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Concepto
El marco normativo vigente en materia de contratación estatal establece que los proponentes y contratistas deben acreditar el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el Sistema de Seguridad Social Integral.
¿De qué manera deben las personas jurídicas acreditar, en los procesos de contratación pública, el cumplimiento de las obligaciones previstas en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, cuando manifiestan no contar con trabajadores vinculados laboralmente?
Las personas jurídicas que aspiran a celebrar, renovar o liquidar contratos con entidades estatales deben cumplir las obligaciones del artículo 50 de la Ley 789 de 2002 frente a los sistemas de salud, riesgos profesionales y pensiones y a las cajas de compensación, el ICBF y el SENA, pero solo en relación con quienes tengan la calidad de empleados. Por ello, los aportes de los representantes legales solo se acreditan cuando estos son empleados de la sociedad, y no cuando están vinculados mediante contrato de prestación de servicios. Según el concepto, esa obligación se predica de los trabajadores vinculados mediante contrato de trabajo, conforme a los artículos 22 y 23 del Código Sustantivo del Trabajo. En el caso de consorcios y uniones temporales, cada integrante debe acreditar su afiliación y estar al día en los aportes, según sea persona natural o jurídica, pues la estructura plural no tiene personería y sus miembros conservan su independencia. En consecuencia, la sociedad que manifieste no tener trabajadores vinculados laboralmente no tiene que presentar planillas de aportes de personas que no son sus empleados.síntesis automática
También resuelve:
Sistema de seguridad social integral: obligaciones ― contratación estatal