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INTERVENTORÍA CONTRACTUAL

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Colombia Compra Eficiente Concepto

Es necesario preguntarse si la naturaleza de la obra pública y del régimen jurídico aplicable es independiente de que el negocio se celebre como contrato o convenio.

C-364 de 2024 2024-09-17
¿La naturaleza de la obra pública y sus obligaciones, para efectos de régimen contractual aplicable, depende de su nominación como contrato o convenio de gerencia integral o de administración delegada?
La naturaleza de obra pública de un negocio jurídico, y con ella el régimen contractual aplicable, no depende de la nominación que le asignen las partes: cualquier negocio que implique un trabajo material sobre bienes inmuebles a favor de alguna de las entidades del artículo 2 de la Ley 80 de 1993 es una obra pública sometida al Estatuto General de Contratación, sea que se ejecute mediante contrato o convenio de gerencia integral o de administración delegada, pues estas categorías pertenecen a la tipología del numeral 1 del artículo 32 de esa ley, que define el contrato de obra cualquiera que sea la modalidad de ejecución y pago. Ese numeral adopta un sentido restringido, limitado a trabajos sobre inmuebles. La interventoría es obligatoria en los contratos de obra celebrados como resultado de licitación y en los supuestos del artículo 83 de la Ley 1474 de 2011, cuando el seguimiento suponga conocimiento especializado o la complejidad o extensión del contrato lo justifiquen; en los demás casos es facultativa, sin perjuicio del artículo 33 de la Ley 1508 de 2012. Ninguna norma fija un porcentaje de remuneración del interventor, que se determina en ejercicio de la autonomía de la voluntad.síntesis automática
También resuelve: Contrato de obra pública: concepto, sentido restringido Régimen contractual: obra pública, no depende de la nominación de las partes Interventoría contractual: obligatoriedad, normatividad especial
Rama Judicial · recopilada por CCE Providencia

Incumplimiento contractual: las entidades estatales no pueden despojarse de sus competencias en el ámbito contractual

25000233600020220012201 de 2026 2026-09-09 Rad. 25000233600020220012201
El contratista no puede eximirse del incumplimiento contractual por circunstancias atribuibles a la entidad estatal, ya que la planeación contractual impone a la entidad el deber de establecer la necesidad y conveniencia de la contratación y verificar su viabilidad técnica, económica y jurídica, así como definir las condiciones de ejecución y distribución de riesgos. Además, la alteración del equilibrio económico del contrato por causas atribuibles a la entidad estatal no justifica el incumplimiento del contratista, quien tiene derecho a reclamar medidas para restablecer la equivalencia económica, como el pago de un suplemento sobre el precio. La cláusula penal del contrato estatal, que cumple una función de estimación de perjuicios, no es una sanción administrativa, sino una cláusula convencional que regula una relación jurídico-patrimonial y que puede ser reducida proporcionalmente por el cumplimiento parcial de la obligación principal, según las normas civiles y comerciales. Esta regla matiza precedentes y establece que el incumplimiento contractual no puede ser atribuido a la entidad estatal sin afectar la responsabilidad del contratista.síntesis automática
También resuelve: Incumplimiento contractual: imputabilidad al contratista, indisponibilidad y no negociabilidad, mala planeación contractual Principio de planeación contractual: estudios previos, viabilidad contractual, deber de establecer la necesidad y conveniencia de la contratación Preservación del equilibrio económico del contrato: Ley 80 de 1993, existencia de una obligación contractual, atribución a la entidad estatal, afectación económica