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Rama Judicial · recopilada por CCE
Providencia
Actos administrativos de trámite: ACTO ADMINISTRATIVO DEFINITIVO-Es aquel que es capaz de generar efectos jurídicos
25000232600020070061701 DE 2025 de 2025
2025-09-15
Rad. 25000232600020070061701
El contratista no puede impugnar judicialmente actos administrativos proferidos antes de la celebración del contrato, salvo que estos sean definitivos y generen una situación jurídica nueva; en el caso de solicitudes de revocatoria directa, el acto que las niega no constituye un acto administrativo definitivo susceptible de acción contencioso administrativa, ya que no genera una situación jurídica distinta a la del acto revocado. Esta regla implica que la controversia contractual se limita a aspectos relacionados con el contrato en sí, su existencia, nulidad o incumplimiento, y no abarca actos previos que no generen una nueva situación jurídica. Esto reitera la jurisprudencia del Consejo de Estado, que establece que la negativa a revocar un acto administrativo no es susceptible de impugnación judicial, lo que implica que las pretensiones basadas en estos actos deben ser negadas en la práctica.síntesis automática
También resuelve:
Régimen de actos administrativos en la contratación estatal según la ley 80 de 1993: régimen de actos administrativos en la contratación estatal, actos previos al contrato, la Ley 80 de 1993, en su regulación, distinguió con claridad el régimen de los actos administrativos expedidos con anterioridad a la celebración del contrato, de aquel que se refiere a los actos proferidos con posterioridad. Además, incluso, determinó que ciertos actos, no obstante ser previos, tienen efectos reguladores sobre el contrato, como ocurre con el pliego de condiciones (artículo 30.2 de la Ley 80 de 1993) que establece el régimen jurídico y los derechos y deberes de las partes, respecto del c ual la jurisprudencia ha reconocido una doble naturaleza: como acto administrativo y como una disposición contractual por su vocación de integrar el contrato. En efecto, por solo hacer referencia a algunas disposiciones, el numeral 5º del artículo 26 de la Ley 80 de 1993 dispuso que «la responsabilidad de la dirección y manejo de la actividad contractual y la de los procesos de selección será del jefe o represen tante de la entidad estatal», con lo que diferenció unos actos de otros. Esta separación conceptual entre actos previos al contrato y los emitidos una vez celebrado también se encuentra en el numeral 7º del artículo 24, en el que se indicó que los actos ad ministrativos que se expidan en la «actividad contractual o con ocasión de ella», se motivarán en forma detallada e hizo esa misma exigencia respecto del acto de adjudicación y del de declaratoria de desierta, es decir, los tuvo como una categoría distinta. En tal sentido, la Ley 80 de 1993 optó, en su momento, por regular, de un lado, la procedencia de la acción de controversias contractuales para los actos expedidos una vez perfeccionado el contrato y, por otro, las acciones de nulidad y restablecimiento del derecho para controlar la legalidad de los actos previos, tales como aquél que adjudica el contrato, el que declara desierta la licitación -susceptible además de reposición, y todos aquellos que, previos a ese perfeccionamiento, fueran definitivos o de trámite pero que pusieran fin al procedimiento administrativo. impugnación de los actos administrativos precontractuales en la contratación estatal
Rama Judicial · recopilada por CCE
Providencia
Interpretación de los contratos
41001233300020120022702 de 2025
2025-05-30
Rad. 41001233300020120022702
La Sala trae a colación los artículos 1618 a 1624 del Código Civil (CC), en los que se establecen los principios y reglas de interpretación de los contratos, aplicables íntegramente a los negocios jurídicos que celebran las entidades estatales, de las cuales predominan, de una parte, el criterio subjetivo encaminado a la búsqueda y a la preservación del querer de las partes en la celebración del negocio; y de otra, la buena fe, como fuente de parámetros éticos a lo largo de todo el desarrollo contractual desde su negociación hasta su liquidación, parámetros concordantes con aquellos previstos en el artículo 28 de la Ley 80 de 1993. En tal sentido, en este tipo de acuerdos no es viable que ninguno de ellos varíe lo pactado sin aquiescencia de su contraparte, máxime cuando el EGCAP es expreso en proscribir el pacto y ejercicio de cláusulas excepcionales en los contratos interadministrativos, entre ellas, la de modificación unilateral.
También resuelve:
Interpretación de los contratos: principios, reglas de interpretaciones, contratos estatales, aplicación reglas de interpretación
Contrato: modificaciones, voluntad de las partes, pacta sunt servada / clausulas expecionales, contratos interadministrativos
Rama Judicial · recopilada por CCE
Providencia
Ejecución de buena fe: 25000 23 26 000 2008 10598 01_61617
25000-23-26-000-2008-10598-01_61617
2021-09-08
Sección Tercera
FINANCIACIÓN EXTRANJERA,EJECUCIÓN DE BUENA FE,INTERPRETACIÓN DE BUENA FE,INTERPRETACIÓN DE LOS CONTRATOS,EXCESIVA ONEROSIDAD SOBREVENIDA –…
Rama Judicial · recopilada por CCE
Providencia
Contratos interadministrativos: el contrato debe ser interpretado de acuerdo con la naturaleza del negocio celebrado
50001233100020100044901 de 2025
2025-06-24
Sección Tercera
Rad. 50001233100020100044901
La Sección Tercera del Consejo de Estado ha indicado que en los contratos interadministrativos “… se generan obligaciones recíprocas y patrimoniales a cargo de ambas entidades contrayentes, dado que concurren a su formación con intereses disímiles o contrapuestos, pues, aunque la entidad que resulta contratista es de carácter público, tiene intereses propios derivados de su actividad… ”. De manera más concreta, esta Corporación ha diferenciado los acuerdos de voluntades antes referidos, así (transcripción literal): Ahora bien, la Sala no pasa por alto que, efectivamente, el Municipio celebró el contrato de obra pública con el objeto de mejorar la vía , negocio jurídico en marco del cual el demandando le entregó al consorcio contratista un anticipo .
También resuelve:
Contratos interadministrativos: características, convenios interadministrativos, diferencias entre el contrato y el convenio interadministrativo, finalidad
Interpretación de los contratos: Código Civil artículo 1618
Anticipo: no puede considerarse como una inversión, devolución de dinero por incumplimiento del convenio interadministrativo
Rama Judicial · recopilada por CCE
Providencia
Caducidad acción contractual: 25000 23 26 000 2002 01147 01_26937
25000-23-26-000-2002-01147-01_26937
2013-09-27
Sección Tercera
Tèrmino,Intención contratantes – Mes: enero – Año: 1900…
También resuelve:
Caducidad acción contractual: término
Interpretación de los contratos: intención contratantes
Consejo de estado
Rama Judicial · recopilada por CCE
Providencia
Interpretación de los contratos: 25000 23 26 000 1985 02461 01_19081
25000-23-26-000-1985-02461-01_19081
2011-05-09
Sección Tercera
Propuestas,Principio de legalidad,Propuesta más favorable Evaluación,Criterios – Mes: mayo – Año: 2011…
Rama Judicial · recopilada por CCE
Providencia
Medio de control: la caducidad es un mecanismo de certidumbre y seguridad jurídica
15001233300020190001701 de 2025
2025-09-22
Rad. 15001233300020190001701
El contratista no puede ejercer su derecho de acción para solicitar la nulidad absoluta de un contrato estatal una vez vencido el plazo de dos años desde la fecha de perfeccionamiento del acuerdo de voluntades, salvo en casos excepcionales como la solicitud de conciliación extrajudicial, lo que implica la caducidad del derecho de acción y la consolidación de la situación jurídica del contrato. En este caso, el contrato en cuestión se perfeccionó el 22 de diciembre de 2014, y la entidad estatal declaró la caducidad del acuerdo de voluntades el 17 de enero de 2018, lo que fue confirmado el 23 de mayo de 2018. La demanda presentada el 19 de diciembre de 2018 fue declarada extemporánea, lo que llevó a la Sala a modificar parcialmente la sentencia del Tribunal Administrativo de Boyacá, declarando la caducidad de la pretensión de nulidad absoluta y condenando al contratista en costas en segunda instancia, lo que reafirma la importancia de cumplir rigurosamente con los plazos legales para evitar la pérdida del derecho de acción.síntesis automática
También resuelve:
Medio de control: seguridad jurídica, control judicial, aparato judicial
Interpretación de los contratos estatales: aplicación de criterios de interpretación
Requisitos de perfeccionamiento: requisitos de ejecución del contrato estatal, Ley 80 de 1993 artículo 41
Rama Judicial · recopilada por CCE
Providencia
Contrato a precios unitarios fijos: debe precisarse que cuando una prórroga es concedida en beneficio del contratista
13001233300020170082000 de 2026
2026-06-26
Sección Tercera
Rad. 13001233300020170082000
El juez del contrato estatal no puede deducir una renuncia tácita por la ausencia de salvedades en acuerdos modificatorios, ni exigir reservas expresas como requisito para la procedencia de reclamaciones posteriores, pues ello contraviene la autonomía de la voluntad y la prohibición legal de condicionar modificaciones contractuales a renuncias de derechos. La Sala Plena de la Sección Tercera reitera que el juez debe examinar el contenido y contexto de los acuerdos para determinar si las partes regularon o zanjaron la controversia económica, y no puede crear requisitos jurisprudenciales no previstos en la ley. Esta regla implica que el juez debe valorar la conducta real de las partes y el material probatorio para determinar las responsabilidades contractuales, sin desnaturalizar el principio de buena fe objetiva.síntesis automática
También resuelve:
Ausencia de salvedades en acuerdos modificatorios del contrato estatal y reclamaciones posteriores
Principio de buena fe en la contratación estatal
Reclamaciones posteriores en el contrato estatal
Rama Judicial · recopilada por CCE
Providencia
Contrato de interventoría: la prórroga del contrato de obra no implica, la prórroga del contrato de interventoría
25000233600020190063001 de 2025
2025-07-18
Rad. 25000233600020190063001
En los contratos de obra celebrados como resultado de un proceso de licitación, la interventoría debe ser contratada obligatoriamente con una persona independiente tanto de la entidad contratante como del contratista (Ley 80 de 1993, art. 32.1). En suma, la estimación del valor del contrato de interventoría durante la etapa de planeación se encuentra estrechamente vinculada al objeto del contrato de obra. Es necesario distinguir entre la modalidad de remuneración y la forma de pago. El Contrato de Interventoría se estructuró como un negocio jurídico conmutativo, en la medida en que desde su celebración se establecieron obligaciones recíprocas y equivalentes para las partes: el Interventor se obligó a realizar el seguimiento y control de la ejecución del Contrato de Obra (cláusulas segunda y cuarta); como contraprestación por esa labor, el FDL se comprometió a pagar “el valor del contrato en las condiciones pactadas”
También resuelve:
Contrato de interventoría: finalidad, correcta ejecución del contrato, contrato de interventoría, seguimiento técnico
Contratos de obra e interventoría: contratos autónomo, contrato de interventoría, objeto, vigilancia técnica
Interpretación de los contratos: principios, reglas de interpretación, contratos estatales –intención común de las partes, Artículo 1618 del Código Civil