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El numeral 5 del artículo 3 de esa misma normativa prevé, expresa e inequívocamente, que una de las competencias de la Agencia de Contratación Pública CCE es la de “absolver consultas sobre la aplicación de las normas de carácter general y expedir circulares externas en materia de compras y contratación pública”. En ese orden de ideas, la entidad demandada no invadió la competencia del legislador al proferir la Circular Única Externa de 2022, acto administrativo demandado, por la sencilla pero suficiente razón de que contaba con la facultad normativa de expedirla, en tanto que una de las facultades que se le otorgó es la de expedir circulares externas en materia de contratación pública que persigan garantizar una mayor eficiencia, transparencia y optimización de los recursos del Estado ejecutados a través de la contratación pública.
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¿Cuál es el alcance de los conceptos emitidos por la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente?
De acuerdo con lo establecido en los artículos 3.5 y 11.8 del Decreto 4170 de 2011, la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente resuelve las consultas sobre los asuntos de su competencia, esto es, sobre las temáticas de la contratación estatal y compras públicas relacionadas en los artículos citados.
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Respecto de aquellos casos en los que las entidades públicas actúan como contratistas de otra entidad pública, como ocurre, cuando EPM o una de sus filiales prestan servicios públicos domiciliarios a entes territoriales, se requiere precisar si la obligación del registro contable a que se refiere el artículo en estudio es aplicable a este tipo de contratación, aun a sabiendas de que en atención a la naturaleza jurídica tanto del contratista como del contratista…
Respecto de aquellos casos en los que las entidades públicas actúan como contratistas de otra entidad pública, como ocurre, cuando EPM o una de sus filiales prestan servicios públicos domiciliarios a entes territoriales, se requiere precisar si la obligación del registro contable a que se refiere el artículo en estudio es aplicable a este tipo de contratación, aun a sabiendas de que en atención a la naturaleza jurídica tanto del contratista como del contratista, su régimen contable y presupuestal ya está lo suficientemente regulado sin que sea necesario acudir a esta disposición de la Ley 2195 de 2022.
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¿Es procedente que la E.S.E CENTRO DE SALUD DE TOCA adelante el trámite correspondiente para que la gestión contractual en el SECOP I y II en cada proceso registre como LIQUIDADO o puede continuar en el estado que actualmente se registra cada uno, por cuanto, en el SECOP I y II es una herramienta cuyo objetivo es publicar los procesos contratos celebrados y/o adjudicados?
… En primer lugar, la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD DE TOCA es una entidad que tiene un régimen especial diferente al Estatuto General de Contratación Pública, ley 80 de 1993, actualmente la E.S.E. está obligada a publicar cada proceso de contratación que adelante según el Plan Anual de Adquisiciones en la PLATAFORMA DE SECOP 2. No obstante lo mencionado, la CIRCULAR ÚNICA del 15 de julio de 2022, estableció: las entidades deben publicar la información de sus Procesos de Contratación en una sola de las plataformas electrónicas del SECOP, por cuanto duplicar la información afecta los datos del Sistema de Compra Pública… . Teniendo en cuenta lo anterior, es importante mencionar que al hacer uso del módulo Régimen Especial como herramienta de publicidad, no es necesario que el proveedor o contratista con quien vaya a celebrar el contrato para la ejecución de los recursos esté registrado en el SECOP II .
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¿Las entidades pueden legalmente requerir muestras de los productos ofertados durante un proceso de subasta inversa?
Es legal que la entidad requiera muestras de los productos ofertados en una selección abreviada de subasta inversa, siempre que la exigencia esté claramente establecida en el pliego de condiciones y constituya un requisito habilitante que permita verificar la calidad de los productos ofrecidos. El artículo 32 de la Ley 80 de 1993 permite a la Administración celebrar actos previstos en el derecho privado, en disposiciones especiales o derivados de la autonomía de la voluntad, y esa práctica no está prohibida expresamente por el Estatuto General de Contratación. Sin embargo, esa autonomía no es ilimitada, pues se somete a los principios de planeación y selección objetiva, así como a los de transparencia y objetividad en la escogencia del proveedor. Aunque la subasta inversa se basa en el precio como criterio principal, la verificación de la calidad mediante muestras debe hacerse como requisito de habilitación y no como factor que altere la subasta. En consecuencia, la entidad debe prever la exigencia de muestras en el pliego y justificarla en los estudios previos.síntesis automática
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¿Cuáles son las generalidades legales que obligan a las entidades a publicar en el SECOP II?
La obligación de las entidades de publicar su actividad contractual en el SECOP II se sustenta en un conjunto normativo que articula disposiciones constitucionales, legales, reglamentarias y administrativas orientadas a garantizar el principio de publicidad y el derecho de acceso a la información pública. La Constitución consagra la publicidad como principio de la función administrativa en el artículo 209, y reconoce en el artículo 74 el derecho de acceder a los documentos públicos, salvo reserva legal. El artículo 3 de la Ley 1150 de 2007 establece que el SECOP debe contener la información oficial de la contratación realizada con dineros públicos, difundida por canales electrónicos, en un deber general que recae sobre todas las entidades estatales, sin distinción de régimen jurídico, naturaleza o rama del poder público. La Ley 1712 de 2014 refuerza esa obligación al imponer a los sujetos obligados, entre ellos las entidades que administran recursos públicos, el deber de publicar la información de su contratación, incluidos los datos de adjudicación y ejecución. La Circular Única Externa de la Agencia recuerda el deber de publicar oportunamente la actividad contractual en el SECOP.síntesis automática
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¿Deben las entidades estatales publicar los contratos y convenios celebrados en el SECOP?
Las entidades estatales, sin distinción de su régimen jurídico, naturaleza o rama del poder público, deben publicar en el SECOP toda la información relacionada con sus contratos y convenios, sin excepción por la naturaleza u objeto contractual, conforme al literal c) del artículo 3 de la Ley 1150 de 2007 y a los literales e) del artículo 9 y g) del artículo 11 de la Ley 1712 de 2014. Por ello deben publicar todo documento expedido durante las etapas previa, de ejecución y posterior del proceso contractual. Los convenios o contratos, cualquiera sea su denominación, suscritos entre entidades estatales o entre estas y particulares, deben publicarse dentro de los tres días siguientes a la expedición de los Documentos del Proceso, por parte de la entidad contratante o de la que adelantó la contratación, causen o no erogación presupuestal. El principio de publicidad, consagrado en los artículos 209 y 74 de la Constitución, impone a las autoridades dar a conocer sus actos, contratos y decisiones para su divulgación y control, y la Ley 1712 de 2014 consagra el principio de máxima publicidad.síntesis automática
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¿Qué documentos y de cuáles etapas del proceso se deben publicar en el SECOP?
Las entidades estatales deben publicar oportunamente su actividad contractual en el SECOP, sin distinción de su régimen jurídico, naturaleza o rama del poder público, conforme a la Circular Externa Única. Según el concepto, el literal c) del artículo 3 de la Ley 1150 de 2007 define el SECOP como el sistema que contiene la información oficial de la contratación realizada con dineros públicos. Las entidades con régimen contractual excepcional deben publicar en SECOP II todos los documentos relacionados con su actividad contractual, de conformidad con el artículo 53 de la Ley 2195 de 2022. Esa obligación se mantiene aun cuando la ejecución del contrato no implique erogación presupuestal. La publicación responde a los principios de publicidad y transparencia, de modo que la información de los sujetos obligados es pública y solo puede reservarse por disposición constitucional o legal, según la Ley 1712 de 2014. El principio de transparencia exige proporcionar y facilitar el acceso a la información en los términos más amplios posibles. En consecuencia, la entidad debe publicar oportunamente los documentos de su actividad contractual en el SECOP, incluso cuando el contrato no genere erogación.síntesis automática
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¿La actividad contractual de las Entidades que tienen por mandato legal un régimen especial de contratación -de derecho privado-, se puede entender enmarcada dentro del concepto de “actividades contractuales del Estado”?
Dada la unidad temática de las preguntas del peticionario, y de acuerdo con el ámbito de competencias de esta Agencia, se responderán las preguntas de forma unificada, por lo que se transcriben los interrogantes.
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¿Es obligación de la entidad pública permitir el acceso al expediente físico de un proceso contractual a cualquier ciudadano interesado?
Las entidades estatales deben permitir el acceso a los expedientes de los procesos contractuales a quien lo solicite, sin perjuicio de las excepciones legales de información clasificada o reservada, porque el principio de máxima publicidad garantiza el derecho de acceso a los documentos públicos del artículo 74 de la Constitución, y la Ley 1712 de 2014 presume pública toda información en posesión de una entidad sin exigir interés particular para solicitarla. La regla tiene un matiz según la plataforma. En los procesos tramitados en SECOP I, el expediente físico es la prueba principal de la gestión pública, que debe salvaguardarse y ponerse a disposición de quien lo solicite. En SECOP II el expediente se gestiona en línea, pero subsisten documentos en físico, como garantías, facturas o informes de supervisión que no se generan en línea. Para ellos, la Circular Externa Única exige incorporar una copia digitalizada en el expediente de SECOP II y conservar el original según sus Tablas de Retención Documental. Como consecuencia práctica, la entidad debe garantizar el acceso al expediente, en físico o digital según la plataforma y el soporte del documento.síntesis automática
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¿En el marco de los procesos de contratación pública, cómo debe aplicarse el puntaje adicional previsto en el Decreto 392 de 2018 a los proponentes que acrediten la vinculación de personas con discapacidad?
El Decreto 392 de 2018 reglamenta los numerales 1 y 8 del artículo 13 de la Ley 1618 de 2013 y adiciona el artículo 2.2.1.2.4.6 al Decreto 1082 de 2015, de modo que los proponentes que acrediten la vinculación de personas con discapacidad en su planta de personal obtienen un puntaje adicional del uno por ciento en los procesos de licitación pública y de concurso de méritos. Para acceder a ese puntaje la norma exige dos requisitos formales. El primero es una certificación, expedida por el representante legal o por el revisor fiscal según corresponda, sobre el número total de trabajadores vinculados a la planta de personal del proponente. El segundo es la acreditación del número mínimo de personas con discapacidad dentro de esa planta, certificada por el Ministerio del Trabajo, que debe estar vigente a la fecha del cierre del proceso de selección. En consecuencia, la entidad debe verificar ambos documentos con corte a la fecha de cierre, pues el reglamento determina los requisitos formales que deben cumplirse para acceder al puntaje.síntesis automática
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A) El número total de trabajadores vinculados a la empresa extranjera.
Tratándose de sociedades extranjeras con sucursal el Colombia, el requisito atinente a certificar el número TOTAL de trabajadores vinculados a la planta de personal de que trata el numeral 1 del artículo 2.2.1.2.4.2.6 se entiende cumplido certificando.
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¿Es obligatorio publicar en el SECOP II las actas de mayores y menores cantidades de obra que no modifican el valor ni el plazo del contrato?
Para abordar la respuesta, es necesario señalar que, las mayores cantidades de obra corresponden a la ejecución de cantidades superiores de bienes, ítems o actividades inicialmente previstas en el contrato. Por su parte, la incorporación de ítems o actividades no contemplados inicialmente suele denominarse obra adicional. Estas expresiones corresponden a nociones de uso doctrinal y práctico, particularmente en los contratos de obra.
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¿El artículo 50 Ley 2195 de 2022 aplica de manera exclusiva para las contrataciones celebradas con Entidades sometidas al Estatuto General de la Contratación?
El deber consagrado en el artículo 50 de la Ley 2195 del 2022 tiene como destinatarios a las personas naturales o jurídicas obligadas a llevar contabilidad que tengan la condición de contratistas de cualquier entidad pública y ejecuten recursos públicos en dicha condición. Por lo tanto, se aplica respecto de todos los contratistas, al margen del régimen de contratación que deba observar la entidad contratante, bien sea de aquellas sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, o aquellas que sean exceptuades de este y sometidas a un régimen especial. En consecuencia, la norma también se aplica a los contratistas de las empresas industriales y comerciales del Estado.
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Las entidades estatales deben publicar en el SECOP los documentos y actos administrativos generados durante las etapas precontractual, contractual y postcontractual, conforme al artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015, que incluye estudios previos, avisos de convocatoria, pliegos de condiciones, adendas, ofertas, informes de evaluación, contratos y cualquier otro documento expedido durante el proceso de contratación. Esta obligación se amplía con la Ley 1712 de 2014 y el Decreto 1081 de 2015, que requieren la publicidad de los procedimientos y la información relativa a la gestión contractual, sin limitarse a los documentos expedidos por la entidad estatal. El SECOP II permite no solo la publicidad sino también la realización de contratos en línea y la firma electrónica, facilitando la gestión contractual y la revisión pública en tiempo real. Esta regla reitera y amplía la obligación de publicidad contractual, fortaleciendo la transparencia y el control social en la contratación estatal.síntesis automática
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¿Se encuentra vigente la obligación de publicar la gestión contractual de la universidades estatales u oficiales en el Diario Oficial?
Con la eliminación del Diario Único de Contratación Pública desapareció la obligación de publicar la gestión contractual en el Diario Oficial. En su lugar, el artículo 223 del Decreto Ley 019 de 2012 dispone que “… los contratos estatales sólo se publicaran en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública -SECOP-… ” (Énfasis fuera de texto), idea que se complementa con la Ley 1712 de 2014 y su decreto reglamentario. Ello modifica el alcance de lo previsto en el artículo 94 de la Ley 30 de 1992, especialmente, cuando el inciso segundo del artículo 13 de la Ley 1150 de 2007 –adicionado por el artículo 53 de la Ley 2195 de 2022– ordena a las entidades exceptuadas del EGCAP que publiquen su actividad contractual en el SECOP II o la plataforma transaccional que haga sus veces.
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¿Qué norma obliga a las alcaldías a publicar en el SECOP II?
La obligación de publicar en el SECOP II la actividad contractual de las alcaldías, como la de cualquier entidad estatal, deriva de varias normas. El literal c) del artículo 3 de la Ley 1150 de 2007 establece el SECOP como el sistema que contiene la información oficial de la contratación realizada con dineros públicos. Esa exigencia se complementa con la Ley 1712 de 2014, que consagra los principios de máxima publicidad, transparencia en la información y buena fe en el acceso a la información pública. La Circular Única Externa recuerda el deber de publicar oportunamente la actividad contractual en el SECOP sin distinción del régimen jurídico, de la naturaleza pública o privada de la entidad o de su rama del poder público, y precisa que esa obligación subsiste aunque la ejecución del contrato no implique erogación presupuestal. Asimismo, el artículo 53 de la Ley 2195 de 2022 sustenta la publicación en el SECOP II de los documentos de las entidades con régimen contractual excepcional. En la práctica, la publicación en el SECOP es una obligación de todas las entidades estatales que contraten con recursos públicos.síntesis automática
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¿Dentro de la interpretación que se debe hacer de la norma, se pueden incluir los bienes muebles como sujetos a los cuales aplique la causal contenida en el literal i del numeral 4 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, o debe entenderse que esta causal solo recae sobre los bienes inmuebles?
Las causales de la modalidad de contratación directa deben interpretarse de forma restrictiva, tal y como se expuso en los párrafos precedentes. En esta línea, es necesario revisar el alcance del literal i) numeral 4° del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, que prescribe: «4. Contratación directa. La modalidad de selección de contratación directa, solamente procederá en los siguientes casos:… i) El arrendamiento o adquisición de inmuebles».
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¿Es necesaria la existencia de un expediente físico paralelo en los procesos publicados en SECOP II?
No es necesario mantener un expediente físico paralelo cuando el proceso se publica en SECOP II. El deber de publicación de las entidades estatales, previsto en el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015, se refiere a los Documentos del Proceso y a los actos administrativos del proceso de contratación, y se complementa con la Ley 1712 de 2014 y el Decreto 1081 de 2015, que amplían la publicidad a los procedimientos y a la gestión contractual. La diferencia está en la naturaleza de cada plataforma. El SECOP I solo funciona como medio de publicidad y no es transaccional, de modo que el procedimiento se adelanta por fuera de la plataforma mediante un expediente físico. En cambio, el SECOP II es transaccional: permite generar contratos en línea, firmarlos electrónicamente, presentar garantías y facturas, revisar y aprobar esos documentos, realizar modificaciones contractuales, registrar el avance de la ejecución, cargar documentos y cerrar los expedientes contractuales. Además, el módulo de búsqueda pública permite a los ciudadanos y a los entes de control consultar en tiempo real el avance de cualquier contrato. Por tanto, el expediente de la contratación en SECOP II es electrónico, dentro de la plataforma.síntesis automática
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Usted realizó la siguiente pregunta: «Frente a la suscripción de los contratos o convenios interadministrativos regulados por los Artículo 95 de la Ley 489 de 1998, así como la causal de contratación directa del Artículo 2 numeral 4 literal c de la Ley 1150 de 2007, solicito se resuelva la consulta respecto a, si es necesario que las dos entidades convinientes realicen estudios y documentos previos por separado frente a la suscripción de determinado convenio o si por el contrario…
Frente a la suscripción de los contratos o convenios interadministrativos regulados por los Artículo 95 de la Ley 489 de 1998, así como la causal de contratación directa del Artículo 2 numeral 4 literal c de la Ley 1150 de 2007, solicito se resuelva la consulta respecto a, si es necesario que las dos entidades convinientes realicen estudios y documentos previos por separado frente a la suscripción de determinado convenio o si por el contrario, basta con que solo una entidad realice la elaboración de los estudios y documentos previos para entender surtido y agotados el pleno de los requisitos previos a la suscripción del correspondiente interadministrativo.
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