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Concepto
Instituciones educativas: los Fondos de Servicios Educativos carecen de personería jurídica
C-643 de 2024
2024-10-17
¿Es posible contratar por medio del régimen especial establecido por el artículo 2.3.1.6.3.17 del Decreto 1075 de 2015 cuando la cuantía supera los veinte (20) salarios mínimos legales mensuales vigentes?
No. Cuando las Instituciones Educativas pretendan adelantar un proceso de contratación mediante los Fondos de Servicios Educativos y la cuantía de este supere a los veinte (20) salarios mínimos legales mensuales vigentes, en virtud de lo establecido por el artículo 2.3.1.6.3.17 del Decreto 1075 de 2015, deberá hacerse con estricta sujeción a lo dispuesto en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, procediendo la aplicación de las modalidades de selección definidas en la Ley 1150 de 2007, así como los requisitos y formalidades establecidos en el Decreto 1082 del 2015 y demás normas aplicables.
También resuelve:
Instituciones educativas: naturaleza jurídica, capacidad para contratar, régimen contractual
Fondos de servicios educativos: noción, Artículo 2.3.1.6.3.4, Decreto 1075 de 2015
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Concepto
Instituciones educativas: deberán estructurar el proceso contractual
C-411 de 2024
2024-09-11
¿Cuáles son los requisitos mínimos necesarios al legajo de documentos que debe contener un contrato para la ejecución de recursos del fondo de servicios educativos en una institución cuando el proceso de contratación es inferior a veinte (20) salarios mínimos legales mensuales vigentes?
Cuando la institución educativa adelanta un proceso de contratación con recursos del Fondo de Servicios Educativos inferior a veinte salarios mínimos legales mensuales vigentes, no se ciñe a las reglas del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, sino que debe estructurar el proceso conforme al reglamento expedido por el consejo directivo, según el artículo 13 de la Ley 715 de 2001, siguiendo en todo caso los principios de transparencia, economía, publicidad y responsabilidad. En ese reglamento se establecen las necesidades del establecimiento educativo y se determinan los trámites, la documentación necesaria, las garantías y las constancias que deben cumplirse para que el rector o director celebre el acto o contrato con cargo al fondo. Cuando la cuantía supera ese límite, la contratación debe sujetarse estrictamente al estatuto contractual de la administración pública. Las instituciones educativas carecen de personería jurídica, pero tienen capacidad para contratar en virtud de la competencia de la Ley 715 de 2001 para administrar los Fondos de Servicios Educativos, cuyo ordenador del gasto es el rector o director rural, sin que ello implique representación legal, según el artículo 2.3.1.6.3.4 del Decreto 1075 de 2015.síntesis automática
También resuelve:
Instituciones educativas: naturaleza jurídica, capacidad para contratar, régimen contractual
Fondos de servicios educativos: noción, Artículo 2.3.1.6.3.4, Decreto 1075 de 2015
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Concepto
Instituciones educativas oficiales: las instituciones educativas oficiales carecen de personería jurídica
C-1208 de 2026
2026-09-15
¿Las instituciones educativas oficiales sometidas a régimen especial de contratación están obligadas a elaborar una matriz formal de riesgos en los procesos cuya cuantía no supera los veinte (20) SMMLV, o es suficiente incorporar el análisis y tratamiento de riesgos en los estudios previos conforme a su manual de contratación?
Las instituciones educativas oficiales, aunque carecen de personería jurídica, tienen capacidad para contratar en virtud de la Ley 715 de 2001, lo que les permite administrar fondos de servicios educativos y realizar contrataciones directas por debajo de los 20 SMMLV, conforme a reglamentos internos que deben ajustarse a principios de igualdad, moralidad, imparcialidad y publicidad. No están obligadas a elaborar una matriz formal de riesgos conforme al artículo 4 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015, sino que deben incorporar el análisis y tratamiento de riesgos en los estudios previos de acuerdo con su manual de contratación, lo que implica que cada institución debe determinar el instrumento más adecuado para este análisis en función de sus necesidades específicas y el contexto administrativo.síntesis automática
También resuelve:
Instituciones educativas oficiales: naturaleza jurídica, capacidad para contratar, régimen contractual
Fondos de servicios educativos: reglamento del Consejo Directivo, cuantía inferior a veinte (20) smmlv
Riesgos: normativa, Artículo 4 de la Ley 1150 de 2007, ámbito de aplicación
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Concepto
El parágrafo del artículo 38 de la Ley 996 de 2005 prohíbe a los Alcaldes, Gerentes y Directores de las entidades del orden municipal, departamental o distrital celebrar convenios interadministrativos para la ejecución de recursos públicos.
C-721 de 2026
2026-05-25
¿Qué tipologías contractuales pueden celebrar las Instituciones Públicas Educativas durante la vigencia de la Ley de Garantías Electorales?
Las instituciones educativas oficiales carecen de personería jurídica, pero tienen capacidad para contratar a través de los fondos de servicios educativos, competencia que les otorga la Ley 715 de 2001 para administrar esos recursos. Cuando se trata de actos y contratos cuya cuantía no exceda de veinte (20) salarios mínimos mensuales legales vigentes, se sujetan a las condiciones del reglamento de contratación que expida el consejo directivo de la institución, de conformidad con el artículo 13 de la Ley 715 de 2001. Frente a la Ley de Garantías Electorales, Ley 996 de 2005, el artículo 33 prohíbe la contratación directa por parte de todos los entes del Estado durante los cuatro (4) meses anteriores a las elecciones presidenciales, salvo excepciones taxativas como la defensa y seguridad del Estado, los contratos de crédito público y los requeridos para cubrir emergencias educativas, sanitarias y desastres. El parágrafo del artículo 38 de la misma ley prohíbe a gobernadores, alcaldes, secretarios y directores de entidades descentralizadas celebrar convenios interadministrativos para la ejecución de recursos públicos en reuniones de carácter proselitista, en cualquier contienda electoral. Por tanto, durante esos periodos la contratación directa de las instituciones debe examinarse frente a estas excepciones.síntesis automática
También resuelve:
Ley de garantías electorales: propósito, tipos de restricciones, Artículo 33, Artículo 38
Instituciones educativas: naturaleza jurídica, capacidad para contratar, régimen contractual
Fondos de servicios educativos: noción, Artículo 2.3.1.6.3.4, Decreto 1075 de 2015
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Concepto
En cuanto a la obligación de incluir enlaces directos a cada proceso contractual en la página web institucional, la normativa vigente no exige la incorporación de enlaces individualizados por proceso al SECOP II en los portales institucionales, siempre que se garantice el acceso efectivo a la información contractual.
C-380 de 2026
2026-05-08
¿Cuál es el alcance del principio de publicidad en la contratación de las instituciones educativas y cuáles son sus implicaciones en la publicación y el término para hacerlo?
Las instituciones educativas oficiales carecen de personería jurídica, pero tienen capacidad para contratar a través de los fondos de servicios educativos. Cuando el acto o contrato no supera veinte salarios mínimos mensuales legales vigentes, no se rige por el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, sino por el reglamento que expide el consejo directivo conforme al artículo 13 de la Ley 715 de 2001. La postura sostiene que ese reglamento debe expedirse con los principios de igualdad, moralidad, imparcialidad y publicidad, y debe fijar los trámites, garantías y constancias que deben cumplirse antes de que el rector o director celebre el acto. La razón es que el consejo directivo es el competente para establecer las reglas de adquisición de bienes, obras y servicios, incluidos sus procedimientos y formalidades. El rector es el ordenador del gasto del fondo y su ejercicio no implica representación legal. Como consecuencia práctica, por debajo de ese umbral la institución debe acudir a su propio reglamento.síntesis automática
También resuelve:
Instituciones educativas: naturaleza jurídica, capacidad para contratar, régimen contractual
Fondos de servicios educativos: noción, Artículo 2.3.1.6.3.4, Decreto 1075 de 2015, Consejo Directivo
Entidades con régimen especial de contratación: deber de publicidad, SECOP II, actividad contractual
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Concepto
Instituciones educativas: las Entidades Estatales pueden definir con un grado de libertad el contenido de dicha cláusula contractual
C-1521 de 2025
2025-12-02
¿Cómo se regula la forma de pago en los contratos de prestación de servicios que celebra una Institución educativa oficial?
La forma de pago de los contratos de prestación de servicios que celebran las instituciones educativas oficiales no tiene una regulación legal o reglamentaria específica, de modo que se rige por la autonomía de la voluntad de las partes dentro de los límites del ordenamiento. La cláusula debe contener los elementos esenciales que permitan cumplir la obligación de pago: qué se paga o se da como contraprestación, quién paga, a quién se paga, cómo y dónde se efectuará el pago y en qué momento. Las instituciones educativas carecen de personería jurídica, pero tienen capacidad para contratar a través de los fondos de servicios educativos, y su régimen contractual depende de la cuantía del acto. Por ello, la forma de pago debe ser clara y compatible con los recursos del fondo. La ausencia de una regla específica no impide que la entidad exija precisión en el pacto, porque una cláusula de pago incompleta dificulta el cumplimiento de la obligación. La consecuencia práctica es que la entidad debe precisar esos elementos en el contrato y, si el pago depende de recursos del fondo, verificar que existan disponibles antes de pactarlo.síntesis automática
También resuelve:
Instituciones educativas: naturaleza jurídica, capacidad para contratar, régimen contractual
Fondos de servicios educativos: Consejo Directivo, manual de contratación
Contrato de prestación de servicios / forma de pago: cláusula accidental
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Concepto
Mismo debe advertirse que no existe norma que disponga la obligación de incorporar un comité de compras, corresponde a una potestad del Consejo Directivo incluir o no el comité de compras.
C-496 de 2025
2025-06-04
¿Es obligatorio que el fondo de servicios educativos cuente con un comité de compras?
Los fondos de servicios educativos son cuentas contables que les permiten a las instituciones realizar la gestión y ejecución presupuestal de los recursos que reciben los establecimientos educativos. Respecto de la capacidad para contratar con la que cuentan las instituciones educativas por medio de los fondos de servicios educativos, hay que precisar que cuando se trata de actos y contratos cuya cuantía no exceda los veinte (20) salarios mínimos mensuales legales vigentes, se sujetarán a las condiciones previstas en el reglamento de contratación que expida el consejo directivo de la institución, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 715 de 2001.
También resuelve:
Instituciones educativas oficiales: naturaleza jurídica, capacidad para contratar, fondo de servicios educativos, cuentas contables
Fondo se servicios educativos: reglamento, Consejo Directo
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Concepto
Los procesos de contratación de las entidades estatales relacionadas en el Anexo No. 1 de esta Circular Externa deberán gestionarse, exclusivamente en el SECOP II.
C-1132 de 2026
2026-09-03
¿Tienen las Instituciones Educativas oficiales la obligación de publicar y gestionar su actividad contractual en el SECOP II, o su deber se limita a darle publicidad por otros medios?
El contratista debe publicar y gestionar su actividad contractual en el SECOP II, independientemente de la cuantía del contrato, ya que las instituciones educativas oficiales, aunque carecen de personería jurídica, tienen capacidad para contratar y administrar fondos de servicios educativos. Aunque los contratos por cuantía inferior a veinte salarios mínimos se rigen por el reglamento del consejo directivo, la Ley 1150 de 2007, modificada por la Ley 2195 de 2022, obliga a estas entidades a publicar su actividad contractual en el SECOP II para garantizar la transparencia y el acceso a la información pública. El deber de publicidad no se condiciona al procedimiento de selección, y el SECOP II no solo es un repositorio documental sino una plataforma transaccional en la que se desarrolla el proceso de contratación en línea, cumpliendo así con la obligación de publicidad al gestionar el proceso en la plataforma. Esta regla reitera y matiza precedentes anteriores, fortaleciendo la obligatoriedad del SECOP II para todas las entidades, incluidas las de régimen especial, y estableciendo plazos para la publicación de documentos.síntesis automática
También resuelve:
Instituciones educativas oficiales: naturaleza jurídica, capacidad para contratar, fondos de servicios educativos
Fondos de servicios educativos: umbral de veinte salarios mínimos, alcance de la distinción
Contratación inferior al umbral: régimen exceptuado del egcap, Artículo 13 de la Ley 1150 de 2007
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Concepto
La determinación de cuáles son los requisitos legales esenciales exige remitirse, según la naturaleza de la entidad y el régimen del contrato.
C-649 de 2026
2026-06-05
¿Es jurídicamente viable que las instituciones educativas públicas sometidas al régimen especial celebren varios contratos independientes de mantenimiento por especialidades técnicas, o deben estructurar un único contrato que integre todas las actividades, y en qué casos podría configurarse fraccionamiento contractual?
El contratista puede celebrar varios contratos independientes de mantenimiento por especialidades técnicas en instituciones educativas públicas sometidas al régimen especial, siempre y cuando la cuantía de cada contrato no supere los veinte salarios mínimos mensuales legales vigentes y el reglamento interno del Consejo Directivo lo permita, ya que en estos casos la contratación se rige por las normas internas y no por el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. Sin embargo, si la cuantía supera este límite, la contratación debe realizarse conforme a la Ley 80 de 1993 y sus reglamentos, evitando el fraccionamiento contractual que podría configurar un delito y anular el contrato. Esto implica que las instituciones deben definir claramente en su reglamento interno las pautas para la contratación y asegurar que no se eluda la aplicación de procedimientos más rigurosos al dividir contratos para evitarlos.síntesis automática
También resuelve:
Instituciones educativas: naturaleza jurídica, capacidad para contratar, régimen contractual
Fondos de servicios educativos: Consejo Directivo, reglamento
Contrato sin cumplimiento de los requisitos legales: tipo penal en blanco, integración normativa
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Concepto
Los fondos de servicios educativos constituyen cuentas contables que permiten a las instituciones educativas administrar y ejecutar presupuestalmente los recursos que reciben.
C-231 de 2026
2026-04-09
¿Podrían las instituciones educativas que celebran contratos con cargo a los Fondos de Servicios Educativos incurrir en fraccionamiento contractual?
El contratista puede celebrar contratos con cargo a los Fondos de Servicios Educativos sin incurrir en fraccionamiento contractual siempre y cuando el reglamento interno del Consejo Directivo de la institución educativa establezca claramente los procedimientos y requisitos aplicables, y estos sean acordes a los principios de igualdad, moralidad, imparcialidad y publicidad, y no se dividan los contratos con el propósito de evadir procedimientos de contratación pública o límites establecidos en la normativa. Esta regla reitera la jurisprudencia existente sobre la prohibición del fraccionamiento contractual, pero matiza que en el caso de las instituciones educativas, la regulación específica del reglamento interno del Consejo Directivo es determinante para evitar la nulidad del contrato.síntesis automática
También resuelve:
Instituciones educativas: naturaleza jurídica, capacidad para contratar, régimen contractual
Fondos de servicios educativos: Consejo Directivo, reglamento
Contrato sin cumplimiento de los requisitos legales: tipo penal en blanco, integración normativa
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Concepto
En torno al problema jurídico, como funcionario competente para la celebración de contratos puede declarar la urgencia manifiesta, siempre que la contratación que se pretenda adelantar esté sometida al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública.
C-273 de 2026
2026-04-06
¿El rector de una Institución Educativa tiene competencia legal para declarar la urgencia manifiesta, con el fin de celebrar de contratos, conforme lo previsto en el ordenamiento jurídico?
El rector de una institución educativa tiene la competencia legal para declarar la urgencia manifiesta y celebrar contratos, siempre que la cuantía no supere los veinte salarios mínimos mensuales legales vigentes, conforme a las reglas establecidas en el reglamento de contratación expedido por el consejo directivo de la institución. Esta capacidad se fundamenta en la naturaleza jurídica de las instituciones educativas, que carecen de personería jurídica pero tienen capacidad para contratar y administrar fondos de servicios educativos, según lo dispuesto en la Ley 715 de 2001 y el Decreto 1075 de 2015. Esta regla reitera y matiza precedentes sobre la competencia para declarar urgencia manifiesta, permitiendo una mayor flexibilidad en la contratación de instituciones educativas, siempre que se respeten los principios de igualdad, moralidad, imparcialidad y publicidad.síntesis automática
También resuelve:
Instituciones educativas: naturaleza jurídica, capacidad para contratar, régimen contractual
Fondos de servicios educativos: noción, Artículo 2.3.1.6.3.4, Decreto 1075 de 2015, Consejo Directivo
Urgencia manifiesta: definición, causal, contratación directa, circunstancias