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¿Una entidad descentralizada del orden municipal, como lo son las empresas de servicios públicos oficiales, tiene (o no) permitido celebrar contratos mediante la modalidad de contratación directa dentro de los cuatro (4) meses anteriores a las elecciones regionales, como es el caso de las que se llevarán a cabo el 29 de octubre de 2023?
De acuerdo con la interpretación de las normas generales del sistema de compras y contratación pública, la Ley de Garantías Electorales consagra una serie de restricciones que se dirigen a dos (2) tipos de campañas electorales claramente diferenciadas: las presidenciales y las demás que se adelanten para la elección de los demás cargos de elección popular, tanto a nivel nacional como territorial.
También resuelve:Ley de garantías electorales: definición, finalidad, restricciones, prohibiciónContratos y convenios interadministrativos: modalidad de selecciónTemas: ley de garantías electorales: definición, finalidad / ley de garantías electorales, restricciones / ley de garantías electorales, prohibición por elección de cargos populares
¿Las restricciones contenidas en la Ley de Garantías Electorales en materia de contratación directa y celebración de convenios son aplicables a una sociedad de economía mixta?
En relación con las prohibiciones consagradas en la Ley de Garantías Electorales en materia de contratación estatal debe señalarse que: El artículo 33 de la Ley 996 de 2205 prohíbe la contratación directa por parte de todos los Entes Estatales durante los cuatro (4) meses anteriores a las elecciones presidenciales y dispone las excepciones a dicha prohibición. Así, su ámbito de prohibición está delimitado por la expresión “queda prohibida la contratación directa” y para los efectos de la Ley de Garantías Electorales y, en particular, para la prohibición o restricción temporal contenida en su artículo 33, “contratación directa” se refiere a cualquier sistema de selección o procedimiento de contratación utilizado por las entidades estatales que no incluya la convocatoria pública en alguna de sus etapas, ni permita la participación de una pluralidad de oferentes.
También resuelve:Ley de garantías electorales: finalidad, tipos de restricciones, sociedades de economía mixta
¿Las restricciones contenidas en la Ley de Garantías Electorales en materia de contratación directa y celebración de convenios son aplicables a una sociedad de economía mixta?
El contratista debe abstenerse de celebrar contratos de forma directa sin proceso abierto y competitivo durante los cuatro meses anteriores a las elecciones presidenciales, conforme a la Ley 996 de 2005, lo que incluye a las sociedades de economía mixta con participación mayor al 50% de recursos públicos. Esta restricción busca prevenir la injerencia inadecuada de intereses particulares en el ejercicio de la función pública y garantizar la transparencia en las contrataciones estatales. La regla reitera y matiza precedentes, estableciendo que las entidades descentralizadas, incluidas las sociedades de economía mixta, están sujetas a las limitaciones de la Ley de Garantías Electorales, aunque estas entidades operan bajo un régimen privado de contratación. Esto implica que durante los períodos electorales, estas entidades deben cumplir con las restricciones de contratación directa, salvo las excepciones específicas previstas en la norma.síntesis automática
También resuelve:Ley de garantías electorales: finalidad, tipos de restricciones, sociedades de economía mixta
¿Es jurídicamente viable, para las instituciones educativas oficiales, celebrar contratos destinados a garantizar la prestación del servicio educativo y el cumplimiento de sus necesidades administrativas, financieras y contables con cargo a los recursos de los Fondos de Servicios Educativos, durante la vigencia de las restricciones previstas en la Ley de Garantías Electorales?
Las instituciones educativas oficiales no quedan exceptuadas de la prohibición de contratación directa de la Ley de Garantías Electorales por el hecho de contratar con recursos de los Fondos de Servicios Educativos, de modo que sus contratos directos durante la restricción deben encuadrarse en las excepciones previstas. Esta postura se apoya en tres razones. Primera, el artículo 33 de la Ley 996 de 2005 prohíbe la contratación directa por parte de todos los entes del Estado durante los cuatro meses anteriores a las elecciones presidenciales, salvo las excepciones que enumera, entre ellas los contratos requeridos para cubrir las emergencias educativas, sanitarias y desastres. Segunda, aunque el artículo 13 de la Ley 715 de 2001 excluye del Estatuto General de Contratación los contratos de los fondos de servicios educativos inferiores a veinte salarios mínimos mensuales legales vigentes, la prohibición de contratación directa es independiente del régimen contractual y se extiende a esos contratos. Tercera, las restricciones se dirigen a las campañas presidenciales y a las demás contiendas electorales, por lo que el análisis debe considerar el calendario electoral vigente al momento de contratar.síntesis automática
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¿La celebración de contratos de aprendizaje por parte de una Empresa de Servicios Públicos domiciliarios de carácter oficial se encuentra sujeta a las prohibiciones establecidas en el artículo 33 de la Ley 996 de 2005 relativas a la restricción de contratación directa?
Para dar solución al problema jurídico planteado en la consulta, es necesario precisar que la celebración de contratos de aprendizaje por parte de una Empresa de Servicios Públicos domiciliarios de carácter oficial sí se encuentra sujeta a las restricciones previstas en el artículo 33 de la Ley de Garantías Electorales.
También resuelve:Ley de garantías electorales: finalidad / ley de garantías electorales, tipos de restricciones, ámbito temporal, prohibición artículo 33
¿Cuáles son las restricciones en materia de contratación contenidas en la Ley 996 de 2005?
Las restricciones de la Ley de Garantías Electorales en materia contractual son dos y coinciden parcialmente. La primera, del artículo 33 de la Ley 996 de 2005, prohíbe la contratación directa por parte de todos los entes del Estado durante los cuatro meses anteriores a la elección presidencial, y se extiende hasta la segunda vuelta si la hubiere. Según el texto, por contratación directa se entiende cualquier sistema que no incluya convocatoria pública ni la posibilidad de pluralidad de oferentes, de modo que quedan excluidas la licitación pública, la selección abreviada, el concurso de méritos y las demás modalidades con convocatoria pública. La segunda restricción, del parágrafo del artículo 38, aplica a cualquier contienda electoral y prohíbe a gobernadores, alcaldes, secretarios, gerentes y directores de entidades descentralizadas del orden municipal, departamental o distrital celebrar convenios interadministrativos que impliquen la ejecución de recursos públicos dentro de los cuatro meses anteriores a la jornada de votación. La consecuencia práctica es que la entidad debe verificar, antes de contratar, si la prohibición corresponde a la elección presidencial o a cualquier otra elección, y si el instrumento es una contratación directa o un procedimiento con convocatoria pública.síntesis automática
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¿Es procedente la celebración de un convenio interadministrativo con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario –INPEC– durante la vigencia de la Ley de Garantías Electorales, cuando su objeto está relacionado con actividades propias del sector de seguridad y justicia, como el traslado de personas privadas de la libertad?
Las excepciones a la restricción de contratación directa en los periodos previos a la elección presidencial son taxativas y están consagradas en el inciso final del artículo 33 de la Ley 996 de 2005. Comprenden la defensa y seguridad del Estado, los contratos de crédito público, los requeridos para cubrir emergencias educativas, sanitarias y desastres, la reconstrucción de vías, puentes, carreteras, infraestructura energética y de comunicaciones afectadas por atentados, acciones terroristas, desastres naturales o casos de fuerza mayor, y los que deban realizar las entidades sanitarias y hospitalarias. Frente a consultas sobre casos concretos, la Agencia precisa que solo tiene competencia para interpretar normas de carácter general en materia de compras y contratación pública, y no para resolver problemas jurídicos particulares de los partícipes del sistema. En consecuencia, la entidad que pretenda celebrar un convenio durante el periodo electoral debe examinar si su objeto encaja en alguna de esas excepciones taxativas. Esa apreciación corresponde a la entidad, a partir de la naturaleza de las actividades que adelanta, y no puede darse por resuelta con una interpretación general del concepto.síntesis automática
También resuelve:Ley de garantías electorales: finalidad, tipos de restricciones, excepciones
¿Las restricciones contenidas en la Ley de Garantías Electorales en materia de contratación directa son aplicables a las Empresas Sociales del Estado?
El artículo 33 de la Ley 996 de 2205 prohíbe la contratación directa por parte de todos los entes estatales durante los cuatro meses anteriores a las elecciones presidenciales y dispone las excepciones a dicha prohibición. Así, su ámbito de prohibición está delimitado por la expresión “queda prohibida la contratación directa” y para los efectos de la Ley de Garantías Electorales y, en particular, para la prohibición o restricción temporal contenida en su artículo 33, “contratación directa” se refiere a cualquier sistema de selección o procedimiento de contratación utilizado por las entidades estatales que no incluya la convocatoria pública en alguna de sus etapas, ni permita la participación de una pluralidad de oferentes.
También resuelve:Ley de garantías electorales: finalidad, tipos de restricciones, excepciones
¿Es jurídicamente procedente suscribir convenios o contratos de prestación de servicios antes de la Ley de Garantías para ejecutarlos durante su vigencia?
La suscripción de convenios interadministrativos o contratos estatales por contratación directa antes de que entren en vigor las restricciones de la Ley de Garantías es posible, aun cuando su ejecución inicie después. La razón es que la prohibición del artículo 33 de la Ley 996 de 2005 recae sobre la conducta de celebrar el contrato dentro del periodo restringido, y no sobre su ejecución. Por ello, la fecha relevante para la restricción es la de celebración y no la de inicio de las obligaciones, de modo que un contrato celebrado antes del periodo no queda afectado por la prohibición en su desarrollo. Esta lectura es coherente con la interpretación restrictiva de las normas prohibitivas, que no admiten una interpretación amplia. La Agencia precisa que su competencia se limita a responder consultas sobre normas generales, por lo que no resuelve la situación particular de cada entidad. La consecuencia práctica es que la entidad debe verificar que la celebración, y no la ejecución, quede dentro del plazo previo a la restricción, y dejar constancia de la fecha de suscripción.síntesis automática
También resuelve:Ley de garantías electorales: suscripción de contratos y convenios antes de la restricción, planeación contractual, diferimiento del acta de inicio, límite a la elusión de controles
¿Cuáles son las restricciones de la Ley de Garantías Electorales en materia de contratación para las Entidades Estatales 2. ¿Cuál es el calendario electoral aplicable para los comicios de 2026 en Colombia, en el cual debe operar la Ley de Garantías Electorales. 3. ¿Las restricciones contenidas en el articulo 38 aplica para los contratos de prestación de servicios?
El contratista no puede celebrar contratos de prestación de servicios durante los cuatro meses anteriores a las elecciones, según el artículo 38 de la Ley 996 de 2005, porque esta norma prohíbe específicamente los convenios y contratos interadministrativos, no extendiéndose a otros tipos contractuales como los de prestación de servicios. Esta interpretación estricta se debe a que los contratos interadministrativos implican una ejecución conjunta de recursos públicos entre entidades estatales, lo que justifica su regulación especial en el contexto electoral. Para las elecciones presidenciales de 2026, las restricciones de contratación directa se aplicarán desde el 31 de enero de 2026 hasta la celebración de la segunda vuelta, si es necesario, según el artículo 33 de la misma ley. Esta regla reitera y matiza precedentes sobre la interpretación restrictiva de las prohibiciones electorales, limitando su aplicación a los contratos interadministrativos y no a otros tipos de contratos.síntesis automática
También resuelve:Ley de garantías electorales: finalidad, tipos de restricciones, Articulo 38, contrato de prestación de servicios
¿Las restricciones contenidas en la Ley de Garantías Electorales en materia de contratación estatal son aplicables a las asambleas departamentales?
El artículo 33 de la Ley 996 de 2205 prohíbe la contratación directa por parte de todos los entes estatales durante los cuatro meses anteriores a las elecciones presidenciales y dispone las excepciones a dicha prohibición. Así, su ámbito de prohibición está delimitado por la expresión “queda prohibida la contratación directa” y para los efectos de la Ley de Garantías Electorales y, en particular, para la prohibición o restricción temporal contenida en su artículo 33, “contratación directa” se refiere a cualquier sistema de selección o procedimiento de contratación utilizado por las entidades estatales que no incluya la convocatoria pública en alguna de sus etapas, ni permita la participación de una pluralidad de oferentes.
También resuelve:Ley de garantías electorales: finalidad, tipos de restricciones, asambleas departamentales
¿Cuáles son las restricciones de la Ley de Garantías Electorales en materia de contratación para las Entidades Estatales 2. ¿Las restricciones consagradas en la Ley de Garantías Electorales aplican a las sociedades de economía mixta?
El artículo 33 de la Ley 996 de 2005 establece una restricción en atención a la cual, durante los cuatro meses anteriores a la elección presidencial y hasta la realización de la elección en la segunda vuelta, si fuere el caso, está prohibida la contratación directa por parte de todos los entes del Estado. Esto implica que la celebración de contratos, cuya selección del contratista se realice de manera directa está prohibida durante el período de aplicación de esta restricción, en los términos explicados en las consideraciones.
También resuelve:Ley de garantías electorales: finalidad, tipos de restricciones, Articulo 38, contrato de prestación de servicios
¿La restricción a la contratación directa de la Ley de garantías aplica a convenios solidarios, y en qué fechas aplican las restricciones de la Ley de garantías?
El contratista no puede celebrar convenios solidarios con Organismos de Acción Comunal durante el período de restricciones de la Ley de Garantías Electorales, ya que estos se consideran contratación directa y no implican convocatoria pública, lo cual está prohibido por el artículo 33 de la Ley 996 de 2005. La prohibición para las elecciones al Congreso de la República, que se celebrarán el 8 de marzo de 2026, entra en vigor el 8 de noviembre de 2025, mientras que para las elecciones presidenciales, programadas para el 31 de mayo de 2026, la restricción comienza el 31 de enero de 2026 y se extiende hasta la celebración de la segunda vuelta, si es necesario. Esta regla reitera la interpretación de que la prohibición de contratación directa durante las campañas electorales incluye los convenios solidarios, limitando significativamente las opciones de contratación para las entidades estatales en esos períodos.síntesis automática
También resuelve:Ley de garantías electorales: prohibición de contratación directa, convenios solidarios con organismos de acción comunal, naturaleza de contratación directa, sujeción a la prohibición
¿Bajo la modalidad de selección de contratación directa, pueden los Municipios celebrar contratos de obra pública (contratos interadministrativos) con las asociaciones de Municipios de naturaleza pública (creadas por la ley 136 - 1994, artículos 148 y 149)?
Las asociaciones de municipios son entidades administrativas de derecho público, con personería jurídica y patrimonio propio e independiente de los municipios que las conforman, conforme al artículo 17 de la Ley 1454 de 2011, por lo que los contratos o convenios que celebren con otras entidades estatales tienen naturaleza interadministrativa. Es posible que estos esquemas asociativos celebren convenios interadministrativos con otras entidades estatales mediante contratación directa en las condiciones del numeral 4 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, causal que se interpreta restrictivamente. Sin embargo, según la naturaleza jurídica y el objeto del ente asociativo en cada caso, la entidad debe observar las prohibiciones del artículo 10 de la Ley 1150 de 2007 y del artículo 92 de la Ley 1474 de 2011, que limitan la contratación directa y no fueron derogadas por las Leyes 1450 y 1454 de 2011. Además, el parágrafo del artículo 38 de la Ley 996 de 2005 prohíbe a alcaldes, gobernadores y directivos de entidades territoriales celebrar convenios y contratos interadministrativos para la ejecución de recursos públicos durante los cuatro meses anteriores a cualquier elección, sin excepción por modalidad de selección u objeto.síntesis automática
También resuelve:Asociaciones de municipios: naturaleza, naturaleza / convenios interadministrativos, asociaciones de municipios / ley de garantías electorales, finalidad / ley de garantías electoralesConvenios interadministrativos: asociaciones de municipiosLey de garantías electorales: finalidad, tipos de restricciones, ámbito temporal, prohibición por elección de cargos populares
¿Las restricciones contenidas en la Ley de Garantías Electorales en materia de contratación directa son aplicables a una sociedad de economía mixta?
Las restricciones de la Ley 996 de 2005 a la contratación directa son aplicables a las sociedades de economía mixta, pues se trata de entidades descentralizadas que la norma alcanza. La postura sostiene que el artículo 33 prohíbe la contratación directa por parte de todos los entes del Estado durante los cuatro meses anteriores a las elecciones presidenciales, de modo que la celebración de cualquier contrato sin un proceso abierto y competitivo también queda restringida para estas sociedades, sin perjuicio de las excepciones expresamente previstas en el inciso final del artículo 33. La razón es que la ley busca evitar la injerencia de intereses particulares y el uso irregular de recursos públicos en las campañas electorales. Para este efecto, contratación directa es cualquier sistema de selección que no incluya convocatoria pública en alguna de sus etapas ni permita la participación de una pluralidad de oferentes. Como consecuencia práctica, la sociedad de economía mixta debe verificar, en el periodo previo a las elecciones presidenciales, si su procedimiento es directo y si se encuadra en alguna de las excepciones legales.síntesis automática
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Usted realiza la siguiente consulta: “… nos indique si los procesos que estan contemplados dentro del Decreto 092 de 2017, esto es los procesos que se adelantan con Entidades sin Animo de Lucro, es decir convenios de colaboracion que se delantan por proceso competitivo y los convenios de asociacion que se adelantan con las ESAL, siempre y cuando la ESAL aporte el 30% del valor del presupuesto ofcial destinado para el proceso contractual…
… nos indique si los procesos que estan contemplados dentro del Decreto 092 de 2017, esto es los procesos que se adelantan con Entidades sin Animo de Lucro, es decir convenios de colaboracion que se delantan por proceso competitivo y los convenios de asociacion que se adelantan con las ESAL, siempre y cuando la ESAL aporte el 30% del valor del presupuesto ofcial destinado para el proceso contractual, se les aplica la misma restriccion establecida en la Ley de Garantias, especificamente los Convenios de Asociacion. (sic)…
También resuelve:Ley de garantías electorales: tipos de restricciones, ámbito temporalConvenios de asociación: esal, objetoTemas: ley de garantías electorales: tipos de restricciones, ámbito temporal / convenios de asociación, esal, objeto / CONTRATACIÓN CON ESAL‒ Ley de garantías
¿Es posible que durante ley de garantías previo a los comicios electorales de orden territorial, una entidad del Estado del orden territorial realice contratos y/o convenios de asociación regulados por el Decreto 092 de 2017 con una entidad sin ánimo de lucro de tipo mixto?
Mediante la presente me permito realizar la siguiente consulta: ¿es posible que durante ley de garantías previo a los comicios electorales de orden territorial, una entidad del Estado del orden territorial realice contratos y/o convenios de asociación regulados por el Decreto 092 de 2017 con una entidad sin ánimo de lucro de tipo mixto? ¿se pueden suscribir convenios bajo la modalidad contratación directa con ofertas? (SIC).
También resuelve:Ley de garantías electorales: tipos de restricciones, ámbito temporal, ámbito temporal / convenios de asociación, esalConvenios de asociación: esal, objeto
¿Se entiende como convenio interadministrativo un convenio especial de cooperación para la ejecución de actividades científicas y tecnológicas, cuando las partes cooperantes corresponden a entidades públicas?
Pregunta 1. ¿Se entiende como convenio interadministrativo un convenio especial de cooperación para la ejecución de actividades científicas y tecnológicas, cuando las partes cooperantes corresponden a entidades públicas? Lo anterior en consideración a que en la ley 1150 de 2007 las causales de contratación para convenios y contratos interadministrativos y contratos para la ejecución de actividades científicas y tecnológicas bajo cualquiera de sus modalidades son distintas, literales c), y e).
También resuelve:Ley de garantías electorales: definición, finalidad, prohibición por elección de cargos populares, convenios y contratos interadministrativos
¿Es procedente, durante la Ley de Garantías, que las instituciones de educación superior públicas efectúen pagos misionales de investigación y extensión, como ejecución del gasto previamente presupuestado, y qué mecanismos permiten asegurar la continuidad de estas funciones sin vulnerar dichas restricciones?
En atención al problema jurídico planteado debe señalarse que la Ley de Garantías Electorales, en materia de contratación estatal dispone dos tipos de restricciones. El artículo 33 de la Ley 996 de 2205 prohíbe la contratación directa por parte de todos los entes estatales durante los cuatro (4) meses anteriores a las elecciones presidenciales y dispone las excepciones a dicha prohibición. Así, su ámbito de prohibición está delimitado por la expresión “queda prohibida la contratación directa” y para los efectos de la Ley de Garantías Electorales y, en particular, para la prohibición o restricción temporal contenida en su artículo 33, “contratación directa” se refiere a cualquier sistema de selección o procedimiento de contratación utilizado por las entidades estatales que no incluya la convocatoria pública en alguna de sus etapas, ni permita la participación de una pluralidad de oferentes.
También resuelve:Ley de garantías electorales: finalidad, tipos de restriccionesUniversidades públicas: naturaleza jurídica
¿Cuáles restricciones contenidas en la Ley de Garantías Electorales en materia de contratación estatal son aplicables a las universidades públicas y desde qué fecha?
El contratista debe abstenerse de celebrar contratos directos con universidades públicas durante los cuatro meses anteriores a las elecciones presidenciales, conforme a la prohibición establecida en el artículo 33 de la Ley 996 de 2005, debido a que estas instituciones son consideradas entidades públicas con régimen especial y no están exentas de las restricciones electorales. Esta regla implica que las universidades públicas deben ajustar su gestión contractual para evitar la celebración de contratos directos desde el 31 de enero hasta el momento de la celebración de las elecciones, lo que puede afectar significativamente sus procesos de adquisición y contratación durante este período.síntesis automática
También resuelve:Ley de garantías electorales: finalidad, tipos de restriccionesUniversidades públicas: naturaleza jurídica