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IMPROCEDENCIA DEL DECRETO 092 DE 2017 PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES, OBRAS O SERVICIOS

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Colombia Compra Eficiente Concepto

Las entidades estatales están obligadas a definir la modalidad de selección a partir de un análisis integral de la necesidad pública que se pretende satisfacer y de la naturaleza del objeto contractual, atendiendo a los supuestos normativos de 2007.

C-1803 de 2025 2026-01-20
¿Cuáles son los criterios jurídicos que deben observar las entidades estatales para determinar la modalidad de selección aplicable a un Proceso de Contratación y cuál es el alcance que, en dicho análisis, tienen la naturaleza del contrato, su objeto y su cuantía?
La modalidad de selección debe determinarse a partir de la naturaleza del objeto contractual y de la necesidad pública identificada en la planeación, y no a partir de la cuantía del contrato. Según el concepto, la cuantía cumple un rol subsidiario, no autónomo ni automático, por lo que no puede definirse la modalidad solo con el valor del presupuesto oficial ni mediante reglas porcentuales que desatiendan el análisis material del objeto. Dos razones sostienen esta postura. Primera, el artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 exige considerar la necesidad, el objeto, la cuantía y demás aspectos fundamentales, y la licitación pública es la regla general frente a las excepciones. Segunda, la calificación de un negocio como típico, atípico o mixto define su objeto y sus obligaciones, pero no determina por sí misma la modalidad de selección. Por ello, en los contratos mixtos de operación logística no existe un criterio universal que fije una única modalidad. La consecuencia práctica es que la entidad debe realizar un examen integral del objeto, de las obligaciones del contratista y de los supuestos de cada procedimiento.síntesis automática
También resuelve: Contratación estatal: modalidades de selección Estatuto general de contratación: criterios jurídicos para la escogencia del procedimiento Decreto 092 de 2017: régimen especial de contratación, programas y actividades de interés público, entidades sin ánimo de lucro