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¿Es procedente prorrogar el plazo de ejecución de un contrato estatal cuando su objeto establece expresamente una vigencia determinada?
El contratista puede prorrogar el plazo de ejecución de un contrato estatal cuando su objeto establece una vigencia determinada, siempre que se ajuste al principio de autonomía de la voluntad y cumpla con los requisitos adicionales establecidos en la ley, como la formalización por escrito y el acuerdo mutuo de las partes. La prórroga no está prohibida por la Ley 80 de 1993, pero debe ser razonable y no implicar cambios adicionales en el contrato sin el consentimiento del contratista, lo que implica que la entidad estatal debe negociar y formalizar la prórroga en condiciones similares a las originales del contrato.síntesis automática
También resuelve:Modificación de los contratos estatales: prórroga, procedencia, autonomía de la voluntadPrórroga de los contratos estatales: requisitos adicionales, requisitos de validez
¿La expedición del Registro Presupuestal (RP) durante la vigencia de las restricciones previstas en la Ley de Garantías Electorales puede considerarse contraria a las disposiciones contenidas en dicha Ley?
La expedición del registro presupuestal durante la vigencia de las restricciones de la Ley de Garantías Electorales no es contraria a esa ley, porque el registro es un requisito de ejecución y no de celebración del contrato estatal. El concepto explica que los requisitos de ejecución pueden ser legales o convencionales: los legales son la aprobación de las garantías exigidas, la existencia de la apropiación presupuestal correspondiente y la acreditación del cumplimiento de las obligaciones con el Sistema de Seguridad Social Integral, y los convencionales son los pactados en la minuta o aceptados por el contratista al adherirse al pliego. Esta distinción permite entender que un contrato puede estar perfeccionado y tener pendientes requisitos de ejecución, entre ellos el registro presupuestal. Por esa razón, las prohibiciones sobre la celebración de contratos no alcanzan a su expedición. La consecuencia práctica es que la entidad puede expedir el registro presupuestal durante el periodo restringido, siempre que el contrato haya sido celebrado conforme a la ley y que el registro se obtenga antes de iniciar la ejecución.síntesis automática
También resuelve:Requisitos de perfeccionamiento de los contratos estatales: celebración del contrato estatal, elementos del contrato, elementos de la esencia, elementos de la naturalezaCaracterísticas de los contratos estatales: contratos consensuales, contratos reales, contratos solemnesRequisitos de ejecución del contrato estatal: diferencias entre requisitos de perfeccionamiento y ejecución, requisitos de ejecución legales y convencionales
¿Puede una entidad condicionar la aprobación de las garantías contractuales a la previa expedición del Registro Presupuestal (RP), aun cuando el contratista haya cumplido formalmente con la constitución, cargue en SECOP II y/o radicación física de las pólizas exigidas?
Los requisitos de perfeccionamiento de los contratos estatales determinan el momento en que el contrato se entiende celebrado y se ubican dentro de los elementos de la esencia. Los contratos estatales regulados por el Estatuto General de Contratación son, por regla general, solemnes, porque se perfeccionan cuando se logra acuerdo sobre el objeto y la contraprestación y este se eleva a escrito, conforme al artículo 41 de la Ley 80 de 1993. Distintos de ellos son los requisitos de ejecución, que habilitan el inicio de la fase de realización de las actividades pactadas, por lo que puede haber contratos perfeccionados cuya ejecución aún no pueda iniciarse. Los requisitos legales de ejecución son la aprobación de las garantías exigidas en el contrato, la existencia de la apropiación presupuestal correspondiente y la acreditación del cumplimiento de las obligaciones con el Sistema de Seguridad Social Integral. Los requisitos convencionales son los que las partes pactan en la minuta o que el contratista acepta.síntesis automática
También resuelve:Requisitos de perfeccionamiento de los contratos estatales: celebración del contrato estatal, elementos del contrato, elementos de la esencia, elementos de la naturalezaCaracterísticas de los contratos estatales: contratos consensuales, contratos reales, contratos solemnesRequisitos de ejecución del contrato estatal: realización de las actividades pactadas, requisitos de ejecución del contrato estatal, legales, convencionales
¿Un memorando suscrito por el supervisor de un contrato de prestación de servicios, es un documento idóneo y suficiente para que el área de presupuesto de una Entidad Estatal proceda a liberar recursos no ejecutados en el registro presupuestal del compromiso, en ausencia de un otrosí o un acta de liquidación del contrato?
El contratista no puede liberar recursos no ejecutados en el registro presupuestal del compromiso mediante un memorando suscrito por el supervisor del contrato, ya que la liberación de saldos no ejecutados requiere la existencia de un otrosí o una acta de liquidación del contrato, conforme a los límites formales y materiales establecidos en la Ley 80 de 1993 y la Ley 1474 de 2011. Esta regla reitera la jurisprudencia existente y subraya la necesidad de cumplir con los requisitos legales para garantizar la transparencia y la legalidad en la administración de los recursos públicos.síntesis automática
También resuelve:Ordenador del gasto: funcionesVigilancia de los contratos estatales: marco jurídico, obligación de la entidad, objetivoSupervisión e interventoría: marco jurídico, finalidad
25000233600020180049701 de 20262026-09-07Sección TerceraRad. 25000233600020180049701
El contratista no puede trasladar a un particular la función administrativa de cobro coactivo mediante un contrato estatal, ya que esto vacía de contenido las competencias del Estado sin previa habilitación legal, configurando un objeto ilícito que fundamenta la nulidad absoluta del acuerdo de voluntades, en concordancia con el artículo 1519 del Código Civil. La delegación en materia administrativa es reglada, taxativa y excepcional, y no permite la transferencia de funciones públicas a particulares mediante contratos, lo que desconoce el orden público y las garantías previstas en el Código Procesal Administrativo y el Estatuto Tributario. Esta regla reitera la jurisprudencia existente y refuerza la indelegabilidad de funciones de cobro coactivo a particulares, lo que implica que cualquier intento de trasladar estas atribuciones a través de un contrato estatal será nulo por objeto ilícito.síntesis automática
También resuelve:Contrato estatal de prestación de servicios: Ley 80 de 1993 artículo 32, definición y autonomía de la voluntad en la estipulación de cláusulas contractualesNulidad absoluta de los contratos estatales: declaratoria de oficio, prescripción extraordinaria, límite temporal, objeto ilícitoContratos estatales: función administrativa, cobro coactivo, acuerdo de voluntades, obligación de recaudar
¿Es jurídicamente procedente prorrogar un contrato estatal por un período adicional de un año, teniendo en cuenta el principio de anualidad presupuestal, y cuáles son los criterios y condiciones que deben observarse para determinar la viabilidad de dicha prórroga, de conformidad con el Concepto C-889 del 24 de junio de 2026 de Colombia Compra Eficiente…
El contratista y la entidad estatal tienen amplia libertad para prorrogar el plazo de un contrato estatal por un año adicional, siempre y cuando exista un acuerdo mutuo formalizado por escrito, en virtud del principio de autonomía de la voluntad y la remisión del derecho privado en la Ley 80 de 1993. Sin embargo, la prórroga debe ajustarse al principio de anualidad presupuestal, que requiere que los gastos se ejecuten dentro de la vigencia fiscal correspondiente, salvo que se apliquen excepciones como las vigencias futuras, las cuentas por pagar o las reservas presupuestales, siempre que se justifiquen adecuadamente y se cumplan los procedimientos legales correspondientes. Este concepto reitera y matiza la jurisprudencia existente, estableciendo que la prórroga es procedente pero debe ser técnicamente justificada y formalizada conforme a la ley, lo que implica que las entidades deben planificar cuidadosamente la ejecución de los contratos para evitar problemas presupuestales.síntesis automática
También resuelve:Modificación de los contratos estatales: prórroga, procedencia, autonomía de la voluntadPrórroga de los contratos estatales: requisitos adicionales, requisitos de validezPrincipio de anualidad: fundamento, regla general, mecanismos presupuestales
¿Cómo debe calcularse el límite para la adición de los contratos estatales cuando pasa de vigencia fiscal?
La prohibición de adicionar un contrato estatal en más del cincuenta por ciento de su valor inicial, prevista en el parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993, se aplica a cualquier incremento del valor del contrato, independientemente del nombre que se dé al acuerdo, sea otrosí, adición o modificación. La postura sostiene que esa norma contiene a la vez una prohibición y una autorización implícita: el contrato puede adicionarse siempre que no se supere el tope. Para evitar errores en el cálculo, el concepto indica que el límite debe expresarse en salarios mínimos legales mensuales: el valor inicial se divide por el salario mínimo vigente al momento de la suscripción y el resultado se divide por dos, lo que arroja el número de salarios mínimos que pueden adicionarse. La razón es que las modificaciones pueden hacerse en años distintos, con salarios mínimos diferentes. Como consecuencia práctica, en cada adición conviene estimar su valor en salarios mínimos vigentes al momento de hacerla y descontarlo del saldo que resta por adicionar.síntesis automática
También resuelve:Adición: concepto, distintos supuestos, prohibición, adición en más del 50%Modificacion de los contratos estatales: procedencia, condiciones, límites
70001233100019980028901 de 20252025-07-31Rad. 70001233100019980028901
1.- Que el contrato de concesión de alumbrado público fue suscrito entre el Municipio de Sincelejo y ELECTRO ATLANTICO LTDA. el día 28 de febrero de 1997. 2.- Que mediante acta firmada por las partes contratantes, se decidió de común acuerdo la suspensión del contrato de concesión, a efectos de que el Municipio adelantara las gestiones para el perfeccionamiento del convenio interadministrativo a suscribir con la Electri ficadora de Sucre, como parte de las obligaciones contraídas en el contrato de concesión suscrito.
También resuelve:Perfeccionamiento de los contratos estatales: Ley 80 de 1993, requisitos para el perfeccionamiento del contrato estatal, acuerdo de objeto y contra prestación, formalización por escritoConsejo de estado sala de lo contencioso administrativo sección tercera subsección cTemas: responsabilidad contractual del estado: elementos / perfeccionamiento del contrato estatal, sus requisitos, acuerdo entre las partes sobre el objeto y la contraprestación y que se eleve a escrito / ejecución del contrato -sus requisitos / contrato de c oncesión, forma y condiciones de la remuneración
¿Cuál es el marco jurídico del contrato de prestación de servicios de operación logística en el sistema de compras públicas?
Conforme a la interpretación general de las normas del sistema de compras públicas, el artículo 32 de la Ley 80 de 1993 define los contratos estatales como “… todos los actos jurídicos generadores de obligaciones… derivados del ejercicio de la autonomía de la voluntad… ”, por lo que las partes están facultadas para suscribir contratos mixtos. Como una forma de contratación atípica, estos se caracterizan por acumular prestaciones de varios contratos nominados para satisfacer una necesidad común. Precisamente, los contratos de operación logística tienen esta naturaleza, porque –sin perjuicio de las demás obligaciones que pacten las partes– es frecuente que en la práctica tengan componentes de compraventa, suministro, arrendamiento de bienes muebles o inmuebles, transporte, etc., de donde se desprende la existencia de prestaciones de una o más tipologías contractuales.
También resuelve:Operación logística: contrato atípico mixto
TRIBUNAL ARBITRAL CONCESIONARIA VIAL ANDINA S.A.S. vs. AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA ANI de 20252025-12-15
El Tribunal declaró probada la excepción denominada falta de competencia del tribunal para conocer de las controversias planteadas por la convocante relacionadas con las pretensiones declarativas 1,2, 1.2 y 1,3, Por su parte, negó la pretensión declarativa 1.4. de la demanda principal formulada por CONVIANDINA. Declaró la prosperidad parcial de la pretensión 1.4.1. de la demanda relativa a la interpretación del romanito v literal de la sección 12.8. del capítulo de la parte general del contrato. Se desestimaron las excepciones propuestas por la ANI relacionadas con los numerales 1.1, 1.2 y 1.3.
¿]Cuando el contrato estatal se adjudica por grupos a un mismo contratista, estableciendo diferente valor para ejecución de cada lote o grupo; a la luz de los principios de planeación y transparencia de que trata la contratación pública, la limitación de que trata la norma anterior aplica por el valor total del contrato?
[¿]Cuando el contrato estatal se adjudica por grupos a un mismo contratista, estableciendo diferente valor para ejecución de cada lote o grupo; a la luz de los principios de planeación y transparencia de que trata la contratación pública, la limitación de que trata la norma anterior aplica por el valor total del contrato? o [¿] por el valor del presupuesto adjudicado para cada grupo? [sic]…
También resuelve:Modificacion de los contratos estatales: procedencia, límites, límites / adición, conceptoAdición: concepto, distintos supuestos, prohibición, adición en más del 50%Lotes o segmentos: Ley 2069 de 2020, Artículo 33, Decreto 142 de 2023, Artículo
¿Es posible adicionar recursos o dineros provenientes de urgencia manifiesta a un contrato que ya se esté ejecutando?
Cualquier incremento del valor inicial del contrato constituye una adición sujeta al límite del parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993, según el cual los contratos no podrán adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial expresado en salarios mínimos legales mensuales, independientemente de la causa o del nombre del acuerdo; por ello, la posibilidad de adicionar un contrato en ejecución con recursos apropiados por una urgencia manifiesta está sometida a ese límite y a los presupuestos de toda modificación. La modificación contractual es excepcional y solo procede para garantizar el interés público, cuando la causa es real y cierta y se deriva de previsiones legales, y si se modifica el objeto del contrato corresponde celebrar uno nuevo. La urgencia manifiesta del artículo 42 de la Ley 80 de 1993 es una causal de contratación directa para preservar la continuidad del servicio o conjurar situaciones excepcionales de calamidad, fuerza mayor o desastre; cuando se funda en calamidad o desastre exige dos actos administrativos concurrentes: la declaración previa de la situación conforme a la Ley 1523 de 2012 y la declaratoria de urgencia manifiesta.síntesis automática
También resuelve:Urgencia manifiesta: definición, causal, contratación directa, contratación directa / calamidad pública y desastreCalamidad pública y desastre: declaración previaEgcap: Artículo 43, finalidad
Igualdad,Obligaciones,Equilibrio,Conducta,Ecuación contractual – Mes: octubre – Año: 2023…
También resuelve:Contratos estatales: igualdad, obligaciones, equilibrioDesequilibrio económico: conducta, ecuación contractual el desequilibrio económico surge ante una modificación sustancial de la simetría prestacional originalmente pactada por razones ajenas a la conducta del contratista, en tanto tiene génesis en la existencia de circunstancias sobrevenidas, imprevisibles no imputables a las partes (teoría de la imprevisión), o se presenta como consecuencia del ejercicio legítimo de los actos de autoridad de la administración (hecho del príncipe), cuyo impacto es capaz de romper la medida de equivalencia recíproca en que se fundaron las mutuas prestaciones de los contratantes, es decir, la ecuación contractual acordadaConsejo de estado sala de lo contencioso administrativo sección tercera subsección a
¿Cuáles son los límites fijados por el marco normativo para la modificación de los contratos estatales?
La modificación de los contratos estatales es jurídicamente viable, pero constituye una medida de carácter excepcional que solo procede cuando persigue garantizar el interés público, cuando la causa que la justifica es real y cierta y cuando encuentra sustento en previsiones legales y no únicamente en circunstancias fácticas de la ejecución. Según el concepto, la modificación no puede suponer la variación del objeto contractual, pues ello alteraría la esencia del negocio y equivaldría a celebrar un contrato distinto. Corresponde a cada entidad estatal analizar, en cada caso, la concurrencia de estos requisitos y definir previamente la procedencia de la modificación desde las perspectivas jurídica, técnica y financiera. Para la contratación, esto implica que una adición o modificación destinada a incorporar actividades ajenas al alcance inicial debe someterse a este examen previo, y que si se altera el objeto la vía adecuada no es la modificación sino la celebración de un nuevo contrato. Como pronunciamiento consultivo, el concepto enuncia reglas generales aplicables a la modificación y no resuelve el caso particular planteado en la consulta.síntesis automática
También resuelve:Limite a las modificaciones: imposibilidad de modificación del objetoAnálisis caso concreto: circunstancias fácticas, identificación necesidad
05001233100019970183903 de 20252025-07-31Sección TerceraRad. 05001233100019970183903
Frente a la liquidación unilateral, el artículo 61 de la Ley 80 de 1993 –vigente para la época de celebración del contrato– dispuso que si el contratista no se presentaba a la liquidación o las partes no llegaban a un acuerdo sobre el contenido de la misma, sería practicada directa y unilateralmente por la entidad mediante acto administrativo. – Exigencia de acto administrativo motivado para la liquidación unilateral según el artículo 61 de la Ley 80 de 1993 – Procedencia del recurso de reposición contra el acto de liquidación unilateral – Aplicación del artículo 44 del CCA sobre notificación personal de actos administrativos Dado que el supuesto desplazamiento patrimonial alegado tiene origen en una causa jurídica –el contrato de obra , que fue perseguida a través de la acción contractual, no es procedente la reclamación por enriquecimiento sin causa.
También resuelve:Aplicación de la ley al tiempo de la celebración del contrato: definición de entidad estatal en la Ley 80 de 1993, aplicación de la Ley 153 de 1887 a los contratos estatales, entrada en vigencia de la Ley 80 de 1993, régimen aplicable a contratos celebrados antes y después de la Ley 80 de 1993Liquidación de los contratos estatales según la ley 80 de 1993: liquidación por común acuerdo de los contratos de tracto sucesivo, término legal para la liquidación bilateral según el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, liquidación unilateral en caso de falta de acuerdo o inasistencia del contratista, procedimiento administrativo de la liquidación unilateral conforme al artículo 61 de la Ley 80 de 1993Régimen aplicable y plazos para la liquidación de contratos estatales antes de la ley 446 de 1998: cómputo de la liquidación, aplicación de la Ley 80 de 1993 en su versión original antes de la Ley 1150 de 2007, ausencia de término legal para la liquidación en el Decreto Ley 222 de 1983, definición jurisprudencial de los plazos para la liquidación bilateral y unilateral antes de la Ley 446 de 1998
¿Es posible efectuar la modificación del precio de un contrato que se encuentra en ejecución?
El artículo 14 de la Ley 80 de 1993 contempla los medios que pueden utilizar los entidades estatales para el cumplimiento del objeto contractual, en consecuencia, dentro de estas posibilidades de discrecionalidad se encuentra la modificación de lo contratado, lo anterior siempre que se acuda de manera excepcional para el aseguramiento del interés general y los fines de la contratación contemplados en el artículo 3 del Estatuto General de la Contratación Pública y desde el amparo de los principios de la función administrativa y de la contratación pública.
También resuelve:Limite a las modificaciones: imposibilidad de modificación del objetoAnálisis caso concreto: circunstancias fácticas, identificación necesidad
Se nos indique si las Entidades Públicas, están obligadas a recibir el bien u objeto del contrato y el sustento legal pertinente.… 2. En caso de no estarlo, qué norma los ampara.
Se nos indique si las Entidades Públicas, están obligadas a recibir el bien u objeto del contrato y el sustento legal pertinente.… 2. Ahora bien, frente a la procedencia del pago al contratista se resalta que no solo se debe el pago al contratista cuando realiza las actividades sin oposición del interventor, sino que además debe cumplir lo establecido en el contrato con las calidades pactadas, por ello, la entidad tiene el deber de recibir las prestaciones y en caso de que la obligación se cumpla, proceder al pago correlativo. Por último, cabe mencionar, que el contratista puede oponerse a la modificación del contrato y así mismo puede dejar las salvedades que correspondan en la liquidación del mismo, toda vez que, en la liquidación al ser un ajuste de cuentas, el contratista también debe manifestar sus salvedades.
También resuelve:Plazo del contrato: exigibilidad de las obligaciones, extinción de los derechos, diferencias, diferencias / contratos estatalesContratos estatales: plazo suspensivo, plazo extintivo, exigibilidad, extinción de las obligacionesFacultades sancionatorias: aplicabilidad, ratione temporis
¿En qué consiste el ejercicio de supervisión de los contratos estatales?
La entidad estatal está obligada a vigilar permanentemente la correcta ejecución de los contratos estatales a través de un supervisor o interventor, según corresponda, en cumplimiento del principio de moralidad administrativa y para prevenir la corrupción. Esta supervisión debe ser ejercida por servidores públicos idóneos designados por la entidad, quienes deben tener conocimientos técnicos, administrativos, financieros, contables y jurídicos adecuados para el objeto del contrato. La asignación de funciones de supervisión a servidores sin las competencias necesarias puede generar riesgos disciplinarios y extralimitación de funciones, afectando la transparencia y objetividad del proceso contractual. Este concepto reitera y matiza la obligación de las entidades de designar supervisores competentes y adecuados para evitar riesgos legales y disciplinarios.síntesis automática
También resuelve:Vigilancia de los contratos estatales: marco jurídico, obligación de la entidad, objetivoSupervisión e interventoría: marco jurídico, finalidadSupervisión del contrato: características
¿Están obligadas a acatar las instrucciones dictadas por el Gobierno Nacional?
Las Entidades públicas destinatarias de las citadas circulares: De acuerdo con lo expuesto, el Departamento Administrativo de la Función Pública y la Agencia Nacional de Contratación Pública–Colombia Compra Eficiente– expidieron la Circular Conjunta No. 01 del 5 de enero de 2023, dirigida a todos los órganos, organismos y Entidades del sector central y descentralizado de la rama ejecutiva del orden nacional y territorial, a través de la cual se establecieron unos lineamientos para la celebración de contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión para la vigencia del año 2023, encaminados a proporcionar claridad sobre la aplicación de lo dispuesto en el numeral 3 de la Circular Conjunta No. 100-005-2022 y las restricciones que en materia de contratación pública se establecieron en la Directiva Presidencial No. 08 de 2022 en armonía con las normas que rigen la contratación estatal…
También resuelve:Circular conjunta no. 01 del 5 de enero de 2023: entidades estatales, prestación de servicios, apoyo a la gestión, obligatoriedadModificación de los contratos estatales: procedencia, Circular Conjunta no. 01 del 5 de enero de 2023
¿Bajo qué circunstancias resulta jurídicamente viable modificar los contratos estatales?
Es jurídicamente viable modificar los contratos estatales, aunque el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública no lo regule expresamente, pero se trata de una medida excepcional que solo procede cuando con ella se pretende garantizar el interés público, cuando la entidad ha verificado, y así puede constatarse, que la causa de la modificación es real y cierta, y cuando se deriva de previsiones legales, esto es, cuando se sustenta no solo en circunstancias fácticas propias de la ejecución, sino en la necesidad de cumplir previsiones del legislador. En principio, los contratos deben ejecutarse en las condiciones pactadas, pues estas se definieron tras los procedimientos de selección y con observancia de los principios de transparencia, economía y responsabilidad, aunque esos mismos principios pueden evidenciar la necesidad de modificar parte de lo estipulado. Las modificaciones no pueden suponer la variación del objeto del contrato, porque ello alteraría su esencia y lo convertiría en otro negocio jurídico, caso en el cual lo indicado sería celebrar un nuevo contrato. Corresponde a cada entidad estatal analizar en cada caso la concurrencia de esos requisitos y definir previamente la procedencia de la modificación desde la perspectiva jurídica, técnica y financiera.síntesis automática
También resuelve:Limite a las modificaciones: imposibilidad de modificación del objetoAnálisis caso concreto: circunstancias fácticas, identificación necesidad