar la naturaleza y la conformación de la asociación u organización indígena antes de contratar directamente con ella.síntesis automática
También resuelve:Cabildos indígenas: autoridades tradicionales indígenas, asociaciones de cabildos indígenas y/o autoridades tradicionales indígenas, consejos y organizaciones indígenas, nociónLey de garantías electorales: finalidad, restricciones, contratación, tipos de elección
¿Los Cabildos Indígenas, las asociaciones de Autoridades Tradicionales Indígenas y los consejos comunitarios de las comunidades negras regulados por la Ley 70 de 1993, pueden constituir uniones temporales?
En respuesta los problemas antes planteados la Agencia responde: Si, como quiera que a la luz de las leyes 2160 de 2021 y 2294 de 2023, los Cabildos indígenas, y demás autoridades tradicionales y organizaciones indígenas, así como los Consejos comunitarios de las comunidades negras, están dotados de capacidad jurídica, a la luz del artículo 7 de la Ley 80 de 1993. De tal manera que, no existe prohibición para que hagan parte de uniones temporales o consorcios, ya que la constitución de estas figuras tan solo exige que se trate de la presentación de una propuesta conjunta por parte de dos o más “personas”.
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