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LEY 80 DE 1993

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Rama Judicial · recopilada por CCE Providencia

Contrato estatal

25000232600020050211702 de 2025 2025-07-07 Rad. 25000232600020050211702
Como se anotó, en el Acuerdo N°4 de 2004 se precisó que la invitación pública allí ordenada se regularía por la Ley 80 de 1993. Se desprendía de tal disposición que los contratos no correspondientes al giro ordinario de las actividades propias de las entidades financieras de carácter estatal, entre éstas, las fiduciarias, se regulaban por el EGCAP. Siguiendo esa misma línea, el artículo 38 de la Ley 222 de 1995 enseña que “son dictaminados aquellos estados financieros certificados que se acompañen de la opinión profesional del revisor fiscal o, a falta de éste, del contador público independiente que los hubiere examinado de conformidad con las normas de auditoría generalmente aceptadas”, y que los mismos “deben ser suscritos por dicho profesional, anteponiendo la expresión ‘ver la opinión adjunta’ u otra similar”.
También resuelve: Contrato estatal: caducidad del medio de control, actos precontractuales, término, vía judicial Invitación pública: régimen jurídico, ley 80 de 1993, Artículo 32 parágrafo 1°, regulación por el “egcap” Estados financieros: estados financieros certificados, estados financieros dictaminados, distinción, Artículo 33 del decreto 2649 de 1993
Rama Judicial · recopilada por CCE Providencia

Actos administrativos de trámite: ACTO ADMINISTRATIVO DEFINITIVO-Es aquel que es capaz de generar efectos jurídicos

25000232600020070061701 DE 2025 de 2025 2025-09-15 Rad. 25000232600020070061701
El contratista no puede impugnar judicialmente actos administrativos proferidos antes de la celebración del contrato, salvo que estos sean definitivos y generen una situación jurídica nueva; en el caso de solicitudes de revocatoria directa, el acto que las niega no constituye un acto administrativo definitivo susceptible de acción contencioso administrativa, ya que no genera una situación jurídica distinta a la del acto revocado. Esta regla implica que la controversia contractual se limita a aspectos relacionados con el contrato en sí, su existencia, nulidad o incumplimiento, y no abarca actos previos que no generen una nueva situación jurídica. Esto reitera la jurisprudencia del Consejo de Estado, que establece que la negativa a revocar un acto administrativo no es susceptible de impugnación judicial, lo que implica que las pretensiones basadas en estos actos deben ser negadas en la práctica.síntesis automática
También resuelve: Régimen de actos administrativos en la contratación estatal según la ley 80 de 1993: régimen de actos administrativos en la contratación estatal, actos previos al contrato, la Ley 80 de 1993, en su regulación, distinguió con claridad el régimen de los actos administrativos expedidos con anterioridad a la celebración del contrato, de aquel que se refiere a los actos proferidos con posterioridad. Además, incluso, determinó que ciertos actos, no obstante ser previos, tienen efectos reguladores sobre el contrato, como ocurre con el pliego de condiciones (artículo 30.2 de la Ley 80 de 1993) que establece el régimen jurídico y los derechos y deberes de las partes, respecto del c ual la jurisprudencia ha reconocido una doble naturaleza: como acto administrativo y como una disposición contractual por su vocación de integrar el contrato. En efecto, por solo hacer referencia a algunas disposiciones, el numeral 5º del artículo 26 de la Ley 80 de 1993 dispuso que «la responsabilidad de la dirección y manejo de la actividad contractual y la de los procesos de selección será del jefe o represen tante de la entidad estatal», con lo que diferenció unos actos de otros. Esta separación conceptual entre actos previos al contrato y los emitidos una vez celebrado también se encuentra en el numeral 7º del artículo 24, en el que se indicó que los actos ad ministrativos que se expidan en la «actividad contractual o con ocasión de ella», se motivarán en forma detallada e hizo esa misma exigencia respecto del acto de adjudicación y del de declaratoria de desierta, es decir, los tuvo como una categoría distinta. En tal sentido, la Ley 80 de 1993 optó, en su momento, por regular, de un lado, la procedencia de la acción de controversias contractuales para los actos expedidos una vez perfeccionado el contrato y, por otro, las acciones de nulidad y restablecimiento del derecho para controlar la legalidad de los actos previos, tales como aquél que adjudica el contrato, el que declara desierta la licitación -susceptible además de reposición, y todos aquellos que, previos a ese perfeccionamiento, fueran definitivos o de trámite pero que pusieran fin al procedimiento administrativo. impugnación de los actos administrativos precontractuales en la contratación estatal
Rama Judicial · recopilada por CCE Providencia

Selección abreviada

410012333000201700303011 2024-04-24 Sección Tercera
RÉGIMEN JURÍDICO MIXTO APLICABLES A LA LEY 80 DE 1993,SELECCIÓN ABREVIADA – Selección abreviada,Adjudicación,REQUISITOS DE EXPERIENCIA,APORTES PARAFISCALES,DERECHO MERCANTIL,Código civil – Mes: abril – Año: 2024…
También resuelve: Selección abreviada: adjudicación, requisitos de experiencia, aportes parafiscales Según la jurisprudencia de esta Corporación, cuando se demanda el acto de adjudicación con el argumento de que la oferta ganadora no era la más favorable, para que se reconozca una indemnización en favor del demandante, se debe: i) acreditar un desconocimiento del pliego de condiciones y/o de la normativa aplicable, que controvierta la presunción de legalidad del acto administrativo y ii) Al respecto, las Leyes 789 de 200227 y 828 de 200328 instituyeron la obligación de las personas que funjan como proponentes de certificar o declarar el cumplimiento del pago de los aportes parafiscales en los procedimientos de selección de la contratación pública, lo que implica que se debe manifestar la satisfacción de tal aspecto. Para la ejecución contractual, la Ley 1150 de 200729 exige, ya no afirmar bajo la gravedad de juramento el cumplimiento de ese deber, sino demostrarlo respecto del contrato resp ectivo como requisito previo para la realización del pago de la contraprestación convenida. RÉGIMEN JURÍDICO MIXTO APLICABLES A LA LEY 80 DE 1993, derecho mercantil Consejo de estado sala de lo contencioso administrativo sección tercera: subsección a Temas: demanda contra el acto de adjudicación: cuando se demanda el acto de adjudicación porque la of erta ganadora no era la más favorable, se debe demostrar la ilegalidad del acto y que la propuesta del demandante era la mejor / régimen aplicable a los contratos sometidos al egcap, les aplica el derecho común, salvo lo expresamente regulado en la Ley 80 de 1993 y sus reformas / OBLIGACIÓN DE DECLARAR O CERTIFICAR EL PAGO DE APORTES PARAFISCALES, la entidad contratante debe verificar la veracidad de lo declarado o certificado por los proponentes
Colombia Compra Eficiente Concepto

Deberá dejarse constancia escrita de la autorización impartida por la entidad estatal contratante para proceder a la ejecución del contrato.

C-620 de 2024 2024-11-19
¿En qué momento se debe suscribir el contrato cuando la causal de contratación directa está fundamentada en la urgencia manifiesta?
El Estatuto General de Contratación de la Administración Pública no establece un plazo mínimo o máximo para celebrar el contrato derivado de la declaratoria de urgencia manifiesta. Lo que sí fija la ley es un control automático a cargo de los organismos de fiscalización: según el artículo 43 de la Ley 80 de 1993, inmediatamente después de celebrados los contratos originados en la urgencia manifiesta, estos y el acto administrativo que la declaró, junto con el expediente de antecedentes administrativos, de la actuación y de las pruebas de los hechos, deben enviarse al funcionario u organismo que ejerza el control fiscal, el cual debe pronunciarse dentro de los dos meses siguientes sobre los hechos y circunstancias que determinaron la declaración. Si es procedente, dicho organismo solicitará la iniciación de la investigación disciplinaria y remitirá el asunto a las autoridades competentes para las demás acciones, y el uso indebido de la contratación de urgencia es causal de mala conducta. Ese control se limita a comprobar la existencia de los hechos que sustentaron la urgencia y a verificar las circunstancias que rodearon la declaratoria, que varían según cada situación.síntesis automática
También resuelve: Urgencia manifiesta: definición, causal, contratación directa Artículo 43 de la ley 80 de 1993: control-finalidad
Colombia Compra Eficiente Concepto

Actividades no previstas: C-452 de 2023

C-452 de 2023 2023-11-07
¿Es posible adicionar recursos o dineros provenientes de urgencia manifiesta a un contrato que ya se esté ejecutando?
Cualquier incremento del valor inicial del contrato constituye una adición sujeta al límite del parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993, según el cual los contratos no podrán adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial expresado en salarios mínimos legales mensuales, independientemente de la causa o del nombre del acuerdo; por ello, la posibilidad de adicionar un contrato en ejecución con recursos apropiados por una urgencia manifiesta está sometida a ese límite y a los presupuestos de toda modificación. La modificación contractual es excepcional y solo procede para garantizar el interés público, cuando la causa es real y cierta y se deriva de previsiones legales, y si se modifica el objeto del contrato corresponde celebrar uno nuevo. La urgencia manifiesta del artículo 42 de la Ley 80 de 1993 es una causal de contratación directa para preservar la continuidad del servicio o conjurar situaciones excepcionales de calamidad, fuerza mayor o desastre; cuando se funda en calamidad o desastre exige dos actos administrativos concurrentes: la declaración previa de la situación conforme a la Ley 1523 de 2012 y la declaratoria de urgencia manifiesta.síntesis automática
También resuelve: Urgencia manifiesta: definición, causal, contratación directa, contratación directa / calamidad pública y desastre Calamidad pública y desastre: declaración previa Egcap: Artículo 43, finalidad
Colombia Compra Eficiente Concepto

Contratación estatal: Esta Agencia no tiene competencia para brindar asesorías sobre casos particulares

C-171 de 2023 2023-08-22
¿Se tiene alguna limitación normativa o de ley para el desembolso de los recursos, por ejemplo, no trasladar más del 50% del valor total del convenio interadministrativo al inicio del convenio?
No obstante, de conformidad con los argumentos normativos y jurisprudenciales realizados en el presente concepto, conviene precisar que una de las disposiciones que deben considerarse en la celebración de los convenios interadministrativos es el artículo 40 de la Ley 80 de 1993, el cual hace referencia al contenido del contrato estatal. Sobre dicha disposición debe señalarse que, si bien las Entidades Estatales sometidas al EGCAP gozan de autonomía para configurar el precio y establecer el sistema de pago más apropiado para satisfacer los fines de la contratación, lo cierto es que deben respetar los límites establecidos en el ordenamiento jurídico, dentro de los cuales se resalta el establecido en el parágrafo primero del artículo 40 de la Ley 80 de 1993, que establece un porcentaje máximo para efectuar el desembolso del valor del anticipo o del pago anticipado equivalente al cincuenta por ciento (50%) del valor del contrato.
También resuelve: Colombia compra eficiente: competencia consultiva, contratación estatal, normas generales, normas generales / convenios interadministrativos Noción y características de los convenios y contratos interadministrativos: elementos esenciales y diferenciadores El límite del valor establecido en el paragrafo del artículo 40 de la ley 80 de 1993: alcance
Colombia Compra Eficiente Concepto

No puede olvidarse que el servicio público responde, razón por la cual no podría ser discontinuo, pues la interrupción ocasiona problemas graves para la vida colectiva.

C-131 de 2023 2023-05-25
¿Para la declaratoria de la Urgencia Manifiesta, es requisito declarar previamente la Calamidad Pública?
Respecto a los artículos 42 y 43 de la Ley 80 de 1993 y, especialmente, considerando lo expresado por la Contraloría General Departamento del Magdalena en la Circular 014 del 16 de septiembre de 2016 sobre el “Control de la contratación realizada bajo la figura de calamidad pública y/o urgencia manifiesta”, usted realiza las siguientes preguntas.
También resuelve: Urgencia manifiesta: definición, causal, contratación directa, contratación directa / calamidad pública y desastre Calamidad pública y desastre: declaración previa Egcap: Artículo 43, finalidad
Colombia Compra Eficiente Concepto

Cuáles son los requisitos para que las entidades estatales contraten por medio de convenio o contrato interadministrativo con los Cabildos Indígenas y con las Autoridades Tradicionales Indígenas.

C-035 de 2023 2023-03-29
¿En cuál normativa se sustenta?
Cómo se define o clasifica o sustenta la capacidad jurídica para contratar de los Cabildos Indígenas y de las Autoridades Tradicionales Indígenas. La Ley 2160 de 2021 modificó el artículo 6 de la Ley 80 de 1993, asignando capacidad jurídica para suscribir contratos estatales a los Cabildos Indígenas, las Asociaciones de Autoridades Tradicionales Indígenas y los Consejos Comunitarios de las Comunidades Negras regulados por la Ley 70 de 1993. Además, el artículo 2 ibidem adicionó el literal l) del artículo 2.4 de la Ley 1150 de 2007 que habilita a entidades estatales para suscribir contratos de manera directa con Cabildos Indígenas y Asociaciones de Autoridades Tradicionales Indígenas.
También resuelve: Asociaciones de cabildos y/o autoridades tradicionales: régimen de contratación, Decreto 1088 de 1993, Decreto 252 de 2020, Ley 1551 de 2012 Cabildos indígenas: capacidad contractual, Ley 2160 de 2021, contratación directa, autoridades indígenas Contratación directa: pueblos indígenas, regímenes, ámbito de aplicación, Decreto 1953 de 2014
Colombia Compra Eficiente Concepto

Inhabilidades e incompatibilidades: las excepciones al régimen de inhabilidades e incompatibilidades son igualmente taxativas

C-1285 de 2026 2026-09-21
¿Existe inhabilidad o incompatibilidad para que una persona celebre un contrato de prestación de servicios con una alcaldía municipal cuando su cónyuge ejerce como secretario de despacho, aunque este no intervenga en la contratación ni en la supervisión del contrato?
El contratista no puede celebrar un contrato de prestación de servicios con una alcaldía municipal cuando su cónyuge ejerce como secretario de despacho, independientemente de que este no intervenga en la contratación ni supervise el contrato, debido a que las inhabilidades e incompatibilidades son taxativas y de interpretación restrictiva, impidiendo extenderlas a supuestos no previstos por la ley. El literal c) del numeral 2 del artículo 8 de la Ley 80 de 1993 prohíbe al cónyuge del servidor público de nivel directivo, como secretario de despacho, participar en licitaciones y celebrar contratos con la entidad respectiva, configurándose objetivamente por la concurrencia del vínculo y la condición del servidor, sin necesidad de que intervenga en el proceso de contratación o supervise el contrato. Además, las excepciones a este régimen son igualmente taxativas, por lo que la categoría del municipio o la escasez de personal profesional no enervan la configuración de la causal, lo que implica que la entidad estatal debe buscar alternativas para garantizar la transparencia y la moralidad administrativa en la contratación.síntesis automática
También resuelve: Inhabilidades e incompatibilidades: fundamento, taxatividad, interpretación restrictiva Incompatibilidad del literal c) del numeral 2 del artículo 8 de la ley 80 de 1993: cónyuge o compañero permanente, configuración objetiva Secretarios de despacho: nivel directivo, entidad territorial, dependencias sin personería jurídica
Rama Judicial · recopilada por CCE Providencia

Contratación estatal

250002336000201401265021 2023-05-25 Sección Tercera
ARTÍCULO 45 DE LA LEY 80 DE 1993,ARTÍCULO 87 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES,ARTÍCULO 141 CPACA –…
También resuelve: Artículo 45 de la ley 80 de 1993: definición Artículo 87 de las controversias contractuales: definición, nulidad Artículo 141 del cpaca: disposición, nulidad y restablecimiento del derecho
Colombia Compra Eficiente Concepto

Y es que en los convenios interadministrativos las entidades cooperan entre sí, no se prestan servicios ni se ofrecen bienes a cambio de una remuneración y, los recursos comprometidos a través de los convenios interadministrativos no pueden constituir un pago, sino un aporte para lograr el cometido común.

C-236 de 2023 2023-07-05
¿Se tiene alguna limitación normativa o de ley para el desembolso de los recursos, por ejemplo, no trasladar más del 50% del valor total del convenio interadministrativo al inicio del convenio?
Sin embargo, en línea con las precisiones normativas y jurisprudenciales previamente realizadas, conviene efectuar algunas precisiones para responder la consulta objeto de análisis. En primer lugar, aun cuando los convenios interadministrativos pueden suponer el compromiso de recursos públicos y, por tanto, la realización de aportes financieros, esta circunstancia, por sí sola, no admite la posibilidad de que en este tipo de relaciones jurídicas exista una remuneración en favor de uno de los co-contratantes y a cargo de otro y otros.
También resuelve: Colombia compra eficiente: competencia consultiva, contratación estatal, normas generales, normas generales / convenios interadministrativos Noción y características de los convenios y contratos interadministrativos: elementos esenciales y diferenciadores El límite del valor establecido en el paragrafo del artículo 40 de la ley 80 de 1993: alcance
Colombia Compra Eficiente Concepto

En ambos casos deberán expresarse de manera clara en los estudios del sector las razones por las que se inaplica el plazo inicial de los cuatro meses, mientras que los contratos de prestación de servicios con cargo a recursos de inversión deberán ser estructurados de tal manera que sus productos sean coherentes con las metas del proyecto de inversión respectivo.

C-006 de 2023 2023-02-21
¿La formalización del empleo público para el año 2023 supone contratar en el año 2023 a aquellos contratistas cuyos contratos finiquitaron de manera eficiente en el año 2022 y años anteriores?
… ¿La formalización del empleo público para el año 2023 supone contratar en el año 2023 a aquellos contratistas cuyos contratos finiquitaron de manera eficiente en el año 2022 y años anteriores?… (SIC).
También resuelve: Colombia compra eficiente: competencia consultiva, contratación estatal, normas generales, normas generales / ley 80 de 1993 Ley 80 de 1993: Estatuto General de Contratación Pública, contrato de prestación de servicios, noción
Colombia Compra Eficiente Concepto

La incompatibilidad del literal c) se configura cuando el servidor con quien existe el vínculo ejerce el cargo de nivel directivo es miembro de la junta o consejo directivo, o desempeña funciones de control interno o de control fiscal en la entidad con la cual se pretende contratar.

C-1257 de 2026 2026-09-15
¿Cuál es el alcance de la expresión “la entidad respectiva” contenida en el numeral 2 del artículo 8 de la Ley 80 de 1993 y, en particular, de la incompatibilidad prevista en su literal c)?
El contratista no puede participar en licitaciones ni celebrar contratos estatales con la entidad respectiva si es cónyuge o compañero permanente de un servidor público de niveles directivo, asesor o ejecutivo, de un miembro de la junta o consejo directivo, o de quien ejerza funciones de control interno o fiscal en dicha entidad, lo cual implica que la causal exige que el servidor con quien existe el vínculo ejerza el cargo o la función en la entidad con la cual se pretende contratar. La expresión “la entidad respectiva” se refiere exclusivamente a la persona jurídica estatal que comparece como parte en el contrato y manifiesta el consentimiento contractual por conducto de su representante legal, sin que pueda extenderse a otras entidades públicas con personería jurídica propia pertenecientes al mismo sector administrativo, lo que implica que la interpretación de las incompatibilidades previstas en el artículo 8 de la Ley 80 debe ser estricta y no admite extensión por analogía entre entidades públicas con personalidad jurídica independiente.síntesis automática
También resuelve: Inhabilidades e incompatibilidades: fundamento, taxatividad, interpretación restrictiva Incompatibilidad del literal c) del numeral 2 del artículo 8 de la ley 80 de 1993: cónyuge o compañero permanente, servidores de los niveles directivo, asesor o ejecutivo, control interno o fiscal La entidad respectiva: alcance, entidad estatal contratante, personería jurídica
Colombia Compra Eficiente Concepto

Lo que debe hacer la entidad estatal, al estudiar si se cumple el requisito habilitante de la capacidad jurídica en el procedimiento de selección es verificar que la persona jurídica que presenta la propuesta no esté incursa en la causal de inhabilidad.

C-619 DE 2022 2022-09-27
¿Agradecemos a la entidad confirmar si nuestro entendimiento es correcto y, por ende, les agradecemos confirmar si para efectos de aplicar la causal de inhabilidad prevista en el literal d) del numeral 2 del artículo 8 de la Ley 80 de 1993 se entiende que una persona ocupa un “cargo de dirección o manejo” únicamente cuando dicha persona tenga la condición de administrador en una sociedad?
En el evento de que nuestro anterior entendimiento no sea correcto y bajo el entendido de que las inhabilidades son de interpretación restrictiva, le agradecemos a CCE aclarar: ¿Cuáles son las circunstancias o los requisitos bajo los cuales se entiende que, en el marco de la contratación estatal y de la aplicación de esta inhabilidad (literal d) del numeral 2 del artículo 8 de la Ley 80 de 1993, una persona natural ejerce un “cargo de dirección o manejo” en una sociedad de este tipo? y, a su vez…
También resuelve: Inhabilidades e i
Colombia Compra Eficiente Concepto

Cláusulas exorbitantes: C-385 DE 2022

C-385 DE 2022 2022-06-15
¿En concepto de la Unidad Administrativa Especial Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente, cuando una Entidad Estatal, de las definidas en el artículo 2 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 32 de la Ley 1150 de 2007, celebra un contrato interadministrativo de prestación de servicios de los que trata el artículo 2.2.1.2.1.4.4 del Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario del sector Planeación Nacional…
Considerando que no es posible interpretar unilateralmente los contratos interadministrativos, salvo que exista algún acuerdo entre las partes sobre el alcance de las cláusulas que lo componen, corresponde al juez del contrato resolver cualquier controversia sobre la interpretación de sus estipulaciones. Como explica la doctrina, «Interpretar un acto jurídico es averiguar el verdadero sentido y el alcance de sus estipulaciones. Quienes tiene que pronunciarse sobre un acto jurídico, especialmente los jueces llamados a aplicarlo, tienen que comenzar por entenderlo rectamente, lo que con frecuencia resulta difícil debido a la oscuridad, imprecisión, ambigüedad o deficiencia de las cláusulas empleadas por los agentes para expresar su voluntad, y hasta debido a contradicciones entre dichas cláusulas.
También resuelve: Poderes o cláusulas exorbitantes: interpretación unilateral del contrato Clausulas exorbitantes: Artículo 14 Ley 80 de 1993, contratos interadministrativos Interpretación del contrato: reglas, interpretación auténtica, judicial y doctrinal
Rama Judicial · recopilada por CCE Providencia

Selección abreviada

410012333000201700303011 2024-05-18
Régimen jurídico mixto aplicable a los contratos estatales -conformado por el EGCAP y sus reformas, el derecho mercantil y el Código Civil-, el legislador quiso que esos negocios jurídicos estuvieran regidos por las disposiciones de derecho común, salvo en lo expresamente regulado en la Ley 80 de 1993 y sus normas posteriores. Sobre el particular, esta Corporación ha considerado que la obligación de certificar el pago de aportes parafiscales con la presentación del ofrecimiento en los procesos de selección no se limita a que el proponente aporte tal declaración, sino que la entidad contratante debe verificar el cumplimiento de tal aspecto y, de ser el caso, requerir al oferente para que soporte probatoriamente tal declaración.
También resuelve: Selección abreviada: adjudicación, requisitos de experiencia, aportes parafiscales Régimen jurídico mixto aplicables a la ley 80 de 1993: derecho mercantil, Código Civil, aportes parafiscales
Colombia Compra Eficiente Concepto

De otro lado, las entidades públicas que tengan la capacidad contractual, como es el caso de las contralorías departamentales podrán celebrar contratos o convenios interadministrativos con otras entidades públicas, de acuerdo con sus necesidades.

C-012 de 2022 2022-02-18
¿Las contralorías departamentales pueden suscribir convenios interadministrativos de cooperación u apoyo con alguna secretaria del departamento, ya que las dos son entidades territoriales del mi departamento según la ley 80 de 1993?
De acuerdo con las consideraciones que se exponen en este concepto, se reitera la conclusión en el sentido de que lo que define los contratos o convenios interadministrativos es la naturaleza de las partes, de manera que están determinados por un criterio orgánico, en el sentido de que lo serán aquellos celebrados entre entidades estatales.
También resuelve: Contrato de comodato: características, elementos esenciales Contrato interadministrativo: comodato, bienes inmuebles, bienes muebles
Colombia Compra Eficiente Concepto

Cláusulas exorbitantes: C-639 de 2021

C-639 de 2021 2021-12-14
¿En los contratos interadministrativos si aplican los supuestos del artículo 17 de la Ley 1150 de 2007 y 86 de la Ley 1474 de 2011?
Sin perjuicio de la equiparación entre contratos y convenios para efectos de la Ley de Garantías, la distinción entre ambas figuras es jurídicamente relevante respecto al ejercicio de la potestad sancionatoria del artículo 17 de la Ley 1150 de 2007. En los convenios interadministrativos del artículo 95 de la Ley 489 de 1998 –conforme a la explicación del Concepto C-585 del 15 de octubre de 2021– no es posible imponer unilateralmente las multas y la cláusula penal pecuniaria.
También resuelve: Poderes o cláusulas exorbitantes: contratos o convenios interadministrativos, relación de coordinación, relación de subordinación Clausulas exorbitantes: Artículo 14 Ley 80 de 1993, contratos interadministrativos