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Laudo
Caducidad medio de control: Minera el Roble S.A. VS AGENCIA NACIONAL DE MINERIA -ANM- de 2025
Minera el Roble S.A. VS AGENCIA NACIONAL DE MINERIA -ANM- de 2025
2025-12-11
Condenar a la MINER a pagar a la ANM la suma total de CIENTO DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL DOS PESOS CON DOS CENTAVOS (COP$119.984.877.002,02), por concepto de regalías por la explotación de cobre causadas desde la exportación N° 10 hasta el embarque N° 80, monto que, según se ha indicado, contiene la indexación e intereses legales debidamente incorporados.
Rama Judicial · recopilada por CCE
Providencia
Contrato estatal
250002336000202100249011
2023-06-02
Sección Tercera
FACULTADES UNILATERALES,CONTRATO ESTATAL,PRINCIPIO DE RELATIVIDAD DE LOS CONTRATOS – Contrato estatal,Principio de relatividad,Contratos,REGÍMENES EXCEPTUADOS,NO REGIDOS,Estatuto general de contratación de la administración pública,Principio de autonomía de la voluntad,Facultad,Imposición,Multa,Incumplimiento co – Mes: junio – Año: 2023…
También resuelve:
Facultades unilaterales: contratos, regímenes exceptuados, no regidos, Estatuto General de Contratación de la Administración Pública
Contrato estatal: regímenes exceptuados, Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, facultad, imposición
Principio de relatividad: terceros relativos en contratos principio de relatividad de los contratos, su flexibilización y efectos en los terceros relativos destaca la sala que, si bien, con apoyo en el principio de relatividad que rige los negocios jurídicos, estos solo producen efectos entre quienes los suscriben, de manera reiterada, la jurisprudencia ha precisado que este postulado no es absoluto y que se puede llegar a flexibilizar, en tanto que pueden existir terceros relativos en los contratos
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Concepto
Las facultades unilaterales convencionales son válidas en los contratos sometidos al derecho privado, pero su ejercicio debe sujetarse estrictamente a las causales, procedimientos y condiciones expresamente pactados por las partes, sin que puedan transformarse en potestades discrecionales sustentadas únicamente en razones de conveniencia institucional.
C-1448 de 2026
2026-10-30
¿Cuál es el alcance de las facultades unilaterales de origen convencional en los contratos celebrados por entidades sometidas a regímenes especiales de contratación y regidos por el derecho privado, y cuál es la relación entre dichas facultades y las disposiciones contenidas en los manuales de contratación de la entidad?
El contratista no puede ejercer facultades unilaterales de origen convencional en contratos celebrados por entidades sometidas a regímenes especiales de contratación y regidos por el derecho privado, salvo que estas hayan sido expresamente pactadas en el contrato, ya que la autonomía de la voluntad permite establecer estipulaciones que reconozcan la posibilidad de acudir a potestades unilaterales y determinar el mecanismo para hacerlas efectivas, pero no pueden equipararse a actos administrativos ni alterar los presupuestos que el contrato fijó para su ejercicio. El manual de contratación de la entidad, aunque vincula a la entidad que lo expidió, no puede ampliar, complementar o modificar el alcance de una facultad unilateral convencional cuando el contrato contiene una causal específica con presupuestos distintos, y cuando la cláusula condiciona la terminación anticipada a una variación sustancial de las circunstancias que dieron origen al contrato, la entidad debe acreditar objetivamente ese cambio y su incidencia concreta sobre la necesidad contractual, evitando el abuso del derecho y respetando los principios de la función administrativa y la gestión fiscal.síntesis automática
También resuelve:
Régimen especial: cláusulas excepcionales, improcedencia salvo habilitación legal
Facultades unilaterales convencionales: fuente, autonomía de la voluntad, pacto expreso, naturaleza de los actos
Manual de contratación: naturaleza reglamentaria, límites, relación con el contrato, fuerza vinculante del acuerdo
Rama Judicial · recopilada por CCE
Providencia
Régimen jurídico del contrato estatal: el artículo 896 del Código de Comercio dispone que la cesión del contrato comprende la de todas las acciones
25000233600020140017901 de 2025
2025-10-23
Rad. 25000233600020140017901
El contratista no puede modificar el régimen jurídico sustancial del contrato estatal ni las prerrogativas derivadas de este mediante la cesión de la posición contractual, ya que el régimen jurídico aplicable al contrato es el vigente al momento de su celebración, conforme al artículo 38 de la Ley 153 de 1887. La cesión lleva ínsita la transferencia de todas las prerrogativas y beneficios propios del contrato, incluyendo las facultades unilaterales reconocidas por la ley, sin que la naturaleza jurídica de la entidad cesionaria pueda alterar el régimen sustancial del contrato. Esta regla reitera y matiza precedentes sobre la cesión de contratos estatales, estableciendo que el régimen jurídico no puede variar por la sola figura de la cesión, lo que implica que el contrato continúa regido por el estatuto general de contratación pública, incluso cuando la cesión es a favor de una entidad pública descentralizada.síntesis automática
También resuelve:
Régimen jurídico del contrato estatal: Ley 80 de 1993 artículo 2, Artículo 38 de la Ley 153 de 1887, aplicación, vigencia
Cesión de la posición contractual: no varió el régimen jurídico contractual, alcance, aplicación de la Ley 80 de 1993
Facultades unilaterales: reconocimiento por la ley y no por la naturaleza de la entidad contratante, facultades unilaterales, cesión, transfiere dichas facultades
Rama Judicial · recopilada por CCE
Providencia
Régimen jurídico de ecopetrol: en ese contexto es importante recalcar que este tipo de actos jurídicos no ostentan la naturaleza de administrativos
68001233100020110007301 de 2026
2026-06-23
Rad. 68001233100020110007301
El contratista no puede exigir la protección del patrimonio público ni el cumplimiento de obligaciones contractuales a través de instrumentos jurídicos unilaterales que no sean propios de los negocios jurídicos en los que interviene la administración pública, ya que estos no son prerrogativas exclusivas del Estado. En este caso, la entidad estatal, en este caso Ecopetrol, no puede expedir actos administrativos contractuales cuando no exista legislación especial ni disposiciones del manual de contratación vigente para la época de los hechos, por lo que el contrato se rige por el derecho privado. Además, la entidad estatal no puede liquidar unilateralmente el contrato sin que dicha acción tenga la naturaleza de acto administrativo, ya que Ecopetrol actuó despojado de cualquier prerrogativa excepcional que le permitiera imponer decisiones revestidas de presunción de legalidad a su contraparte. Esto implica que la entidad estatal debe cumplir con sus obligaciones contractuales y proteger el patrimonio público de manera que no interfiera con las disposiciones del derecho privado, y que la resolución de conflictos debe resolverse de fondo sin necesidad de declarar la nulidad de actos administrativos.síntesis automática
También resuelve:
Régimen jurídico de ecopetrol: Ley 489 de 1998 artículo 38, sociedades públicas y de economía mixta con el 90% o más de participación del estado, sometimiento al régimen de empresas industriales y comerciales del estado, Ley 489 de 1998 artículo 93
Régimen del contrato: derecho privado, Ley 489 de 1998 artículo 94, improcedencia de expedición de actos administrativos, solicitud en demanda de nulidad no impide que el juez pueda resolver de fondo
Facultades unilaterales del estado: instrumentos jurídicos unilaterales, cumplimiento de obligaciones contractuales, protección del patrimonio público, continuidad de la obra o del servicio
Rama Judicial · recopilada por CCE
Providencia
Debido proceso: del texto del contrato no se desprende que previo a hacer efectiva la garantía
44001234000020130013401 de 2026
2026-04-30
Rad. 44001234000020130013401
El contratista no puede ejercer facultades unilaterales para suspender o reanudar el plazo de ejecución de un contrato con una empresa de servicios públicos domiciliarios sin que estas estén expresamente pactadas en el acuerdo contractual, y una vez expirado el plazo pactado por una causa externa prevista por las partes, cualquier reanudación es improcedente. La entidad estatal tiene la facultad de hacer efectiva la cláusula penal o cobrar la garantía de cumplimiento mediante resolución motivada, previa declaración de incumplimiento y concreción del riesgo. La interpretación judicial de las cláusulas contractuales permite al juez determinar la aplicación de estas reglas, reiterando la aplicación preferente del derecho privado en los actos y contratos de empresas de servicios públicos domiciliarios, salvo disposición legal en contrario, lo que implica que las decisiones judiciales deben considerar tanto el derecho privado como los principios de la función administrativa y la gestión fiscal.síntesis automática
También resuelve:
Régimen jurídico de los actos y contratos de las empresas de servicios públicos domiciliarios: aplicación preferente del derecho privado, fundamento en los artículos 31 y 32 de la Ley 142 de 1994, derecho privado, aplicación de principios de la función administrativas
Facultades unilaterales: régimen privado, acuerdo entre las partes de manera expresa, clara e inequívoca, causa externa, improcedencia de reanudación del plazo del contrato por expiración del convenio
Facultad para hacer efectiva las garantías: cláusula penal, apropiación de saldos adeudados o cobro de garantías de cumplimiento, acuerdo expreso entre las partes, declaratoria de incumplimiento y concreción del riesgo