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¿Es jurídicamente viable aplicar el procedimiento de procesos competitivos con Entidades Sin Ánimo de Lucro (ESAL), establecido en el Decreto 092 de 2017, a proyectos de carácter agrícola y agropecuario productivo destinados a beneficiar al pequeño y mediano productor, cuando dichos proyectos estén contemplados en los planes de desarrollo y las ESAL tengan experiencia en proyectos similares?
El Decreto 092 de 2017, reglamentario del artículo 355 de la Constitución Política de Colombia, resulta aplicable a las contrataciones que las Entidades Estatales realicen con las Entidades Privadas Sin Ánimo de Lucro y de Reconocida Idoneidad. Dicho decreto regula, particularmente, dos (2) tipos de contrataciones: i) los contratos de colaboración o de interés público, con el fin impulsar programas y actividades de interés público de acuerdo con el Plan Nacional o los planes seccionales de desarrollo, en los términos del artículo 355 de la Constitución Política y; ii) los convenios de asociación, para el desarrollo conjunto de actividades relacionadas con las funciones de las Entidades Estatales, en desarrollo del artículo 96 de la Ley 489 de 1998.
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¿Cuáles son los criterios jurídicos que deben observar las entidades estatales para determinar la modalidad de selección aplicable a un Proceso de Contratación y cuál es el alcance que, en dicho análisis, tienen la naturaleza del contrato, su objeto y su cuantía?
La modalidad de selección debe determinarse a partir de la naturaleza del objeto contractual y de la necesidad pública identificada en la planeación, y no a partir de la cuantía del contrato. Según el concepto, la cuantía cumple un rol subsidiario, no autónomo ni automático, por lo que no puede definirse la modalidad solo con el valor del presupuesto oficial ni mediante reglas porcentuales que desatiendan el análisis material del objeto. Dos razones sostienen esta postura. Primera, el artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 exige considerar la necesidad, el objeto, la cuantía y demás aspectos fundamentales, y la licitación pública es la regla general frente a las excepciones. Segunda, la calificación de un negocio como típico, atípico o mixto define su objeto y sus obligaciones, pero no determina por sí misma la modalidad de selección. Por ello, en los contratos mixtos de operación logística no existe un criterio universal que fije una única modalidad. La consecuencia práctica es que la entidad debe realizar un examen integral del objeto, de las obligaciones del contratista y de los supuestos de cada procedimiento.síntesis automática
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Es de carácter obligatorio que las ESAL, hagan cualquier tipo de aporte en recursos ya sea inferior o superior al 30% en los convenios de asociación suscritos en virtud del artículo 5 del Decreto 092 de 2017?
En los convenios de asociación del artículo 5 del Decreto 092 de 2017, celebrados en desarrollo del artículo 96 de la Ley 489 de 1998 para el desarrollo conjunto de actividades relacionadas con las funciones de la entidad estatal, existen aportes dirigidos a lograr la ejecución del convenio, y la entidad debe adelantar un proceso competitivo salvo cuando la entidad sin ánimo de lucro comprometa recursos en dinero en una proporción no inferior al 30% del valor total del convenio. Por ello, para celebrarlo directamente, la entidad debe asegurarse de que la ESAL aporte al menos ese 30% y de que no haya otras ESAL que ofrezcan un compromiso igual; si las hay, debe seleccionar objetivamente con cuál asociarse. El convenio de asociación no es conmutativo. En cambio, los contratos del artículo 355 de la Constitución Política, regulados en el artículo 2 del mismo decreto, promueven acciones de fomento social en beneficio de los sectores más desprotegidos, no generan contraprestación directa para la entidad ni una relación conmutativa, y por regla general exigen un proceso competitivo para seleccionar una ESAL de reconocida idoneidad, con un objeto acorde con el plan nacional o seccional de desarrollo.síntesis automática
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REGIMEN JURIDCO APLICABLE DE LOS PROCESOS LLEVADOS A CABO POR EL DECRETO 092 DE 2017?
La entidad estatal que contrata con entidades sin ánimo de lucro bajo el Decreto 092 de 2017 debe acatar las reglas de ese decreto, salvo en los casos excepcionales en que este remite al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, como ocurre en el artículo 2, literal c) y en el artículo 6. Lo que determina la aplicación del Decreto 092 de 2017 no es únicamente el carácter de la ESAL sino el objeto del contrato o convenio: los contratos del artículo 355 de la Constitución Política no admiten contraprestación directa ni relación conmutativa, y los convenios de asociación exigen proceso competitivo salvo que la ESAL comprometa recursos en dinero no inferiores al 30% del valor total del convenio. Si la entidad adquiere un bien, obra o servicio en un contrato conmutativo con una ESAL, debe aplicar las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007. Como los negocios jurídicos del Decreto 092 de 2017 son esencialmente distintos a los contratos de adquisición y no hacen parte del sistema de compra pública, sería contrario a la ley aplicar en ellos los criterios diferenciales a favor de Mipymes del artículo 31 de la Ley 2069 de 2020.síntesis automática
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Usted realiza la siguiente pregunta: “Los Centros Provinciales de Gestion Agroempresarial, dada su naturaleza pública, pueden participar en procesos de selección bajo el régimen del Decreto 092 de 2017?” (SIC)
Los contratos del artículo 355 de la Constitución Política y los convenios de asociación del artículo 96 de la Ley 489 de 1998, regulados por el Decreto 092 de 2017, solo pueden celebrarse con entidades privadas sin ánimo de lucro de reconocida idoneidad, pues aunque el artículo 96 alude genéricamente a personas jurídicas particulares, su inciso segundo remite al artículo 355 constitucional, y el artículo 5 del decreto señala que estos negocios se celebran únicamente con ESAL. Los Centros Provinciales de Gestión Agroempresarial se subsumen en los esquemas asociativos territoriales regulados por la Ley 1454 de 2011, que son entidades estatales sometidas al Estatuto General de Contratación, de modo que, cuando actúan como contratantes, deben aplicar los procedimientos de selección previstos para dichas entidades según las causales y criterios de procedencia de cada modalidad. Los contratos del artículo 355 exigen, por regla general, un proceso competitivo y que no exista contraprestación directa a favor de la entidad; si se adquieren bienes, servicios u obras en una relación conmutativa, se aplica el Estatuto General de Contratación. Corresponde a cada entidad estatal analizar la procedencia del contrato según el caso concreto.síntesis automática
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¿Es posible elaborar dichos convenios sin tener que recurrir al decreto 092 de 2017?
Conforme al numeral 16.1 de la anterior Circular Externa Única, usted manifiesta lo siguiente: “La Ley 2219 de 2022 [particularmente, el inciso primero del artículo 16] faculta a las entidades para promover convenios de asociación con asociaciones campesinas y agropecuarios (ESAL) en aras de su fortalecimiento. En este sentido ¿Es posible elaborar dichos convenios sin tener que recurrir al decreto 092 de 2017?” (Corchetes fuera de texto).
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En relación con las entidades sin ánimo de lucro -ESAL-, usted solicita sea emitido un concepto jurídico en el que se le informe, con base en el marco normativo vigente, si una entidad sin ánimo de lucro puede presentar ofertas y hacerse adjudicatario de licitaciones públicas en el marco de la Ley 80 de 1993 y, además, en caso de que la respuesta a tal inquietud sea afirmativa, si aquella puede hacerse acreedora de las utilidades propias de ese ejercicio contractual-comercial.
Las entidades sin ánimo de lucro, al contar con capacidad para contratar como personas jurídicas conforme al artículo 6 de la Ley 80 de 1993, pueden participar en igualdad de condiciones con los demás oferentes en los procesos de contratación regidos por la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015, siempre que cumplan los requisitos exigidos en los documentos de cada proceso. Es decir, las ESAL no solo pueden contratar bajo las reglas especiales del Decreto 092 de 2017, que regula los contratos del artículo 355 de la Constitución Política y los convenios de asociación del artículo 96 de la Ley 489 de 1998, sino también intervenir en procesos de selección del Estatuto General de Contratación, caso en el cual participan con las mismas reglas aplicables a los demás oferentes. Si su objeto social lo permite, la ESAL puede percibir la contraprestación convenida como consecuencia de la ejecución del contrato, a menos que esa posibilidad se haya limitado en sus estatutos y se haya fijado un destino específico distinto para los remanentes, excedentes o utilidades. Se trata de un análisis que debe realizarse en cada caso concreto.síntesis automática
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¿Pueden las Entidades señaladas en el Artículo 368 de la Constitución Política, celebrar convenios con las Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios para subsidiar la construcción de redes que permitan la conexión del servicio público prestado?
No obstante, se advierte al peticionario que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios se ha referido a la celebración de contratos para la transferencia de subsidios en el Concepto Unificado SSPD-OJU-2013-25, actualizado al 19 de enero de 2021. Dentro de las normas aplicables a los servicios públicos domiciliarios y la doctrina general de sus intérpretes autorizados, corresponde a cada entidad pública, en ejercicio de su competencia y previa valoración de los elementos fácticos y jurídicos, determinar el objeto y el régimen para formalizar la trasferencia de los subsidios.
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¿Es obligatorio registrar los estados financieros?
Sin embargo, en línea con las precisiones normativas previamente realizadas, conviene iniciar por señalar que las entidades estatales se encuentran facultadas para celebrar contratos, entre estos, convenios de colaboración y de asociación, con entidades privadas sin ánimo de lucro y de reconocida idoneidad, en los términos del artículo 355 de la Constitución Política, la Ley 489 de 1998 y el Decreto 092 de 2017. Para tal efecto, en lo no previsto por el reglamento contenido en el Decreto 092, debe observarse la normativa general de contratación pública.
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¿Los concejos municipales son entidades públicas sujetas al estatuto general de contratación en sus procesos de adquisición de bienes y servicios; o les aplica un régimen especial de contratación?
Del artículo 110 del EOP se desprende que los concejos tienen facultad para suscribir contratos de manera independiente y, más relevante para efectos de resolver la consulta, son entidades estatales para el EGCAP, pues son organismos a los que la ley otorga capacidad para celebrar contratos conforme al artículo 2 de la Ley 80 de 1993. Por tanto, de su calidad de entidades estatales para los efectos del referido Estatuto, los concejos tienen los mismos derechos y obligaciones que ese estatuto y sus normas reglamentarias establecen para las entidades estatales en general.
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¿Es posible que una entidad pública y una entidad sin ánimo de lucro, pacten un valor por concepto de gastos de administración en un convenio de asociación?
Los gastos de administración de un convenio de asociación entre una entidad pública y una entidad sin ánimo de lucro se refieren a los costos necesarios para la gestión, administración y supervisión del proyecto o actividad en cuestión por parte de la entidad sin ánimo de lucro. Estos gastos pueden incluir, por ejemplo, los costos de personal, suministros y materiales, alquileres, servicios profesionales, entre otros.
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¿Es posible que una Entidad Pública suscriba un contrato de comodato con una Entidad sin animo (sic) de lucro ESAL?
¿Es posible que una Entidad Pública suscriba un contrato de comodato con una Entidad sin animo (sic) de lucro ESAL? o sólo es procedente entre Entidades Públicas (?) Conforme lo expuesto en el presente concepto, las entidades estatales regidas por el EGCAP están habilitadas para celebrar los contratos que suelen celebrar los particulares entre sí, en ejercicio de la autonomía de la voluntad privada, en virtud del artículo 32 de la Ley 80 de 1993. En ese sentido, puede ocurrir que dentro de la gestión ordinaria de sus competencias las entidades tengan necesidades que deban ser satisfechas a través de contratos como el arrendamiento, comodato o administración, en los que además de las disposiciones del EGCAP deberán aplicarse en su mayoría normas de derecho privado.
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¿Para celebrar los convenios de asociación es necesario adelantar un proceso de selección público de contratistas previsto en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública para cumplir lo dispuesto en el Artículo 7° del Decreto 092 de 2017 o cuál es el proceso idóneo para la suscripción de ese tipo de convenios?
El término "razonable" al que se refiere el inciso 2° del artículo 4° del Decreto 092 de 2017 no ha sido definido de manera específica por alguna disposición legal. Por lo tanto, las entidades públicas tienen cierta autonomía para determinar lo que se considera un plazo razonable para la realización del proceso de selección pública de contratistas para la celebración de un convenio de asociación con una entidad sin ánimo de lucro.
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En convenios (sea directos o competitivos) de Decreto 092 de 2017, se deben realizar anticipos y/o pagos anticipados sin excederse del 50% señalado en la ley 80? O el carácter de especialidad les permite pactar pagos superiores al 80%?
En convenios (sea directos o competitivos) de Decreto 092 de 2017, se deben realizar anticipos y/o pagos anticipados sin excederse del 50% señalado en la ley 80? O el carácter de especialidad les permite pactar pagos superiores al 80%?
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¿Puede una fundación sin ánimo de lucro en Colombia celebrar un convenio con una entidad pública nacional para ejecutar un proyecto social, y recibir aportes o donaciones del sector público, sin vulnerar las restricciones legales establecidas en la legislación vigente sobre la contratación estatal y el manejo de recursos públicos?
En Colombia, una fundación sin ánimo de lucro (ESAL) puede celebrar un convenio con una entidad pública nacional para ejecutar un proyecto social y recibir aportes del sector público, siempre que se cumpla con la normativa vigente en cuanto a contratación estatal y manejo de recursos públicos, en particular la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 092 de 2017. Estos convenios deben seguir un proceso de selección competitivo, salvo en casos específicos donde la ESAL aporte recursos equivalentes o superiores al 30% del valor total del convenio, en cuyo caso la entidad pública debe verificar que no existan otras fundaciones que ofrezcan aportes similares.
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¿El término de la cuantía aplica con la expedición de la nueva ley de juntas de acción comunal 2166 del 2021 (sic)?
Si de acuerdo al (sic) régimen del decreto 092 del 2017 (sic), ¿el término de la cuantía aplica con la expedición de la nueva ley de juntas de acción comunal 2166 del 2021 (sic)? y de no ser así aclarar sus limitantes.
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Si una entidad pública territorial de cualquier orden requiere suscribir un Convenio de Asociación con una ESAL con la capacidad y disposición de aportar el 30% del valor total del convenio en efectivo ¿cuál procedimiento debe agotar? En el mismo sentido…
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¿Quisiera saber si una persona es servidora pública y es la representante legal de una fundación sin ánimo de lucro puede contratar con el estado (sic) bajo el régimen del Decreto 092 de 2017?
De acuerdo con las consideraciones de este concepto, en primer lugar, resulta relevante señalar que el régimen de inhabilidades e incompatibilidades regulado en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública –Ley 80 de 1993 y otras leyes especiales– resulta aplicable a los contratos de que trata el Decreto 092 de 2017, en virtud del artículo 6 de este reglamento.
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¿Las Corporaciones Autónomas Regionales se encuentran dentro del ámbito de aplicación del Decreto 092 de 2017?
Las Corporaciones Autónomas Regionales no hacen parte del gobierno en ninguno de sus niveles, por lo que se encuentran fuera del ámbito de aplicación de los artículos 355 de la Constitución Política y 2 del Decreto 092 de 2017 y no están facultadas para celebrar los contratos de colaboración allí previstos; no obstante, al tener el carácter de entidades estatales, sí pueden celebrar convenios de asociación conforme a los artículos 96 de la Ley 489 de 1998 y 5 del Decreto 092 de 2017. Los contratos de colaboración buscan promover acciones de fomento social en beneficio de los sectores más desprotegidos, previstas en los planes de desarrollo, sin contraprestación directa para la entidad ni relación conmutativa con la ESAL, y por regla general exigen un proceso competitivo. Los convenios de asociación permiten que la entidad estatal, cualquiera que sea su naturaleza y orden, se asocie con personas jurídicas particulares para el desarrollo conjunto de actividades relacionadas con sus cometidos y funciones; también exigen proceso competitivo, salvo cuando la ESAL comprometa recursos en dinero en proporción no inferior al 30% del valor total del convenio.síntesis automática
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¿Puede una ESAL, si tiene menos de tres años de constitución, usar la experiencia de sus asociados o fundadores para acreditarla en un proceso de contratación?
La entidad sin ánimo de lucro con menos de tres años de constitución puede acreditar la experiencia de sus constituyentes, porque la noción de constituyentes del numeral 2.5 del artículo 2.2.1.1.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015, por interpretación sistemática, abarca a los sujetos que conforman una ESAL. Esa disposición es una medida diferenciada de fomento a la participación que permite a las personas jurídicas relativamente nuevas acreditar como experiencia en el RUP la de sus accionistas, socios o constituyentes, para que la persona jurídica cumpla los requisitos habilitantes o puntuables y se promueva la pluralidad de oferentes. Aunque la experiencia es inherente a quien la obtuvo e intransferible por su carácter personalísimo, la norma reglamentaria permite excepcionalmente esa transferencia. Las ESAL que ejercen situación de control o conforman un grupo empresarial conservan su individualidad y adquieren su experiencia de forma personal e independiente, la cual pueden compartir conformando un proponente plural, como unión temporal o consorcio, o hacer valer por expresa disposición del pliego de condiciones que así lo autorice.síntesis automática
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