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Concepto
En primer lugar debe advertirse que, las inhabilidades son circunstancias establecidas por la Constitución o en la ley que impiden que personas naturales o jurídicas sean elegidas o designadas en un cargo público o celebren contratos con el Estado, con el objetivo de garantizar la idoneidad, imparcialidad, probidad, transparencia y moralidad de la función pública, garantizando el interés general.
C-906 del 2026
2026-07-30
¿Existe inhabilidad para un contratista de prestación de servicios que tiene vínculos de consanguinidad (prima) en la misma entidad donde su familiar pertenece al nivel directivo?
El contratista no está inhabilitado para contratar con el Estado si su vínculo de consanguinidad con un servidor público de la entidad contratante es superior al segundo grado, ya que la Ley 80 de 1993 establece que la inhabilidad solo se aplica para parentescos hasta el segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil con servidores de niveles directivo, asesor, ejecutivo o miembros de la junta o consejo directivo. Esta interpretación restringida del principio pro libertate garantiza que las limitaciones a la capacidad de contratar sean aplicadas de manera que minimicen la restricción al derecho de igualdad, salvaguardando así el interés general en la contratación pública.síntesis automática
También resuelve:
Inhabilidades e incompatibilidades: límites a la capacidad, régimen, concepto, interpretación restrictiva
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Concepto
El Procedimiento para separar al funcionario público de la supervisión, ya sea porque este manifiesta su impedimento o porque es recusado, así como la manera en que se sustituirá el supervisor se encuentra de 2011.
C-800 de 2022
2022-11-29
¿Cuáles son las causales de hecho y de derecho para que un supervisor de un contrato estatal de prestación de servicios se declare impedido respecto a esta actividad de supervisión?
Los artículos 4, 5, 12, 14 y 26 de la Ley 80 de 1993 consagran normas relacionadas con el control y vigilancia de la ejecución de los contratos estatales, normativa complementada por las leyes 1150 de 2007 y 1474 de 2011. Por lo anterior se entiende que, las personas llamadas a realizar la supervisión de los contratos estatales son los funcionarios públicos, que inicialmente será el jefe o representante legal de la Entidad Estatal quien tiene a su cabeza esta tarea, teniendo a su vez la facultad para delegarla en sus subordinados.
También resuelve:
Contrato estatal: ejercicio, funciones de control y vigilancia, funciones de control y vigilancia / contrato estatal, funciones de control y vigilancia / inhabilidad e incompatibilidades
Inhabilidad e incompatibilidades: supervisor de contratos estatales, funcionario público, régimen
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Concepto
Las entidades de orden nacional pueden celebrar contratos bajo esa tipología del contrato laboral, quienes se contraten tiene la calidad de trabajadores oficiales, por lo tanto son servidores públicos.
C-271 de 2024
2024-07-23
¿Pueden las personas vinculadas bajo la modalidad de contrato de obra o labor celebrar contratos para la prestación de servicios de representación judicial?
Las personas vinculadas por entidades estatales mediante contrato de obra o labor, tipología del contrato de trabajo definida en el artículo 45 del Código Sustantivo del Trabajo, tienen la calidad de trabajadores oficiales y, por tanto, de servidores públicos. En esa condición se encuentran inhabilitadas para celebrar los contratos tipificados en la Ley 80 de 1993, según la inhabilidad prevista para los servidores públicos en el literal f del artículo 8 de dicha ley. Además, conforme al artículo 29 de la Ley 1123 de 2007, los servidores públicos, aun en uso de licencia, no pueden ejercer la abogacía, salvo cuando deban hacerlo en función de su cargo o cuando el respectivo contrato se los permita. En ningún caso los abogados vinculados laboralmente con el Estado pueden litigar contra la Nación, el departamento, el distrito o el municipio, según la esfera administrativa a que pertenezca la entidad o establecimiento al cual presten sus servicios, excepto en causa propia y los abogados de pobres en las actuaciones que deban adelantar en ejercicio de sus funciones. Las inhabilidades e incompatibilidades son restricciones a la capacidad para presentar ofertas y celebrar contratos estatales, por lo que sus causales se interpretan de manera restrictiva.síntesis automática
También resuelve:
Inhabilidades e incompatibilidades: concepto, principio de legalidad, interpretación restrictiva
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Concepto
Inhabilidades e incompatibilidades: C-601 de 2024
C-601 de 2024
2024-10-29
¿Se configura inhabilidad para contratar a dos cónyuges en una misma entidad territorial?
No se configura inhabilidad para que dos cónyuges celebren simultáneamente contratos estatales con una misma entidad territorial, conforme al criterio de interpretación restrictiva aplicable al régimen de inhabilidades e incompatibilidades. En ese evento no hay lugar a la incompatibilidad de los literales b), c) y d) del numeral 2 del artículo 8 de la Ley 80 de 1993, porque estas recaen sobre los vínculos con servidores públicos de los niveles directivo, asesor o ejecutivo, miembros de junta o consejo directivo o quienes ejercen control interno o fiscal de la entidad contratante, y no sobre contratistas, lo que descarta la configuración de su supuesto de hecho. El concepto explica que las inhabilidades son restricciones establecidas por el constituyente o el legislador que limitan la capacidad para contratar con el Estado y desarrollan los principios del artículo 209 de la Constitución Política, con especial énfasis en la moralidad, y que su interpretación debe guiarse por el principio pro libertate, de modo que no cabe una interpretación extensiva y debe preferirse la que menos limite el derecho de las personas.síntesis automática
También resuelve:
Inhabilidades e incompatibilidades: límites a la capacidad, régimen el régimen de inhabilidades para contratar con el estado es un conjunto de restricciones establecidas por el constituyente o por el legislador que afectan directamente la capacidad de las personas para establecer relaciones contractuales con el estado, que pueden resultar de condenas, sanciones o situaciones previamente consagradas por el ordenamiento jurídico, concepto, interpretación restrictiva
Incompatibilidad: Ley 80 de 1993, Artículo 8, numeral 2, literales b) c) y d), relaciones de parentesco
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Concepto
En primer lugar debe advertirse que el régimen de inhabilidades e incompatibilidades se constituye como un conjunto de restricciones establecidas por el constituyente o por el legislador que afectan directamente la capacidad de las personas para establecer relaciones contractuales con el Estado.
C-396 de 2026
2026-04-24
¿Existe alguna inhabilidad o incompatibilidad que limite la capacidad de un docente, en calidad de servidor público, para suscribir contratos estatales?
El contratista no puede celebrar contratos estatales si es servidor público, ya que las inhabilidades e incompatibilidades que limitan la capacidad para contratar con el Estado deben ser interpretadas restrictivamente conforme al principio pro libertate, lo que implica que solo pueden ser establecidas por ley y no pueden ser ampliadas por interpretación extensiva. En el caso de los docentes de cátedra en instituciones educativas estatales, aunque no son empleados públicos ni pertenecen a la carrera profesoral, sí adquieren la condición de servidores públicos, por lo que la entidad estatal debe determinar en cada caso si la vinculación del docente como servidor público configura la inhabilidad prevista en el artículo 8, numeral 1, literal f) de la Ley 80 de 1993, que prohíbe a los servidores públicos celebrar contratos con entidades estatales. Esta regla reitera y matiza la jurisprudencia existente, enfatizando la necesidad de una interpretación restrictiva de las inhabilidades para garantizar la igualdad y el debido proceso en la contratación estatal.síntesis automática
También resuelve:
Docente de hora cátedra: naturaleza jurídica de vinculación, calidad de servidor público, pronunciamientos jurisprudenciales y doctrinales
Inhabilidades e incompatibilidades: Ley 80 de 1993, Artículo 8 Numeral 1, literal f), servidor público, concordancia artículo 127 superior
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Concepto
Las afirmaciones aquí realizadas no pueden ser interpretadas como juicios de valor sobre circunstancias concretas relacionadas con los hechos que motivan la consulta.
C-1655 de 2025
2026-03-04
¿Los reportes negativos en el Boletín de Responsables Fiscales (SIBOR) o en los distintos certificados de antecedentes exigidos por la ley constituyen una inhabilidad o impedimento legal para la celebración de contratos de prestación de servicios con una entidad estatal?
La postura es que las inhabilidades e incompatibilidades son taxativas y de interpretación restrictiva, pues solo pueden tipificarse en la ley o en la Constitución, en aplicación del principio de legalidad, y no admiten interpretaciones amplias, extensivas o analógicas. Tal es la postura de la Corte Constitucional y de la Sección Tercera del Consejo de Estado, que el concepto recoge. Este carácter obedece a la necesidad de salvaguardar el interés general de la contratación pública con el menor sacrificio posible del derecho de igualdad y de la personalidad jurídica de quienes aspiran a contratar con el Estado. Dentro de ese marco, el concepto sostiene que la declaratoria de responsabilidad fiscal reportada en el Boletín de Responsables Fiscales, SIBOR, causa una inhabilidad para celebrar contratos con el Estado, de conformidad con la Ley 610 de 2000. La consecuencia práctica es que el reporte en SIBOR debe tratarse como causal de inhabilidad, y que la entidad no puede extender esa causal a otros certificados de antecedentes sin fundamento legal. La conclusión se circunscribe así al boletín de responsables fiscales, sin que pueda ampliarse por analogía a otros reportes.síntesis automática
También resuelve:
Régimen de inhabilidades e incompatibilidades: definición, taxatividad, interpretación restrictiva
Inhabilidad e incompatibilidad –responsabilidad fiscal: boletín de responsables fiscales, Ley 610 de 2000
Inhabilidades e incompatibilidades: Ley 80 de 1993, Artículo 8, literal d), sentencia judicial, sanción disciplinaria