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Usted realiza la siguiente consulta: “ si existe o no restricción para la adquisición (compra venta) de predios de importancia estratégica para la conservación del recurso hídrico así como la suscripción de acuerdos voluntarios de pagos por servicios ambientales, conformidad con lo establecido en el artículo 111 de la Ley 99 de 1993, modificado por el artículo 210 de la Ley 1450 de 2011, reglamentado en el Decreto Ley 870 de 2017 y Decreto 1007 de 2018…
Si existe o no restricción para la adquisición (compra venta) de predios de importancia estratégica para la conservación del recurso hídrico así como la suscripción de acuerdos voluntarios de pagos por servicios ambientales, conformidad con lo establecido en el artículo 111 de la Ley 99 de 1993, modificado por el artículo 210 de la Ley 1450 de 2011, reglamentado en el Decreto Ley 870 de 2017 y Decreto 1007 de 2018; durante la vigencia de la Ley 996 de 2005 .
También resuelve:Ley de garantías electorales: tipos de restricciones, ámbito temporal, prohibición por elección de cargos populares, convenios y contratos interadministrativos
¿Es necesario que el propietario y vendedor del bien inmueble acredite el cumplimiento de las obligaciones sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje ?
Lo anterior, teniendo en cuenta que dada la naturaleza del contrato de compraventa de un bien inmueble, este no implica o involucra la prestación de un servicio por una persona natural en favor de una persona natural o jurídica de derecho público o privado, máxime si se tiene en cuenta que por lo general, el valor del contrato se paga en un (1) único pago. Por lo que se requiere respetuosamente, que se emita un concepto frente a su obligatoriedad o no con el fin de gestionar lo pertinente…
También resuelve:Adquisición de bienes inmuebles: modalidad de contrataciónAdquisición de bienes inmuebles ─ reglasSeguridad social integral: verificación, contratos de cualquier naturaleza
¿Cuál es la modalidad de contratación que debe adelantar una entidad territorial, para la enajenación de bienes inmuebles, por motivos de utilidad pública?
Para la enajenación de bienes inmuebles de propiedad de entidades territoriales, la modalidad aplicable es la selección abreviada, que el artículo 2.2.1.2.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015 establece como mecanismo para la enajenación de bienes del Estado. Las entidades territoriales no se rigen por el supuesto de transferencia a la CISA del artículo 2.2.1.2.2.1.3, que aplica a entidades del orden nacional, por lo que pueden realizar la enajenación directamente y lideran el proceso de selección abreviada, sin trasladarlo a un intermediario. Esa selección abreviada debe seguir lo dispuesto en el capítulo de enajenación del Decreto 1082. La figura de la contratación directa no se confunde con esa posibilidad, porque el artículo 2.2.1.2.2.1.3 no se refiere a la contratación directa como modalidad. En consecuencia, para enajenar inmuebles con fines de utilidad pública, la entidad territorial debe adelantar una selección abreviada que ella misma conduzca, conforme a la naturaleza de utilidad pública de la enajenación.síntesis automática
También resuelve:Enajenación de bienes: modalidad de contratación, selección abreviada, entidades del orden nacional, entidades del orden territorial
¿Es obligatorio contar con un estudio de mercado comparativo entre varios inmuebles que cumplan los requisitos establecidos por la Entidad o basta con el análisis a las condiciones, avalúo y características que permiten determinar el tipo de inmueble a adquirir?
De acuerdo con lo estipulado en el artículo 2.2.1.2.1.4.10 de la ley 1082 de 2015, las Entidades Estatales pueden adquirir bienes inmuebles mediante contratación directa siguiendo las siguientes reglas.
También resuelve:Análisis y comparación: Decreto 1082 de 2015, Artículo 2.2.1.2.1.4.10, numeral 2Adquisición de bienes inmuebles: principios, modalidad de contratación / adquisición de bienes inmuebles, reglas –estudios previos / analisis y comparación, Decreto 1082 de 2015Comparación: otros inmuebles
¿Si una entidad estatal desea adquirir un bien inmueble con quien es válido realizar el avaluó comercial del mismo?
El artículo 2.2.1.2.1.4.10 del decreto 1082 de 2015 es claro en establecer las reglas para que una entidad pública adquiera un bien inmueble bajo la modalidad de contratación directa. Dichas reglas se convierten en los estudios previos que la entidad deberá elaborar para estructurar su proceso de contratación. Estos estudios específicos son los que las entidades estatales deben realizar antes de la suscripción del contrato. Dichos estudios son los siguientes: i) avalúo con una institución especializada de los bienes inmuebles identificados que satisfagan las necesidades de las entidades estatales; y ii) el análisis y comparación de las condiciones de los inmuebles y las opciones de adquisición…
También resuelve:Adquisición de bienes inmuebles: estudios previos, planeaciónAvaluos comerciales: a rtículo 2.2.1.2.1.4.10 del Decreto 1082 de 2015
¿Cuál es el alcance de las funciones del supervisor en el trámite de pago de un contrato estatal y a qué dependencias corresponde definir el procedimiento administrativo, financiero, presupuestal, contable y jurídico para efectuarlo?
El régimen de inhabilidades e incompatibilidades constituye un conjunto de restricciones especiales a la capacidad para presentar ofertas y celebrar contratos estatales que, por afectar el ejercicio de un derecho, únicamente puede ser establecido por la Constitución o la ley y debe interpretarse de manera restrictiva, sin que sea posible ampliar sus causales por vía de analogía o de interpretación extensiva.
También resuelve:Régimen de inhabilidades e incompatibilidades: noción, finalidad, carácter restrictivo, interpretación restrictivaParentesco por afinidad: segundo grado, alcanceAdquisición de bienes inmuebles: contratación directa, capacidad para contratar
¿Cuál es el alcance del régimen de inhabilidades e incompatibilidades en la adquisición directa de bienes inmuebles cuando el propietario tiene un vínculo de parentesco en segundo grado de afinidad con el representante legal de la entidad estatal?
El régimen de inhabilidades e incompatibilidades en la contratación pública limita la capacidad de personas naturales o jurídicas para celebrar contratos con el Estado, asegurando la idoneidad, imparcialidad, probidad y transparencia en la función pública, y solo puede ser establecido por la Constitución o la ley, interpretándose de manera restrictiva. Según el artículo 8, numeral 2, literal b), de la Ley 80 de 1993, no pueden celebrar contratos con la entidad estatal quienes tengan vínculos de parentesco hasta el segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil con servidores públicos de niveles directivo, asesor o ejecutivo, incluyendo al representante legal como servidor directivo. La adquisición de bienes inmuebles mediante contratación directa no exime de esta normativa, por lo que si el propietario del inmueble está en segundo grado de afinidad con el alcalde, la entidad estatal no puede celebrar el contrato, a menos que se demuestre que la inhabilidad no afecta el interés público.síntesis automática
También resuelve:Régimen de inhabilidades e incompatibilidades: noción, finalidad, carácter restrictivo, interpretación restrictivaParentesco por afinidad: segundo grado, alcanceAdquisición de bienes inmuebles: contratación directa, capacidad para contratar
¿Cuáles son los mecanismos para la enajenación de bienes inmuebles de propiedad de las entidades públicas?
El literal e) del numeral 2 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 dispone que la enajenación de bienes del Estado, con excepción de aquellos a que se refiere la Ley 226 de 1995, se realiza a través de la modalidad de selección abreviada.
También resuelve:Enajenación de bienes: modalidad de contrataciónMecanismos de enajenación: Decreto 1085 de 2015Bienes inmuebles
¿Que se debe entender por las “opciones de adquisición” en un proceso de adquisición de bienes inmuebles en el marco de lo previsto en el artículo 2.2.1.2.1.4.10 del Decreto 1082 de 2015?
En cuanto a la primera cuestión es necesario indicar que, de conformidad con lo previsto en el literal i) del numeral 4 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, la modalidad de selección aplicable para la adquisición y arrendamiento de inmuebles es la contratación directa. En lo relativo a la adquisición de inmuebles, esta causal se encuentra reglamentada en el artículo 2.2.1.2.1.4.10 del Decreto 1082 de 2015.
También resuelve:Análisis y comparación: Decreto 1082 de 2015, Artículo 2.2.1.2.1.4.10, numeral 2Adquisición de bienes inmuebles: principiosComparación: otros inmuebles
68001233300020170015801 de 20262026-04-20Sección TerceraRad. 68001233300020170015801
El contratista no puede invocar la lesión enorme en un contrato de promesa de compraventa, ya que esta figura se aplica exclusivamente a la compraventa propiamente dicha, donde se establece una obligación de dar, mientras que la promesa de contrato implica una obligación de hacer. Además, la jurisprudencia ha establecido que la controversia derivada de la ejecución de actividades sin el respaldo de un contrato en favor de entidades que deben aplicar el Estatuto General de Contratación Pública se regirá por las reglas de la reparación directa, salvo en casos excepcionales donde no exista razón jurídica para una acción contractual o extracontractual. En consecuencia, la pretensión basada en el enriquecimiento sin justa causa resulta improcedente cuando la controversia tiene su origen en un negocio jurídico determinado, lo que implica que el contratista debe buscar otras vías legales para su reclamo.síntesis automática
También resuelve:Adquisición de inmuebles por enajenación voluntaria y expropiación judicial: normatividad, plazo para iniciar proceso de expropiaciónLesión enorme en contratos estatales: ámbito de aplicación – contrato de compraventa, obligaciones en el contrato de compraventa, obligación de dar, obligaciones en el contrato de promesa de compraventa
¿Cuáles son los mecanismos para la enajenación de bienes fiscales?
El literal e) del numeral 2 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 dispone que la enajenación de bienes del Estado, con excepción de aquellos a que se refiere la Ley 226 de 1995, se realiza a través de la modalidad de selección abreviada.
También resuelve:Enajenación de bienes: modalidad de contrataciónMecanismos de enajenación: Decreto 1085 de 2015Bienes muebles e inmuebles
¿La reforestación y el mantenimiento de plantaciones se consideran actividades de obra pública?
Conforme a la definición del numeral 1 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, las actividades de reforestación –entendidas por la RAE como el hecho de «Repoblar un terreno con plantas»– constituyen un trabajo material sobre un inmueble; razón por la cual esta actividad se encuentra en la definición de obra pública. Una vez sembrados, conforme a los artículos 656 y 657 del Código Civil, adquieren la categoría de inmuebles por adhesión mientras se mantengan en el terrero; luego, el mantenimiento de árboles y plantas también forma parte de la tipología contractual mencionada.
También resuelve:Obra pública: trabajos materiales, bienes inmueblesInmuebles por adhesión: árboles, plantasPresupuesto oficial: estimación, impuestos, aiu
Usted realiza la siguiente consulta: «La reforestación y el mantenimiento de plantaciones se consideran actividades de obra pública o es un servicio… El presupuesto de esta clase de actividades incluye el AIU o IVA» (sic).
Las actividades de reforestación constituyen un trabajo material sobre un inmueble y, por tanto, se encuadran en la definición de contrato de obra del numeral 1 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993. Una vez sembrados, los árboles y las plantas adquieren la categoría de inmuebles por adhesión mientras se mantengan en el terreno, conforme a los artículos 656 y 657 del Código Civil, por lo que su mantenimiento también forma parte de esa tipología contractual. En cuanto al presupuesto, el AIU es un método para cuantificar los costos indirectos de administración, imprevistos y utilidad, que las partes pueden pactar en ejercicio de la autonomía de la voluntad, discriminarlo o incorporarlo en los precios unitarios, sin que sea requisito legal de existencia o validez del contrato de obra. Aunque ninguna norma impone esta práctica, solo es relevante discriminar la utilidad, ya que está gravada con IVA en los contratos de obra celebrados con autoridades del orden nacional, mientras que el artículo 100 de la Ley 21 de 1992 excluye del IVA los contratos de obras públicas con entidades territoriales y descentralizadas del orden departamental y municipal.síntesis automática
También resuelve:Obra pública: trabajos materiales, b ienes inmueblesInmuebles por adhesión: árboles, plantasPresupuesto oficial: estimación, impuestos, aiu
LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA,PRÓRROGA DEL CONTRATO,CADUCIDAD DE LA ACCIÓN,APELACIÓN,DICTAMEN PERICIAL,RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL,LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO,INMUEBLES,INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS,DAÑO MATERIAL,CARGA DE LA PRUEBA – Determinación,Criterios,Por activa,Contrato Estatal,Personas jurídicas,Socios,Controversias contractuales,Partes,Excepciones,Incumplimiento del contrato,Formalidad,Inexistencia,Normas,Aplicación,Ocurrencia del hecho,Apela – Mes: mayo – Año: 2019…
También resuelve:Legitimación en la causa: determinación, criterios, por activa, contrato estatalPrórroga del contrato: formalidad, inexistenciaCaducidad de la acción: normas, aplicación, ocurrencia del hecho
Caducidad de la acción,Aplicabilidad,Derivado,Declaratoria nulidad del contrato,Procedencia – Mes: junio – Año: 2017…
También resuelve:Reparación directa: caducidad de la acciónPrincipio nemo auditur propriam turpitudinem allegans: aplicabilidadDaño antijurídico: noción
El recurso de apelación resulta procedente, comoquiera que fue interpuesto oportunamente y busca controvertir una providencia apelable, en los términos del numeral 1 del artículo 243 del C.P.A.C.A.
También resuelve:Daño antijuridico: indemnización, acción procedente, reparación directaCaducidad de la acciòn: seguridad jurídica, sanción, carga procesal de las partes, acción de reparación directaAdquisición de inmuebles por enajenación voluntaria: expropiación con fines de utilidad pública, uso de bienes inmuebles para la finalidad, término para el uso de los bienes inmuebles
20001233900020170005201 de 20262026-06-26Rad. 20001233900020170005201
Ello significa que no cualquier persona tiene derecho a usarlos, sino que cuentan con una vocación de uso exclusivo por parte de entidades del Estado, ora para destinarse a la prestación de servicios públicos, ora para ser adjudicados; por tal motivo, la propiedad que ejerce el Estado sobre los baldíos tiene determinados atributos que la distinguen de la propiedad plena que ejercen los particulares respecto de sus bienes. Por lo tanto, los bienes baldíos no son susceptibles de cambiar de propietario mediante prescripción adquisitiva. En la legislación nacional la imprescriptibilidad de los bienes baldíos se encuentra establecida en la ley desde que el Código Fiscal, adoptado mediante la Ley 48 de 1882, dispuso en su artículo 3º que “Las tierras baldías se reputan bienes de uso público, y su propiedad no se prescribe contra la Nación, en ningún caso, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2519 del Código Civil”.
También resuelve:Compraventa de bienes inmueblesBienes baldíos: caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, término de dos años, cómputo para terceros –Ley 1437 de 2011 artículo 164, imprescriptibilidad
¿Es exigible la garantía de la estabilidad y calidad de la obra en contratos cuyo objeto sea la reforestación, plantación de árboles y el mantenimiento de plantaciones, u otras garantías como la de responsabilidad civil extracontractual o la de cumplimiento del contrato cubren los riesgos de este tipo de contratos?
Los contratos cuyo objeto es la reforestación, la plantación de árboles o el mantenimiento de plantaciones pueden enmarcarse en el contrato de obra pública, porque el numeral 1 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 lo define como el que se celebra para la construcción, mantenimiento, instalación y, en general, cualquier trabajo material sobre bienes inmuebles, y los árboles y las plantas son inmuebles por adhesión cuando se cumplen las condiciones de los artículos 656 y 657 del Código Civil, carácter que se extiende a sus productos y frutos mientras permanezcan unidos. Solo cuando la madera y los frutos se consideran muebles por anticipación, conforme al artículo 659, para constituir un derecho sobre ellos a favor de persona distinta del dueño, es posible acudir a tipologías distintas de la obra, como la compraventa, el suministro o la prestación de servicios. El amparo de estabilidad y calidad de la obra, que forma parte de la garantía única de cumplimiento, cubre a la entidad estatal de los perjuicios ocasionados por cualquier tipo de daño o deterioro, imputable al contratista, sufrido por la obra entregada a satisfacción, sin perjuicio de la garantía decenal del Código Civil.síntesis automática
También resuelve:Obra pública: trabajos materiales, b ienes inmueblesInmuebles por adhesión: árboles, plantasGarantías: contratación estatal, Constitución de garantías, finalidad, cumplimiento
25000233600020170158001 de 20262026-09-07Sección TerceraRad. 25000233600020170158001
El contratista no puede acudir a la acción rescisoria por lesión enorme más allá del término de dos años previsto en el artículo 164 numeral 2 literal j del CPACA, que desplaza el plazo de cuatro años del Código Civil, y este término se computa desde el cumplimiento del objeto contractual, no desde la celebración del contrato o el registro de la escritura pública, conforme a la interpretación reciente del Consejo de Estado que privilegia la regla especial para contratos de ejecución instantánea. Esta interpretación, además, favorece el acceso a la justicia en concordancia con el principio pro actione y es relevante para contratos de compraventa, donde el cumplimiento del objeto implica la entrega y pago de la cosa vendida, según el Código Civil. La Sala reitera su posición sobre la naturaleza objetiva de la lesión enorme, que se basa en la desproporción entre el precio pactado y el justo precio, independiente de la conducta de las partes, y sobre la aplicación del artículo 1947 del Código Civil a los contratos estatales por la Ley 80 de 1993, lo que implica que las partes deben demostrar la desproporción en el precio para reclamar lesión enorme.síntesis automática
También resuelve:Caducidad del medio de control de controversiasContractuales: lesión enorme, inaplicabilidad del artículo 1954 del Código Civil, norma especial, cpaca artículo 164 numeral 2 literal jLesión enorme: caducidad del medio de control de controversias contractuales, posturas jurisprudenciales, celebración del contrato, registro de la escritura pública