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DECRETO LEY 254 DE 2000

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El Decreto Ley 254 de 2000 constituye una norma especial aplicable a los procesos de liquidación de entidades estatales, conforme al ámbito de aplicación señalado en su artículo 1.

C-1034 de 2025 2025-09-09
¿Durante el proceso de liquidación de entidades públicas resulta aplicable el EGCAP o debe aplicarse el régimen especial dispuesto en el Decreto Ley 254 de 2000?
Durante la liquidación de entidades públicas, el Decreto Ley 254 de 2000, modificado por la Ley 1105 de 2006, regula el proceso liquidatorio y los procedimientos contractuales especiales, como los previstos en sus artículos 30 y 31 para la enajenación de activos a otras entidades públicas y a terceros. Esos procedimientos difieren del general de la selección abreviada para la enajenación de bienes del Estado previsto en el Decreto 1082 de 2015. Cuando el decreto especial no regula un aspecto contractual, se aplica de manera supletoria el régimen de contratación correspondiente a la naturaleza jurídica de la entidad, pues no derogó ni excluyó ese régimen en lo no regulado expresamente. Los contratos que se celebren durante la liquidación solo pueden tener como finalidad la ejecución de actividades directamente relacionadas con ella. Así, la aplicación del Estatuto General de Contratación no desplaza el régimen especial de liquidación en los aspectos que este regula, sino que opera de manera complementaria.síntesis automática
También resuelve: Decreto ley 254 de 2000: proceso de liquidación de entidades públicas, ámbito de aplicación, procedimientos especiales, régimen contractual Principio de publicidad: deber de publicación, SECOP, actividad contractual, entidades en liquidación
Rama Judicial · recopilada por CCE Providencia

Liquidación de las entidades públicas

05001233300020140070301 de 2025 2025-09-29 Rad. 05001233300020140070301
El liquidador de una entidad pública, al terminar unilateralmente contratos durante el proceso de liquidación, emite un acto administrativo que no tiene naturaleza contractual, ya que se basa en facultades legales y reglamentarias y no en la potestad negocial de la entidad. Esta actuación se inscribe en el ejercicio del ius imperii del Estado y no en el ámbito contractual, por lo que el medio de control adecuado para impugnar estos actos es el de nulidad y restablecimiento del derecho, no el de controversias contractuales. Esta decisión reitera y refuerza la jurisprudencia existente, aclarando que la terminación de contratos por parte del liquidador es una obligación inherente al procedimiento de liquidación y no una mera consecuencia de la ausencia de pactos contractuales que permitan tal terminación unilateral.síntesis automática
También resuelve: Liquidación de las entidades públicas: Ley 240 de 2022, naturaleza de los actos de los liquidadores Acto de liquidación del contrato: acto administrativo, no tiene el carácter contractual, facultad de liquidar los contratos, Ley Medio de control procedente: nulidad y restablecimiento del derecho, aplicación del artículo 171 cpaca, aplicación del trámite correspondiente