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NOTIFICACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO

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Consejo de Estado Providencia

¿Se presenta nulidad de los actos administrativos por medio de los cuales la Agencia Nacional de Minería (ANM) declaró la caducidad del contrato de concesión minera número EAS-121?

Sentencia — Sentencia 2023-03-01 Sección Tercera (Subsección B) FREDY HERNANDO IBARRA MARTINEZ Rad. 25000233600020160135003 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Se presenta nulidad de los actos administrativos por medio de los cuales la Agencia Nacional de Minería (ANM) declaró la caducidad del contrato de concesión minera número EAS-121? No
Cuando la autoridad minera expide el acto de trámite que abre el procedimiento sancionatorio, comunica al contratista la causal de caducidad, los hechos que la originan y le concede un término para corregir o ejercer su derecho de contradicción, la declaratoria de caducidad no es nula por indebida notificación. La regla se apoya en tres razones. Primera, el artículo 288 de la Ley 685 de 2001 exige esa comunicación previa, y con ella se cumplió en el caso aunque el acto tuviera otra denominación. Segunda, el artículo 269 del Código de Minas dispone que las providencias de los procedimientos mineros se notifican por estado, y el acto de apertura no se encuentra entre las excepciones. Tercera, los demandantes conocieron el acto y reconocieron en la demanda que fue notificado por anotación en estado. En consecuencia, la sentencia apelada se confirmó, y se condenó en costas de segunda instancia a la parte vencida en favor de la autoridad minera. El documento no indica si reitera o cambia precedente.síntesis automática
También resuelve: ¿De acuerdo con la normatividad vigente, procede la condena en costas en los eventos en los cuales se resuelve desfavorablemente el recurso de apelación?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

La Sala no encuentra atendible el primer reparo del apelante a la sentencia impugnada

Sentencia — Sentencia 2024-12-06 Sección Tercera (Subsección A) JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Rad. 20001233300020150052702 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La inejecución de las obligaciones por parte del contratista, motivaron la expedición de los actos administrativos sancionatorios que le impusieron multas a la sociedad demandante, por incumplimiento de los plazos de ejecución de la obra pública? Sí
El contratista es responsable de las multas impuestas por incumplimiento de plazos en la ejecución de la obra pública, ya que existen pruebas documentales que demuestran su inejecución de obligaciones contractuales, como retrasos en la entrega de áreas de trabajo y falta de personal calificado. Además, la justificación del contratista para ejecutar actividades no previstas no guarda relación directa con las observaciones previas de la interventoría y no puede considerarse un hecho imprevisible. La Sala confirma que la entidad estatal actuó correctamente al expedir los actos administrativos sancionatorios, reafirmando la importancia de la motivación y la congruencia en el procedimiento sancionatorio en la contratación estatal.síntesis automática
También resuelve: ¿El sujeto procesal que no presenta la demanda ni formula una pretensión propia de nulidad, sino que coadyuva la del demandante… ¿El incumplimiento contractual y el rompimiento del equilibrio económico del contrato generan una afectación económica al contratista cuyas fuentes y consecuencias son diferentes? ¿La potestad administrativa para imponer unilateralmente la multa se ejerció conforme a su finalidad, que es apremiar al contratista a cumplir con sus obligaciones?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

Dentro del término de los tres años se imponía expedir y notificar el acto sancionatorio

Sentencia — Sentencia 2024-07-24 Sección Tercera (Subsección C) WILLIAM EDGARDO BARRERA MUÑOZ Rad. 25000232600020100053401 ACCION CONTRACTUAL
¿Dentro del término de los tres años se imponía expedir y notificar el acto sancionatorio so pena de que operara la caducidad de la sanción administrativa? Sí
El contratista no puede ser sancionado si la entidad estatal no expide y notifica el acto sancionatorio dentro del término de tres años contados a partir del hecho que generó la infracción, ya que la caducidad de la facultad sancionatoria opera si el acto no es notificado en tiempo y forma. La Sala reitera que el plazo de caducidad comienza a correr desde el día siguiente al cese del hecho que provocó la investigación, y si la notificación se realiza fuera de este término, la sanción administrativa caduca. Esto implica que la entidad no es competente para expedir el acto sancionatorio y que la resolución debe declararse nula, lo que confirma la sentencia de primera instancia que parcialmente prosperó la demanda del contratista.síntesis automática
También resuelve: ¿Al encontrar acreditada la caducidad de la facultad sancionatoria la Sala se ve compelida a declarar la nulidad de las resoluciones demandadas? ¿Era necesario expedir y notificar el acto principal en el término de tres años contados a partir del hecho que generó la infracción, so pena de que operara la caducidad? ¿Desde la expedición de la sentencia de unificación se fijó una única regla de interpretación del término de caducidad de la facultad sancionatoria?
MODIFICA
Consejo de Estado Providencia

El consorcio omitió adoptar las medidas de mitigación

Sentencia — Sentencia 2023-11-20 Sección Tercera (Subsección A) MARIA ADRIANA MARIN Rad. 05001233300020130051101 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El consorcio omitió adoptar las medidas de mitigación previstas en el pliego de condiciones e informar a la entidad sobre la incidencia de las lluvias en el cabal avance de la obra? Sí
El contratista omite adoptar las medidas de mitigación previstas en el pliego de condiciones e informar a la entidad sobre la incidencia de las lluvias en el avance de la obra, lo que implica un incumplimiento del contrato y justifica la liquidación del mismo, según establecen los artículos 4 de la Ley 1150 de 2007, 88 del Decreto 2474 de 2008 y 27 de la Ley 80 de 1993. En este caso, el consorcio no cumplió con estas obligaciones, lo que llevó a la entidad a declarar el incumplimiento y liquidar el contrato, sin que el contratista pudiera alegar que el fenómeno climático justificaba su abandono de la obra sin notificar a la administración. Esta decisión reitera la importancia de cumplir con las obligaciones contractuales y las medidas de mitigación frente a eventos climáticos, evitando que el contratista pueda simplemente abandonar la obra sin consecuencias legales.síntesis automática
También resuelve: ¿Las obras extras guardaban relación con los ítems que la entidad demandada echó de menos al declarar el incumplimiento del consorcio? ¿Se cumplieron los supuestos legales y procedimentales que habilitaban a la entidad estatal para imponer la cláusula penal? ¿Se configuró la situación de incumplimiento que la contratante declaró en los actos acusados y por tanto la causal de procedencia de la cláusula penal?
MODIFICA
Consejo de Estado Providencia

Medio de control de controversias contractuales: Aclaración voto

Aclaración voto — Aclaración de voto 2023-03-01 Sección Tercera (Subsección B) FREDY HERNANDO IBARRA MARTINEZ Rad. 25000233600020160135003 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El procedimiento administrativo minero está concebido como un único trámite durante las fases de formación y ejecución del contrato? No
No comparto la afirmación que en ella se hace según la cual “el procedimiento administrativo minero está concebido como un único trámite durante las fases de formación y ejecución del contrato”. Si entendemos el procedimiento administrativo como “la actividad unilateral y formalizada de la [administración pública] para la producción de actos administrativos”, es claro: (1) que la formación del contrato de concesión minera corresponde a un procedimiento administrativo; (2) que la ejecución del contrato de concesión minera no corresponde a un procedimiento administrativo y; (3) que los trámites tendientes a la declaratoria de caducidad del contrato de concesión minera corresponden a un procedimiento administrativo independiente del procedimiento administrativo de formación del contrato.