Nuestro gatico constructor está afinando los últimos engranajes de Adjudika 2026 — ya puedes explorar el buscador mientras terminamos de desplegar nuevas fuentes y sorpresas.
¿Es jurídicamente viable que, tratándose de un convenio estatal celebrado antes del inicio del período de restricciones previsto en la Ley 996 de 2005, la aprobación de las garantías o pólizas se efectúe con posterioridad al comienzo de dicha restricción, sin que ello implique la celebración de un nuevo contrato ni la vulneración de la prohibición de contratación directa durante la vigencia de la Ley de Garantías?
En el marco del análisis del régimen general de compras y contratación pública, y sin desconocer que corresponde a cada entidad evaluar la viabilidad técnica, jurídica y financiera de los contratos que se pretendan celebrar, es posible sostener que la Ley 996 de 2005 establece restricciones a la contratación estatal.
También resuelve:Ley de garantías electorales: finalidad, restricciones, contratación, tipos de elección
¿Se puede vincular personal mediante Contratación Directa – Prestación de servicios después del 8 de noviembre de 2025 considerando las restricciones establecidas en la Ley de Garantías?
En el marco del análisis del régimen general de compras y contratación pública, y sin desconocer que corresponde a cada entidad evaluar la viabilidad técnica, jurídica y financiera de los contratos que se pretendan celebrar, es posible sostener que la Ley 996 de 2005 establece restricciones a la contratación estatal.
También resuelve:Ley de garantías electorales: finalidad, restricciones, contratación, tipos de elección
¿Las restricciones contenidas en los artículos 33 y artículo 38 – parágrafo – de la Ley 996 de 2005 son aplicables a los procedimientos competitivos de que trata el Decreto 092 de 2017?
La restricción de contratación directa del artículo 33 de la Ley 996 de 2005 no afecta los contratos del artículo 355 de la Constitución que las entidades celebran con entidades privadas sin ánimo de lucro cuando se seleccionan mediante el proceso competitivo del Decreto 092 de 2017. Según el concepto, estos contratos buscan promover acciones de fomento social en beneficio de los sectores más desprotegidos y no generan una contraprestación directa a favor de la entidad. Esta postura se apoya en dos razones. Primera, la restricción alcanza la contratación directa, y el artículo 3 del Decreto 092 de 2017 exige, como regla general, un proceso competitivo para seleccionar a la entidad sin ánimo de lucro contratista. Segunda, el artículo 4 de ese decreto obliga a adelantar procesos competitivos cuando el programa o actividad es ofrecido por más de una entidad, con fases de definición y publicación de indicadores y criterios de ponderación, plazo razonable para presentar ofertas y evaluación de las propuestas. La consecuencia práctica es que la entidad estatal puede celebrar durante el período restrictivo los contratos del artículo 355 que se seleccionen mediante esas reglas competitivas, siempre que siga las fases previstas por el decreto.síntesis automática
También resuelve:Ley de garantías electorales: finalidadDecreto 092 de 2017: finalidad, clases de contratosContratación con esal: contrato de colaboración, objeto, alcance
¿Es jurídicamente viable la suscripción de convenios interadministrativos durante la vigencia de la Ley de Garantías Electorales cuando estos no implican ejecución de recursos públicos?
La prohibición del parágrafo del artículo 38 de la Ley 996 de 2005 alcanza solo los convenios interadministrativos que impliquen la ejecución de recursos públicos, por lo que su celebración en el período restrictivo depende de si el convenio comporta esa ejecución. Según el concepto, esta restricción aplica a cualquier tipo de contienda electoral y se dirige a los gobernadores, alcaldes, secretarios, gerentes y directores de entidades descentralizadas. La restricción del artículo 33, en cambio, aplica solo en la elección presidencial y alcanza la contratación directa, sin comprender las demás modalidades de la Ley 1150 de 2007. Dos razones sostienen esta lectura. Primera, el parágrafo del artículo 38 condiciona la prohibición a la ejecución de recursos públicos y, por ser prohibitivo, debe interpretarse restrictivamente. Segunda, las dos restricciones coinciden solo parcialmente, por lo que cada una se examina según su ámbito temporal y material. La consecuencia práctica es que la entidad debe verificar si el convenio implica ejecución de recursos públicos y, en la elección presidencial, si su celebración constituye contratación directa dentro de los cuatro meses previos a los comicios.síntesis automática
También resuelve:Ley de garantías electorales: restricciones, contratación, tipos de elección, Artículo 33
¿Qué alcance tiene la prohibición del artículo 33 de la Ley de Garantías Electorales y cuáles son sus excepciones respecto de la causal de contratación del literal i) del artículo 2.4 de la Ley 1150 de 2007?
La prohibición del artículo 33 de la Ley 996 de 2005 aplica solo a las elecciones presidenciales y excluye la contratación directa durante los cuatro meses anteriores a la votación, extendiéndose hasta la segunda vuelta si la hubiere. Según la postura expuesta, junto a esa restricción existe la del parágrafo del artículo 38, que aplica a cualquier contienda electoral y prohíbe celebrar convenios interadministrativos que impliquen la ejecución de recursos públicos en los cuatro meses previos a la jornada. Ambas restricciones pueden concurrir: en el periodo preelectoral presidencial aplican el artículo 33 y el parágrafo del artículo 38, mientras que en las demás elecciones solo aplica este último. Las excepciones al artículo 33 son taxativas e incluyen la defensa y seguridad del Estado, el crédito público, las emergencias educativas, sanitarias y desastres, la reconstrucción de vías e infraestructura tras atentados, acciones terroristas, desastres naturales o fuerza mayor, y los contratos de las entidades sanitarias y hospitalarias. La consecuencia práctica es que el ente estatal debe examinar en cada caso si su contratación se enmarca en alguna de esas excepciones.síntesis automática
También resuelve:Ley de garantías electorales: finalidad, excepciones, condiciones de igualdad, contratación directaLey de ley de garantías electorales: prohibición artículo 33, contratación directa, alcanceContratación directa: arrendamiento, bienes inmuebles, alcance
¿La suspensión del Parágrafo del Artículo 38 de la Ley 996/2005 aplica únicamente para el orden nacional, es decir, solo la Nación podría celebrar convenios y contratos interadministrativos con las Entidades Territoriales?
Para responder su pregunta, se debe tener en cuenta el contenido del artículo 124 de la Ley 2159 de 2021, del que se derivan las siguientes reglas para las entidades estatales, incluidas las entidades territoriales.
También resuelve:Ley de garantías electorales: finalidad, restricciones, contratación, tipos de elecciónContratos y convenios interadministrativos: definición, criterio orgánicoLey de garantías: modificación, Ley 2159 de 2021, Artículo 124, alcance
¿LA LEY 996 DE 2005, LE ES APLICABLE A LAS EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO?
PARA LAS ELECCIONES A REALIZARSE EL 13 DE MARZO DE 2022, CUANDO INICIARÍAN LAS RESTRICCIONES RELACIONADAS (EN LA LEY DE GARANTÍAS) CON LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS?. EN CASO DE QUE LA RESTRICCIÓN INICIE EL DÍA 13 DE NOVIEMBRE DE 2021, COMO SERÍA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE LAS ESE PARA INICIO DE AÑO 2022 PARA PODER GARANTIZAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD? [SIC]…
También resuelve:Ley de garantías: restricciones para elecciones, presidenciales, restricciones para elecciones– comicios a cargos de elección popular, excepciones«1. ¿la ley 996 de 2005, le es aplicable a las empresas sociales del estado?2. para las elecciones a realizarse el 13 de marzo de 2022, cuando iniciarían las restricciones relacionadas (en la ley de garantías) con los contratos de prestación de servicios?
¿Cuáles son las restricciones aplicables, en materia de contratación estatal, a las Empresas Sociales del Estado durante los periodos en que rige la Ley de Garantías Electorales?
Las Empresas Sociales del Estado, como entidades estatales, quedan sujetas a las restricciones de la Ley 996 de 2005 que se aplican a todos los entes del Estado. El artículo 33 prohíbe la contratación directa en los cuatro meses anteriores a las elecciones presidenciales, y su ámbito material se delimita por cualquier sistema que no implique convocatoria pública y posibilidad de pluralidad de oferentes, de manera que las demás modalidades de selección no quedan cobijadas. Las excepciones de esa prohibición son taxativas e incluyen la defensa y seguridad del Estado, los contratos de crédito público y las emergencias. El parágrafo del artículo 38 prohíbe celebrar convenios interadministrativos que impliquen ejecución de recursos públicos durante los cuatro meses previos a cualquier contienda electoral. Estas normas prohibitivas se interpretan de manera restrictiva, de modo que no admiten una aplicación amplia. La consecuencia práctica es que la ESE debe verificar, antes de contratar directamente o celebrar un convenio con recursos públicos, si la fecha de celebración cae dentro de esos periodos y si el negocio encuadra en una excepción.síntesis automática
También resuelve:Ley de garantías electorales: finalidad, tipos de restricciones, ámbito temporal, celebraciónLey de garantías: prohibición de contratación directa, ley 996 de 2025, Artículo 33, excepciones contratación directaInteradministrativos: Circular Externa Única, auto de suspensión
¿Es procedente que dos entidades públicas suscriban contratos interadministrativos durante los periodos de restricción electoral previstos en el artículo 33 de la Ley 996 de 2005, bajo el argumento de que no corresponden materialmente a convenios interadministrativos?
De acuerdo con el problema jurídico, objeto de consulta, se señala que la interpretación del artículo 33 de la Ley 996 de 2005 ha sido clara en los pronunciamientos del Consejo de Estado y la Doctrina Oficial de la Agencia: durante los cuatro meses previos a las elecciones presidenciales, las entidades estatales tienen restringida la posibilidad de celebrar contratos bajo la modalidad de contratación directa, lo que incluye los contratos interadministrativos que no se celebren de forma competitiva. Esta prohibición busca garantizar la transparencia y evitar que la contratación pública se convierta en un instrumento de influencia política en tiempos electorales.
También resuelve:Ley de garantías electorales: finalidad, tipos de restricciones, ámbito temporal, celebraciónLey de garantías: contratación directa, contratos interadministrativos
¿Es jurídicamente procedente que una Empresa Social del Estado realice contratos de prestación de servicios en el área administrativa, durante la vigencia de la Ley 996 de 2005?
I. Frente al problema jurídico planteado es necesario indicar que, en el marco de lo establecido por la Ley 996 de 2005, el artículo 33 prohíbe “… la contratación directa por parte de todos los entes del estado” durante los cuatro (4) meses previos a las elecciones presidenciales. Esta restricción se dirige, en principio, a todos los entes del Estado. Lo anterior, sin perjuicio de las excepciones consagradas en el último inciso del mismo artículo.
También resuelve:Ley de garantías: finalidad, empresas sociales del estado, excepción, inciso segundo artículo 33Ley de garantías electorales: tipos de restricciones, Artículo 33, Artículo 38, ámbito materialEmpresas sociales del estado: régimen jurídico, Ley 100 de 1993
¿Cuál es el ámbito de aplicación y las excepciones de la prohibición del artículo 33 de la Ley de Garantías en relación con las controversias internacionales de inversión adelantados a través procesos arbitrales?
El contratista no puede celebrar contratos directos con entes del Estado durante los cuatro meses anteriores a las elecciones presidenciales, salvo excepciones como la defensa y seguridad del Estado, contratos de crédito público, emergencias educativas, sanitarias y desastres, así como la reconstrucción de infraestructura afectada por eventos de fuerza mayor. Esta prohibición se refiere específicamente a la contratación directa y excluye las modalidades de licitación pública, selección abreviada, concurso de méritos y mínima cuantía. Esta regla reitera y matiza precedentes, limitando la interpretación restrictiva de la prohibición y aclarando su alcance en relación con otras modalidades contractuales, lo que implica que las entidades estatales deben optar por estas modalidades alternativas durante el período electoral para evitar violaciones a la Ley de Garantías Electorales.síntesis automática
También resuelve:Ley de garantías electorales: finalidad, tipos de restricciones, ámbito temporal, celebraciónContratación directa: peritos y asesores técnicos, procesos judiciales, Ley de garantías, excepciónLey de garantías: controversias internacionales de inversión, procesos arbitrales, inaplicabilidad de excepción, interpretación estricta
¿Los contratos de prestación de servicios profesionales de calificación de riesgo, suscritos por entidades estatales con sociedades calificadoras, se encuentran exceptuados de la restricción de contratación directa prevista en el artículo 33 de la Ley 996 de 2005, al tratarse de servicios vinculados a operaciones de crédito público?
De acuerdo con el problema jurídico, objeto de consulta, se señala que las excepciones a la restricción prevista en la Ley de Garantías, con fundamento en las cuales podrán las entidades públicas adelantar procedimientos de selección directa en períodos previos a la contienda electoral por la Presidencia, se encuentran consagradas expresamente en el inciso final del citado artículo 33 de la Ley 996 de 2005 en lo referente a i) la defensa y seguridad del Estado; ii) los contratos de crédito público; iii) los requeridos para cubrir las emergencias educativas, sanitarias y desastres; iv) los utilizados para la reconstrucción de vías, puentes, carreteras, infraestructura energética y de comunicaciones, en caso de que hayan sido objeto de atentados, acciones terroristas, desastres naturales o casos de fuerza mayor; y, v) los que deban realizar las entidades sanitarias y hospitalarias.
También resuelve:Ley de garantías electorales: finalidad, tipos de restricciones, ámbito temporal, celebraciónLey de garantías: contratación directa, excepciones, crédito público
¿Cuáles son los criterios jurídicos relevantes para definir si el instrumento de transferencia de recursos debe clasificarse como convenio o contrato interadministrativo?
Para definir si un instrumento de transferencia de recursos es convenio o contrato interadministrativo, el criterio central es el tipo de obligaciones que asumen las partes. Según la postura expuesta, el contrato interadministrativo implica obligaciones de contenido patrimonial, es oneroso y las partes tienen intereses opuestos, pues la entidad contratante busca el interés público y la contratista un interés económico propio. El convenio, en cambio, no tiene finalidad lucrativa: las entidades actúan con intereses convergentes y cooperan para cumplir funciones administrativas o prestar servicios alineados con el interés general, sin contraprestación propiamente dicha. La calidad de contrato no depende de la modalidad de selección, pues una entidad sometida a la Ley 80 de 1993 puede celebrar un contrato interadministrativo con una entidad de régimen especial. La consecuencia práctica es que la entidad debe examinar el contenido de las obligaciones y la existencia de contraprestación antes de clasificar el instrumento, sin que la forma de selección determine su naturaleza.síntesis automática
También resuelve:Contratos y convenios interadministrativos: noción, diferenciasConvenio interadministrativo: naturaleza, inaplicabilidad, Ley 80 de 1993Ley de garantías electorales: restricciones, Artículo 38, Artículo 33, ley de garantías electorales
¿Puede una entidad estatal, durante la vigencia de las restricciones de contratación previstas en la Ley 996 de 2005 -Ley de Garantías Electorales-, adelantar la contratación directa de peritos ordenada por un juez, aun cuando dicha excepción no está contemplada?
De acuerdo con el problema jurídico, objeto de consulta, se detalla que la contratación directa de peritos y asesores técnicos para la finalidad prevista en la nueva causal del literal k) del numeral 4° del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 comporta una excepción a la restricción de la contratación directa de las entidades estatales prevista en la Ley de Garantías Electorales –Ley 996 de 2005– por lo que una entidad estatal que requiera aportar o contradecir un dictamen pericial, dentro de un proceso judicial, podrá contratar directamente al perito o asesor técnico que requiera, aun en vigencia la prohibición establecida en el artículo 33 de la Ley 996 de 2005, esto es, durante los cuatro meses anteriores a las elecciones presidenciales y hasta la fecha al cual el presidente sea elegido.
También resuelve:Ley de garantías electorales: finalidad, tipos de restricciones, ámbito temporal, celebraciónLey de garantías: contratación directa, peritos, Artículo 222, posibilidad
¿Es viable adelantar un proceso de contratación bajo el Régimen Especial del Decreto 092 de 2017 durante la vigencia de la Ley de Garantías?
El contratista no puede adelantar un proceso de contratación bajo el Régimen Especial del Decreto 092 de 2017 durante la vigencia de la Ley de Garantías Electorales, salvo que la contratación se enmarque en las excepciones específicas contempladas en el artículo 33 de la Ley 996 de 2005, como la defensa y seguridad del Estado, contratos de crédito público, emergencias sanitarias y educativas, reconstrucción de infraestructura afectada por desastres naturales o acciones terroristas, y actividades de entidades sanitarias y hospitalarias. Esta regla implica que las entidades estatales deben examinar cuidadosamente la naturaleza de las actividades que adelantan para determinar si se ajustan a alguna de estas excepciones, garantizando así la igualdad de condiciones entre los candidatos sin limitar desproporcionadamente la acción del Estado en el cumplimiento de sus fines.síntesis automática
También resuelve:Ley de garantías electorales: finalidad, prohibición, contratación directa, excepcionesDecreto 092 de 2017: finalidad, clases de contratosContratación con esal: contrato de colaboración, objeto, alcance
¿Los contratos de dictamen pericial técnico deben considerarse de naturaleza intuitu personae, dado que su ejecución depende de las calidades, experiencia e independencia del perito seleccionado?
El contratista debe considerar que los contratos de dictamen pericial técnico son de naturaleza intuitu personae, ya que su ejecución depende de las calidades, experiencia e independencia del perito seleccionado, lo que implica que la contratación directa por parte de las entidades estatales durante los cuatro meses anteriores a las elecciones presidenciales está prohibida salvo las excepciones previstas en la Ley 996 de 2005. Esta regla reitera la jurisprudencia existente y subraya la importancia de la selección objetiva y transparente de peritos en el marco de la contratación estatal, evitando así posibles interferencias en el proceso electoral.síntesis automática
También resuelve:Ley de garantías electorales: finalidad, tipos de restricciones, ámbito temporal, celebraciónContratación directa: peritos, características, intuito personaLey de garantías: contratación directa, peritos, Artículo 222, posibilidad
¿Las restricciones contenidas en la Ley de Garantías Electorales en materia de contratación directa y celebración de convenios son aplicables a una sociedad de economía mixta?
En relación con las prohibiciones consagradas en la Ley de Garantías Electorales en materia de contratación estatal debe señalarse que: El artículo 33 de la Ley 996 de 2205 prohíbe la contratación directa por parte de todos los Entes Estatales durante los cuatro (4) meses anteriores a las elecciones presidenciales y dispone las excepciones a dicha prohibición. Así, su ámbito de prohibición está delimitado por la expresión “queda prohibida la contratación directa” y para los efectos de la Ley de Garantías Electorales y, en particular, para la prohibición o restricción temporal contenida en su artículo 33, “contratación directa” se refiere a cualquier sistema de selección o procedimiento de contratación utilizado por las entidades estatales que no incluya la convocatoria pública en alguna de sus etapas, ni permita la participación de una pluralidad de oferentes.
También resuelve:Ley de garantías electorales: finalidad, tipos de restricciones, sociedades de economía mixta
¿Las restricciones contenidas en la Ley de Garantías Electorales en materia de contratación directa y celebración de convenios son aplicables a una sociedad de economía mixta?
El contratista debe abstenerse de celebrar contratos de forma directa sin proceso abierto y competitivo durante los cuatro meses anteriores a las elecciones presidenciales, conforme a la Ley 996 de 2005, lo que incluye a las sociedades de economía mixta con participación mayor al 50% de recursos públicos. Esta restricción busca prevenir la injerencia inadecuada de intereses particulares en el ejercicio de la función pública y garantizar la transparencia en las contrataciones estatales. La regla reitera y matiza precedentes, estableciendo que las entidades descentralizadas, incluidas las sociedades de economía mixta, están sujetas a las limitaciones de la Ley de Garantías Electorales, aunque estas entidades operan bajo un régimen privado de contratación. Esto implica que durante los períodos electorales, estas entidades deben cumplir con las restricciones de contratación directa, salvo las excepciones específicas previstas en la norma.síntesis automática
También resuelve:Ley de garantías electorales: finalidad, tipos de restricciones, sociedades de economía mixta
¿Es jurídicamente viable, para las instituciones educativas oficiales, celebrar contratos destinados a garantizar la prestación del servicio educativo y el cumplimiento de sus necesidades administrativas, financieras y contables con cargo a los recursos de los Fondos de Servicios Educativos, durante la vigencia de las restricciones previstas en la Ley de Garantías Electorales?
Las instituciones educativas oficiales no quedan exceptuadas de la prohibición de contratación directa de la Ley de Garantías Electorales por el hecho de contratar con recursos de los Fondos de Servicios Educativos, de modo que sus contratos directos durante la restricción deben encuadrarse en las excepciones previstas. Esta postura se apoya en tres razones. Primera, el artículo 33 de la Ley 996 de 2005 prohíbe la contratación directa por parte de todos los entes del Estado durante los cuatro meses anteriores a las elecciones presidenciales, salvo las excepciones que enumera, entre ellas los contratos requeridos para cubrir las emergencias educativas, sanitarias y desastres. Segunda, aunque el artículo 13 de la Ley 715 de 2001 excluye del Estatuto General de Contratación los contratos de los fondos de servicios educativos inferiores a veinte salarios mínimos mensuales legales vigentes, la prohibición de contratación directa es independiente del régimen contractual y se extiende a esos contratos. Tercera, las restricciones se dirigen a las campañas presidenciales y a las demás contiendas electorales, por lo que el análisis debe considerar el calendario electoral vigente al momento de contratar.síntesis automática
También resuelve:Ley de garantías electorales: finalidad, tipos de restricciones, instituciones educativas
¿La celebración de contratos de aprendizaje por parte de una Empresa de Servicios Públicos domiciliarios de carácter oficial se encuentra sujeta a las prohibiciones establecidas en el artículo 33 de la Ley 996 de 2005 relativas a la restricción de contratación directa?
Para dar solución al problema jurídico planteado en la consulta, es necesario precisar que la celebración de contratos de aprendizaje por parte de una Empresa de Servicios Públicos domiciliarios de carácter oficial sí se encuentra sujeta a las restricciones previstas en el artículo 33 de la Ley de Garantías Electorales.
También resuelve:Ley de garantías electorales: finalidad / ley de garantías electorales, tipos de restricciones, ámbito temporal, prohibición artículo 33