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ESTRATEGIA NACIONAL DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

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Colombia Compra Eficiente Concepto

En contraste se ha considerado que los entes universitarios no son entidades que hagan parte de la rama ejecutiva, ni pueden considerarse entidades descentralizadas, sino que gozan de un régimen especial.

C-1456 de 2025 2025-10-27
¿El artículo 2.1.4.3.2.1 del Decreto 1081 de 2015, adicionado por el artículo 1 del Decreto 1600 de 2024, aplica a los entes universitarios autónomos?
Los entes universitarios autónomos no hacen parte de la rama ejecutiva del poder público en el orden nacional ni territorial, no son entidades descentralizadas y gozan de un régimen especial, en los términos del artículo 69 de la Constitución y de la Ley 30 de 1992. Por esa razón no están comprendidos en el ámbito de aplicación del artículo 2.1.4.3.1.2 del Decreto 1081 de 2015, modificado por el Decreto 1600 de 2024, y en consecuencia la obligación del artículo 2.1.4.3.2.1 de esa misma norma no les resulta aplicable. El marco de fondo es la estrategia nacional de lucha contra la corrupción del artículo 200 de la Ley 2294 de 2023, que busca fortalecer la transparencia en la contratación y la gestión pública. Para la práctica contractual, las universidades autónomas no deben aplicar esa obligación por la sola condición de entidad estatal, sin perjuicio de sus deberes generales de transparencia y moralidad.síntesis automática
También resuelve: Función administrativa: principio de moralidad, principio de transparencia Estrategia nacional de lucha contra la corrupción: Ley 2294 de 2023 Decreto 1600 de 2024: estrategia de lucha contra la corrupción
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La falta de manifestación de las situaciones de control por parte de los oferentes dentro del término de tres días señalado en la norma puede dar lugar al rechazo de su ofrecimiento, dado que es un requisito de obligatorio cumplimiento introducido por una norma de orden superior.

C-1251 de 2025 2025-10-16
¿A partir de qué fecha resulta exigible para las Entidades Estatales la verificación de las “situaciones de control” previstas en el Decreto 1600 de 2024 dentro de los procesos de contratación, y si la omisión por parte de los oferentes de manifestar dicha situación dentro del término legal constituye causal de rechazo automático de la oferta?
El contratista debe verificar y declarar las "situaciones de control" previstas en el Decreto 1600 de 2024 a partir del 27 de diciembre de 2024, y su omisión dentro del término legal de tres días puede resultar en el rechazo automático de la oferta, dado que esta declaración es un requisito habilitante para garantizar la transparencia y prevenir la configuración de inhabilidades o incompatibilidades. Esta regla implica que las entidades estatales deben incluir esta causal de rechazo en el pliego de condiciones, lo que fortalece la lucha contra la corrupción y la transparencia en la contratación estatal.síntesis automática
También resuelve: Estrategia nacional de lucha contra la corrupción: Ley 2294 de 2023, transparencia en la contratación y gestión pública Decreto 1600 de 2024: vigencia, estrategia de lucha contra la corrupción, capítulo 3 Principio de publicidad: término de publicación, interpretación armónica, documentos de ejecución
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Las entidades pueden exigir una declaración juramentada sobre la inexistencia de inhabilidades e incompatibilidades para participar en los procesos de selección.

C-307 de 2026 2026-03-11
¿Cuáles son los puntos de conexión entre las prácticas restrictivas de la competencia con el régimen de inhabilidades e incompatibilidades?
El contratista debe identificar y denunciar las prácticas colusorias en los procesos de selección, ya que estas violan la libre competencia y son objeto de sanciones administrativas según el Decreto Ley 2153 de 1992. Para establecer la existencia de colusión, se requiere un juicio de tipicidad basado en indicios que demuestren la concurrencia de factores como la conducta concertada entre participantes y la eliminación de la competencia, lo que puede llevar a la Superintendencia de Industria y Comercio a suspender los procesos y adoptar medidas cautelares. Además, las entidades pueden implementar medidas contractuales como el rechazo de ofertas y la declaración de desierta del proceso, en caso de evidencia de colusión, en conformidad con la Ley 80 de 1993 y el Decreto 4886 de 2011. Estas acciones refuerzan la Estrategia Nacional de Lucha contra la Corrupción, promoviendo la transparencia y la protección de los recursos públicos.síntesis automática
También resuelve: Colusión: prácticas, procedimientos de selección, alcance Restricción a la competencia: estándar probatorio Acuerdos anticompetitivos: alternativas, denuncia, rechazo de las ofertas, declaratoria de desierta