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DIPUTADO

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Rama Judicial · recopilada por CCE Providencia

Contrato de prestación de servicios: 52001 23 31 000 2011 00647 01

52001-23-31-000-2011-00647-01 2013-04-18 Sección Quinta
El diputado incurre en la inhabilidad consagrada en el régimen respectivo cuando interviene de manera personal y activa en actos dirigidos a la formación, perfeccionamiento o suscripción de contratos con entidades públicas en interés propio o de terceros, siempre que deban ejecutarse en el departamento respectivo dentro del año anterior a la elección. La intervención en la gestión de negocios y la celebración de contratos constituyen inhabilidades independientes y autónomas. La primera exige diligencias ante autoridades departamentales orientadas a obtener un beneficio con potencial de ventaja electoral, mientras que la segunda requiere participación en la suscripción efectiva de un contrato. En ningún caso se consideran constitutivas de inhabilidad las actuaciones posteriores a la celebración del contrato relativas a su ejecución.síntesis automática
También resuelve: Consejo de estado Sala de lo contencioso administrativo Seccion quinta
Consejo de Estado Providencia

La jurisdicción contenciosa administrativa es competente para adelantar el proceso de pérdida de investidura y restringir derechos políticos de servidores públicos.

Sentencia — Sentencia 2026-10-08 Sección Primera CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO Rad. 85001233300020240006301 LEY 1437 PERDIDA DE INVESTIDURA
¿Con fundamento en lo señalado por numeral 2 del artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que la autoridad judicial competente para restringir el goce de los derechos políticos es el juez penal en el trámite de un proceso de naturaleza penal? No
Cualquier autoridad judicial de la jurisdicción contenciosa administrativa conserva competencia para tramitar procesos de pérdida de investidura e imponer restricciones a los derechos políticos sin que ello vulnere la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En esta sentencia de segunda instancia, la corporación revocó la providencia del Tribunal Administrativo de Casanare que había decretado la pérdida de investidura de un cabildante, negando las pretensiones de la demanda tras reiterar que el proceso de pérdida de investidura constituye un juicio de responsabilidad pública autónomo radicado en la jurisdicción contenciosa administrativa conforme a las Leyes 136 de 1994 y 617 de 2000.síntesis automática
También resuelve: ¿Si procede acceder a la solicitud del demandado de analizar el interés particular, directo y actual a la luz de lo previsto en la Ley 2003 de 2019 y la Ley 2200 de 2022 que, para el caso… ¿Determinar si debe revocarse la sentencia de 20 de agosto de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Casanare, mediante la cual se decretó la pérdida de investidura del señor Willinton…
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

Se configuró responsabilidad patrimonial por riesgo excepcional por parte del Ejército Nacional en el ejercicio

Sentencia — Sentencia 2024-05-20 Sección Tercera (Subsección B) FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZ Rad. 76001233300020140116001 LEY 1437 REPARACION DIRECTA
¿Se configuró responsabilidad patrimonial por riesgo excepcional por parte del Ejército Nacional en el ejercicio de una actividad legítima y lícita, ocasionando la muerte de un civil por un disparo que sufrió proveniente de un proyectil con arma de fuego de dotación oficial ocurrida en una intervención militar, causando un daño a la víctima y rompiendo el equilibrio frente a las cargas públicas? Sí
El Estado, en su calidad de responsable patrimonial, asume la reparación del daño causado por el uso de armas de dotación oficial durante la ejecución de una actividad legítima y lícita, siempre que se demuestre la existencia de un riesgo excepcional que excede razonablemente el asumido por las víctimas y que este se materialice en un daño concreto. La Sala confirma que la entidad pública no puede eximirse de responsabilidad alegando diligencia en el actuar, sino que debe probar la existencia de una causa extraña como fuerza mayor o hecho exclusivo de la víctima o de un tercero. En este caso, la evidencia probatoria demuestra la intervención armada del Ejército Nacional y el uso de armas de fuego, lo que configura el riesgo excepcional y la responsabilidad patrimonial del Estado, independientemente de la existencia de una falla del servicio. Esta decisión reitera la jurisprudencia sobre la teoría del riesgo excepcional y su aplicación en casos de uso de armas de dotación oficial, implicando que el Estado debe reparar los daños causados en operativos militares que rompen el equilibrio frente a las cargas públicas.síntesis automática
También resuelve: ¿Debe otorgarse valor probatorio a las pruebas documentales y testimoniales trasladadas del proceso penal militar y disciplinario allegadas al expediente contencioso administrativo? ¿La declaración de responsabilidad patrimonial del Estado en el caso concreto, encuentra soporte en los principios de equidad y solidaridad? ¿Procede el reconocimiento de perjuicios morales a favor de los demandantes con ocasión de la muerte de un civil por un disparo que sufrió proveniente de un proyectil con arma de fuego de dotación…
CONFIRMA