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Rama Judicial · recopilada por CCE
Providencia
Actos administrativos de trámite: ACTO ADMINISTRATIVO DEFINITIVO-Es aquel que es capaz de generar efectos jurídicos
25000232600020070061701 DE 2025 de 2025
2025-09-15
Rad. 25000232600020070061701
El contratista no puede impugnar judicialmente actos administrativos proferidos antes de la celebración del contrato, salvo que estos sean definitivos y generen una situación jurídica nueva; en el caso de solicitudes de revocatoria directa, el acto que las niega no constituye un acto administrativo definitivo susceptible de acción contencioso administrativa, ya que no genera una situación jurídica distinta a la del acto revocado. Esta regla implica que la controversia contractual se limita a aspectos relacionados con el contrato en sí, su existencia, nulidad o incumplimiento, y no abarca actos previos que no generen una nueva situación jurídica. Esto reitera la jurisprudencia del Consejo de Estado, que establece que la negativa a revocar un acto administrativo no es susceptible de impugnación judicial, lo que implica que las pretensiones basadas en estos actos deben ser negadas en la práctica.síntesis automática
También resuelve:
Régimen de actos administrativos en la contratación estatal según la ley 80 de 1993: régimen de actos administrativos en la contratación estatal, actos previos al contrato, la Ley 80 de 1993, en su regulación, distinguió con claridad el régimen de los actos administrativos expedidos con anterioridad a la celebración del contrato, de aquel que se refiere a los actos proferidos con posterioridad. Además, incluso, determinó que ciertos actos, no obstante ser previos, tienen efectos reguladores sobre el contrato, como ocurre con el pliego de condiciones (artículo 30.2 de la Ley 80 de 1993) que establece el régimen jurídico y los derechos y deberes de las partes, respecto del c ual la jurisprudencia ha reconocido una doble naturaleza: como acto administrativo y como una disposición contractual por su vocación de integrar el contrato. En efecto, por solo hacer referencia a algunas disposiciones, el numeral 5º del artículo 26 de la Ley 80 de 1993 dispuso que «la responsabilidad de la dirección y manejo de la actividad contractual y la de los procesos de selección será del jefe o represen tante de la entidad estatal», con lo que diferenció unos actos de otros. Esta separación conceptual entre actos previos al contrato y los emitidos una vez celebrado también se encuentra en el numeral 7º del artículo 24, en el que se indicó que los actos ad ministrativos que se expidan en la «actividad contractual o con ocasión de ella», se motivarán en forma detallada e hizo esa misma exigencia respecto del acto de adjudicación y del de declaratoria de desierta, es decir, los tuvo como una categoría distinta. En tal sentido, la Ley 80 de 1993 optó, en su momento, por regular, de un lado, la procedencia de la acción de controversias contractuales para los actos expedidos una vez perfeccionado el contrato y, por otro, las acciones de nulidad y restablecimiento del derecho para controlar la legalidad de los actos previos, tales como aquél que adjudica el contrato, el que declara desierta la licitación -susceptible además de reposición, y todos aquellos que, previos a ese perfeccionamiento, fueran definitivos o de trámite pero que pusieran fin al procedimiento administrativo. impugnación de los actos administrativos precontractuales en la contratación estatal
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Laudo
Contratación estatal: se desestimaron las excepciones propuestas por la ANI relacionadas con los numerales 1.1
TRIBUNAL ARBITRAL CONCESIONARIA VIAL ANDINA S.A.S. vs. AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA ANI de 2025
2025-12-15
El Tribunal declaró probada la excepción denominada falta de competencia del tribunal para conocer de las controversias planteadas por la convocante relacionadas con las pretensiones declarativas 1,2, 1.2 y 1,3, Por su parte, negó la pretensión declarativa 1.4. de la demanda principal formulada por CONVIANDINA. Declaró la prosperidad parcial de la pretensión 1.4.1. de la demanda relativa a la interpretación del romanito v literal de la sección 12.8. del capítulo de la parte general del contrato. Se desestimaron las excepciones propuestas por la ANI relacionadas con los numerales 1.1, 1.2 y 1.3.
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Concepto
Las afirmaciones aquí realizadas no pueden ser interpretadas como juicios de valor sobre circunstancias concretas relacionadas con los hechos que motivan la consulta.
C-1211 de 2026
2026-09-14
¿La interventoría del régimen subsidiado constituía un contrato de consultoría o podía contratarse como contrato de prestación de servicios durante el año 2007?
El contratista que realiza labores de interventoría para el régimen subsidiado de salud durante 2007 debe ser contratado como consultor, no como prestador de servicios, según el numeral 2 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, que especifica que la interventoría es un contrato de consultoría. La naturaleza del contrato se determina por el objeto y las obligaciones pactadas, no por su denominación formal, y debe seguirse la reglamentación vigente en ese momento, que incluye el artículo 13 de la Ley 1122 de 2007 para la interventoría del régimen subsidiado. Esta regla reitera la jurisprudencia existente y aclarará la naturaleza de los contratos de interventoría en el contexto del régimen subsidiado, evitando confusiones sobre su clasificación y procedimiento de selección.síntesis automática
También resuelve:
Contratación estatal: Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, egcap, contrato de consultoría, interventoría
Contrato de prestación de servicios: Ley 80 de 1993, Artículo 32 numeral 3, diferenciación frente a la interventoría
Interpretación contractual: naturaleza jurídica del contrato, primacía del objeto contractual sobre la denominación formal
Rama Judicial · recopilada por CCE
Providencia
Interpretación contractual: la interpretación no puede reducirse a un análisis gramatical aislado
76001233300020160188101 de 2026
2026-07-29
Rad. 76001233300020160188101
El contratista no puede extender el objeto contractual de la explotación publicitaria en mobiliario urbano a elementos del sistema de transporte masivo, ya que la interpretación en sentido estricto del contrato debe determinar la intención común de las partes y no modificar el negocio jurídico, siguiendo las etapas de interpretación, calificación e integración establecidas en el Código Civil y la Ley 80 de 1993. La Sala reitera la importancia de interpretar los contratos estatales en armonía con los fines y principios de la contratación pública, lo que implica una lectura sistemática y teleológica del contrato, sin desconocer los criterios hermenéuticos civiles. Esta regla limita la capacidad del contratista para ampliar unilateralmente el alcance del contrato sin una modificación formal y consensuada por ambas partes.síntesis automática
También resuelve:
Interpretación contractual: proceso, etapas, interpretación en sentido estricto, calificación
Rama Judicial · recopilada por CCE
Providencia
Contratos de tracto sucesivo: se trata de un contrato interadministrativo
25000233600020150260101 de 2025
2025-09-22
Sección Tercera
Rad. 25000233600020150260101
Verificada la ocurrencia de un daño antijurídico y su imputación al Estado, surge el deber de indemnizarlo plenamente, cualquiera que sea el régimen de responsabilidad de que se trate. En este orden, para que opere la responsabilidad contractual del Estado, se requiere: i) la existencia de un daño antijurídico, consistente en la lesión del derecho de crédito que emana del contrato como fuente de obligaciones y que confiere a las partes la facultad de exigir el cumplimiento de las prestaciones pactadas; y ii) la imputación del daño a la entidad contratante, la cual tiene lugar cuando se presenta un incumplimiento de las obligaciones asumidas en virtud del negocio jurídico celebrado, bien por la inejecución total de la obligación pactada o su ejecución defectuosa o tardía, sin que medie una causal de exoneración, de conformidad con las circunstancias particulares del caso y las condiciones pactadas en el respectivo negocio jurídico.
También resuelve:
Contratos de tracto sucesivo: liquidación
Régimen jurídico de contratación: contrato interadministrativo, aplicación egcap
Contrato interadministrativo: diferencia con convenios interadministrativo