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Colombia Compra Eficiente
Concepto
Las entidades estatales no se encuentran facultadas para aplicar directamente sanciones concebidas para relaciones laborales a contratistas vinculados mediante contratos de prestación de servicios.
C-936 de 2026
2026-07-20
¿Cuál es la naturaleza jurídica y el procedimiento aplicable para investigar y sancionar presuntos actos de acoso sexual en contratos de prestación de servicios, mientras se expide la reglamentación prevista en el artículo 20 de la Ley 2365 de 2024?
De conformidad con lo señalado por la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente en el Concepto C-145 del 21 de febrero de 2025, la regulación del procedimiento sancionatorio aplicable a los contratos de prestación de servicios a que se refiere el artículo 20 de la Ley 2365 de 2024 constituye una materia reservada al ejercicio de la potestad reglamentaria del Gobierno nacional. En efecto, la citada disposición legal estableció expresamente que el Gobierno reglamentaría el procedimiento sancionatorio aplicable a este tipo de contratos, por lo que la determinación de las etapas, autoridades competentes, mecanismos probatorios, recursos, sanciones procedentes y demás aspectos operativos corresponde al desarrollo reglamentario de la ley.
También resuelve:
Libertad sexual: contratos de prestación de servicios, protección
Estatuto general de contratación de la administración pública: acoso sexual, procedimiento especial
Potestad reglamentaria: alcance
Colombia Compra Eficiente
Concepto
La entidad puede incluir un plazo más largo o una cuantía más alta en función del análisis de los riesgos asociados a cada proceso de contratación.
C-145 de 2025
2025-02-24
¿Cuál es el alcance del artículo 20 de la Ley 2365 de 2024, respecto a las medidas de prevención, protección y atención del acoso sexual en el ámbito laboral, en los contratos de prestación de servicios?
El contratista debe implementar medidas de prevención, protección y atención del acoso sexual en el ámbito laboral conforme al artículo 20 de la Ley 2365 de 2024, lo que implica que las entidades estatales que suscriben contratos de prestación de servicios con personas naturales tienen la misma responsabilidad y obligaciones que las empresas privadas en este aspecto. Esta disposición amplía la aplicación de la Ley 1010 de 2006 a los contratos de prestación de servicios, incluyendo la obligación de establecer un procedimiento especial para la gestión de quejas y garantías de protección, sin que esto implique una presunción de vínculo laboral. La regla matiza la interpretación previa de la Ley 1010 de 2006, extendiendo su alcance a los contratos de prestación de servicios en el ámbito estatal, lo que implica una mayor responsabilidad para las entidades públicas en la protección de la libertad sexual de sus contratistas.síntesis automática
También resuelve:
Libertad sexual: contratos de prestación de servicios, protección
Estatuto general de contratación de la administración pública: acoso sexual, procedimiento especial
Potestad reglamentaria: alcance
Colombia Compra Eficiente
Concepto
Contrario sensu, el parágrafo primero del artículo 57 de la Ley 30 de 1992 dispone que “Las instituciones estatales u oficiales de Educación Superior que no tengan el carácter de universidad según lo previsto en la presente Ley deberán organizarse como Establecimientos Públicos del orden Nacional, Departamental, Distrital o Municipal”.
C-448 de 2025
2025-05-20
¿Cuál es el procedimiento que deben llevar a cabo las Instituciones de Educación Superior incluyendo en aquellos casos de acoso sexual en los cuales el presunto agresor se encuentra vinculado mediante contrato de prestación de servicios profesionales y/o apoyo a la gestión?
La Ley 1010 de 2006 no se aplica a quienes tienen contratos de prestación de servicios sin relación de jerarquía o subordinación, pero la Ley 2365 de 2024 cambió ese panorama para el acoso sexual en el ámbito laboral y en las instituciones de educación superior. Esa ley entiende que hacen parte del contexto laboral las interacciones de los contratistas de prestación de servicios, independientemente de la naturaleza de su vinculación, y dispone que quienes celebren esos contratos con personas naturales tienen la misma responsabilidad y obligaciones de la ley, según su ámbito de competencia. Además, aclara que las medidas implementadas por los contratantes no implican presunción de vínculo laboral con el contratista. La ley prevé un mecanismo de queja, que se articula con las garantías de protección, y para los contratos con entidades sometidas al Estatuto General de Contratación establece un trámite de naturaleza especial. Por ello, la institución debe activar el mecanismo de queja y los procedimientos de protección cuando el presunto agresor sea contratista, sin asumir que el vínculo contractual lo excluye.síntesis automática
También resuelve:
Libertad sexual: contratos de prestación de servicios, protección
Estatuto general de contratación de la administración pública: acoso sexual, procedimiento especial
Medidas de protección: sujetos, objeto contractual, forma de pago