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¿Qué objetos contractuales se pueden ejecutar a través de un contrato de colaboración regido por el artículo 2, literal b) del Decreto 092 de 2017?
Según el concepto, los contratos de colaboración del literal b) del artículo 2 del Decreto 092 de 2017 solo pueden tener por objeto la realización de programas y actividades de interés público acordes con el Plan Nacional de Desarrollo y con los planes seccionales de desarrollo, en los términos del artículo 355 de la Constitución. La Corte Constitucional ha indicado que esos convenios tienen un propósito asistencial y altruista, y que su objeto es el desarrollo de actividades esencialmente benéficas, con un grado aceptable de reciprocidad por parte del beneficiario. Como su finalidad es promover acciones de fomento social en beneficio de los sectores más desprotegidos, no dan lugar a una contraprestación directa a favor de la entidad ni a una relación conmutativa entre esta y la ESAL, pues el beneficio directo lo reciben esos sectores. Por ello, cuando la contratación busca adquirir bienes o servicios o ejecutar obras en una relación conmutativa, no corresponde a este tipo de colaboración y se rige por el Estatuto General de Contratación.síntesis automática
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¿Qué objetos contractuales se pueden ejecutar a través de un contrato de colaboración y los convenios de asociación regidos por el Decreto 092 de 2017?
Los objetos que pueden ejecutarse mediante contratos de colaboración del artículo 355 de la Constitución y convenios de asociación del artículo 96 de la Ley 489 de 1998, regidos por el Decreto 092 de 2017, están delimitados por el interés público y por las competencias de la entidad. Los contratos del artículo 355 tienen por objeto promover acciones de fomento social en beneficio de los sectores más desprotegidos, siempre que estén previstas en los planes de desarrollo, por lo que se limitan a programas o actividades de interés público que, conforme a esos planes, adelantan entidades privadas sin ánimo de lucro. Los convenios de asociación tienen como finalidad que la entidad estatal se asocie con particulares para desarrollar conjuntamente actividades relacionadas con los cometidos y funciones que la Constitución y la ley le asignan. Para decidir si un objeto cabe en uno de estos instrumentos, la entidad debe comprobar si se enmarca, primero, en programas o actividades de interés público acordes con el Plan Nacional o los planes seccionales de desarrollo, o, segundo, en los cometidos y funciones que el ordenamiento le asigna según sus normas de creación.síntesis automática
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¿ La limitación prevista en el parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993 es aplicable a los acuerdos celebrados entre una alcaldía y un cuerpo de bomberos voluntarios para la transferencia de la sobretasa bomberil y, en ese contexto, cuál es la naturaleza jurídica de dicho acuerdo a la luz de la Ley 1575 de 2012?
Los convenios con entidades sin ánimo de lucro que se fundan en el artículo 355 de la Constitución o en el artículo 96 de la Ley 489 de 1998 tienen un régimen especial en el Decreto 092 de 2017. La postura sostiene que, en lo que ese decreto no regula, se aplican las normas generales de contratación pública mediante la remisión de su artículo 8, de modo que el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública llena los vacíos sobre celebración, ejecución y liquidación de estos convenios. La adición no está regulada expresamente ni en el decreto ni en la Ley 489, por lo que el vacío se llena con esa remisión. En ese marco, el parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993 dispone que los contratos no podrán adicionarse en más del cincuenta por ciento de su valor inicial, expresado en salarios mínimos legales mensuales. La razón es que el régimen especial no contiene una regla propia sobre el límite de adición. Como consecuencia práctica, la adición de estos convenios debe sujetarse a ese límite, salvo que el decreto contenga una regulación especial aplicable.síntesis automática
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El contratista puede ser sometido a condiciones financieras en el proceso competitivo para convenios de asociación, siempre y cuando estas estén basadas en parámetros objetivos que reflejen la naturaleza y complejidad del proyecto, y se ajusten a los principios de libre concurrencia y selección objetiva. Estas condiciones buscan evaluar la capacidad organizativa interna del contratista, y la entidad puede utilizar estados financieros respaldados por un informe contable emitido por un contador público independiente para verificar dichas condiciones. Esta regla reitera y matiza precedentes anteriores, permitiendo una mayor flexibilidad en la evaluación de las capacidades financieras de los contratistas en el marco de los convenios de asociación, siempre que se mantenga el respeto a los principios de la contratación estatal.síntesis automática
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¿Qué objetos contractuales se pueden ejecutar a través de un contrato de colaboración y un convenio de asociación regido por el Decreto 092 de 2017?
El Decreto 092 de 2017 regula dos figuras para la contratación con entidades sin ánimo de lucro: los contratos de colaboración o de interés público del artículo 355 de la Constitución, que impulsan programas de interés público acordes con los planes de desarrollo, y los convenios de asociación del artículo 96 de la Ley 489 de 1998, que desarrollan de manera conjunta actividades relacionadas con las funciones de la entidad. Los contratos del artículo 355 tienen como objeto promover acciones de fomento social en beneficio de los sectores más desprotegidos, por lo que no dan lugar a una contraprestación directa a favor de la entidad ni a una relación conmutativa con la ESAL. Para celebrarlos, la entidad debe adelantar, por regla general, un proceso competitivo para seleccionar a la ESAL contratista, según el artículo 4 del Decreto 092 de 2017. Los convenios de asociación, en cambio, exigen determinar con precisión su objeto, término, obligaciones, aportes y coordinación. En ellos no existe contraprestación ni pago, sino aportes dirigidos exclusivamente a la ejecución del convenio. Por tanto, la entidad debe identificar qué figura corresponde a cada objeto y cumplir las reglas propias de cada una antes de celebrarla.síntesis automática
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¿El régimen de contratación de las Entidades sin Ánimo de Lucro (en adelante ESAL) se rige por la Ley 80 de 1993, por el Derecho Privado o por alguna norma especial?
El régimen de contratación de las entidades sin ánimo de lucro se encuentra en el Decreto 092 de 2017, que regula los contratos del artículo 355 de la Constitución y los convenios de asociación del artículo 96 de la Ley 489 de 1998. Los contratos del artículo 355 promueven acciones de fomento social previstas en los planes de desarrollo y no dan lugar a una contraprestación directa a favor de la entidad; para celebrarlos, por regla general, la entidad debe adelantar un proceso competitivo. Los convenios de asociación exigen aportes de la entidad sin ánimo de lucro, que pueden ser en dinero, en porcentajes inferiores o superiores al treinta por ciento, o en especie, orientados a los objetivos comunes. Respecto del régimen aplicable, el concepto señala que el artículo 8 del Decreto 092 de 2017 remite integralmente a las normas generales de contratación pública, lo que alcanza el régimen de inhabilidades e incompatibilidades y los principios de la contratación estatal. En consecuencia, los artículos 6, 7 y 8 del decreto deben interpretarse en bloque, aplicando la Ley 80 de 1993 a todo supuesto que no esté expresamente regulado en el Decreto 092 de 2017.síntesis automática
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¿Puede una entidad sin ánimo de lucro (ESAL) participar en un proceso de contratación limitado a MIPYME?
En principio, es importante señalar que esta Agencia ha mantenido de manera reiterada la postura de que las Entidades Sin Ánimo de Lucro (ESAL) no pueden acceder a los beneficios establecidos para las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Mipymes), ni participar en los procesos contractuales restringidos a estas últimas. De acuerdo con el artículo 43 de la Ley 1450 de 2011, que modificó el artículo 2 de la Ley 590 de 2000, se establece que solo podrán ser consideradas Mipymes aquellas entidades que, como unidades de explotación económica, busquen el reparto de utilidades entre sus miembros.
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¿Qué naturaleza y alcance tiene la “previa autorización” del representante legal de la entidad estatal a que alude el artículo 2 del Decreto 092 de 2017?
En relación con los problemas jurídicos planteados debe señalarse lo siguiente: El penúltimo inciso del artículo 2 del Decreto 092 de 2017, en efecto, establece que las entidades estatales a que se refiere dicha norma pueden contratar con entidades privadas sin ánimo de lucro y de reconocida idoneidad en los términos del presente decreto, previa autorización expresa de su representante legal para cada contrato en particular que la Entidad Estatal planee suscribir bajo esta modalidad (énfasis fuera de texto). Además, indica que El representante legal de la Entidad Estatal no podrá delegar la función de otorgar esta autorización y que La Entidad Estatal deberá acreditar en los Documentos del Proceso la autorización respectiva.
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¿Es posible celebrar contratos para la adquisición y aprovisionamiento de bienes en el marco del Decreto 092 de 2017?
I. El Decreto 092 de 2017 regula dos (2) eventos: i) los contratos de colaboración o de interés público, con el fin impulsar programas y actividades de interés público de acuerdo con el Plan Nacional o los planes seccionales de desarrollo, en los términos del artículo 355 de la Constitución Política y; ii) los convenios de asociación, para el desarrollo conjunto de actividades relacionadas con las funciones de las Entidades Estatales, en desarrollo del artículo 96 de la Ley 489 de 1998.
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¿La frase o expresión «Entidades privadas» contenida en el Decreto 092 de 2017 debe entenderse necesariamente como sinónimo de «personas jurídicas» o «entes privados con personería jurídica»?
En caso de ser afirmativa la respuesta anterior, ¿es posible hacer uso de la modalidad de selección de contratación directa para dichos convenios con personas naturales como en el caso de ser el contratista «entidad sin ánimo de lucro y de reconocida idoneidad» (Decreto 092 de 2017) o entidades públicas (Ley 1150 de 2007)?…
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¿Cuál es el marco legal y características de los convenios de asociación y sus diferencias con los convenios de colaboración?
El Decreto 092 de 2017 regula dos figuras distintas para la contratación con entidades sin ánimo de lucro: los contratos de colaboración o de interés público del artículo 355 de la Constitución Política, regulados en su artículo 2, y los convenios de asociación del artículo 96 de la Ley 489 de 1998, regulados en sus artículos 5 a 8. Los primeros tienen por objeto promover acciones de fomento social en beneficio de los sectores más desprotegidos, previstas en los planes de desarrollo, no generan contraprestación directa para la entidad ni una relación conmutativa con la ESAL, y por regla general exigen un proceso competitivo conforme al artículo 4 del decreto. Los convenios de asociación tienen como finalidad que la entidad estatal se asocie con personas jurídicas particulares para el desarrollo conjunto de actividades relacionadas con sus cometidos y funciones legales. Como el constituyente exigió que los programas promovidos mediante contratos de interés público estén incluidos en el plan de desarrollo, estos deben tener por objeto actividades relacionadas con planes de desarrollo vigentes al momento de su celebración y no pueden celebrarse respecto de actividades que constan en proyectos de planes en trámite de aprobación.síntesis automática
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¿Cuál es … el procedimiento a agotar para realizar la contratación directa con las entidades sin ánimo de lucro a (sic) fecha, ya que solo quedó vigente el artículo 5 del Decreto 92 de 2017, el cual establece que estas entidades deberán aportar como mínimo el 30 % del valor del convenio, para no someterse a proceso competitivo, pero cuál es la modalidad que debemos agotar para contratar en caso que la ESAL no aporte este valor o sea inferior el aporte?
El Decreto 092 de 2017 aplica para la contratación entre entidades estatales y entidades sin ánimo de lucro, salvo las disposiciones suspendidas provisionalmente. En lo que se refiere al ámbito de aplicación del artículo 5 del Decreto 092 de 2017, es importante señalar que es diferente respecto de los demás artículos del Decreto, por lo que para este caso en específico hace posible que la celebración de convenios de asociación no esté sometida a procesos competitivos, cuando las entidades sin ánimo de lucro comprometan recursos en dinero propios o provenientes de cooperación internacional para la ejecución de esas actividades en una participación que no sea menor al 30% del valor total del convenio.
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¿Cuáles son los requisitos establecidos en la normativa vigente para la celebración de Convenios de Asociación entre Entidades sin Ánimo de Lucro (Esal) y una entidad estatal por virtud de lo dispuesto en el artículo 5 del decreto 092 de 2017?
El Decreto 092 de 2017 aplica para la contratación entre entidades estatales y entidades sin ánimo de lucro, salvo las disposiciones suspendidas provisionalmente. En lo que se refiere al ámbito de aplicación del artículo 5 del Decreto 092 de 2017, es importante señalar que es diferente respecto de los demás artículos del Decreto, por lo que para este caso en específico hace posible que la celebración de convenios de asociación no esté sometida a procesos competitivos, cuando las entidades sin ánimo de lucro comprometan recursos en dinero propios o provenientes de cooperación internacional para la ejecución de esas actividades en una participación que no sea menor al 30% del valor total del convenio.
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Es de carácter obligatorio que las ESAL, hagan cualquier tipo de aporte en recursos ya sea inferior o superior al 30% en los convenios de asociación suscritos en virtud del artículo 5 del Decreto 092 de 2017?
En los convenios de asociación del artículo 5 del Decreto 092 de 2017, celebrados en desarrollo del artículo 96 de la Ley 489 de 1998 para el desarrollo conjunto de actividades relacionadas con las funciones de la entidad estatal, existen aportes dirigidos a lograr la ejecución del convenio, y la entidad debe adelantar un proceso competitivo salvo cuando la entidad sin ánimo de lucro comprometa recursos en dinero en una proporción no inferior al 30% del valor total del convenio. Por ello, para celebrarlo directamente, la entidad debe asegurarse de que la ESAL aporte al menos ese 30% y de que no haya otras ESAL que ofrezcan un compromiso igual; si las hay, debe seleccionar objetivamente con cuál asociarse. El convenio de asociación no es conmutativo. En cambio, los contratos del artículo 355 de la Constitución Política, regulados en el artículo 2 del mismo decreto, promueven acciones de fomento social en beneficio de los sectores más desprotegidos, no generan contraprestación directa para la entidad ni una relación conmutativa, y por regla general exigen un proceso competitivo para seleccionar una ESAL de reconocida idoneidad, con un objeto acorde con el plan nacional o seccional de desarrollo.síntesis automática
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REGIMEN JURIDCO APLICABLE DE LOS PROCESOS LLEVADOS A CABO POR EL DECRETO 092 DE 2017?
La entidad estatal que contrata con entidades sin ánimo de lucro bajo el Decreto 092 de 2017 debe acatar las reglas de ese decreto, salvo en los casos excepcionales en que este remite al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, como ocurre en el artículo 2, literal c) y en el artículo 6. Lo que determina la aplicación del Decreto 092 de 2017 no es únicamente el carácter de la ESAL sino el objeto del contrato o convenio: los contratos del artículo 355 de la Constitución Política no admiten contraprestación directa ni relación conmutativa, y los convenios de asociación exigen proceso competitivo salvo que la ESAL comprometa recursos en dinero no inferiores al 30% del valor total del convenio. Si la entidad adquiere un bien, obra o servicio en un contrato conmutativo con una ESAL, debe aplicar las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007. Como los negocios jurídicos del Decreto 092 de 2017 son esencialmente distintos a los contratos de adquisición y no hacen parte del sistema de compra pública, sería contrario a la ley aplicar en ellos los criterios diferenciales a favor de Mipymes del artículo 31 de la Ley 2069 de 2020.síntesis automática
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Usted realiza la siguiente consulta: “… nos indique si los procesos que estan contemplados dentro del Decreto 092 de 2017, esto es los procesos que se adelantan con Entidades sin Animo de Lucro, es decir convenios de colaboracion que se delantan por proceso competitivo y los convenios de asociacion que se adelantan con las ESAL, siempre y cuando la ESAL aporte el 30% del valor del presupuesto ofcial destinado para el proceso contractual…
… nos indique si los procesos que estan contemplados dentro del Decreto 092 de 2017, esto es los procesos que se adelantan con Entidades sin Animo de Lucro, es decir convenios de colaboracion que se delantan por proceso competitivo y los convenios de asociacion que se adelantan con las ESAL, siempre y cuando la ESAL aporte el 30% del valor del presupuesto ofcial destinado para el proceso contractual, se les aplica la misma restriccion establecida en la Ley de Garantias, especificamente los Convenios de Asociacion. (sic)…
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¿Pueden las entidades sin ánimo de lucro participar en los procesos de contratación limitados a Mipymes?
Las entidades sin ánimo de lucro, como las asociaciones y corporaciones constituidas en los términos del Código Civil, no pueden equipararse a las mipymes en el sistema de compras públicas. La razón es que las sociedades comerciales se crean para repartir utilidades entre sus socios, mientras que las corporaciones, fundaciones y asociaciones destinan su patrimonio al interés general, no perciben lucro y sus excedentes deben reinvertirse en la entidad. Esta regla tiene un matiz: el artículo 23 de la Ley 2069 de 2020 asimila las cooperativas y las demás entidades de economía solidaria, incluidas las asociaciones mutualistas, a empresas de tipo mipyme, de conformidad con el artículo 2 de la Ley 590 de 2000 y el Decreto 957 de 2019, según su tamaño empresarial. El efecto principal de esa asimilación es que las medidas de la Ley 2069 de 2020 para promover la participación de las mipymes se aplican también a estas entidades de economía solidaria. En consecuencia, la entidad debe distinguir entre las organizaciones sin ánimo de lucro, que no pueden participar en las convocatorias limitadas a mipymes por esa sola condición, y las entidades de economía solidaria, cuya participación se evalúa conforme a su tamaño empresarial.síntesis automática
¿Es posible que durante ley de garantías previo a los comicios electorales de orden territorial, una entidad del Estado del orden territorial realice contratos y/o convenios de asociación regulados por el Decreto 092 de 2017 con una entidad sin ánimo de lucro de tipo mixto?
Mediante la presente me permito realizar la siguiente consulta: ¿es posible que durante ley de garantías previo a los comicios electorales de orden territorial, una entidad del Estado del orden territorial realice contratos y/o convenios de asociación regulados por el Decreto 092 de 2017 con una entidad sin ánimo de lucro de tipo mixto? ¿se pueden suscribir convenios bajo la modalidad contratación directa con ofertas? (SIC).
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Usted realiza la siguiente pregunta: “Los Centros Provinciales de Gestion Agroempresarial, dada su naturaleza pública, pueden participar en procesos de selección bajo el régimen del Decreto 092 de 2017?” (SIC)
Los contratos del artículo 355 de la Constitución Política y los convenios de asociación del artículo 96 de la Ley 489 de 1998, regulados por el Decreto 092 de 2017, solo pueden celebrarse con entidades privadas sin ánimo de lucro de reconocida idoneidad, pues aunque el artículo 96 alude genéricamente a personas jurídicas particulares, su inciso segundo remite al artículo 355 constitucional, y el artículo 5 del decreto señala que estos negocios se celebran únicamente con ESAL. Los Centros Provinciales de Gestión Agroempresarial se subsumen en los esquemas asociativos territoriales regulados por la Ley 1454 de 2011, que son entidades estatales sometidas al Estatuto General de Contratación, de modo que, cuando actúan como contratantes, deben aplicar los procedimientos de selección previstos para dichas entidades según las causales y criterios de procedencia de cada modalidad. Los contratos del artículo 355 exigen, por regla general, un proceso competitivo y que no exista contraprestación directa a favor de la entidad; si se adquieren bienes, servicios u obras en una relación conmutativa, se aplica el Estatuto General de Contratación. Corresponde a cada entidad estatal analizar la procedencia del contrato según el caso concreto.síntesis automática
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Solicitamos a la Entidad como debe proceder una entidad estatal para no permitir que una esal participe como mipyme para obtener el puntaje, ya que el certificado de existencia y representación legal y registro único de proponentes señala de forma palmaria esta condición y según la normativa indica, este es el documento idóneo para acreditar la calidad de mipyme..
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