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TRIBUNAL ARBITRAL DE LA CONCESIONARIA RUTA DEL CACAO S.A.S. VS ANI CCB de 20252025-12-16
El concesionario no está obligado a asumir el riesgo de actividades de mantenimiento y operación en una vía nueva que se encuentre en mal estado, ya que estos riesgos no fueron contemplados en el contrato y no corresponden a las prestaciones necesarias para el cumplimiento de sus obligaciones contractuales. El Tribunal de Arbitramento sostuvo que la distribución de riesgos entre las partes debe ser clara y equitativa, y en este caso, la ANI asumió los riesgos extraordinarios o no previsibles, mientras que el concesionario se hizo cargo de los riesgos previsibles propios de la ejecución. La decisión reitera la importancia de la distribución equitativa de riesgos en contratos de concesión bajo esquemas de Asociación Público Privada, lo que implica que las partes deben negociar y definir con precisión los riesgos que asumen para evitar controversias futuras.síntesis automática
También resuelve:Tabla de contenido primera parte.- antecedentes del proceso y desarrollo del trámiteSexto: desestimar, por las razones expuestas en la parte motiva, la excepción 3.1.6. denominada “la ani se encuentra facultada para exigir a la convocante, el cumplimiento de indicadores del apéndice técnico 4 en los subsectores 1.2 y 1.3 de la unidad funcional 1 y para realizar deducciones por incumplimiento de los indicadores previstos en el apéndice técnico 4”Décimo: acceder a la pretensión 1.4, en consecuencia declarar que los tramos de la vía correspondiente a los subsectores 1.2 y 1.3 de la unidad funcional 1, identificados en la parte motiva, se encontraban en condiciones técnicas deficientes por razones ajenas y no imputables al concesionario ruta del cacao s. a. s., por las cuales no debe responder
¿Es posible utilizar los Documentos Tipo de Obra Pública de Infraestructura de Transporte en su versión 3ra para un proceso que será publicado durante el año en curso (2024)?
La Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente realizó modificaciones a los documentos tipo del sector de infraestructura de transporte - a las modalidades de Licitación Pública, selección abreviada (menor cuantía) y a los documentos tipo de mínima cuantía.
También resuelve:Documentos tipo: licitación de obra pública, infraestructura de transporte
13001233100020030030101 de 20252026-01-28Sección TerceraRad. 13001233100020030030101
El contratista extranjero que desee intervenir en la ejecución de obras en Colombia debe establecer una sucursal con domicilio en el país, conforme al artículo 471 del Código de Comercio, y la sociedad matriz ostenta la legitimación en la causa por activa, no la sucursal, dado que ésta no tiene personalidad jurídica propia. La acción de controversias contractuales caduca en dos años desde la ocurrencia de los hechos que la fundamentan, salvo en casos de liquidación bilateral o unilateral, donde el término se cuenta desde la firma del acta o la ejecutoria del acto administrativo respectivamente. La Sala revoca la sentencia del tribunal y declara la nulidad de las resoluciones que declararon la caducidad del contrato, al no haberse garantizado el debido proceso y la contradicción en el procedimiento sancionatorio, y niega el reconocimiento del daño al good will por falta de acreditación técnica y conceptual.síntesis automática
También resuelve:Legitimación en la causa por activa: sociedades extranjeras Artículo 471 del Código de Comercio, creación de sucursal con domicilio en territorio nacionalSucursal: Código de Comercio artículo 263, establecimiento de comercio para el desarrollo de negocios sociales, alcance, legitimación en la causa de sociedades extranjerasOportunidad del medio de control: Artículo 136 numeral 10 del CCA, Artículo 44 de la Ley 446 de 1998, término de caducidad de dos años, liquidación bilateral y cómputo del término
¿Cuáles son los límites fijados por el marco normativo para la modificación de los contratos estatales?
La modificación de los contratos estatales es jurídicamente viable, pero constituye una medida de carácter excepcional que solo procede cuando persigue garantizar el interés público, cuando la causa que la justifica es real y cierta y cuando encuentra sustento en previsiones legales y no únicamente en circunstancias fácticas de la ejecución. Según el concepto, la modificación no puede suponer la variación del objeto contractual, pues ello alteraría la esencia del negocio y equivaldría a celebrar un contrato distinto. Corresponde a cada entidad estatal analizar, en cada caso, la concurrencia de estos requisitos y definir previamente la procedencia de la modificación desde las perspectivas jurídica, técnica y financiera. Para la contratación, esto implica que una adición o modificación destinada a incorporar actividades ajenas al alcance inicial debe someterse a este examen previo, y que si se altera el objeto la vía adecuada no es la modificación sino la celebración de un nuevo contrato. Como pronunciamiento consultivo, el concepto enuncia reglas generales aplicables a la modificación y no resuelve el caso particular planteado en la consulta.síntesis automática
También resuelve:Limite a las modificaciones: imposibilidad de modificación del objetoAnálisis caso concreto: circunstancias fácticas, identificación necesidad
¿Es posible efectuar la modificación del precio de un contrato que se encuentra en ejecución?
El artículo 14 de la Ley 80 de 1993 contempla los medios que pueden utilizar los entidades estatales para el cumplimiento del objeto contractual, en consecuencia, dentro de estas posibilidades de discrecionalidad se encuentra la modificación de lo contratado, lo anterior siempre que se acuda de manera excepcional para el aseguramiento del interés general y los fines de la contratación contemplados en el artículo 3 del Estatuto General de la Contratación Pública y desde el amparo de los principios de la función administrativa y de la contratación pública.
También resuelve:Limite a las modificaciones: imposibilidad de modificación del objetoAnálisis caso concreto: circunstancias fácticas, identificación necesidad
Se nos indique si las Entidades Públicas, están obligadas a recibir el bien u objeto del contrato y el sustento legal pertinente.… 2. En caso de no estarlo, qué norma los ampara.
Se nos indique si las Entidades Públicas, están obligadas a recibir el bien u objeto del contrato y el sustento legal pertinente.… 2. Ahora bien, frente a la procedencia del pago al contratista se resalta que no solo se debe el pago al contratista cuando realiza las actividades sin oposición del interventor, sino que además debe cumplir lo establecido en el contrato con las calidades pactadas, por ello, la entidad tiene el deber de recibir las prestaciones y en caso de que la obligación se cumpla, proceder al pago correlativo. Por último, cabe mencionar, que el contratista puede oponerse a la modificación del contrato y así mismo puede dejar las salvedades que correspondan en la liquidación del mismo, toda vez que, en la liquidación al ser un ajuste de cuentas, el contratista también debe manifestar sus salvedades.
También resuelve:Plazo del contrato: exigibilidad de las obligaciones, extinción de los derechos, diferencias, diferencias / contratos estatalesContratos estatales: plazo suspensivo, plazo extintivo, exigibilidad, extinción de las obligacionesFacultades sancionatorias: aplicabilidad, ratione temporis
¿Bajo qué circunstancias resulta jurídicamente viable modificar los contratos estatales?
Es jurídicamente viable modificar los contratos estatales, aunque el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública no lo regule expresamente, pero se trata de una medida excepcional que solo procede cuando con ella se pretende garantizar el interés público, cuando la entidad ha verificado, y así puede constatarse, que la causa de la modificación es real y cierta, y cuando se deriva de previsiones legales, esto es, cuando se sustenta no solo en circunstancias fácticas propias de la ejecución, sino en la necesidad de cumplir previsiones del legislador. En principio, los contratos deben ejecutarse en las condiciones pactadas, pues estas se definieron tras los procedimientos de selección y con observancia de los principios de transparencia, economía y responsabilidad, aunque esos mismos principios pueden evidenciar la necesidad de modificar parte de lo estipulado. Las modificaciones no pueden suponer la variación del objeto del contrato, porque ello alteraría su esencia y lo convertiría en otro negocio jurídico, caso en el cual lo indicado sería celebrar un nuevo contrato. Corresponde a cada entidad estatal analizar en cada caso la concurrencia de esos requisitos y definir previamente la procedencia de la modificación desde la perspectiva jurídica, técnica y financiera.síntesis automática
También resuelve:Limite a las modificaciones: imposibilidad de modificación del objetoAnálisis caso concreto: circunstancias fácticas, identificación necesidad
¿Es jurídicamente viable adicionar un contrato interadministrativo reduciendo la tarifa inicialmente pactada cuando las condiciones de la prestación del servicio permanecen inalteradas?
El contratista no puede reducir la tarifa inicialmente pactada en un contrato interadministrativo cuando las condiciones de la prestación del servicio permanecen inalteradas, ya que cualquier modificación que implique un cambio en el valor inicial del contrato debe estar justificada por circunstancias reales y ciertas que garanticen el interés público y cumplir con previsiones legales. Además, la modificación no puede alterar la esencia del contrato ni suponer una adición en más del 50% de su valor inicial, expresado en salarios mínimos legales mensuales, según lo establecido en el artículo 40 de la Ley 80 de 1993. Esta regla implica que cualquier reducción en la tarifa debe ser excepcional y debe respetar los límites y justificaciones establecidas por la ley, lo que limita la flexibilidad de las entidades estatales para ajustar unilateralmente los términos contractuales sin una base legal sólida.síntesis automática
También resuelve:Adición: concepto, distintos supuestos, prohibición, adición en más del 50%Limite a las modificaciones: imposibilidad de modificación del objetoAnálisis caso concreto: circunstancias fácticas, identificación necesidad
25000233600020140092601 de 20262026-09-09Rad. 25000233600020140092601
El contratista no puede impugnar una liquidación unilateral si previamente se le ha brindado una oportunidad real para la liquidación bilateral, conforme a lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007. La Sala establece que la naturaleza jurídica de un convenio interadministrativo no se determina por su denominación, sino por el contenido material y las obligaciones asumidas efectivamente, y que en este caso el convenio celebrado entre INFOTIC y el ICA constituye materialmente un contrato interadministrativo sometido al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. La entidad garantizó a INFOTIC una oportunidad real para la liquidación bilateral, por lo que no se vulneró el debido proceso. Además, la ausencia de salvedades o reclamaciones expresas en los contratos adicionales celebrados durante la ejecución no implica una renuncia automática a eventuales reclamaciones, pero en este caso sí hubo un acuerdo expreso sobre la prórroga del plazo sin modificación del precio. Por lo tanto, la liquidación unilateral se ajusta a la realidad contractual y mantiene su presunción de legalidad, desapareciendo así la necesidad de una liquidación judicial del contrato.síntesis automática
También resuelve:Convenios interadministrativos: naturaleza jurídica, características, diferencia con los contratos administrativos, existencia de prestaciones recíprocasLiquidacion del contrato: Articulo 11 de la ley 1150 de 2007—Liquidación unilateral, procedencia, falta de acuerdo entre las partesLiquidación bilateral del contrato: comparecencia de las partes, intención real de alcanzar un acuerdo, Código Civil Artículo 1603, parte interesada en la liquidación
¿Es valido la modificación de la forma de pago en un contrato?
La modificación de un contrato estatal, incluida la de su forma de pago, es jurídicamente viable, pero tiene carácter excepcional y solo procede cuando pretende garantizar el interés público, cuando la entidad ha verificado que su causa es real y cierta y cuando se deriva de previsiones legales. El artículo 14 de la Ley 80 de 1993 contempla los medios con que cuentan las entidades estatales para cumplir el objeto contractual, entre ellos la modificación de lo contratado. La modificación no puede variar el objeto del contrato, pues ello alteraría su esencia y exigiría celebrar uno nuevo, y cualquier incremento del valor inicial está sujeto al límite del parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993, según el cual los contratos no podrán adicionarse en más del cincuenta por ciento de su valor inicial, expresado en salarios mínimos legales mensuales. Como los contratos estatales son por regla general solemnes, su modificación debe revestir dicha solemnidad y publicarse en el SECOP I o SECOP II, conforme al literal c) del artículo 3 de la Ley 1150 de 2007. Corresponde a cada entidad analizar la procedencia jurídica, técnica y financiera de la modificación.síntesis automática
También resuelve:Adición: concepto, distintos supuestos, prohibición, adición en más del 50%Limite a las modificaciones: imposibilidad de modificación del objetoAnálisis caso concreto: circunstancias fácticas, identificación necesidad
¿Cuál es el marco normativo y los límites que regulan la modificación del contrato estatal?
La modificación de los contratos estatales es jurídicamente viable, pero tiene carácter excepcional y solo procede cuando pretende garantizar el interés público, cuando la entidad ha verificado que su causa es real y cierta y cuando se deriva de previsiones legales, de modo que la administración debe analizar en cada caso la concurrencia de estos aspectos y definir previamente su procedencia desde las perspectivas jurídica, técnica y financiera. Las modificaciones no pueden suponer la variación del objeto del contrato, pues ello alteraría su esencia y lo convertiría en otro negocio jurídico, caso en el cual lo procedente es celebrar un nuevo contrato. Frente a cualquier incremento del valor inicial, independientemente del nombre que se dé al acuerdo, aplica el límite del parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993, según el cual los contratos no pueden adicionarse en más del cincuenta por ciento de su valor inicial expresado en salarios mínimos legales mensuales. Como los contratos estatales son por regla general solemnes, su modificación debe revestir esa solemnidad y publicarse en el SECOP.síntesis automática
También resuelve:Modificación de los contratos estatales: procedencia, límitesAdición: concepto, distintos supuestos, prohibición, adición en más del 50%Limite a las modificaciones: imposibilidad de modificación del objeto
¿Cuáles son los límites que regulan la modificación del contrato estatal?
El contratista y la entidad estatal pueden modificar los contratos estatales, pero esta medida es excepcional y solo procede cuando garantiza el interés público, la causa de la modificación es real y cierta, y se deriva de previsiones legales. La modificación debe respetar la esencia del contrato, no alterando su objeto ni su naturaleza, y debe ser justificada, no ser resultado de una indebida planeación y constar por escrito. La modificación contractual debe cumplir con los principios y fines de la contratación estatal, y la entidad debe analizar previamente su procedencia desde la perspectiva jurídica, administrativa, técnica y financiera. Este concepto reitera la jurisprudencia existente sobre la excepcionalidad de las modificaciones contractuales y establece que cualquier alteración del objeto del contrato implica la celebración de uno nuevo, no una simple modificación.síntesis automática
También resuelve:Modificacion de los contratos estatales: procedencia, límitesLimite a las modificaciones: imposibilidad de modificación del objeto
¿Se puede adelantar el pago de los honorarios a un contratista de prestación de servicios, suscribiendo una carta de compromiso?
Respuesta 1. Conforme a lo establecido en el numeral 3, artículo 32 de la Ley 80 de 1993 los contratos de prestación de servicios son aquellos que celebran las entidades estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad.
También resuelve:Contratos de prestación de servicios: marco jurídico aplicableModificacion de los contratos estatales: procedencia, límitesModificaciones del contrato en secop ii
05001233300020230003101 de 20252025-06-05Rad. 05001233300020230003101
Debe precisarse también que, si bien se celebraron varios modificatorios del contrato, el Contratista no estaba obligado a incluir salvedades en ninguno de ellos, pues, las partes no transigieron los costos adicionales que el contratista tuvo que asumir por la pandemia del Covid-19: todos los documentos modificatorios se refirieron a otros asuntos presentados durante la ejecución del contrato; en ese sentido, la ausencia de salvedades en esos documentos no puede interpretarse, necesariamente, como una renuncia por parte del contratista. Sin embargo, el demandante no acreditó que los costos generados por motivo de la pandemia del COVID-19 generaron un rompimiento del equilibrio económico del contrato En oportunidades anteriores, esta corporación ha señalado que no basta con demostrar que hubo un aumento en algunos costos del contrato, sino que, es necesario demostrar el impacto en la totalidad de la ecuación contractual.
También resuelve:Salvedades: acta de liquidación bilateral, definición de motivos concretosModificaciones del contrato estatal: el contratista no está obligado a incluir salvedadesContrato para realizar obras de espacio público: entidades estatales, desarrollo y ejecución del contrato, equilibrio económico del contrato, ordinal 8º del artículo 4 de la Ley 80 de 1993
Por versar sobre un objeto que ya se había ejecutado antes de suscribirse,Vulneración de principios,Eficacia,Eficiencia,Introducidas por interventor y contratista,Sin validez,Ejecución y entrega a satisfacción de obras contratadas – Mes: febrero – Año: 2021…
También resuelve:Nulidad absoluta: contrato de obra p ública, objeto ejecutado antes de suscribirse, vulneración de principios, eficaciaModificaciones a l contrato de obra p ública: introducidas por interventor y contratista, sin validezRestituciones mutuas: ejecución, entrega a satisfacción
EN LA CUENTA CORRIENTE NUMERO 110-06019346-3 DEL BANCO POPULAR SUCURSAL AVENIDA CARACAS A NOMBRE DE ‘ORGANIZACIÓN CONINSA RAMON HACE S.A.’ SE MANEJARON LOS FONDOS DE OBJETO DEL CONTRATO No 027. LA SUBGERERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA MEDIANTE MEMORANDO RADICADO BAJO EL NUMERO 2001009172 DE FECHA 27 DE MARZO DE 2001, INFORMA QUE EL PAGO DE LOS IMPUESTOS DE RETENCIÓN EN LA FUENTE, IVA E ICA SE PAGAN POR CAUSACIÓN. LA CUENTA ARRIBA MENCIONADA DEL BANCO POPULAR SIEMPRE TUVO FONDOS DISPONIBLES.
También resuelve:Modificación del contrato: unilateral, acto administrativo motivadoFalsa motivación: presupuestos, modificación del contrato, unilateralLiquidación del contrato: unilateral, reclamación
CADUCIDAD DE LA ACCIÓN,LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO,MODIFICACIONES DEL CONTRATO – Oportunidad,Acta de liquidación,Alcance,Salvedades,Características,Fuerza vinculante,Bilateral,Reclamación judicial,Valor determinado o determinable,Improcedencia,Pretensiones,Congruencia – Mes: febrero – Año: 2019…
También resuelve:Caducidad de la acción: oportunidadLiquidación del contrato: acta de liquidación, alcance, salvedades, característicasModificaciones del contrato: fuerza vinculante
LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO,MODIFICACIONES DEL CONTRATO – Acta de liquidación bilateral,Salvedades,Reclamación oportuna,Efectos económicos,Acreditación oportuna – Mes: noviembre – Año: 2017…
También resuelve:Liquidación del contrato: acta de liquidación bilateral, salvedadesModificaciones del contrato: reclamación oportuna, efectos económicos, acreditación oportunaConsejo de estado